Escribe Liliana Olivero,dirigenta nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El femicidio de Agostina Vega volvió a exponer la desidia judicial, el abandono estatal y el entramado de protección política que opera en la provincia. La confirmación de su asesinato llegó en la previa de un nuevo 3J y volvió a poner sobre la mesa una verdad que los gobiernos intentan ocultar: a las mujeres y niñas no solo las matan los femicidas sino también los gobiernos.

La cadena de responsabilidades políticas y judiciales

Mientras la familia reclamaba aparición con vida, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, fue visto festejando el triunfo de Belgrano a pocas cuadras del lugar donde se exigía una res­puesta.

No se activó de inmediato el protocolo de búsqueda ni el Alerta Sofía. Se perdieron horas decisivas para la investigación. La demora en los allanamientos y la ausencia de perspectiva de género en la fiscalía le dieron tiempo al femicida para ocultar el cuerpo.

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, vinculado al PJ cordobés era becario de la Municipalidad de Córdoba. Tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad e intento de abuso sexual. A pesar de eso, había sido dejado en libertad por el fiscal Iván Rodríguez, tras el pago de una fianza.

Barrelier estaba apadrinado por la mafia de Ricardo Moreno, concejal peronista, abogado y defensor de narcos y barras bravas. Moreno, que pasó por el kirchnerismo y se asentó en el peronismo cordobés, además puso a su yerno como defensor de Barrelier. El caso muestra una red de privilegios, encubrimientos y protección política alrededor de sectores del poder.

El accionar del fiscal Raúl Garzón también fue parte del problema. Sus declaraciones públicas minimizaron la desaparición de Agostina y llegó a decir que podía estar “con un noviecito”.

Todo esto se combina con el vaciamiento de las instituciones como la Senaf y la Secretaría de la Mujer que están sin recursos suficientes, con trabajadores precarizados y sin capacidad real de intervención.

La respuesta en las calles

No alcanza con detener al femicida. Hay que avanzar contra todos los responsables políticos y judiciales que permitieron que esto ocurriera.

A Agostina la mató Barrelier, pero también la justicia patriarcal y el gobierno de Llaryora. Este 3 de junio, Córdoba fue escenario de una multitudinaria marcha que, con bronca, dolor y organización, se pronunció contra el antifeminismo del gobierno y la justicia.

Desde Izquierda Socialista acompañamos a la familia y a la comunidad educativa a la que per-tenecía Agostina. Estuvimos en Tribunales durante la conferencia de prensa donde desenmascaramos la hipocresía del fiscal y del ministro de Seguridad.

El reclamo sigue en las calles: justicia por Agostina Vega, destitución de los fiscales Garzón y Rodríguez, fuera Quinteros, fuera Moreno, basta de encubrimiento.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Negar la violencia de género, eliminar las políticas de prevención, esbozar discursos contra el feminismo, intentar quitar la categoría de femicidios del Código Penal, atacar a las madres protectoras, hablar de “falsas denuncias”, retroalimentan un clima de violencia y hostilidad hacia mujeres y disidencias. Es el sostén del crecimiento de la violencia machista que tiene su máxima expresión en los femicidios. Y en este escenario de violencia patriarcal hay res¬ponsables políticos: Milei y sus cómplices.

A once años del primer #NiUnaMenos volvemos a discutir las responsabilidades políticas de que en el país vanguardia de lucha feminista tengamos una femicidio cada treinta horas. En estos once años contabilizamos 3.424 femicidios que se dieron bajo todos los gobiernos pero¬nistas, del PRO y ahora con la ultraderecha. El flagelo de la violencia machista es producto de un sistema capitalista pa¬triarcal y que sólo terminará con una sociedad libre de opresión y explotación. Pero esto no quita que hoy bajo el gobierno negacionista de Milei la violencia de género se recrudece y que los nú¬meros de femicidios y tentativa de femicidios no están bajando, sino que crecen.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, avanzó con el cierre de organismos como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la eliminación de programas vinculados a políticas de género, a los que calificó como “ideológicos”. Este año las pocas políticas para combatir la violencia fueron borradas de un plumazo: El Programa Acompañar, destinado a mujeres en situación de violencia de alto riesgo, no tiene asignación presupuestaria, mientras que la Línea 144, principal canal de atención para víctimas de violencia de género, registró fuertes recortes y pérdida de personal. Lo mismo ocurrió con el financiamiento para la Ley Educación Sexual Integral (ESI) y el programa de salud sexual y reproductiva y el plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) y podríamos seguir contando.

