Por Simón Rodríguez Porras, dirigente de la UIT-CI

En el marco de la crisis económica y social precipitada por la pandemia, por primera vez los gobiernos africanos están levantando una posición común contra el pago de la deuda externa. Y a pesar de las limitaciones del bloque gubernamental, que incluye a varias dictaduras capitalistas, y cuyo propósito es simplemente renegociar condiciones más ventajosas de pago, se fortalece en el imaginario popular la opción del no pago. Ya antes de la pandemia, los ministros de finanzas de la Unión Africana habían acordado una posición común a favor del aplazamiento de los pagos de la deuda externa. Con el estallido de la pandemia y la recesión mundial, la exigencia pasó a ser la anulación de las deudas.

El presidente sudafricano llevó esa exigencia al G20 en abril, pero el organismo de las mayores economías del mundo solo acordó aplazar el pago de intereses de ciertas deudas entre 2020 y 2022 para los 76 países más pobres del mundo, lo cual representaría un ahorro modesto de 20 mil millones de dólares. Además de que los países africanos con mayores niveles de desarrollo económico quedarían por fuera del alcance del acuerdo, la reducción de pagos sería de apenas un cuarto de los servicios de deuda que los países africanos deben realizar este año. Por su parte, el FMI acordó reducir la deuda a 19 países africanos. La meta de la Unión Africana es alcanzar en negociaciones una reducción de deuda de 44 mil millones de dólares y la suspensión de pagos de intereses para todos los países africanos, además de préstamos por 100-150 mil millones de dólares. Está claro que solo la movilización popular y obrera, tanto en los países africanos como en las potencias acreedoras, puede imponer este sentido reclamo de millones de personas.

A pesar de las limitaciones de los gobiernos burgueses africanos para avanzar en esa dirección, el reclamo unitario ha tenido impacto. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró que estaba dispuesto a estudiar la anulación de la deuda. El presidente francés, Macron, habló de establecer una moratoria y de la posibilidad de cancelar la deuda de los países africanos, mientras por otra parte propuso préstamos del FMI en condiciones especiales, a los que se opone Estados Unidos.

China se niega a negociar con un bloque de países

China, país con el que se acumula una creciente deuda en la región, superior a los 140 mil millones de dólares, se niega a considerar recortes de deuda en bloque, solo admite renegociaciones bilaterales con cada país deudor, lo cual a su modo también reafirma la importancia de un bloque de países deudores que plantee colectivamente el no pago de la deuda. La potencia capitalista asiática cuenta con más de 10 mil empresas enclavadas en el continente africano y se beneficia de un amplio superávit comercial en su relación con África. La deuda africana no representa un monto significativo para la economía china, pero tiene importancia estratégica como dispositivo de presión y sometimiento político.

A la mediados de mayo ya se acumulan más de 72 mil casos de covid19 y 2.500 fallecidos en el continente. Se estima que antes de concluir el año la cifra de contagiados podría podría llegar a 10 millones. La caída de las exportaciones de materias primas y la entrada de remesas encamina a la región a la primera recesión desde la década de 1980. En este contexto es más urgente que nunca dejar de pagar la deuda externa, que consume más recursos que los invertidos en salud y dducación en la mayoría de los países africanos, situación análoga a la de América Latina.

La deuda externa africana en 2019 rondaba los 700 mil millones de dólares, la mayoría corresponde a acreedores que son Estados u organismos financieros multilaterales como el FMI y el Banco Mundial, y 115 mil millones de dólares a acreedores privados. Las tasas de interés llegan al 15%. El propio FMI ha tenido que admitir que el gasto público per cápita ha disminuido en los países más pobres del mundo debido al peso abrumador de los pagos de deuda externa.

La deuda externa es un mecanismo de saqueo

Entre 1970 y 1995 la deuda externa del África subsahariana pasó de 6,9 mil millones de dólares a 235 mil millones de dólares. Como el 70-80% fue contraída con Estados u organismos multilaterales, los préstamos vinieron condicionados a la realización de privatizaciones y una mayor desregulación de la economía capitalista en la década de los 80. Se siguió profundizando la dependencia respecto de las exportaciones de materias primas, el continente siguió plagado de dictaduras burguesas ultracorruptas y la fuga de capitales entre 1970 y 1996 llegó a la cifra de 187 mil millones de dólares según los autores Boyce y Ndikumana. Colom Jaén por su parte constata que entre 1970 y 2002 el África subsahariana recibió 294 mil millones de dólares en préstamos, pagó 268 mil millones y todavía debía 210 mil millones. El comercio interafricano es apenas el 10% del comercio exterior de la región, demostrando el peso de los atavismos coloniales: el 80% del comercio exterior es con Europa.

