Escribe María Isabel Giordano, Izquierda Socialista/FIT Unidad - Tierra del Fuego
 
Nuestro diputado nacional electo Juan Carlos Giordano visitó Ushuaia y Río Grande, Tierra del Fuego. Vino a apoyar los reclamos obreros y populares, a la Lista 203 del Frente de Izquierda Unidad para la elección de constituyentes para reformar la carta orgánica municipal de Ushuaia del próximo 15 de mayo, y a impulsar la campaña de afiliaciones para conseguir la legalidad de Izquierda Socialista.
 
Fueron cuatro días de intensa actividad junto a Giordano, que incluyeron reportajes en importantes medios. En Tierra del Fuego crecen los reclamos obreros y populares. Ha surgido una gran camada de luchadoras y luchadores que, además de enfrentar al ajuste y a la burocracia sindical, están dispuestos a dar el paso político para seguir fortaleciendo al Frente de Izquierda Unidad construyendo Izquierda Socialista.

En el primer día Giordano visitó el enorme predio de más de 8.000 m2 de la planta Ambassador, ocupada por sus trabajadoras/es que hace años cuidan las máquinas a la espera de una solución. Ambassador fabricaba televisores y en la pandemia podía producir respiradores. Sin embargo está parada. ¿Cómo puede ser que, si están las máquinas y el personal, no se ponga a producir para dar empleo a 250 familias? Porque la patronal de capitales chinos que la abandonó, los jueces del concurso preventivo, el gobierno nacional, provincial y del municipio (todos peronistas) junto a los burócratas de la UOM se niegan. Desde Izquierda Socialista planteamos que esa fábrica debe ser estatizada y puesta a funcionar bajo control y gestión de sus trabajadores.

Más tarde realizamos una charla debate en el sindicato municipal con candidatos de la lista 203 y docentes, obreros de fábricas recuperadas, portuarios, textiles, municipales, estatales y jóvenes.

Al día siguiente viajamos a Río Grande, una ciudad con alta concentración obrera. Estuvimos acompañando a Digital Fueguina que, igual a Ambassador, está ocupada por sus trabajadores desde hace un año. Recorrimos la planta resguardada también por las y los obreros ante el abandono de la patronal Garbarino. Ellos producían aires acondicionados, TV y celulares. Y aunque no cobran el salario desde hace un año figuran como “trabajadores activos” y les mandan igual los recibos de sueldo. Un cinismo absoluto. La UOM, por su parte, les ha impedido votar en las recientes elecciones porque la burocracia de Oscar Martínez dice que “no están trabajando”. A su vez, el Grupo Mirgor (electrónica) de Macri-Caputo está tomando a jóvenes completamente precarizados sin respetar las leyes, mientras IATEC, parte del mismo grupo, deja a cientos de contratados en la calle.

Estuvimos también con obreros textiles que contaron la enorme lucha de 2019 en la Textil Río Grande que evitó el cierre de la planta y luego descabezaron al burócrata del gremio. Ahora pesa sobre cientos de textiles la amenaza de perder sus puestos de trabajo porque Alberto Fernández dejó afuera a la industria del sector de la ley 19.640 de promoción industrial. Giordano también se solidarizó con los portuarios que pelean por recuperar el salario y estuvieron a punto de ganar el sindicato con una diferencia de once votos a través de una lista antiburocrática nacida desde las bases, y con las y los jubilados de ATE, docentes y municipales quienes junto con el personal de Salud luchan por recuperar la vaciada Obra Social OSEF a la que quieren transformar en un Seguro de Salud.

A la tarde del sábado se hizo en el Dionisio Teatro una importante charla debate. Participaron delegadas/os docentes, textiles, de Digital Fueguina; trabajadoras de Mirgor; compañeras y compañeros de la agrupación barrial Izquierda Socialista Latinoamericana; jubiladas y jóvenes. Además del compromiso solidario ante cada lucha, se coincidió en la necesidad de seguir fortaleciendo una alternativa política de los trabajadores con el FIT Unidad y en particular en construir un partido de trabajadores que apoya las luchas como lo es Izquierda Socialista. Nuestro partido viene fortaleciéndose con el ingreso de valiosas compañeras y compañeros de otras expresiones de izquierda y trabajadores en lucha. Todos manifestaron su apoyo a la campaña de afiliación para “fundar un nuevo partido en la isla que sea de las y los trabajadores”, como dijo una compañera, que pelee por un gobierno de ellos mismos.

