El gobierno de Cristina lanzó un muy fuerte aumento en las tarifas de gas y agua. Este se suma al de las naftas, transportes y peajes que se vienen dando desde principios de año. Se trata de otro feroz golpe al bolsillo del pueblo trabajador.
Escribe: José Castillo
En la última cadena nacional, Cristina Kirchner con Scioli a su lado, justificó los aumentos en las tarifas de gas que llegarán al 284% y de agua del 406%, diciendo que esto no tenía “nada que ver con un tarifazo”. Trató de esconderlo agregando que quedarían excluidos de esta “quita de subsidios” los jubilados, los que perciben la Asignación Universal por Hijo o los que tienen sueldos menores a 5.200 pesos. ¡Lo único que faltaba que las víctimas más afectadas por esta política de miseria también tuvieran que pagar estos aumentos! Claro que, “para ser exceptuados”, cada uno de ellos tendrá que hacer un trámite personal. Nos preguntamos cuántos habrá que no tienen los servicios a su nombre y, entonces, recibirán las facturas con los aumentos.
El gobierno volvió con el remanido discurso de que “no puede ser que los sectores de altos ingresos tengan subsidios” y buscó presentar los aumentos bajo el término “equidad”. ¡Mentira total! ¿Qué nombre se le pone a una suba generalizada de tarifas a los sectores populares, donde se
exceptúa a las empresas “para que no les suban los costos”?
Las tarifas semi-congeladas desde 2002 (en el área de Capital y Gran Buenos Aires, ya que en el interior hace varios años que se están dando grandes subas) fueron producto de las grandes movilizaciones que se dieron en el Argentinazo. Ante el repudio a toda la política de los noventa, a los pésimos servicios y a las tarifas dolarizadas, el gobierno de Duhalde primero y los Kirchner después se vieron obligados a pesificarlas y congelarlas. Fue, en su momento, un triunfo popular. Pero tanto Duhalde como los Kirchner se jugaron a “salvar” a las empresas, haciendo que éstas pudieran mantener sus superganancias, ya no a través de la facturación, sino del cobro de subsidios estatales.
Ahora el gobierno se ha lanzado a un ajuste ortodoxo en toda la línea, sumándole ahora los tarifazos: una exigencia de los organismos internacionales y de los “mercados financieros” para volver a prestarle a la Argentina. Y un reclamo también, debemos subrayarlo, de todos los políticos de la oposición burguesa (Massa, Macri, Binner), demostrando que, más allá de todos los cacareos demagógicos, comparten sustancialmente el mismo “modelo” que el kirchnerismo.
Algunos publicistas del gobierno dicen que no se trata de un tarifazo porque “las tarifas estaban muy bajas e impactarán poco en el bolsillo”. Nuevamente debemos responder: ¡Mentira! Se trata de una seguidilla de aumentos que ya vienen desde principios de año: los combustibles llevan una suba del 25% desde enero -y hay planes para nuevos aumentos-, el boleto de colectivo en Capital y Gran Buenos Aires tuvo un incremento del 66% el primer día de 2014; el subte aumentó un 28% (y ya venía con tarifazos anteriores), el costo de los peajes de acceso a Buenos Aires tuvo alzas que van del 20 al 50%. Arriba de todo esto se dan ahora las subas del gas y el agua. Y se están anunciando más aumentos, ahora en las tarifas de luz.
No es el primer intento del kirchnerismo de lanzar tarifazos. Ya varias veces tuvo que retroceder producto del repudio popular. En agosto de 2009 varias movilizaciones y autoconvocatorias de vecinos y usuarios terminaron obligando al gobierno a dar marcha atrás. Otro intento, a principios de 2011, terminó “congelado” por el propio gobierno tras la indignación y las movilizaciones producidas por la masacre de Once. Ahora vienen con todo, en el marco de un violentísimo plan de ajuste integral contra los trabajadores. Llamamos a repudiarlo, bregando además por una salida de fondo: reestatizar ya el conjunto de las empresas de servicios públicos privatizados, poniéndolas a funcionar bajo administración de sus trabajadores y usuarios. Sólo así tendremos servicios de calidad, que lleguen efectivamente al conjunto de la población y con tarifas sociales acordes a la capacidad de pago de cada familia trabajadora.