Uno de los precursores de la creación de un bloque de países deudores fue el presidente de Burkina Faso, Thomas Sankara, quien en 1987 planteó en la Organización para la Unidad Africana que dejar de pagar en bloque era la única alternativa a ser asesinados aisladamente, y que “evitando el pago podríamos dedicar nuestros magros recursos a nuestro desarrollo” (citado en El País, 3/5/2020). Sankara pocas semanas después fue derrocado y asesinado en un golpe de Estado impulsado por el imperialismo francés.

La presión y la denuncia popular contra el expolio de la deuda tuvo como respuesta en 1996 la Iniciativa HIPC (siglas en inglés para Países Pobres Altamente Endeudados), adoptada por el G8, y que pasaba a considerar insostenible el endeudamiento si excedía el 200% de las exportaciones o el 250% de los ingresos fiscales del país deudor. El FMI y el Banco Mundial condonaron deudas o entregaron nuevos créditos a bajo interés para el pago de la deuda antigua, pero la ayuda estuvo condicionada a su vez a la adopción de reformas económicas altamente regresivas como la privatización de los servicios públicos. En dos décadas, 39 países recibieron reducciones o anulaciones de deuda, la mayoría africanos. Como hemos visto, se trataba de deuda que en realidad ya se había pagado, muchas veces con creces, tomando en cuenta las altísimas tasas de interés. Estos recortes en la deuda externa permitieron que el PBI per cápita africano creciera un poco más de 20% en los últimos 20 años.

Es importante superar las limitaciones de esas experiencias, pero indudablemente demuestran que es posible imponer el no pago. Es fundamental extender la unidad de los países deudores africanos a América Latina y el Caribe, el Medio Oriente y los demás países semicoloniales, y en esa dirección construir lazos entre organizaciones obreras y populares a nivel internacional para movilizarse por la creación de ese bloque y por una política intransigente de no pago de la deuda.

No pago de la deuda externa e indemnizaciones por la esclavización colonial

En los países africanos y caribeños, el reclamo del no pago debe combinarse con las históricas campañas que exigen que las potencias imperialistas paguen indemnizaciones por el tráfico transatlántico de esclavos, una de las principales fuentes de “acumulación originaria” identificados por Marx en El Capital. Entre el siglo XVI y XIX más de 30 millones de personas fueron secuestradas en África y vendidas como esclavos en América y el Caribe. Las víctimas de este tráfico realizado por potencias europeas como Reino Unido, Francia y Holanda nunca recibieron compensación económica una vez que la esclavitud fue abolida. En cambio, sí hubo pagos de compensaciones por 20 millones de libras esterlinas, el equivalente a 3.000 millones de dólares actuales, a los dueños de esclavos de las colonias británicas caribeñas por la abolición de la esclavitud en 1834. Francia, por su parte, extorsionó a Haití para que pagara una compensación a los antiguos dueños de esclavos luego del triunfo de la primera revolución antiesclavista del mundo, a cambio del reconocimiento de la independencia haitiana. Para pagar la deuda con Francia se contrajeron deudas con Estados Unidos, país que a su vez invadió e impuso dictaduras durante la mayor parte del siglo XX en Haití. Con los años el reclamo de una indemnización ha cobrado fuerza en ambas regiones. La Comunidad del Caribe (Caricom) estableció una comisión sobre reparaciones, aunque no ha hecho ninguna presión sobre los países europeos. Una comisión africana exigió en 1997 a las potencias que lucraron con la esclavización de africanos el pago de 777 mil millones de dólares como reparación. Hay antecedentes como el pago de una indemnización a los indígenas Maoríes por parte del Estado neozelandés o el pago efectuado por el Reino Unido por la masacre y tortura generalizada contra los Mau Mau de Kenia durante el colonialismo.

