La CGT tuvo una actitud vergonzosa ante la aprobación de la Ley Bases en Diputados. No llamó a movilizar, menos a un paro. Lo mismo había hecho cuando se aprobó por primera vez en Diputados y luego en el Senado donde hubo una brutal represión.

La CGT se la pasó rosqueando con algunos diputados amigos para ver si con algunos “buenos oficios” de Pichetto podría morigerar algo de la Ley. Lamentable.  De esta manera, la CGT dejó pasar, como si nada, la reforma laboral, las privatizaciones… ¡y el impuesto al salario sobre 800.000 trabajadoras y trabajadores!

Al otro día la CGT sacó un comunicado de prensa, para lavarse la cara, lamentándose de que se haya votado el impuesto al salario (mal llamado Ganancias), robo que se suma a los miles de despidos y a la rebaja salarial y jubilatoria permanente por parte del gobierno ultraderechista.

Repudiamos esta política de inmovilismo cómplice de la conducción de la CGT, que no le dió continuidad al parazo del 9 de Mayo con un plan de lucha nacional y un nuevo paro de 36 horas para derrotar el conjunto del plan Motosierra de Milei y el FMI, el cual le seguimos reclamando desde el sindicalismo combativo y la izquierda.

Escribe Diego Martínez

Miles de correntinos se movilizaron en más de veinte localidades de la provincia exigiendo la aparición de Loan. Lo que fue una verdadera pueblada provincial, acabó siendo reprimida por las fuerzas federales al mando de Patricia Bullrich. La indignación crece en el pueblo trabajador y sectores populares de todo el país. Loan desapareció hace más de veinte días y aún no se conoce su paradero.
Una de las hipótesis que investiga la justicia es que el niño fue raptado y entregado a una red de trata. Esto sostienen su madre y su abuela. Otra línea de investigación, basada en el testimonio de su tía, quien acusa a Victoria Caillava, funcionaria del municipio de 9 de Julio donde ocurrió el hecho y adherente a La Libertad Avanza (LLA) y a su marido, el ex marino Carlos Pérez, sostiene que el niño fue atropellado por estas personas, quienes posteriormente habrían hecho desaparecer el cuerpo. Calliava y Pérez también están sospechados de haber sido entregadores de Loan en la hipótesis de trata. No se trata de un caso aislado. En Corrientes, como en otras provincias, vienen ocurriendo desapariciones de niñas y niños presuntamente vinculadas a la trata de personas para fines de explotación sexual y laboral, aunque se trata de una de las provincias con más baja tasa de condena por estos delitos.

Frente a tan horrorosos hechos la única respuesta que ensayó el gobierno de Milei, fue el ajuste y la represión. Esta semana despidió centenas de trabajadoras del ministerio de Mujeres, que seguía las denuncias de trata, lo que significaba, según dichos textuales del vocero Adorni un “gasto superfluo”. No resulta extraño que desde el gobierno de Milei tengan esa visión, teniendo en cuenta que el propio Milei se pronunció a favor de la venta de órganos y sus allegados a favor de la venta de niños.

La otra respuesta fue la  represión. Bullrich montó un show al desembarcar en Corrientes prometiendo iniciar una exhaustiva investigación para resolver el caso, y después de intentar desviar el foco de atención sobre los principales imputados vinculados a LLA, barajando la hipótesis de que Loan haya sido devorado por un animal por lo que propuso utilizar “equipos para ver la panza de los animales” (sic) , terminó reprimiendo las protestas populares y se volvió a Buenos Aires sin haber avanzado un milímetro en la investigación.

Independientemente del rumbo judicial que tome el caso Loan y de lo que resuelva la justicia capitalista y patriarcal, este hecho volvió a poner en el tapete el flagelo de la trata de personas, uno de los negocios ilegales más rentables del mundo. En nuestro país existe la línea 145 para hacer denuncias por trata de personas y recibe un promedio de cien llamadas diarias; a pesar de haber rescatado algunas víctimas, en doce años no se logró desmantelar ni una sola red de trata. La única explicación a esto es la complicidad de todos los gobiernos, sus funcionarios, la policía y la justicia actuando junto a los proxenetas y entregadores, en este entramado de poder, garantizando la impunidad. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad exigimos la inmediata aparición con vida de Loan y castigo a los responsables. Junto a esto peleamos por el desmantelamiento de las redes para la explotación sexual y laboral.

Escribe Fadhus

Desde la represión del 12 de junio continúan detenidos hace casi veinte días en el penal federal de Ezeiza: Daniela Calarco, Facundo Gómez, Cristian Valiente, David Sica y Roberto María de la Cruz con imputación de delitos federales sin ningún sustento, quienes sufrieron desde el momento de las detenciones arbitrarias, tratos humillantes, maltrato y hostigamiento.