La noticia de los últimos días fue el aumento récord de la inflación, el valor mensual más alto desde abril de 2002. Con el astronómico 6,7%, se acumula ya un 16,1% en el primer trimestre del año. Los aumentos de alimentos y otros productos de la canasta familiar fueron mayores aún.

El gobierno peronista de Alberto Fernández, en crisis y cruzado por las internas, trata de disimular la situación con medidas cosméticas y totalmente insuficientes. Aprovechando para confirmar en su puesto al ministro de Economía Martín Guzmán, anunciaron un bono de 9.000 pesos mensuales (a cobrarse durante sólo un bimestre), en lo que ellos mismos definieron como un “IFE acotado” que cobrarán los monotributistas de las categorías A y B, las y los trabajadores en negro y las empleadas domésticas. Estos montos no cubren ni de lejos la canasta de indigencia que supera los 40.000 pesos. Por otra parte, como muestra de donde están las prioridades de este gobierno, el costo fiscal total de estos bonos más el de 12.000 pesos que se le otorga a las y los jubilados que perciben hasta dos haberes mínimos, ascenderá a 200.000 millones de pesos. ¡Una migaja al lado de la plata que se está poniendo para pagar cada vencimiento de deuda externa, sea al FMI o a los acreedores privados!

Los anuncios de Alberto Fernández también incluyen un nuevo impuesto llamado “a la renta inesperada”, que supuestamente deberían abonar aquellas empresas que facturen más de 1.000 millones de pesos por año. Claro que, como ya nos tiene acostumbrado el gobierno del Frente de Todos, está medida entrará “en estudio” convocando “las fuerzas laborales, productivas y políticas” para “construir ese mecanismo”. Traducido: eso va a una mesa de debate donde lo más probable es que no salga nada. Hasta la propia vicepresidente Cristina Fernández, sin duda tratando de echar leña al fuego a su propia interna con Alberto Fernández, sostuvo que este impuesto nunca saldría: “es pura saraza” afirmó (Infobae, 19/4). Se olvidó de decir que otra expresión del doble discurso es su propio proyecto de blanqueo para los capitales fugados al exterior. Es que el peronismo kirchnerista solo busca despegarse discursivamente de las consecuencias del ajuste, mientras sigue diciendo que hay que pagar la deuda y arreglar con el FMI, sólo que ellos “lo hubieran hecho distinto”.

Terminada la puesta en escena con estos anuncios en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, el ministro Guzmán salió raudamente hacia Washington para dirigirse a cumplir la verdadera tarea, la que realmente le importa al gobierno: una nueva reunión con el Fondo Monetario. Un paso más en el camino de monitoreo del ajuste que lleva adelante el organismo. Orgullosamente, Guzmán le lleva como trofeo el cumplimiento de las metas de ajuste del primer trimestre del año. Por supuesto, a costa de jubilaciones y salarios estatales a la baja, reducción del gasto, aumentos de tarifa y congelamiento de los planes sociales.

Si cada vez son más los sectores del pueblo trabajador que se sienten desilusionados con el gobierno del Frente de Todos, nada bueno puede surgir tampoco de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Macri, Larreta, Patricia Bullrich, Morales, Manes, debaten inmersos en su propia crisis para dirimir las futuras candidaturas. Pero hay un punto donde todos coinciden: si llegan al gobierno avanzarán en un ajuste “mucho más veloz y profundo” que el que llevaron adelante cuando gobernaron entre 2015 y 2019. Que incluirá, por supuesto, las reformas laboral y previsional.

