Triaca y los burócratas de la CGT negocian “gremio por gremio”
Escribe José Castillo • Candidato a diputado nacional • Izquierda Socialista• Frente de Izquierda Ciudad de Buenos Aires
Ya desde mediados del año pasado el gobierno de Macri y las centrales empresarias vienen insistiendo con la necesidad de “bajar el costo laboral para ser más competitivos” y que para ello sería necesario una “reforma”. A principios de este año el tema dio un nuevo salto con la firma del convenio de Vaca Muerta. En ese caso, el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo,
la provincia de Neuquén, las cámaras patronales petroleras y la burocracia del sindicato de trabajadores petroleros privados (bajo la dirección del burócrata Guillermo Pereyra) firmaron un convenio colectivo para la extracción del petróleo “no convencional” que le quitaba una enorme cantidad de derechos a los obreros del sector. Así, se les dejaba de reconocer como tiempo de trabajo el que llevaba el traslado desde la base de la empresa hasta el pozo (en algunos casos a cientos de kilómetros y, por lo tanto, a varias horas de viaje); se reducía la cantidad de trabajadores por pozo e incluso se eliminaban ciertas normas básicas de seguridad, como la que prohibía trabajar con viento.
A posteriori se avanzó con la flexibilización en otros gremios, como el caso de los trabajadores lecheros de Atilra, a los que, con la excusa de la crisis del sector, la virtual quiebra de SanCor y el consecuente cierre de plantas, también se le quitaron derechos y bonificaciones. Hubo también “pruebas piloto” en sectores de la Uatre, en particular en la recolección de frutas en la Patagonia, y en el calzado.Pero sin duda lo más importante son las negociaciones en curso entre el gobierno, las terminales automotrices y la burocracia de Pignanelli en el Smata para liquidar el convenio colectivo actual, reemplazándolo por otro donde se reducen los tiempos de descanso y aumenta la polivalencia.
El gobierno de Cambiemos y la burocracia, dándose cuenta de la bronca que generaría el intento de imponer una ley global de reforma laboral como en Brasil, han acordado avanzar “gremio por gremio”. Seguramente las paritarias que se abrirán en 2018 serán un primer intento para imponerlo. Esto no quiere decir que, si logran avanzar en dos o tres sectores estratégicos, después no vayan por una Ley global que reviente el conjunto de la actual Ley de Contrato de Trabajo. Es que ese es el objetivo de fondo: que las patronales paguen menos aportes patronales, lo que desfinanciaría aún más a la Anses y a las obras sociales. Que se reduzcan los premios, las horas extras o cualquier otra bonificación, excepto el “presentismo”, que quieren que pase a integrar una porción cada vez mayor del salario. Que se flexibilicen las condiciones de trabajo al máximo, para que cualquiera pueda ser obligado a realizar diferentes tareas, independientemente de su calificación. Que los trabajadores no tengan límite de horarios y días de trabajo flexibles, reduciendo al mínimo el derecho al descanso o las vacaciones. Que se habiliten sin límites las “pasantías”, para incorporar más mano de obra semigratuita que reemplace a los actuales trabajadores “más caros”. En síntesis, que se avance sin límites en transformar al conjunto de la clase trabajadora argentina en una masa sujeta a superexplotación.
La burocracia sindical ha archivado cualquier paro general o atisbo de plan de lucha. Está dispuesta a entregar todas las conquistas de los trabajadores y la reforma laboral en su conjunto. Como se dijo en el plenario sindical en apoyo al FIT: “vienen por nosotros”. Tenemos que prepararnos para enfrentarlos, fortaleciendo al sindicalismo combativo y votando el 22 de octubre al Frente de Izquierda, la única fuerza que garantiza que estará incondicionalmente en contra de cualquier reforma laboral y apoyando a los trabajadores que salgan a enfrentarla.
