Escribe José Castillo

Millones de familias están endeudadas y ya no pueden pagar sus préstamos por las tasas usurarias. Mientras el gobierno se lava las manos, bancos y fintech como Mercado Pago siguen acumulando ganancias a costa del pueblo trabajador. 

La pulverización de salarios, jubilaciones y planes sociales, el aumento del desempleo y el crecimiento de la pobreza tuvieron una consecuencia, el aumento del endeudamiento para pagar gastos corrientes, como comida, artículos de limpieza, medicamentos u otros consumos impostergables. Se pagaba con la tarjeta de crédito en cuotas y luego, a fin de mes, cuando llegaba el resumen, se abonaba solo el mínimo, acrecentando una bola de nieve infernal de endeudamiento. Después, cuando ya no se podía pagar ni siquiera el mínimo, se recurría a un préstamo personal otorgado por el banco para cubrir la tarjeta. Otros tomaban préstamos con Mercado Pago, Ualá u otras fintech. O, directamente, recurrían a prestamistas informales en los barrios. Hoy, todo eso está explotando.

Traduzcámoslo a números. Según un estudio de la consultora EcoGo, realizado a partir de datos oficiales del Banco Central, hay 20,9 millones de personas endeudadas. De ellas, 5,8 millones (el 26,1%) tienen atrasos en sus pagos mayores a 90 días. Esa mora se quintuplicó en los últimos 18 meses. Pero eso es un promedio. En los préstamos tomados fuera de los bancos, con Mercado Pago a la cabeza, el atraso supera el 30%.

¿Por qué creció el endeudamiento?

El presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, coinciden en un argumento ridículo, o cínico. Se trataría de que la gente tiene poca “educación financiera”. Habrían supuestamente descubierto que había oferta de créditos y los tomaron para viajar, cambiar el auto o comprar otros bienes de lujo, pensando que, por la inflación, las últimas cuotas se licuarían. Como la inflación cayó y esas cuotas siguieron pesando lo mismo, ahora hay gente que no las puede pagar.

La realidad es bien distinta. El pueblo trabajador, inmensa mayoría de los endeudados, tomó préstamos, como explicamos más arriba, para comprar bienes indispensables. Y después, para poder pagar las cuotas. A esto hay que agregar que los bancos y las fintech, como Mercado Pago, se aprovecharon de la necesidad y están exigiendo tasas estratosféricas y usurarias. Los préstamos más baratos, a los que la inmensa mayoría no accede, arrancan con tasas de interés anuales reales, sumando todos los costos administrativos, del 120%, contra una inflación del 33%. Pero cuando hay que recurrir a préstamos usurarios, se llega a exigir más del 700% anual.

¡Basta de usura!

Nuevamente, el presidente Milei, el ministro Luis “Toto” Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dieron la respuesta más cínica y miserable que alguien puede imaginar, “es un acuerdo entre privados”. Y reafirmaron una y otra vez que no piensan hacer nada. El presidente fue aún más allá, “a nadie le pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse”. Un planteo vergonzoso. ¡Sí! A más de una familia trabajadora le pusieron “una pistola en la cabeza”. Era endeudarse o no darles de comer a sus hijos, o no comprar un remedio vital. ¡De eso estamos hablando!
Se hacen los distraídos mientras ningún organismo del gobierno hace nada y se sigue permitiendo que los bancos y las fintech cobren esas tasas, que constituyen una parte fundamental de sus superganancias.

Hay que cortar todo esto de raíz. Desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad proponemos la condonación total de todas las deudas que tengan las familias trabajadoras, la prohibición de los embargos, planes de refinanciación con fuertes quitas de capital y tasas de interés cero. Mientras exigimos esta solución de emergencia inmediata, tenemos que tener en claro que es necesario terminar con estos negociados financieros. Esto solo será posible con la nacionalización de la banca, para que cumpla realmente el rol de direccionar el ahorro popular hacia créditos accesibles para el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El gobierno presentó un nuevo proyecto de Ley de “Inocencia Fiscal” con más beneficios para los grandes evasores. Lo insólito es que hace apenas seis meses se había aprobado una ley similar, el 27 de diciembre de 2025, que entró en vigencia en febrero de este año. Igual que aquella, es un intento de aprobar una ley al servicio de los grandes evasores.

¿De qué se tratan estas leyes? Simple y sencillamente, de un gigantesco blanqueo que permite a evasores impositivos, a quienes fugaron millonadas e incluso a más de un empresario vinculado a negocios turbios (narcos, trata de personas, tráfico de armas) traer sus dólares y blanquearlos sin costo ni peligro alguno. No es una exageración. De esta legislación se aprovecharon José Luis Espert (financiado por el narco Fred Machado), Federico Sturzenegger y, hace apenas unos meses, el mismísimo Manuel Adorni.