Mientras la motosierra avanzaba contra las insuficientes políticas para prevenir la violencia de género, Milei impulsa un discurso negacionista y de odio. En 2025 en Davos dijo que “llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio” y que el feminismo “era un cáncer que había que exterminar.”

Un negacionismo que se convirtió en política de estado: Milei, Bullrich, Cúneo Libarona, Adorni y otros funcionarios impulsan un discurso dónde hablan de “homicidio de mujeres” al referirse a los femicidios y de una supuesta epidemia de “falsas denuncias” como parte de su “batalla cultural” que tiene consecuencias: Según el Observatorio “Mujeres, disidencias, derechos” solo el 9% de las víctimas del 2026 denunció a su agresor previamente, cuando el promedio desde 2015 fue del 17%.

Los femicidios no son crímenes pasionales, no son homicidios comunes, ni los femicidas son monstruos aislados, ni casos excepcionales. Son crímenes políticos porque disciplinan, generan miedo, condicionan la libertad de mujeres y disidencias. El recrudecimiento de la violencia machista se ampara en el desmantelamiento y la desprotección de quienes la sufren y envalentona a violentos y abusadores. Cuando el negacionismo se vuelve política de estado las calles son el escenario para salir masivamente a para decir: #NiUnaMenos. Vivas y Libres nos queremos. El gobierno es responsable.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial de Córdoba Izquierda Socialista/FIT Unidad

Como legisladora provincial, junto a la Asamblea #NiUnaMenos Córdoba, presentamos un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón por su actuación en la investigación por la desaparición y el femicidio de Agostina Vega.
Un jury es una herramienta para investigar y remover del Poder Judicial a jueces o fiscales cuando actúan con mal desempeño, negligencia grave o incumplimiento de sus deberes. En este caso Garzón debe ser investigado porque hubo demoras y omisiones que no pueden quedar impunes.
Esa demora no fue un detalle administrativo. En la desaparición de una niña o una mujer, cada hora cuenta. Los allanamientos y la detención no tuvieron la celeridad necesaria. Esa falta de decisión le dio tiempo al femicida para manipular pruebas.

Garzón defendió públicamente el accionar policial y del gobierno provincial, en lugar de explicar por qué no se actuó antes. Un fiscal no está para cubrir al poder político ni para cuidar la imagen de la Policía. Está para investigar y garantizar justicia.
Cuando el Poder Judicial llega tarde, cuando demora, cuando protege a los de arriba o encubre a sus propios funcionarios, produce impunidad. Por eso presentamos este jury y también el pedido formal de destitución del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.

3J – ¡Justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas! Feminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices. ¡Ni una menos: vivas, libres, desendeudades nos queremos! Unir las luchas y rebelarse es la tarea. Las vidas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries importan!
Argentina - 3 de junio de 2026.

El 3 de junio es nuestro grito. El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles en Argentina y se extendió por todo el mundo, tejiendo una denuncia colectiva. Seguimos, desde entonces, cada año en las plazas, en las calles y en las casas denunciando las violencias contra mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binaries. Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: nuestras vidas no son desechables! Las vidas de las pibas valen!
Denunciamos la crueldad ejercida sobre nuestros cuerpos-territorios, contra todas las formas de sometimiento, explotación y violencia. Hoy volvemos a gritar: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y desendeudades nos queremos!

Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están.
Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años deCórdoba, y exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y ladestitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizadadel poder judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado. También nos conmueve el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, adolescente de 17 años de Misiones, y de Noelia Romero, de Temperley, Provincia Buenos Aires. Seguimos buscando a Camila Maidana de Comodoro Rivadavia (Chubut), a Delicia Mamani desaparecida en Córdoba hace seis meses, oriunda de Jujuy. Pedimos justicia por Mariel Jiménez, de Villa Lugano (Buenos Aires), y condena efectiva a su femicida. Exigimos justicia por Pamela Cobbas, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, y justicia y reparación efectiva para Sofía Castro Riglos que fue la única sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas. Este fue un crimen lesboodiante, nacido de la violencia machista y patriarcal, en un contexto de precariedad habitacional y desamparo estructural.

