Escribe Diego Martínez

El 7 y 8 de octubre se van a llevar adelante las elecciones de la UTA, en la que están representados más de 80.000 trabajadores y trabajadoras del transporte del país. El gremio es conducido desde hace veinte años por la burocracia de la lista Celeste y Blanca con Roberto Fernández a la cabeza. En estos años la conducción del gremio fue transando cada vez más con las patronales del sector (estando directamente ligada a una de ellas, Metropol) y con los distintos gobiernos de turno. Ya son históricos los amagues de paros de Fernández que terminan en arreglos por monedas para los choferes. Además de esto le ha dado la espalda a casi todos los paros generales que hubo en los últimos años.

Fernández se presenta una vez más a las elecciones. Su candidatura es repudiada por amplios sectores del gremio, quienes ven que su salario se desplomó, por lo que tienen que salir a hacer changas después de largas jornadas de trabajo, además de sufrir la inseguridad día a día y tener una obra social en pésimas condiciones.

Distintos sectores burocráticos intentan capitalizar el desgaste de Fernández. Además de la Celeste y Blanca se presenta la lista Negra, ligada a Miguel Bustinduy, antiguo compañero de Fernández, que representa a la patronal DOTA, y la lista Marrón, ligada al FReSu y encabezada por Alberto Patiño, actual secretario de organización del sindicato. Equivocadamente el compañero Néstor Marcolín y otros compañeros de la línea 60 se sumaron a esta lista.

Frente a Fernández la única alternativa real es la lista 460 Bordo, a la cual apoyamos. La Bordó es una lista totalmente independiente de las patronales y de la burocracia sindical. Conformada por compañeros y compañeras luchadores del AMBA, Corrientes, Santiago del Estero, Salta y Entre Ríos. Para tener una conducción combativa y democrática que no transe, y pelee por recuperar el salario y mejores condiciones de trabajo, en las elecciones de la UTA ¡Vamos con la Bordó!

Escribe Hugo Iglesias

Mirgor despidió a 223 trabajadores en la planta de Einstein, otros 73 en Malvinas. La empresa de la familia Caputo en Tierra del Fuego pretende aplicar la reforma laboral destruyendo la organización sindical. Los trabajadores habían resuelto realizar asambleas de una hora por turno el jueves y viernes pasado y la patronal respondió con estos despidos. El lunes se congregaron en la planta. La UOM de Río Grande exigió la reincorporación de todos en audiencia de conciliación. El ministerio de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. La empresa se vio obligada retrotraer los despidos, pero dejó afuera a todos los delegados gremiales de las 4 fábricas. El propósito de la empresa de la familia del ministro de Economía Caputo es claro: descabezar la resistencia sindical para poder aplicar la Reforma laboral esclavista del gobierno de Milei y el FMI, que aprobó la LLA, el PRO, los radicales y los peronistas amigos del gobierno. 

Desde Izquierda Socialista Tierra del Fuego estuvimos presentes en las puertas de la fábrica, acompañando las fogatas de la resistencia de toda la planta. Hemos propuesto a la UOM y a la CGT la realización de un paro provincial para derrotar esta ofensiva. Está claro que lo que los bloques empresariales votaron en el Congreso no hay que dejarlo aplicar resistiendo en Tierra del Fuego y en todo el país con un plan de lucha nacional por la derrota de la Reforma, como la movilización derrotó la ley de extranjerización de las tierras.

Escribe Federico Novo Foti

Pasaron dos siglos de combates contra las invasiones inglesas, la Revolución de Mayo de 1810, las guerras y la declaración de la independencia en 1816, que sentaron las bases de la nación. Ese camino se truncó por ser nuestro país parte del sistema capitalista imperialista. La división económica y política entre las burguesías americanas impidió avanzar hacia una América Latina unida e igualitaria, como soñaron nuestros libertadores. Argentina y los países surgidos tras la caída de la dominación española y portuguesa fueron cayendo bajo un nuevo dominio.

En 1824, Bernardino Rivadavia tomó un préstamo usurero con el banco inglés Baring Brothers, garantizado con tierras bonaerenses. Esa deuda externa, pagada en 1904, inició el sometimiento. En 1832, bajo Juan Manuel de Rosas, los ingleses ocuparon las islas Malvinas. A fines del siglo XIX, Argentina ya dependía del imperialismo británico y su economía, con la complicidad de gobiernos patronales y la burguesía nacional, quedaba en manos extranjeras.

En 1932, con el pacto Roca-Runciman, “estatuto legal del coloniaje”, Argentina pasó a ser una semicolonia británica. Tras el “Golpe Gorila” de 1955, cayó bajo dominio yanqui. Hoy Javier Milei expresa el servilismo a Donald Trump y al imperialismo yanqui.

A 220 años de la gesta que expulsó a los ingleses de Buenos Aires y a 44 años de la Guerra de Malvinas, el sentimiento antiimperialista pervive entre las y los trabajadores y el pueblo argentino. La selección con la bandera “Las Malvinas son Argentinas” y la movilización contra la extranjerización de la tierra, que derrotó al gobierno, marcan el camino.