La Ley de Inocencia Fiscal es un mecanismo que impide a ARCA (organismo estatal de recaudación de impuestos) investigar los bienes e incluso el aumento patrimonial de las personas que se presentan. Incluso si se llegara a descubrir de casualidad alguna evasión fiscal, basta con que el culpable pague el 50% de la deuda para que ya no se lo pueda acusar penalmente. Por supuesto, el objetivo de este proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que aumenta los montos del anterior, es que cualquiera, sin ningún control, pueda traer y blanquear dólares fugados.

Todos estos privilegios para los millonarios delincuentes de guante blanco se otorgan al mismo tiempo que el FMI exige eliminar el monotributo y, de ese modo, aumentar de hecho los impuestos a los sectores populares. También mientras el gobierno se niega a otorgar alivio alguno a los millones de trabajadoras y trabajadores endeudados.

Hay que oponerse a este escandaloso proyecto y reafirmar, una vez más, que es necesaria una profunda reforma impositiva, donde paguen más los que más ganan, los grandes empresarios y los millonarios, y no el pueblo trabajador.

Escribe José Castillo

El gobierno presentó una propuesta de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Su objetivo es que el máximo organismo financiero de la Argentina sea un instrumento a la medida de las exigencias del Fondo y los pulpos acreedores de la deuda externa.

El presidente Javier Milei hizo el show en cadena nacional, rodeado por los ministros y su hermana, como si fuera una guardia pretoriana. Más allá de que las cadenas nacionales de La Libertad Avanza tienen cada vez menos rating, fue, sin duda, un intento del gobierno de mostrar que retoma la iniciativa ante el empantanamiento en el que estaba tras el caso Adorni.

El proyecto tiene un objetivo explícito, la llamada “autonomía del Banco Central”. Se trata, sencillamente, de que el actual gobierno pueda nombrar a las máximas autoridades, presidente y directorio, y que luego estas no puedan ser removidas, salvo por mayorías especiales de ambas cámaras. Milei dice, cínicamente, que así el Banco Central “no dependería de la política” ni de los vaivenes electorales. Nosotros aclararíamos que pasaría a depender, como ahora, de funcionarios del JP Morgan, como el actual presidente, Santiago Bausili, ex empleado de ese pulpo transnacional y, además, socio de la misma consultora del ministro de Economía, Luis Caputo.

Un Banco Central que “mira para otro lado” ante los abusos de los bancos

El Banco Central, según el proyecto presentado por el gobierno, tendrá un solo objetivo y función, preservar el valor de la moneda. Nada más. Para entender qué significa esto, basta ver qué hacen hoy mismo los actuales funcionarios ante los escandalosos abusos de los bancos, que han creado un océano de deudores morosos de los sectores populares. La respuesta es simple, nada, emulando el “siga, siga” del antiguo árbitro de fútbol Lamolina. “Es un acuerdo entre privados, que se arreglen”. Mañana, con la nueva reforma, dirán lo mismo cuando un banco cierre o sus dueños se fuguen estafando a los ahorristas.

No se pueden financiar salud, educación ni salarios, pero sí pagar deuda

El Banco Central, según el proyecto, tendrá prohibido entregarle dinero al gobierno. No habrá entonces un peso, aunque sea para programas de emergencia, salud, educación, vivienda u obras de infraestructura. Incluso se lo vincula con el “shutdown”, el cierre del Estado si no hay más plata, dejando de pagar salarios estatales y congelando las partidas.

Pero es mentira que así “se cuidará la estabilidad monetaria”. El Banco Central sí podrá girar fondos para pagar deuda externa o emitir nueva deuda que alimente las superganancias de los bancos.

En síntesis, se trata de una reforma a la medida de Milei, Caputo y Bausili, y forma parte del paquete de exigencias del Fondo Monetario Internacional. Un nuevo cerrojo para completar la motosierra, el ajuste y la entrega. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad nos oponemos en toda la línea y le contraponemos nuestros proyectos de emergencia para condonar las deudas de los sectores del pueblo trabajador en mora, junto con nuestro proyecto de fondo de nacionalización de la banca.

Escribe José Castillo

Un aspecto central de nuestro programa alternativo es la nacionalización de la banca. Se trata de terminar con la especulación financiera y las superganancias de los bancos, hoy concentrados en apenas un puñado de entidades internacionales, como el Santander y el BBVA (españoles), el ICBC (chino), y privadas nacionales como Galicia y Macro. A esto hay que sumarle, en el período reciente, el avance de las llamadas fintech, con Mercado Pago a la cabeza, de Marcos Galperin. Estas instituciones hacen prácticamente lo que quieren con sus clientes, cobran tasas de interés y comisiones exorbitantes y otorgan o no créditos según su exclusiva decisión, sin otro criterio que la maximización de sus superganancias.