Ni gobierno ni oposición patronal ofrecen ninguna salida favorable para el pueblo trabajador. Mucho menos Milei, que ahora se despachó con “cerrar el ministerio de Educación” y lanzó un ataque desaforado contra las universidades públicas. Por eso es necesario y urgente el fortalecimiento de una alternativa política que plantee un programa de emergencia, obrero y popular que, arrancando de romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, resuelva las más urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Esa alternativa es la que venimos construyendo desde el Frente de Izquierda Unidad, planteando que deben gobernar los que nunca lo han hecho, los que no tienen complicidades con el ajuste que vinieron llevando adelante durante décadas peronistas, radicales y macristas. En suma, sosteniendo que quienes deben gobernar son las y los trabajadores. Para postular todo esto, el próximo 1° de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, realizaremos un gran acto en Plaza de Mayo, que replicaremos en las principales plazas de las provincias. Desde Izquierda Socialista te invitamos a participar. Vení con tus compañeras y compañeros de trabajo, estudio, con tus vecinos, amigas, amigos y familiares. Te esperamos.  

Escribe Mariano Barba
 
La inflación achica el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y desocupados que reciben un plan. Ante la creciente bronca de la población, el gobierno habilita la reapertura de las paritarias, mientras otorga un bono, totalmente insuficiente, a los trabajadores informales, los monotributistas de categorías más bajas y las empleadas domésticas. El pronóstico es obvio: la pobreza crecerá.
 
Con la Resolución 388/22 el Ministerio de Trabajo habilitó la reapertura anticipada de las negociaciones salariales de este año, tanto a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos no vencidos como también a las que tienen convenios colectivos con término vencido y no tuvieran negociaciones en curso. Entre los gremios que concurrirán al Ministerio se encuentran la Uocra, Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, Seguridad, Maestranza, Plástico, Pasteleros, Seguros, Alimentación, Textiles, Televisión, Mecánicos, Aguas Gaseosas, Vestido, Químicos, Gráficos, Molineros, Viajantes y Madereros, entre otros. Se suman a las negociaciones que se vienen desarrollando con los bancarios y el personal de casas particulares.

La iniciativa surgió de las últimas reuniones que el Ejecutivo mantuvo con los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión Industrial Argentina (UIA). Por la burocracia participaron el triunvirato que dirige la CGT, el camionero Pablo Moyano, Héctor Daer de Sanidad  y Carlos Acuña de estaciones de servicio. La burocracia sindical solicita este adelantamiento sabiendo que el impacto inflacionario demuele los salarios. Pero enseguida las expectativas que puede despertar entre los trabajadores esta reapertura de las paritarias se desvanecerán ,porque la burocracia anuncia que su objetivo es alcanzar apenas el 20 % para el primer cuatrimestre. Una vez más va a ser por debajo de la inflación que ya alcanzó el 16,1% solo en los tres primeros meses. No es casual que el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, expresó la conformidad ante la reapertura de las paritarias: sabe que sus mejores socios son los propios dirigentes sindicales. Encima de toda esta movida, hasta el momento, quedan fuera de radar los millones de trabajadores públicos, docentes y de salud de todo el país.

Los burócratas firmarán estos acuerdos sin ninguna consulta a la bases, ya que en sus métodos no están presentes las asambleas ni la elección democrática de los paritarios. Hacen lo opuesto a lo que proponen los sindicatos que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo, que consultan todo con sus bases y exigen que el salario sea indexado según el avance del costo de vida, empezando por recuperar un porcentaje lo que se perdió en el 2020.

El resultado de las paritarias será solo un parche teniendo en cuenta que la canasta familiar para una familia tipo según ATE-Indec ascendió a 145.456 pesos. Este debería ser el piso salarial, que nos permita vivir dignamente, al que se debería llegar por un aumento salarial de emergencia. Y, a partir de ese valor, que se reabra la negociación de todas las paritarias.