Hay que luchar contra el plan motosierra de Milei y el FMI. ¡Fuera ingleses de Malvinas! ¡Fuera yanquis de América Latina! Tras las experiencias de gobiernos patronales, enfrentar al imperialismo exige luchar por un gobierno de trabajadoras y trabajadores que imponga la Segunda y definitiva independencia.
                                          
 
 

Desde UNIR expresamos nuestra más profunda solidaridad con las miles de familias trabajadoras, campesinas, indígenas, afrodescendientes, populares y de sectores medios afectadas por el terremoto ocurrido en el país. En momentos como este, acompañamos el dolor de quienes han perdido seres queridos, han resultado heridos o han visto destruidas sus viviendas, sus medios de subsistencia y los espacios que construyeron con años de esfuerzo y sacrificio.
 
Los terremotos son fenómenos naturales asociados a la dinámica geológica del planeta. La ciencia ha demostrado que no pueden evitarse. Sin embargo, sus consecuencias sociales no son el resultado exclusivo de la naturaleza. La magnitud de los daños y las pérdidas humanas está estrechamente relacionada con las condiciones materiales en las que vive la población, con la calidad de la infraestructura, con la planificación territorial y con las políticas públicas destinadas a la prevención y la gestión del riesgo.

 Por ello, aunque hoy se repita que esta tragedia nos afecta a todos por igual, es necesario señalar que esto no es completamente cierto. Los sectores más golpeados suelen ser las y los trabajadores, los pobres del campo y la ciudad, quienes habitan viviendas precarias, asentamientos informales o construcciones levantadas sin las condiciones técnicas necesarias. También resultan gravemente afectados amplios sectores medios que, pese a años de trabajo, residen en edificaciones que no cumplen adecuadamente las normas de construcción sismorresistente o carecen de mantenimiento y supervisión suficientes. Como ocurre con otras catástrofes, el riesgo y el sufrimiento se distribuyen de manera desigual en una sociedad atravesada por profundas diferencias económicas y sociales.

Muchos nos estremecemos hoy al ver las imágenes de edificaciones agrietadas o derruidas en ciudades como Cali, Pereira o Manizales. Sin embargo, esas escenas, por dolorosas que sean, no alcanzan a mostrar toda la dimensión humana y social de esta tragedia. La gran mayoría ni siquiera logramos imaginar el sufrimiento y las privaciones que enfrentan nuestros hermanos y hermanas de las costas del Pacífico colombiano, especialmente en el Chocó, habitadas por miles de familias en comunidades identificadas como las más aisladas y empobrecidas de la región. Allí, donde históricamente han predominado el abandono estatal, la falta de infraestructura, la precariedad de las comunicaciones y la ausencia de servicios básicos, muchas comunidades ni siquiera cuentan con los medios necesarios para informar oportunamente la magnitud de los daños sufridos o solicitar ayuda. Esta realidad vuelve a poner de manifiesto que los desastres naturales no afectan a todos por igual: las consecuencias más graves recaen sobre quienes ya padecían las mayores condiciones de exclusión, pobreza y vulnerabilidad antes de que ocurriera la emergencia.

Frente a esta situación, exigimos que la atención de la emergencia, la recuperación y la reconstrucción se orienten exclusivamente a garantizar los derechos y las necesidades de las comunidades afectadas. Rechazamos cualquier intento del Gobierno Nacional, de los gobiernos departamentales o municipales, así como de los sectores empresariales o políticos, de utilizar esta tragedia con fines propagandísticos, clientelistas o electorales. Los recursos públicos destinados a la emergencia deben manejarse con absoluta transparencia, control social y rendición permanente de cuentas.
La reconstrucción no puede convertirse en un nuevo negocio para contratistas, intermediarios o grupos económicos. Debe estar al servicio de las familias trabajadoras y de las comunidades afectadas, garantizando vivienda digna, infraestructura segura, empleo, acceso a servicios públicos y el pleno respeto de las normas técnicas y ambientales.

Desde la anterior perspectiva, nuestra organización propone que los parlamentarios del Pacto Histórico, en forma ejemplar, destinen el 90 % de sus elevados ingresos durante el tiempo que se extienda la atención de al emergencia, para que se constituya un Fondo Obrero, Popular, Campesino y Comunitario de Solidaridad y Reconstrucción, dirigido a atender las necesidades urgentes de la población afectada. Del mismo modo, que las organizaciones sindicales y sociales, adopten mediante asambleas el aporte voluntario de un día de salario de cada afiliado para dicho fondo, además de víveres y otros elementos que se requieren con urgencia en la actual situación. Este fondo debe ser administrado por organizaciones sociales representativas de las y los trabajadores, las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, barriales y populares, bajo estricta vigilancia de veedurías ciudadanas y mecanismos democráticos de control social que garanticen el uso transparente de cada recurso.

Consideramos que una medida de esta naturaleza constituiría un ejemplo concreto de compromiso con el pueblo trabajador y demostraría que existen alternativas distintas a las prácticas tradicionales de manejo burocrático y clientelar de los recursos públicos.

Desde UNIR reiteramos nuestro llamado a la solidaridad activa, a la organización popular y a la movilización social para enfrentar esta emergencia. La ayuda inmediata es indispensable, pero también lo es la lucha por una reconstrucción democrática, transparente y planificada, que priorice la vida, la seguridad y el bienestar de quienes producen la riqueza del país.

La solidaridad de clase, la organización popular y el control democrático de los recursos son herramientas fundamentales para que la tragedia no termine siendo pagada, una vez más, por las y los trabajadores y el pueblo.
 
Unidad de Izquierda Revolucionaria (UNIR), sección de la UIT-CI
Bogotá 10 de agosto de 2026