Es el imperialismo europeo y yanqui el que le debe a África, América Latina y el Caribe. Los crímenes del colonialismo y la persistencia de la opresión semicolonial, por la alianza entre el imperialismo y los gobiernos entreguistas, tanto dictatoriales como democrático-burgueses, han moldeado el capitalismo atrasado y la miseria de nuestros países. La unidad contra el pago de la deuda externa es una de las tareas imprescindibles de nuestros pueblos en la actual crisis.

Hong Kong. Protestas contra ley represiva china

Miles de personas se manifestaron el pasado sábado 23 en Hong Kong para repudiar la Ley de Seguridad Estatal anunciada el viernes en la Asamblea Nacional china, que pena las “amenazas a la seguridad del orden social”. 

Con esta acción se retoman las concentraciones democráticas en la isla, que habían sacudido al gobierno hongkonés durante meses y que se suspendieron ante la propagación del coronavirus. Los manifestantes en las calles corearon lemas como “La revolución de nuestro tiempo. Liberad Hong Kong”. La policía dispersó las protestas con gas lacrimógeno y pimienta, informó la agencia Reuters. 

Ecuador. Marchas contra despidos y por derechos laborales

A pesar de la restricción por la emergencia sanitaria, las protestas, los plantones y las marchas en contra de las medidas económicas del gobierno que establecen recortes de personal y descuentos de salarios van en aumento. Estudiantes de posgrado de Medicina a los que no les pagan, trabajadores de la salud que resisten cuatrocientos despidos en medio de la pandemia, o de Aerolíneas Tame (estatal), que anunció su liquidación, son algunos de los protagonistas de los reclamos.

Con el agregado de que se están aplicando reducciones de salarios pactadas con el FMI. Ante esta situación, este lunes 25 se realizó una jornada nacional de protestas. 

En tanto, el presidente del Frente Unido de Trabajadores (FUT), Mesías Tatamuez, anunció que “van a seguir saliendo a las calles, pues no ven otra alternativa”. La Confederación de Nacionalidades Indígenas denunció que hay un “shock económico contra el pueblo, con protección a evasores de impuestos y corruptos”. 

India. Movilizaciones en Nueva Delhi 

Varios líderes sindicales fueron arrestados en una manifestación en Nueva Delhi el viernes pasado, contra la derogación y suspensión de las leyes laborales en los estados de toda la India en medio del actual bloqueo por Covid-19. “Hoy la policía no nos permitió, pero la lucha de los trabajadores no dependerá solo del permiso de la policía”, dijo Hemalatha, miembro del Centro de Sindicatos. Los dirigentes fueron apresados por violaciones a la ley de cuarentena de Nueva Delhi. Denunciaron que en muchos casos “no se pagan los salarios, ni siquiera los de marzo y abril", y también están exigiendo que se provea de alimentos, durante el tiempo que dure el encierro, a aquellos que no tienen los medios para mantenerse. 

Estados Unidos. Huelga en McDonald’s

Trabajadores de McDonald’s se declararon en huelga en todo el país el miércoles 20 para exigir que el gigante de la comida rápida se responsabilice por la protección de los empleados y clientes durante la pandemia. Leshia Townsend, que trabaja en un McDonald’s de Chicago y está en huelga para exigir equipos de protección personal, licencia remunerada por enfermedad, prestaciones de seguro médico y pago extra por trabajo de riesgo, aseveró: “Solo quiero que McDonald’s se asegure de que los trabajadores como yo, ya que dicen que somos trabajadores esenciales, estemos protegidos, tanto yo como mis hermosos hijos, mis amigos y familiares en mi entorno”.

Bolivia. Crisis política por corrupción en el gobierno de Añez

La compra de 170 respiradores a España por 4,7 millones de dólares, cuatro veces más que su precio real en el mundo, causó un enorme alboroto y el encarcelamiento del ministro de Salud. Luego, el ministro de Gobierno, de manera ilegal, ordenó detener al juez que dictó el encarcelamiento, lo que constituyó un secuestro de hecho. El escándalo sigue creciendo. Ahora está implicado en la compra con sobreprecio el novio de la hija de la presidenta Janine Añez. 

En medio de la pandemia y la cuarentena esto terminó de derrumbar el apoyo a la mandataria “transitoria” (hasta las elecciones, que fueron postergadas sin fecha), después de que aprobó una ley de importación de semillas transgénicas repudiada por el pueblo. 

