Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste y dirigente de Izquierda Socialista

Hoy fui quien abrió el acto que realizamos en la Plaza de Mayo con el Plenario del Sindicalismo Combativo y saludé la presencia de la Unidad Piquetera, del Frente de Izquierda Unidad y de todas las organizaciones y luchadores presentes. Fue un acto contra el ajuste del gobierno del Frente de Todos y del FMI.

Este gobierno subió con promesas mentirosas: que íbamos a tener la heladera llena, recuperar el trabajo, los salarios, las jubilaciones. ¡Pero hizo y hace todo lo contrario! Los salarios y las jubilaciones pierden día a día contra los aumentos de precios y la inflación. Ahora nos metieron el aumento de los boletos de transporte y nos van a meter un mazazo con las tarifas de luz, agua y gas. Millones siguen desocupados o subocupados, con changas miserables. Las escuelas y los hospitales se caen a pedazos. Cada día hay más miseria, indigencia y pobreza.

Como dijimos desde la izquierda antes de las elecciones: “Con Fernández y Cristina seguirá el FMI”. Y teníamos razón. Este gobierno pactó con el FMI pagar la estafa de la deuda externa que venía de antes y la de Macri, que le agregó 50 mil millones de dólares. ¡Pero los que la pagamos somos el pueblo trabajador y sectores populares! Por eso todo aumenta, menos los salarios.

Mientras crece la bronca. Somos millones los que estamos en contra de esta política económica y del ajuste. La única razón por la que el ajuste sigue pasando es por los dirigentes de la CGT y las CTA, que en vez de apoyar a los trabajadores y llamar a pelear, nos abandonan. Todas las luchas salen a pesar de estos dirigentes. ¡Hace meses que están de huelga nuestros compañeros del Sutna y la CGT y las CTA no hacen nada! ¡Hay once provincias con docentes de paro, Mendoza, Santa Cruz, Chubut, Neuquén; pararon semanas en San Juan y La Rioja y los burócratas no hacen nada!

Pero es mucho peor. Hoy estos multimillonarios con olor a naftalina salieron a pasear, a dar vueltas por el centro, a una marcha que fue a ningún lado, y llaman a apoyar al gobierno. Hablan de un supuesto “golpe de estado” de los especuladores y que hay que apoyar a Fernández, Cristina y Massa. ¡El único golpe que hay es el que el gobierno está dando contra el bolsillo de los trabajadores! Es el gobierno el responsable del ajuste y la inflación. Por eso el Plenario del Sindicalismo Combativo no va detrás de estos burócratas. Hicimos este gran acto en la Plaza de Mayo, para decirles en la cara, frente a la Casa de Gobierno: ¡Basta de ajuste contra los trabajadores! ¡Que la crisis la paguen los ricos y el FMI, no nosotros!

El gobierno peronista nos quiere hacer creer que la única salida es esta, más ajuste. Y Juntos por el Cambio y los libertarios de Milei coinciden, aunque dicen que el ajuste contra el pueblo trabajador debe ser aún más fuerte. ¡Caraduras! La verdad es que nuestro país tiene todo lo necesario para que ningún trabajador, ningún jubilado, ningún pibe pase hambre. Para que haya energía y transporte buenos y baratos. Para que haya educación, salud y trabajo. Tenemos enormes reservas de petróleo, gas, minerales y pesca. Tenemos toneladas de comida que se exportan o se esconden para especular con los precios de exportación. Pero este gobierno permite que las multinacionales controlen nuestras riquezas y se lleven toda la plata afuera. Como lo reconoció la propia Cristina, que se la llevan en pala, también los banqueros y el FMI.

Desde el sindicalismo combativo y la izquierda decimos con claridad que las riquezas y la plata tienen que quedar en nuestro país. Que no se pague la fraudulenta deuda externa y esa plata vaya a salarios, educación, salud. Que se garanticen viviendas populares para dar trabajo a millones. Que el petróleo, gas, y minería vuelvan a ser estatales. Que se nacionalice el comercio exterior y la banca. Este es el plan alternativo que necesitamos los trabajadores. ¡Que se ajuste a los de arriba, no al pueblo!