Los bonos consolidan la pobreza

 Para morigerar un poco el hambre, el gobierno decretó el pago de un bono de emergencia a los trabajadores informales, los monotributistas de categorías A y B y las empleadas domésticas. Son 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 pesos en mayo-junio. Muy lejos del costo de la canasta familiar. Concluidos los dos meses, esos sectores que en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza, volverán a cobrar sus ingresos actuales. Mientras tanto la inflación crece y envía mes a mes a sectores populares hacia un nivel de vida indigente.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que los “bonos de emergencia” deberían transformarse en ingresos de emergencia permanentes y por montos que cubran la canasta familiar, al mismo tiempo que se avanza con trabajo genuino para todos los desocupados mediante un gran plan de construcción de viviendas populares financiada por el no pago de la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar un nuevo bono de 12.000 pesos destinado a los jubilados y jubiladas que perciben hasta dos haberes mínimos. O sea que lo percibirán quienes cobren hasta 65.260 pesos.
Esto, una vez más, no resuelve ni de lejos el drama de las jubilaciones de miseria. Y la constante pérdida del poder adquisitivo de todas y todos quienes las perciben.

Trimestre a trimestre, las y los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación, porque en la fórmula jubilatoria, explícitamente, se obvió esta variable, para cumplir con el ajuste que terminó siendo firmado con el FMI. Además de continuar achatando la pirámide (para todos quienes perciben más de 65.260 pesos no hay nada), y de que estos bonos no se cuentan para los futuros aumentos trimestrales. Lo volvemos a repetir, hay que terminar con los bonos de miseria. Lo que se necesita es un aumento de emergencia, generalizado, para que la mínima pase a cubrir la canasta de la tercera edad, valuada en 97.238 pesos.  Y, a partir de ese valor para la jubilación mínima, aplicar el 82% móvil.

Escribe Adolfo Santos

El staff del Fondo Monetario Internacional que monitorea el acuerdo firmado con el gobierno del Frente de Todos, acaba de publicar un informe plagado de mentiras sobre la situación de las y los jubilados. Lo que dice el FMI es un disparate intencional para exigirle al gobierno más ajuste del que ya viene sufriendo el sector. Saben que el gobierno peronista es dócil con el poder económico y duro con los sectores más vulnerables, como demostró al cambiar la ley de movilidad jubilatoria por sumas fijas establecidas por debajo del índice inflacionario.

Los funcionarios fondomonetaristas dicen que en Argentina hay muchos jubilados en relación al total de adultos mayores, y que el sistema previsional paga haberes muy altos comparados con otros países. Sin pruebas que lo demuestren, el informe sostiene que el sistema previsional tiene una “amplia cobertura y beneficios generosos”, con haberes que representan el 90% de lo que el jubilado percibía en actividad. A partir de eso, sugiere “elevar la edad jubilatoria, achicar el número de beneficiarios, eliminar las moratorias y reducir los haberes jubilatorios”.

Es un informe insultante para los jubilados y jubiladas cuyo, haber promedio para quien aportó treinta o más años equivale apenas al 65% de lo que recibe un trabajador en actividad, y la mayoría de los seis millones de jubilados recibe el haber mínimo, muy lejos de las mentiras del FMI. ¿De qué “beneficios generosos” habla el Fondo cuando 4,5 millones de jubilados y jubiladas reciben miserables 32.630 pesos, apenas un tercio del costo de la canasta de necesidades básicas para ese sector, que es de 97.238 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad?

El informe del FMI constituye un verdadero ataque a los jubilados y jubiladas para presionar por un ajuste mayor. Desmiente al gobierno peronista y al propio presidente Alberto Fernández, quienes repitieron hasta el cansancio que “el acuerdo con el Fondo no contempla ajustes ni reforma previsional o laboral” y que se trata de un “entendimiento inusual sin políticas de ajuste…”. Miente el FMI en su informe y miente el gobierno al decir que el acuerdo no traerá más ajustes y sufrimientos al pueblo trabajador.

La destrucción del haber jubilatorio y su reducción a niveles de miseria y de indigencia se ha ido consolidando en los últimos años. La política económica del gobierno, atada al acuerdo con el Fondo y con una inflación descontrolada, tenderá a profundizar esta penosa situación. Es necesario mantener una lucha consecuente y unitaria por la anulación de ese acuerdo y la suspensión del pago de la deuda para destinar esos fondos a pagar jubilaciones del 82% móvil, recomponer toda la escala jubilatoria y exigir que la jubilación mínima, sea igual al costo de la canasta básica del sector.