El objetivo de la represión y la cacería al voleo fue para disuadir la masiva concentración frente al Congreso y evitar que llegaran más personas e instalar el miedo frente a las acciones de protesta. El operativo contra las treinta y tres detenciones, en donde intervienen la jueza federal María Servini y el fiscal federal Carlos Stornelli conforme a la investigación de los supuestos “delitos” es una clara violación de los Derechos Humanos para justificar el actuar de todas las fuerzas represivas que ha montado Patricia Bullrich. La Comisión Provincial de la Memoria reportó 638 heridos (treinta por traumatismo de cráneo); las imputaciones por delitos federales (lo que dificulta la excarcelación); con uso de gas pimienta, lacrimógenos, balas de goma, hidrantes, golpes directos. Apuntando especialmente a los ojos.

El Fiscal Stornelli, al día siguiente de la movilización solicitó al juzgado que las personas detenidas fueran investigadas y citadas a declarar en calidad de imputadas utilizando un comunicado del propio gobierno de ultraderecha. Esta parcialidad sesgada, donde se señala que hubo un complot ‘terrorista’ para dar un golpe de Estado, “Terroristas y golpistas”, dijo Milei, es la justificación de que aún continúen cinco personas detenidas por el solo hecho de estar en las inmediaciones del Congreso.

Familiares, amigxs y las organizaciones inmediatamente se concentraron presionando para exigir la libertad de las y los  presos por luchar, el viernes 14 de junio Servini dictó la excarcelación de diecisiete de los detenidos, pero rechazó el pedido de libertad de los dieciséis restantes, que pasaron ese fin de semana en prisión.

Nuestra defensa desde Fadhus a Daniela Calarco

Ha sido una tarea colectiva de las organizaciones de Derechos Humanos para presentar las excarcelaciones y recursos de apelación en estos días. Desde el Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) asumimos la defensa de Sofía Ottogali y Daniela Patricia Calarco Arredondo, en colaboración con Redesh (organismo de derechos humanos del EMVyJ), logrando la libertad de la primera compañera. Así el 18 de junio Servini resolvió sobre la situación procesal de los treinta y tres imputados, tanto las y los detenidos como los que ya habían sido liberados, dictando la falta de mérito de los veintiocho, confirmando la prisión preventiva de “las y los 5” entre los cuales se encuentra Daniela Calarco, militante social, activista LGTBIQ+ y ambiental.

Amplia campaña por la libertad de las y los detenidos

Frente a lo orquestado por el gobierno nacional, las fuerzas represivas, los servicios de inteligencia, infiltrados y Stornelli para vulnerar el derecho a la protesta y las mínimas libertades democráticas, se ha respondido con acciones por el pedido de libertad y campañas para acompañar los gastos de las y los  detenidos.

Por Daniela, estamos a la espera de las apelaciones presentadas, por la solidaridad y acompañamiento de sus compañeras y compañeros se encuentra sostenida a pesar de su injusta detención.

Ya que con este gobierno el ajuste no pasa sin represión debemos continuar con la máxima unidad de acción, contra la criminalización de la protesta social y por la libertad inmediata y el desprocesamiento de las presas y presos por luchar.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
En la sesión del jueves 13 de junio, con treinta y seis votos a favor y veintiuno en contra, se aprobó en la Legislatura porteña la incorporación de la figura penal de “reiterancia delictiva”. Una norma que como lo denunciamos desde las bancas del Frente de Izquierda, está al servicio de encarcelar a quienes salimos a luchar.  

 El gobierno de Jorge Macri hizo campaña para que se aprobara la ley argumentando que con ella se terminaba la puerta giratoria pero tal como lo denunciaron más de cuarenta organizaciones de Derechos Humanos, es un atropello a las libertades democráticas. El único objetivo que tiene, de la mano del Protocolo de Bullrich es perseguir, criminalizar y encarcelar a luchadores sociales. Esta figura ya existe en otros distritos como en la provincia de Mendoza y fue aplicada solo a dirigentes sociales y luchadores.

En las diferentes actividades, reuniones informativas y audiencias públicas que se realizaron como parte de la campaña de rechazo a esta ley, las organizaciones de Derechos Humanos puntualizaron en tres aspectos centrales para rechazarla. En primer lugar, se flexibilizan las garantías en los allanamientos ya que son habilitados sin una orden judicial previa. En segundo lugar, se estigmatizan a las personas migrantes que puedan ser investigadas por la Comisión de Nuevos Delitos en la Ciudad y en tercer lugar se encarcela a luchadores sociales que deberían esperar en prisión preventiva su proceso y posible condena.

Por ejemplo, las personas que son investigadas por delitos menores como la resistencia a la autoridad (que es una figura que está asociada a los casos de persecución a la protesta social) ante la acumulación de procesos por la reiterancia, se transforma en un delito de pena de prisión efectiva. Entonces, se establece la “reiterancia” como causal de prisión preventiva y lo que es peor se basa en la mera sospecha o peligro de que una persona podría volver a cometer un delito para justificar su prisión preventiva. Es decir, no habla ya de una reiterancia sino de un peligro de reiterancia.

Desde la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad rechazamos esta reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad. Denunciamos la escalada represiva de Jorge Macri que busca con esta norma y en acuerdo con el gobierno nacional, criminalizar a los luchadores sociales, penalizar a los vendedores ambulantes y deportar a los migrantes.