Escribe Adolfo Santos

Lejos de permitir el libre derecho a la manifestación,  aún cuando se trataba de una concentración tan importante, las fuerzas de seguridad bajo las órdenes de Bullrich provocaron permanentemente hostigando desde la mañana a los manifestantes. Luego, a media tarde, iniciaron una feroz represión. La Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura, comenzaron a acorralar manifestantes, golpearlos, gasearlos y a reprimirlos con carros hidrantes y balas de goma. Fue una operación calculada para acabar con una gran manifestación que se iba renovando hora a hora y se realizaba de manera pacífica.

La violencia escaló al punto que, sin mediar palabras, cinco diputados nacionales de Unión por la Patria fueron gaseados en la cara por las fuerzas represivas y debieron ser derivados al Hospital Santa Lucía para ser atendidos. Varios periodistas se quejaban de que el operativo les impedía ejercer la libre información y que era la propia policía la que acababa cortando las calles al impedir el paso de los manifestantes. Sin duda que la tentativa de impedir el trabajo de prensa está ligado a ocultar los excesos de la represión, aunque no pudieron disimular la brutalidad ejercida contra personas mayores o la ostentación de armas de fuego por parte de los agentes de Prefectura.

El escenario de guerra generado por una feroz represión fue calculado para dispersar la protesta contra la Ley Bases y demuestra el carácter reaccionario de lo que fue votado en el Senado. Montaron una provocación sobre una manifestación que se desarrollaba de forma pacífica y que terminó con una verdadera cacería humana de manifestantes por parte de la policía motorizada. Fue necesaria mucha violencia para imponer una serie de medidas que atacan profundamente los intereses de la clase trabajadora y sectores populares y que entrega el patrimonio nacional.

Son hechos gravísimos, incompatibles con el mínimo respeto a las libertades democráticas, propios de un gobierno de ultraderecha que en la tentativa de imponer un proyecto reaccionario acusa a los manifestantes de golpistas. Repudiamos a la principal responsable de esta represión, la ministra Patricia Bullrich, quien declaró: “El operativo fue perfecto, no hubo pasividad frente a una violencia inusitada”. Y luego de forma irresponsable acusó a unas ochenta organizaciones sociales, políticas y sindicales por los incidentes que organizó su propia fuerza de seguridad. Entre esas organizaciones menciona a Izquierda Socialista y demás partidos del Frente de Izquierda, ATE, Cicop, Suteba, Ctera, Sutna, Conadu, CGT, Smata, Camioneros, Federación de Aceiteros,  Conductores Navales, UOM entre otras. Repudiamos la violenta represión, rechazamos esta grotesca acusación y exigimos la inmediata libertad de todos los manifestantes detenidos durante la brutal represión.

Escribe Atilio Salusso

Milei catalogó de “terroristas” a los manifestantes que, según su mensaje delirante, “intentaron un golpe de Estado”. Además, felicitó “a las fuerzas de seguridad por su excelente accionar”, es decir, por la brutal represión. Está claro que para este siniestro gobierno ultraderechista es “terrorista” una maestra que se moviliza contra la poda antieducativa, el médico que percibe un salario miserable en un hospital público o una jubilada que cobra la mínima, como se vio hoy con una de ellas, a quien le robaron el celular y encima vino un policía y la gaseó impunemente. También Milei tilda de terroristas a diputadas y diputados que se solidarizan con un reclamo justo.

¿Cómo puede ser que este gobierno que reivindica el genocidio y niega los 30.000 sea el mismo el que tilda a una gran movilización como “golpe de Estado”? Es una barbaridad. En todo caso, el ataque antidemocrático es el del gobierno, cuando dice que quiere destruir el Estado. O cuando compromete al pueblo argentino apoyando al gobierno sionista genocida israelí cuando asesina al pueblo palestino.

Ahora queda claro a qué se debe el fortalecimiento del aparato represivo o la compra de armas y de aviones por parte del gobierno “para combatir el terrorismo”. No se refiere a los que lavan dinero o a los narcos. Se refiere a los que luchan.

El gobierno habla de “golpe de Estado” ante una marcha pacífica que cuestiona su plan motosierra para justificar su plan represivo, mientras aplica una política salvaje llevando la pobreza 55% mientras le quita la comida a los comedores populares.

Repudiamos esta campaña sucia del gobierno y a su plan represivo. Llamamos a la más amplia unidad para enfrentar esta campaña peligrosa contra quienes reclamamos dignamente. Defendamos el derecho a la protesta, las libertades democráticas atacadas y repudiemos la criminalización contra quienes luchamos. ¡Abajo el protocolo represivo de Milei y Patricia Bullrich!

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Después del exitoso y masivo paro general del 9 de mayo, la CGT y las CTA dejaron el plan de lucha en el freezer. En vez de seguir el gran impulso de luchas contra el Plan motosierra de Milei, con los paros de 12 horas el 24 de enero, marchas el 8M, 24M y 23A en defensa de la educación pública, el acto del 1° de mayo y el parazo general del 9 de mayo, los dirigentes de la CGT y las CTA sólo se dedicaron a hacer declaraciones contrarias a la Ley Bases y reclamarles a los senadores peronistas que “no pueden ser tan vende patria” como para votar esa Ley Bases. También se dedicaron a negociar con el gobierno que se retiraran algunos artículos de la Ley, en vez de organizar la continuidad de la lucha para derrotarla.

No podemos poner nuestros reclamos en manos de los senadores patronales sean estos peronistas o de otros partidos.

Por eso, aunque muchos sindicatos con sus trabajadores se movilizaron masivamente contra la Ley Bases en Congreso, lo cierto es que la CGT no llamó a movilizar ni a parar y sólo lo hicieron algunos gremios. Otro podría haber sido el resultado de la votación, si la CGT y las CTA le hubieran dado continuidad al plan de lucha.

Ahora la única manera de derrotar la Ley Bases en diputados y todo el plan de ajuste, entrega y represión de Milei y el FMI, es retomar la continuidad de la lucha de la clase trabajadora y sectores populares. Concretamente, preparando la convocatoria a un nuevo paro general, está vez de 36 horas con una gran movilización.

Porque, además de los nefastos artículos que tiene la Ley Bases, el gobierno sigue con un brutal ajuste en las tarifas de gas, luz, agua y en el transporte. Con una inflación que, más allá de lo que diga Milei, sigue siendo de las más altas del mundo y se come los salarios y las jubilaciones, que ya son de pobreza e indigencia. Mientras tanto crece la miseria en más del 55%, mientras el gobierno esconde la comida y ataca a las organizaciones de desocupados. Hay más de 200 mil trabajadores despedidos, en el estado, contratados, por agencia y efectivos. Y el número crece día a día.

Por todo eso la CGT de Moyano y Daer deben dejar de hacer sólo discursos opositores y pasar de las palabras a los hechos, retomando el plan de lucha, como lo reclamamos los miles que nos organizamos en el Encuentro de sectores combativos y en lucha, el sindicalismo combativo, las asambleas barriales y la izquierda. Para derrotar todo el plan de Milei, lograr aumentos salariales y de jubilaciones, para que “no se venda la patria”, que la crisis no la paguemos los trabajadores, sino el FMI, las Multinacionales y los grandes empresarios.
Basta de dilatar la lucha, que la CGT y las CTA preparen el paro nacional activo de 36 horas.