Mientras, en Sucre y Trinidad trabajadores de la salud marcharon exigiendo equipos de bioseguridad y respeto a sus derechos laborales, ya que los hospitales están colapsados por la falta de personal, equipos y camas. 

Escribe Tomás Toledo y Jasmín Giménez, estudiantes de Facultad de Derecho (UBA)

El ascenso represivo que estamos viviendo se correlaciona con el ataque económico a la clase trabajadora y los sectores populares. El ataque a la educación, la salud y nuestros derechos se combina con el sistema de disciplinamiento que se nos quiere imponer desde la infancia y adolescencia a
través de la represión estatal, que va desde el abuso de la autoridad, encarcelamientos y la pena de muerte extra judicial -gatillo fácil- (que hoy llega a la alarmante cifra de una víctima cada 21 horas). Este es el cocktail que preparan los gobiernos para “aguantar” el avance de la miseria.

El poder judicial, la fuerzas represivas (la policía, gendarmería, prefectura), gobiernos y narcotraficantes, trabajan a la par en un sistema que ampara la represión y beneficia a los sectores más poderosos. “La secta del gatillo fácil es también la logia de los dedos en la lata” describía en los años 60
Rodolfo Walsh. Con total vigencia hoy que vemos hechos como el tiroteo entre policias de la federal y la bonaerense en Avellaneda en un caso de extorsión de por medio.

La juventud es el último eslabón de una cadena de negocios, en la que las ganancias a costas de nuestras vidas son gigantes. Utilizan a jóvenes como brazos ejecutores y víctimas de los negocios delictivos. Luciano Arruga y la lucha de su familia, es solo un ejemplo de la vida en las barriadas populares del conurbano y el interior del país. Pibxs hundidos en la pobreza por las políticas de los gobiernos son obligadxs a robar por la policía en las zonas liberadas.

El proyecto de Garavano y Bullrich

Hoy la reforma al sistema de responsabilidad penal es una nueva arremetida a lxs hijxs de los sectores populares. La baja a la edad de imputabilidad que se quiere imponer, bajando de 16 a 15 años, es la maniobra que utilizan los partidos patronales para esquivar la discusión de fondo, incentivando
medidas de operatividad inmediata, que no solucionan ninguno de los problemas socio-económicos en las que hoy nos vemos sumergidos, si no que con una utilización electoral marketinera del “debate de la inseguridad” construyen junto con los medios de comunicación como chivo expiatorio
al “pibe chorro”. Encaran las problemáticas de la juventud desde el punto de vista punitivo y no de dar respuestas a sus necesidades más urgentes, apuntulando una construcción cultural de legitimación de la represión.

La selectividad arbitraria de la policía en la criminalización de la juventud, especialmente a lxs pibxs que tienen una inserción educativa débil, consumos problemático de sustancias, o trabajos precarios, se busca meter el problema debajo de la alfombra, aumentando el espectro de imputabilidad, y atestando las caréceles de pibes, ya habiendo una tremenda crisis de contención en los mal llamados “centros socio-educativos” que son los institutos de menores, o pequeñas cárceles. Sobrados ejemplos hay como el centro “La Esperanza” de Córdoba, en la que se hayan radicadas denuncias
por violencia y asesinatos de pibes, que quieren hacer pasar como “suicidios”. Los mismos mecanismos que se utilizan en cárceles de adultos.

Una vez más se enfoca el problema hacia la estigmatización de la juventud empobrecida y no en las verdaderas causas de fondo del aumento de la inseguridad y el crimen: la destrucción de la economía nacional, del empleo y la educación, y los negociados de las bandas policiales que organizan el delito.

Hoy este discurso represivo es galardón de todo el arco político patronal y tradicional del país. No solo el gobierno de Macri y Bullrich sino también el massismo quiere bajar la edad de punibibildad, y aun peor el kirchnerismo hace gala del carapintada Berni, que respaldo el proyecto de Insaurralde de bajar la edad a los 14 años, más a la derecha que macri. Y no olvidemos, que la propia Cristina impulsó un proyecto de baja de la edad de imputabilidad que se llegó a aprobar en el senado.