Para lograr esto hay que luchar. Hay que luchar contra el ajuste del gobierno y el FMI. Mientras apoyamos y coordinamos las luchas en curso, llamamos a los trabajadores a que sigamos exigiendo a la CGT y las CTA que rompan su pacto con el gobierno y llamen al paro y plan de lucha.

La burocracia sindical mostró abiertamente sus diferencias y su rol de sostenedores del gobierno. Con la bronca de los trabajadores creciendo día a día, la CGT y las CTA tuvieron que salir a denunciar la inflación y los bajos salarios. Pero no tuvieron más remedio que disfrazar las responsabilidades, acusando solo “a los especuladores y remarcadores de precios” y colocando al gobierno de Fernández, Cristina y Massa como “víctimas”. Hasta denuncian un supuesto “golpe de estado” y por eso habría que “defender al gobierno”. Nada más alejado de la realidad. Incluso, proponen un llamado a la “unidad nacional”, un “pacto” con los trabajadores, el gobierno y los empresarios… los mismos “especuladores golpistas” que denuncian.

El acto al que convocaron no fue acto. Cada sindicato movilizó a sus trabajadores en distintos horarios, por diferentes lugares, ni siquiera pudieron hacer un acto unificado porque priman sus diferencias por sostener espacios de poder. Solo le pidieron a Fernández que “ponga huevos” y que ellos lo van a bancar. Y alertaron que van “a marchar, una, cien y todas las veces que sea necesario para denunciar a los especuladores”.

Esa política no lleva a ningún lado. Lo que es necesario es que rompa su pacto con el gobierno y llamen a un paro y plan de lucha.

Esta semana el secretario general de la CTA y diputado peronista kirchnerista, Hugo Yasky, sin ponerse colorado dijo que “la izquierda no se movilizó contra Macri con la misma fuerza que ahora”.

Varias conclusiones podemos sacar de esta mentira. La izquierda, el sindicalismo combativo, junto a decenas de miles de trabajadores y sectores populares, fuimos parte de la rebelión popular en plaza Congreso en diciembre de 2017, cuando el macrismo, con un sector del peronismo, votaba un nuevo ajuste a los jubilados. Allí resistimos una brutal represión gubernamental y policial durante horas.

¿Dónde estaban Yasky y su CTA? Podrán buscar en cualquier sitio, pero nunca lo encontrarán cerca del Congreso. Se borraron contra Macri, se borran ahora. Cuando más hacía falta un paro general, la CTA era campeona de decir “hay 2019”, o sea no luchar, sino esperar y votar a Cristina dos años después. Con la izquierda seguimos luchando y apoyando todas las luchas.

Ahora el verso de Yasky y el kirchnerismo quiere ser similar: “cuidemos al gobierno y evitemos que vuelva la derecha”. Ya estamos hartos de esos engaños. La izquierda sigue luchando ahora (como reconoce Yasky) y luchamos antes. La CTA, ni antes, ni ahora.

Escribe José Castillo

El martes 12, el gobierno de Alberto Fernández dio a conocer los detalles del anunciado tarifazo a los servicios públicos privatizados de electricidad, gas y agua. Tal como se venía sospechando, terminó siendo mucho mayor al anunciado a principios de año. Van desde el 50% para la luz hasta el 150% para el agua. Alcanzando, además, a amplias franjas del pueblo trabajador. Muy lejos quedaron los debates de que Cristina “se oponía” al incremento de tarifas. El aumento es obra del superministro Sergio Massa, con pleno aval de Alberto y Cristina Fernández.

¿Cómo será el tarifazo?

El gobierno dividió a la población en tres niveles: el grupo A, que perderá todo subsidio (399.000 hogares), el grupo B, el más bajo socialmente (5 millones de hogares) y un grupo intermedio C, integrado por 3.451.000 hogares, sobre los que caerá una parte sustancial del tarifazo.

Pero no será solamente esta división la que establecerá quién pagará tarifa plena (grupo A), quién tendrá aumentos pero parciales (grupo B) y quiénes sufrirán solo el incremento del 20% que ya se produjo (grupo C). Se establece también un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar (o 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural), traspasado el cual se paga plenamente el tarifazo por la diferencia.