Nacionalizar la banca significa retirarles la licencia para operar en la Argentina. Sus carteras de depósitos y créditos serían tomadas por el Estado, que respetaría estrictamente las cuentas individuales de los sectores populares, y pasarían a formar parte de una red de bancos públicos. Ya existe un piso para hacerlo, empezando por el Banco de la Nación Argentina, que tiene una inmensa red de sucursales en todo el país y llega incluso a muchos lugares en los que a los bancos privados nunca les interesó estar.

A esto deben sumarse otros bancos públicos provinciales, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco Ciudad de Buenos Aires y el Banco de Córdoba. Los bancos provinciales que fueron privatizados serían reestatizados y volverían a funcionar como bancos públicos provinciales. También se estatizaría al 100% el Banco Hipotecario, que hoy tiene una participación estatal minoritaria, conformando un banco del Estado especializado en otorgar créditos hipotecarios para el acceso a viviendas populares nuevas o para la refacción de las existentes.

Con un estricto control para que sus funciones sociales sean realmente respetadas, a esta red se le podría sumar la actual banca cooperativa, cuyo principal actor es el Banco Credicoop. Todos los bancos, sin excepción, serían gestionados por sus propios trabajadores.

¿Qué haría esta red de bancos públicos?

La primera responsabilidad sería custodiar realmente el patrimonio y el ahorro del pueblo trabajador, garantizando el acceso de todas y todos a los productos del sistema, como cajas de ahorro, tarjetas de débito y crédito, banca digital y créditos de diverso tipo. No es un dato menor, ya que en la historia de las últimas décadas la timba financiera consistió varias veces en quedarse con el dinero de los ahorristas, como ocurrió en la crisis de 2001.

La segunda función consistiría en garantizar el acceso al crédito para el consumo, la vivienda (hipotecario), la compra de vehículos, artículos del hogar o herramientas de trabajo (prendario), de acuerdo con las necesidades sociales, con tasas de interés subsidiadas y sistemas de cuotas lo suficientemente extensos como para que puedan ser afrontados por el pueblo trabajador. También los bancos públicos servirían para otorgar créditos a iniciativas populares, como mutuales, cooperativas, obras sociales, clubes y cooperadoras escolares, y para financiar obras de desarrollo, sobre todo en zonas postergadas.

La tercera función, no menor, es que, al concentrar la información bancaria, esta banca estatal adquiriría una enorme herramienta de planificación de la economía. Al mismo tiempo, podría evitar la evasión o fuga de capitales que realizan las grandes empresas porque tendría acceso a conocer cuáles son sus fondos y podría, entonces, cobrarles impuestos o multas automáticamente. Una cuestión fundamental para terminar con el abuso de las patronales.

La banca nacionalizada podría fijar estrictamente tasas de interés y comisiones que deberían ser respetadas por otros actores del sistema, como las empresas de tarjetas de crédito, que pasarían a operar mediadas por los bancos estatales.

Lo mismo sucedería para evitar los abusos y las superganancias de las fintech. La banca nacionalizada podría crear un mecanismo estatal de pago digital, similar al que ya tiene Brasil con el PIX, que reemplazaría al virtual monopolio ejercido hoy por Mercado Pago y sus hermanos “menores”, como Ualá, Modo y Tarjeta Naranja.

Nacionalizando la banca y articulando esta medida con otras, como la nacionalización del comercio exterior, se podrían cuidar las reservas y planificar qué exportar y qué importar. Junto con la medida elemental de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, tendríamos una poderosísima batería de herramientas para que nuestros recursos puedan ser destinados a resolver las necesidades populares más urgentes.

Por un sistema de bancos públicos que concentre el ahorro popular y brinde crédito accesible para el consumo, la vivienda y los proyectos de desarrollo, con tasas accesibles, condonando las deudas de millones de trabajadoras y trabajadores.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Javier Milei, el FMI y los economistas del establishment suelen poner como “gran ejemplo” de un Banco Central independiente lo que sucede en Perú.

Efectivamente, en ese país hay un mismo presidente del Banco Central que permanece más allá de los cambios políticos y, de hecho, maneja la política económica peruana como si fuera un monarca. Se trata de Julio Velarde, en el cargo desde 2006.

Sin embargo, eso no ha significado ninguna mejora para el pueblo trabajador. Al contrario, el 75% de la población está en la informalidad y la pobreza impera tanto en las grandes ciudades, como Lima y otros centros urbanos, como en las extensas zonas rurales.

Perú está sometido, como pocos otros países, al saqueo minero que depreda su ambiente. El Perú “económicamente exitoso” lo ha sido para las grandes transnacionales, las mineras, los terratenientes y los banqueros, mientras la inmensa mayoría de la población sigue sumergida en la pobreza y la indigencia.