La ley penal juvenil vigente, proviene de las entrañas de la última dictadura militar, pero increíblemente la nueva reforma es más regresiva. Además está reforzada con los edictos policiales, los códigos de falta, la nueva resolución 956/18 (que da luz verde a la policía para matar) y la “doctrina Chocobar” que ampara policias que matan por la espalda, construyen una estructura jurídica legitimizante de la violencia. Es el soporte de la criminalización de la juventud, con el fin político, no solo de disciplinar nuestros cuerpos si no coartar de cuajo cualquier avance de la movilización de la juventud en el reclamo por sus derechos. No son casuales los ataques que reciben tantos activistas por salir a luchar en defensa de la educación pública (como la imputación judicial a estudiantes de las Universidades Nacionales de Córdoba y Rio Negro por las tomas) o que las comunidades originarias hayan tenido que pagar con vidas jóvenes, como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, por la defensa de sus tierras.

Macri quiere ganar las elecciones con una campaña a lo Bolsonaro, pidiendo más mano dura y gatillo fácil. Hay que frenarlo en las calles, y construyendo junto al FIT una alternativa política que dé una verdadera salida a los problemas del país.

NO A LA BAJA DE LA IMPUTABILIDAD, basta de criminalizar a la pobreza y la protesta, cierre de todos los institutos de menores, trabajo genuino y educación para la juventud en todo el país.

¿Por qué legalizar las drogas?

Bajo la mentira de la “lucha contra el narcotráfico” el gobierno de Macri, tal como lo hicieron los anteriores gobiernos, sigue persiguiendo a los consumidores, especialmente a lxs pibxs de los barrios.
El narcotráfico existe amparado en la ilegalidad y con la participación de la policía y los gobiernos y la prohibición ha demostrado en el mundo haber fracasado, con las carceles llenas de pibes y pibas que utilizan las bandas, y los jefes y complices libres.
Solo la legalización de las drogas acompañadas con verdaderas políticas de salud para personas con consumo problemático desmantelará las redes de narcotráfico que hoy mata en todo el país entre la violencia de la bandas narco y la persecusión policial.
La ley del cannabis medicinal sancionada es otra prueba que sin una verdadera legalización y sin presupuesto de salud se sigue empujando a quienes consumen incluso por razones de salud a la ilegalidad. Por eso nuestra salida es por la legalización, por políticas de salud que acompañen a quienes consumen con presupuesto real, investigación y que no seamos perseguidos por consumir a manos de mismos que garantizan el negocio millonario de la droga mientras quieren bajar la edad de imputabilidad.

Escribe Joaquín Caporale, Consejero Directivo Psicología UNLP

La Juventud de Izquierda Socialista está en las calles, en los lugares de trabajo y de estudio junto a todo el movimiento juvenil del país. También damos batalla en las elecciones con el objetivo de difundir una salida de izquierda, anticapitalista y socialista. Vamos con el Frente de Izquierda que lleva en sus listas referentes jóvenes de las principales luchas e impulsa un programa para dar una solución de fondo a los reclamos de la juventud.
En el país avanzan los despidos y la flexibilización laboral. Entre los más de 40% de trabajadores en negro, la mayoría somos jóvenes. Con el verso del “empleo joven”, las “pasantías” o el “emprendedurismo”, el gobierno trata de imponer flexibilización laboral. Así justifican bajos salarios, en negro o sin aportes. La novedad son las plataformas de delivery como Glovo, Rappi o Pedidos Ya, cuyos resultados son la superexplotación laboral y hasta la muerte de jóvenes. El objetivo es bajar el costo laboral y que las empresas capitalistas obtengan cuantiosas ganancias.

En oposición, desde el FIT luchamos en cada lugar de trabajo y en las elecciones por la prohibición de los despidos y la realización de un gran plan de obras públicas financiado por el no pago de la deuda, donde todos los jóvenes puedan acceder a trabajo genuino, también planteamos la  eliminación de toda la legislación laboral que permita el trabajo basura.
 
La rebelión educativa del año pasado colocó en el centro del debate los reclamos del movimiento estudiantil ante el ajuste a la educación que promueven Macri y el FMI. Sin embargo, tras la histórica lucha, todas las fuerzas patronales (cambiemos, kirchnerismo/peronismo) volvieron a promover presupuestos de ajuste.