En concreto, en la franja promedio, el aumento será, como mínimo, de un 50%. Como ejemplo: un cliente de Edesur que consume 300 kWh mensuales pasará de pagar 1.467 pesos mensuales a 2.285 pesos. Como ya dijimos, será mucho más si se pasa del máximo de los 400 kWh.

No es cierto que el aumento de tarifas eléctricas solo alcanza a los ricos. Muchas familias populares gastan mucho más en electricidad que el límite de 400 kWh, debido a que tienen artefactos más viejos que consumen más energía. Los sectores más postergados viven en lugares donde no llega la red de gas y se calefaccionan con electricidad, superando fácilmente dicho límite. Muchas familias de dos o tres generaciones viven en un domicilio donde, más allá que haya dos o tres unidades de vivienda, comparten un solo medidor, pasando también fácilmente el máximo establecido. Sobre el bolsillo de todos ellos caerá el tarifazo.

También se anunciaron incrementos en las boletas de gas, que se efectivizarán en los próximos tres bimestres. Se trata de un aumento cercano al 100%. Los usuarios con consumo promedio (97 metros cúbicos mensuales) pasarán de una boleta de 1.650 pesos en junio a otra de 3.100 pesos en enero. En la franja intermedia, los hogares que conservarán una parte del subsidio pasarán a pagar 2.146 pesos al cabo de los tres aumentos. Las tarifas de agua también subirán en un promedio de 100% de acá a junio de 2023. A los aumentos domiciliarios hay que sumarle los tarifazos de los tres servicios que caerán sobre los comercios, y que luego, trasladados a los precios, sumarán a la carestía.

¿Quienes se beneficiarán?

El aumento que se acaba de informar es parte del plan de ajuste acordado por el gobierno del Frente de Todos con el FMI. Tiene el objetivo explícito de reducir el gasto público en subsidios para ahorrar alrededor de 47.000 millones de pesos este año y entre 500.000 y 600.000 millones el año próximo, y así cumplir con las metas del Fondo y demostrar que tiene dinero para seguir pagando la deuda externa.

Pero la reducción de subsidios no perjudica a los dueños de las empresas privatizadas. Ellos siempre ganan: si no es con tarifazos, es con subsidios. O les paga el pueblo trabajador con los aumentos en las boletas o las sostiene el gobierno con subsidios. Así viene siendo desde que Menem llevó adelante las privatizaciones, en la década del ‘90. Las empresas, a lo largo de todas estas décadas, brindaron servicios pésimos, nunca cumplieron con los planes de inversión a los que estaban obligadas por los contratos, pero siguieron embolsando superganancias con la anuencia de absolutamente todos los gobiernos, sea Menem, De la Rua, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri o ahora Alberto Fernández.

Hoy, con el tarifazo, ganan Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, los dueños de Edenor. Vila, propietario también del Grupo América. Manzano, ex ministro de Menem, con una fortuna hecha en base al robo y la corrupción, y con negocios junto con Vila en el petróleo y la megaminería contaminante. Y Mauricio Filiberti, llamado “el rey del cloro” por sus negocios con Aysa, la empresa estatal de aguas manejada por Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa.

También gana el grupo multinacional ENEL, dueño mayoritario de Edesur. En el gas, los que se embolsarán el tarifazo serán los propietarios de las distintas empresas que prestan el servicio de distribución en las diferentes zonas del país. Así tenemos a Metrogas (cuyo accionista mayoritario es YPF, pero hay un 30% de acciones en manos privadas), GasNor S.A. (propiedad del grupo transnacional Naturgy), GasNea S.A. (donde entre los dueños aparece Panamerican Energy y el Grupo Roggio, junto con el gobierno de Entre Ríos), Distribuidora de Gas del Centro y Distribuidora de Gas Cuyana S.A. (con dueños mayoritarios en el Grupo financiero Puente), Litoral Gas (grupo financiero transnacional Sociedad Tibsa Inversora y Tecpetrol-Techint), Gas Natural BAN (de la transnacional española Fenosa), Camuzzi Gas Pampeana S.A. y Camuzzi Gas del Sur (del holding italiano Camuzzi Gas Inversora).