Exigimos una condena histórica a Justo Fernando Barrientos, que se condene el crimen de odio, que se reconozca que fue un lesbicidio. ¡Lesbicidios Nunca Más!
Estamos aquí por ellas y por todas.

Nos movilizamos contra el proyecto de las supuestas “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada y todos sus aliados del gobierno, que busca blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian. Ratificamos nuestro compromiso de alzar la voz y poner el cuerpo contra los abusos sexuales, acompañando a madres protectoras, sobrevivientes, niñes y adolescentes en el Congreso, en los juzgados, en las calles y en cada uno de nuestros espacios. Frente a quienes pretenden avanzar sobre nuestros derechos, nuestra respuesta es colectiva e inapelable: ¡no pasarán!

¡Basta de revinculaciones forzadas! Denunciamos la separación de la niña Arcoiris de su entorno protegido y la vinculación dispuesta por el Poder Judicial de La Rioja con los denunciados por abuso sexual contra ella. ¡Arcoiris con su mamá ya!

Denunciamos la violencia vicaria a Alexandra Sabio de Neuquén y restitución del niño M a su madre. Nuestra revolución no defiende abusadores. No hay falsas denuncias, faltan denuncias.

Nos movilizamos hoy a lo largo y ancho del país convencides de que organizar la rabia es también construir una alternativa de vida y dignidad frente al saqueo criminal y la crueldad que impulsa el gobierno de Javier Milei y todos sus cómplices.
Venimos a gritar que unir las luchas contra la crueldad y las violencias de este gobierno machista, racista y saqueador es la tarea. ¡Rebelarnos es urgente!

Denunciamos que:
● Entre el 3 de junio del 2015 y el 24 de mayo del 2026 se registraron al menos 3205 casos de víctimas letales de violencia de género: 3144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. No son números, son vidas arrancadas por la violencia machista.
Repudiamos las declaraciones de la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva, quien declaró que el crimen de Agostina Vega es un "homicidio", negando una vez más la violencia patriarcal y buscando eliminar la figura de femicidio. Esta decisión no es meramente una cuestión de lenguaje: implica
negar la existencia de una desigualdad estructural de género y profundiza la impunidad.

● Este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado que nos ataca mientras fomenta la violencia y la crueldad como único vínculo social. Nuestros feminismos hacen comunidad en cada barrio, escuela, sala de salud. Hacemos redes para construir las vidas que queremos vivir para todas, todes
y todos.

● Insistimos en nombrar los travesticidios y transhomicidios, porque cuando no se nombran también se borra la vida vivida como travesti y trans. El Estado debe reconocer, prevenir y reparar la cadena de expulsiones y violencias que pesa sobre nuestra comunidad. También reclamamos la implementación de protocolos específicos frente a las desapariciones de personas travestis y trans, una demanda que nuestro movimiento viene señalando desde el caso de Tehuel de la Torre. Seguimos gritando: ¿Dónde está Tehuel?. Gritamos también: ¡Justicia para Sofi Fernández! ¡Justicia por Valeria Micaela Benitez!

Reivindicamos la memoria de nuestras grandes referentas: Diana Sacayán, Lohana Berkins, Claudia Pía Baudracco, Zoe López García y tantas otras cuyo aporte y lucha siguen marcando el camino del movimiento travesti y trans.

● El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno Nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en
materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones.

● Denunciamos la complicidad del Poder Judicial con las violencias sobre nuestros cuerpos: la falta de respuestas, la revictimización, la demora en las investigaciones y la ausencia de mecanismos efectivos de protección para las víctimas. Denunciamos también la complicidad institucional del poder
judicial con este gobierno de ultraderecha.

● Denunciamos la deuda alimentaria de progenitores que alcanza a 7 de cada 10 hogares monomarentales y es un mecanismo más de precarización y violencia.

● Rechazamos el intento de eliminar la Educación Sexual Integral. Como dijeron las docentes de Agostina, la ESI salva vidas. Demandamos ESI no biologicista, no binaria, laica, feminista y accesible en todos los niveles educativos.