La Juventud de Izquierda Socialista y el FIT estuvo a la cabeza de la rebelión y sigue reclamando aumento del presupuesto educativo en base al no pago de la deuda. Exigimos el boleto educativo nacional y becas de estudio que realmente garanticen la permanencia ante la situación de ajuste brutal que sufren nuestras familias. También impulsamos el fin del financiamiento al lucro con la educación privada.

La Cuarta Ola feminista sigue en ascenso en nuestro país y en todo el mundo. El pasado 8M millones volvimos a salir a las calles en el Paro Internacional de Mujeres. En Argentina volvimos a reclamar por la legalización del aborto, la aplicación de la ESI y por la ley de emergencia por violencia de género.

Mientras desde el gobierno y los políticos patronales (como Cristina, que promueve la unidad de pañuelos verdes y celestes) salen a decir que en este año electoral “no está en agenda” los reclamos de las mujeres, desde Isadora, la Juventud de Izquierda Socialista y el FIT seguimos promoviendo la pelea en las calles y denunciando en las elecciones que quienes niegan los derechos a las mujeres no pueden ser la solución a nuestros reclamos.

Este año, como sucedió bajo el gobierno de Cristina, Macri intenta promover la baja de la edad de punibilidad. Buscan poner el foco de la inseguridad en la juventud pobre. Nunca un gobierno capitalista se responsabilizó por ninguna de las calamidades que afectan a los pibes. Lo que hay es falta de trabajo, educación, salud y vivienda. El Estado reprime a los jóvenes en vez de ayudarlos. Por eso desde la Juventud de Izquierda Socialista y el FIT impulsamos la “marcha de la gorra”, denunciamos y exigimos el desmantelamiento de las redes de policías, jueces y gobernantes, que utilizan a los jóvenes pobres como mano de obra barata del crimen y luego los reprimen y encarcelan.

1. ¿Sabías qué?

En 1975 en la Argentina la pobreza estaba en el 8% y el desempleo 4% y la deuda externa era de 4 mil millones de dólares. Hoy hay un tercio del país bajo la pobreza, y el desempleo 10% (19% entre lxs jóvenes), y existe generalizado el trabajo precarizado y en negro que en esa época no existía, y tenemos generaciones enteras que crecieron en la marginación, mientras la deuda externa es 100 veces más grande, en torno a los 400 mil millones de dólares.

2. ¿Quiénes son los responsables?

Primero la dictadura genocida destruyó la producción nacional y nos metió el problema de la deuda externa. Luego gobernaron: los radicales con Alfonsín; los peronistas con Menem; después los radicales con De la Rúa camuflados en la Alianza; tras la crisis del 2001, volvieron los peronistas primero con Duhalde y después disfrazados en el Frente para la Victoria kirchnerista; y otra vez, los radicales devuelta, ahora con Macri a la cabeza. Y ahora nos quieren convencer que la salida es que vuelva el peronismo, con Cristina o alguno puesto por ella.

Décadas de gobiernos que con distintos discursos mantuvieron la misma estructura que impuso la dictadura: un país que genera alimentos para 400 millones de personas, pero tiene gente que se muere de hambre porque nos saquean la burguesía y el imperialismo.

3. ¿Cómo se sale?

Tienen que gobernar quienes nunca gobernaron: la clase trabajadora, los sectores populares y la izquierda. Basta de partidos patronales que gobiernan para los empresarios y los usureros que nos roban con la deuda externa. Hay que romper con el FMI y poner los recursos de la Argentina al servicio de resolver las necesidades del pueblo trabajador.

¿Por qué no es salida el kirchnerismo?

Escribe Cristian Fernández, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Tenemos que recordar que con Cristina ya luchábamos por el desfinanciamiento a la educación, que nuestros docentes también cobraban miserias, no había boleto educativo, la infraestructura escolar ya era un desastre, y que sostuvo todos los pilares del sistema educativo del menemismo
en todos los niveles. También que el trabajo precarizado era ya un drama obligado al empezar a laburar, y cuando jóvenes salían a luchar contra los despidos eran reprimidos sistemáticamente.

Es verdad que Macri profundizó cada uno de esos problemas y ahora estamos peor. Pero lo cierto es que lo que Cristina no resolvió antes, menos lo va a hacer ahora que tenemos encima la bota del FMI, que a quien sea que gane le va a exigir más ajuste. Y tanto ella como Kicillof se encargaron de aclarar que no van a romper con el FMI y van a pagar la deuda. Esa es la única verdad más allá de los discursos de campaña. Con Macri, Cristina, Lavagna, o el peronista que sea, lo que viene después de octubre es más ajuste.

