Las boletas de agua y gas de Capital y provincia de Buenos Aires llegaron con siderales aumentos. Cuatro o cinco veces más de lo que se venía pagando, según los casos. Un nuevo ataque al bolsillo popular. Salgamos a enfrentarlo.
Escribe: Federico Molinari
Cuadras y cuadras de colas interminables para no pagar facturas con escandalosas subas. Ese es el panorama de las últimas semanas frente a las oficinas de las empresas de estos servicios en Capital Federal y el Conurbano ante los aumentazos que van, en el caso del agua, desde un 170% a 400% y de 100% a 284% en el caso del gas. Esto se debe a la decisión del gobierno nacional de quitar los subsidios a estos servicios esenciales.
“Tengo cuatro hijos chicos y muchos gastos y este mes nos llegaron $400 de gas. Con mi marido trabajamos, pero no nos alcanza”, declaró Noelia, vecina de San Miguel (Clarín, 8/8). “Soy jubilada, vivo sola no puedo pagar $785 por el gas”, coincidió Norma de Quilmes Oeste, quién constató una suba de un 300%. Estos testimonios se encuentran entre los 10 mil pedidos por día que realizan los usuarios para no sufrir estos aumentos. Entre ellos, mayoría de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales que, tras horas de espera en las oficinas de las prestadoras -bajo la inclemencia del frío- pueden solicitar mantener el beneficio del subsidio. También pueden pedir la excepción aquellos que reduzcan su consumo (entre un 5% y un 20%, mantendrían la mitad del mismo y aquellos que bajen el gasto más de un 20% no lo perderían), cómo si se pudiera prescindir de un servicio tan esencial. ¿Por qué hacer pasar este suplicio a miles de personas, mayormente jubilados, si el gobierno a través de la ANSeS puede saber quien percibe algún tipo de beneficio de seguridad social? Invierten la “carga de la prueba”. Lamentable. Lo cierto es que millones de trabajadores y demás sectores populares sufrirán un nuevo ataque a sus ingresos populares. Tarifazo que además incentivará fuertemente la suba de precios.
Tarifazo para pagar la deuda
Por si todo esto fuera poco, con la quita de subsidios, dejan este sideral aumento en manos de AySA y Metrogas (empresa mixta con capital privado). El gobierno viene subsidiando a las empresas de agua y gas para que mantengan las tarifas “accesibles”, ya que de otra manera sería impagable para la mayoría de trabajadores y sectores populares. Ahora, de un día para el otro, decide retirar estas partidas y dejar a voluntad de las empresas los aumentos para reemplazar el subsidio. De esta forma, descargan todo el peso del ajuste en los bolsillos populares.
Lo que habría que hacer es mantener los subsidios para los trabajadores y el pueblo, y reestatizar Metrogas y demás empresas privatizadas. Ya que el suministro de gas y agua (igual pasa con la luz, los teléfonos o los ferrocarriles) son un servicio esencial que no puede quedar en manos privadas para negocios capitalistas. Pero el gobierno hace lo opuesto.
Este verdadero tarifazo, como antes el transporte, se inscriben en la necesidad del gobierno de ajustar y recaudar para pagar la deuda externa. Mientras hacen pasar penurias a miles y miles para poder tener calefacción en invierno o agua corriente, se aprestan a pagarle millones y al contado a los buitres y demás usureros internacionales.
Desde Izquierda Socialista llamamos a los vecinos, trabajadores y jubilados, a organizarse en los barrios para ponerle un freno a este brutal aumento. Organicemos marchas, cortes y lo que sea necesario para no tener que pagar un dineral por el derecho a tener agua o gas. ¡Que paguen más lo que más tienen! Las grandes industrias y patronales, no los trabajadores y el pueblo. Y a pelear por una salida de fondo: la reestatización de todas las privatizadas y servicios públicos bajo control de sus trabajadores y usuarios.
Cedin
Más plata para los bancos
Junto a los planes RePro y ProEmplear, Cristina anunció cambios en los Cedin. Recordemos que estos bonos en dólares fueron ideados por el gobierno para hacerse de la divisa norteamericana, permitiendo a los tenedores de dólares “negros” blanquearlos sin más preguntas. Ahora, y desesperado por obtener dólares cash para pagar la deuda externa y ante el evidente fracaso de los Cedin -apenas se emitieron 18.121 por U$S 878 millones cuando el plan originario eran 4.000 millones de dólares- el gobierno resolvió darle un 1,5% de comisión por cada transacción a los bancos para que “colaboren” con el uso de estos títulos. Como si los bancos en Argentina ganaran poco, la administración kirchnerista les da otro “regalito”. Por ejemplo el Galicia en sólo 6 meses ganó 1.524 millones y 4.819 de reservas. Y el Banco Macro 1.919 y 4.929 millones respectivamente (Ieco, Clarín, 10/8).
F.M.
Progresar, Proemplear, Repro
¿Así se lucha contra los despidos?
El pasado jueves 8 de agosto, Cristina Kirchner realizó un acto en la Casa Rosada para lanzar una batería de medidas, según ella, para sortear la crisis y “abrir el paraguas” frente a los despidos y suspensiones. Sin embargo, ninguna de las medidas anunciadas son para ayudar a los trabajadores. Veamos.
La primera de ellas fue el lanzamiento del plan Reactivación Productiva (RePro). Este plan supone que el estado se hará cargo de $2000 del salario de cada empleado hasta un año, para evitar su despido o suspensión. Pero esta “ayuda” no es para el trabajador, sino para la patronal.
Sobre esa cifra, los empresarios no pagarán cargas sociales. ¡Negocio para los empresarios! Debiendo cada empresa demostrar que atraviesa una situación “crítica” (siempre la simulan) y contar con el aval del sindicato (es decir, la burocracia sindical). Sin embargo, nada de eso garantizará que no haya despidos o suspensiones. Entre las industrias que cuentan con más inscriptos en el plan se destacan las autopartistas. Las que se llenaron los bolsillos durante toda la “década ganada”.
La segunda medida que anunció Cristina fue el plan ProEmplear. Según el ministerio de Trabajo se trata de “prácticas laborales remuneradas”, como complemento al anterior Progresar, que disponía una asignación de $ 600 para jóvenes que no estudian ni trabajan. Vale aclarar que actualmente este plan ya cuenta con 500 mil inscriptos. De estos datos se desprende que en la Argentina kirchnerista hay, al menos, medio millón de jóvenes que no pueden ir a la escuela ni conseguir trabajo (cifras no oficiales elevan el número a 1 millón y medio).
Según estadísticas oficiales, un joven varón, de entre 18 y 24 años sin estudios completos tiene apenas un 17% de posibilidades de acceder a un trabajo registrado. Con este “maravilloso” plan, sus posibilidades aumentan a un mísero 45%. Toda empresa que contrate a jóvenes “ni-ni” recibirá $2000 por cada uno. Si el joven trabajador queda fijo, dicha suma asciende a $2700. La empresa podrá reducir las cargas sociales en un 100% el primer año y un 75% el segundo año. Una ayuda importante… para las patronales.
“Esto no es para las grandes empresas, no significa contratar jóvenes para negrear”, dijo la presidente, atajándose de las críticas (Página 12, 8/8). ¿Y qué es esto sino trabajo precario con subsidios y premios a las empresas explotadoras?
La salida ante los despidos y suspensiones es prohibirlos por ley, como lo dispone el proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por el FIT, que el gobierno se niega a debatir. Procediendo al reparto del total de las horas de trabajo sin rebaja salarial y pasando a manos del estado toda empresa que cierre o despida, como se debe exigir ahora en Donnelley y Emfer.
F.M.