● Exigimos la plena implementación de la Ley de Aborto legal seguro y gratuito en todo el país, el acceso a misoprostol, mifepristona y anticonceptivos, y el fin de las barreras que limitan nuestra autonomía. Desfinanciar la salud sexual y reproductiva, obstaculizar el aborto legal y forzar maternidades es violencia estatal. Defendemos la separación de las Iglesias y el Estado y denunciamos la criminalización de las emergencias obstétricas. El derecho al aborto es ley. Nuestros derechos no se negocian. Sin autonomía reproductiva no hay Ni Una Menos.

¡Nos movilizamos para gritar basta a este modelo de hambre y saqueo que precariza y criminaliza la vida!

● Nos rebelamos para derrotar el proyecto de ajuste, endeudamiento y saqueo impulsado por Milei, Trump, el FMI y sus cómplices, que nos empobrece, nos somete a la precarización y el pluriempleo, nos obliga a endeudarnos para subsistir y destruye nuestra salud mental. Rechazamos la Reforma Laboral y la venta de nuestros bienes comunes. No al pago de las deudas ilegítimas, ni la deuda externa ni las deudas domésticas tomadas para sobrevivir.

● Denunciamos que las trabajadoras comunitarias de los barrios populares sostenemos una triple jornada de trabajo —en el hogar, en el mercado laboral y en la comunidad— que alcanza casi 14 horas diarias. Resistimos desde abril contra las amenazas del cierre del Programa Volver al Trabajo, que otorga 78.000 pesos mensuales a más de 900.000 familias en todo el país. Necesitamos el reconocimiento salarial del trabajo comunitario que ya sostiene la vida en los barrios.

● Denunciamos la criminalización política contra las organizaciones sociales, políticas, sindicales, indígenas, la persecución a periodistas, y exigimos el desprocesamiento ya de todas las compañeras perseguidas por luchar.

● Denunciamos la violencia política sufrida de forma cotidiana por militantes y referentas de nuestro movimiento en redes sociales y medios de comunicación.

● Exigimos la libertad de las dirigentes políticas Milagro Sala y Cristina Fernández de Kirchner. Basta de persecución judicial y proscripción política.
Rechazamos la utilización del Poder Judicial como herramienta de disciplinamiento.

● Denunciamos el llamado de manera racista “operativo tormenta negra” de Jorge Macri para estigmatizar los barrios populares y sus habitantes.
Denunciamos el genocidio del hambre y la profundización de una limpieza étnica y social de este gobierno contra las comunidades negras-afrosdescendientes, indígenas, migrantes y racializadas, mediante los desalojos, el hostigamiento cotidiano a personas en situación de calle, ollas
populares, vendedores ambulantes, asambleas barriales y las expulsiones masivas a personas migrantes. Migrar no es delito.

● Basta de violencia contra las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución.

● Repudiamos la persecusión judicial a pedido de la DAIA y el Estado de Israel contra quienes denuncian el genocidio al pueblo palestino. Libertad y desprocesamiento de Daniel Vera. Abajo el juicio trucho contra Vanina Biasi y Alejandro Bodart.

● Exigimos el accionar urgente del Estado argentino para la libertad de Paula Giménez y Lucas Aguilera, que fueron secuestrados en Libia por llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino como parte del convoy terrestre Flotilla Global Sumud Maghreb. Basta de agresión al pueblo palestino, Palestina
Libre!

● Reivindicamos la lucha de los pueblos originarios por la recuperación y el reconocimiento de sus tierras.

● Exigimos que el gobierno haga cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de emergencia en discapacidad ya! Nos oponemos a la reforma de la Ley de Salud Mental y exigimos su efectiva implementación. También que cumpla con las y los jubilados, que hoy son quienes más pagan el ajuste.

● Rechazamos el bloqueo a Cuba y todas las formas de intervención en Abya Yala. Volvemos a gritar: las bombas del imperio no solo caen sobre el suelo, caen sobre la posibilidad de decidir nuestro destino!

● Abrazamos la rebelión y la lucha de trabajadores campesinas/os y los pueblos indígenas en Bolivia. ¡Fuera Rodrigo Paz! La rebelión en Bolivia tiene rostro de mujeres y con pollera. Su coraje nos inspira.

Hoy 3 de Junio del 2026 a once años del primer Ni Una Menos que sostenemos cada año, volvemos a reafirmar que los feminismos estamos en las calles en todo el país, por un mundo donde nuestras vidas importen.

Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles.

¡Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudades nos queremos! ¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio! El Estado es responsable.
¡Ni una menos!