Sumemos que es imposible avanzar en reclamos como el derecho al aborto o la ESI mezclándonos con los antiderechos de la Iglesia como ella propone. Y que no nos olvidamos que puso a un genocida, César Milani a cargo del ejército, y jamás hizo nada para desmantelar el aparato represivo vigente que se llevó la vida de Luciano Arruga, y en el que todos los días padecemos el gatillo fácil y la criminalización de la pobreza y la juventud.

La crisis que generó Macri es tan grande que hoy todos quieren posar de ultra-opositores. Inclusive los peronistas y kirchneristas que le garantizaron que salgan sus leyes en el Congreso, que legitimaron el acuerdo con el FMI y que avance el ajuste. No tenemos que dejarnos engañar. Ya muchas veces los partidos patronales le pidieron a la juventud que baje sus banderas para ir detrás del “menos malo” y siempre terminó igual de mal. La única salida es la izquierda.

Escribe Ivana Verón, Consejera Superior de la Universidad Nacional de General Sarmiento

La ola feminista que sacude al mundo tiene un rasgo distintivo: la lucha contra la violencia machista en todas sus formas. Después de miles de años de patriarcado las mujeres nos animamos a denunciar a los violentos y abusadores.

El #NiUnaMenos marcó el comienzo de la cuarta ola y luego el #MeToo y el #MiraComoNosPonemos visibilizaron la violencia sexual que sufrimos las mujeres. Las denuncias se extendieron de las redes sociales a todas las instituciones que transitamos y en particular las educativas.

¿Cómo funcionan los protocolos?

Los protocolos son la herramienta legal para que la Universidad tome las denuncias en caso de violencia, acoso o abuso sexual dentro de la institución y arbitre los medios para que la víctima pueda continuar con su carrera/investigación y no abandone por haber sufrido un hecho de violencia. A su vez indican que se tienen que elaborar campañas de prevención contra la violencia machista, la discriminación y el homolesbotransbiodio.

Hoy de las 53 universidades nacionales, sólo 23 cuentan con protocolos vigentes y encima no funcionan como deberían. Hay Facultades donde sólo existe una “casilla de mail” para realizar la denuncia o donde sí existe una persona física que tome la denuncia, el protocolo es una más de una larga lista de tareas. En ningún caso existe un equipo interdisciplinario de profesionales con perspectiva de género a cargo de acompañar a la víctima y que a su vez se ocupen de llevar adelante las campañas de prevención pertinentes. Donde existen consejos o espacios de toma de definiciones al respecto de los casos de violencia, estos se construyen desde la misma lógica del co-gobierno universitario, dejando por fuera de cualquier tipo de peso en la toma de definiciones al claustro estudiantil.

Es la falta de voluntad política de las autoridades de las Universidades y Facultades, sean radicales o kirchneristas por igual, la que obstaculiza la aplicación efectiva de los protocolos, lo que se traduce en el escaso o nulo presupuesto que se les asigna, además del encubrimiento de los violentos. Las conducciones de los centros de estudiantes que responden a estas autoridades no toman la posta en esta pelea. Frente a eso nosotras decimos en las universidades y en todos los niveles educativos: siempre con las pibas.

El ajuste a la educación es también ajuste a la lucha contra la violencia de genero

El ajuste creciente del gobierno de Macri y los gobernadores, pone en un mayor desamparo a las víctimas de violencia. Como pasa con las leyes para erradicar la violencia de género a nivel nacional, si los protocolos no tienen presupuesto, también se transforman en letra muerta.
En la Universidad, la pelea contra la violencia machista está íntimamente ligada a la necesidad de un aumento de presupuesto para la educación, que implique un salario digno para nuestrxs docentes, espacios de capacitación en Educación Sexual científica y laica con perspectiva de género y
presupuesto para la correcta implementación de los protocolos contra la violencia de género.
Lxs estudiantes somos protagonistas en esta ola que lo cuestiona todo, tenemos que continuar la lucha para pararle la mano a la violencia patriarcal, impulsar Comisiones de Mujeres y Disidencias para lograr los protocolos donde no los hay y pelear por presupuesto para su aplicación efectiva.