Repudiamos este tarifazo que pega directamente al bolsillo del pueblo trabajador. Para que los ganadores de siempre no sean el FMI y los dueños de las privatizadas, decimos que hay que rescindir todas las concesiones y reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados, colocándolas bajo gestión de sus trabajadores y usuarios. Solo así habrá servicios de calidad, con tarifa social para quién la necesite.

Escribe José Castillo

Finalmente, la semana pasada se conoció el índice oficial de inflación del mes de julio. Resultó ser de 7,4%, la más alta de los últimos 20 años. En el año, ya acumula un 46,2% y, anualizada, un 71%. Nos vamos acercando peligrosamente a terminar el 2022 con una inflación para todo el año cercana al 100%.

Pero, más allá de estos fríos números estadísticos, la dramática realidad es la suma de aumentos que, semana a semana, tienen todos los productos de la canasta familiar, tanto alimentos como artículos de limpieza y tocador. Lo mismo que los medicamentos y otros productos de los que el pueblo trabajador no puede privarse. Para agosto, los números no vienen mejor: en la primera quincena hubo otras tandas de aumentos en las góndolas de los supermercados. Pero también el gobierno del Frente de Todos autorizó incrementos en el transporte (colectivos, tren y subte), la medicina prepaga, los colegios privados. Y se vienen, por exigencia del FMI, varios meses con subas sistemáticas de las tarifas de los servicios públicos privatizados.

Frente a esta realidad, el nuevo secretario de Comercio Interior y Exterior, Matías Tombolini, no tuvo vergüenza en debutar diciendo que el problema es que la gente mira los precios que suben y no los que bajan, y que la alta inflación es una “sensación”, mientras repetía la vieja fórmula de volver a reunirse “para la tribuna” con los remarcadores, las grandes empresas monopólicas de alimentos y artículos de limpieza y tocador (Arcor, Molinos, Quilmes, La Serenísima, Procter&Gamble, Unilever) y los dueños de los hipermercados (Jumbo, Disco, Coto, Changomás, La Anónima, Día), para volver a rediscutir el programa de “Precios Cuidados”. Que, como todos ya sabemos, luego estas mismas empresas violarán descaradamente, con la tranquilidad de que nunca serán sancionadas.

La contracara de todo esto es la pulverización más absoluta de los salarios, las jubilaciones y los montos de los planes sociales. Para los trabajadores en blanco, todos los acuerdos paritarios volvieron a quedar por detrás de la suba de precios de estos meses. Ni hablemos de los precarizados, que ya directamente cobran ingresos de indigencia. O de los estatales de todas las categorías (incluyendo a los docentes y a los trabajadores de la salud), a los que el propio gobierno, como su patrón, toma como variable de ajuste para cumplir con el FMI. Ya suman millones los trabajadores que, aún teniendo un empleo, caen bajo la línea de pobreza.

Que, en medio de todo esto, la burocracia de la CGT y las CTA sigan manteniendo su pacto con el gobierno, o hagan su marcha anunciando que “no es un acto opositor”, es directamente indignante. Justamente por eso, para marcar el camino de lo que hay que hacer, es que el 17 de agosto marchamos en forma diferenciada con el sindicalismo combativo a Plaza de Mayo. Exigiendo lo básico frente a esta realidad: que haya un aumento de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado en 179.990 pesos por los trabajadores de la Junta Interna de ATE-Indec. Y que ese monto se actualice mensualmente de acuerdo al incremento del costo de vida. Al mismo tiempo, hay que reabrir todas las paritarias, para reajustar los salarios de todas las categorías  con las subas que correspondan para que no se achate la pirámide y nadie pierda poder adquisitivo.

Por supuesto que ni las patronales ni el gobierno van a aceptar fácilmente otorgar estos aumentos. Las patronales, para mantener sus superganancias. Y el gobierno, porque el hecho de que la inflación se coma los salarios estatales le conviene para hacer pasar más fácil el ajuste exigido por el FMI.

Entonces, al mismo tiempo que denunciamos la traición de las direcciones burocráticas de la CGT y las CTA, tenemos que seguirles exigiendo que llamen a un paro nacional y un plan de lucha contra el ajuste en curso.