Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Soialista/FIT Unidad

El 15 de septiembre se realizó en el Congreso la primera reunión de comisión sobre la problemática del endeudamiento de la clase trabajadora. Hay 50 iniciativas en tratamiento, entre ellas la presentada por el bloque del FIT Unidad, del cual forma parte nuestro diputado nacional Juan Carlos Giordano.
En Argentina estamos viviendo una verdadera catástrofe social que afecta a millones de personas. Alrededor de 20 millones de adultos registran deudas, mientras que la morosidad crítica ya alcanza a 6 millones y afecta particularmente a las y los jóvenes. Ante la asfixia salarial y financiera que sufren los hogares, Javier Milei responsabilizó a las propias familias y afirmó que “no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo”.

Muy lejos de lo que dice el gobierno, los salarios de miseria, las jubilaciones de indigencia y la precarización de la juventud empujan a millones a endeudarse. la pregunta resulta al revés. ¿Quién no está endeudado? Cada vez más personas se endeudan para pagar la comida, el alquiler y los servicios. Lo que empezó con la utilización de las tarjetas de crédito para pagar la comida siguió con la adquisición de créditos personales de bancos y billeteras virtuales que aplican tasas de usura. Una estafa planificada de la patria financiera.

Los responsables son claros. El gobierno de Milei, que desreguló las tasas, los bancos, los dueños de las billeteras virtuales, en especial Marcos Galperin, dueño de Mercado Pago, y los usureros de los barrios. No podemos olvidar que Galperin contabilizó 42 millones de dólares en beneficios impositivos por el Régimen de Economía del Conocimiento durante el primer semestre de 2026, mientras hacen negocios millonarios con la desesperación de las personas.

El diputado Giordano advirtió que esta problemática no puede resolverse con proyectos simbólicos como los presentados por el peronismo de Unión por la Patria, que no plantean medidas de fondo frente al problema. El proyecto presentado por el FIT Unidad propone un régimen de protección integral para las personas endeudadas y usuarias del sistema financiero, bancario, fintech y de crédito.

La salida requiere un aumento generalizado de las jubilaciones y los salarios, y que ningún trabajador gane menos que la canasta familiar, estimada en alrededor de 2.600.000 pesos.

Sabemos que no podemos confiar en el Congreso Nacional, donde están los cómplices del gobierno. Estos reclamos deben ser acompañados por la movilización en las calles. Seguimos reclamando a la CGT que convoque a un paro nacional y a un plan de lucha para terminar con este drama social.

Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno de Javier Milei presentó en el Presupuesto 2027 otro ataque al colectivo de la discapacidad. Busca modificar la Ley de Emergencia, que no aplica plenamente.

Entre los cambios, propone volver al criterio de Pensión No Contributiva por invalidez laboral, equivalente al 70% de la jubilación mínima, e impedir su compatibilidad con un empleo formal o la inscripción tributaria. El régimen vigente permite compatibilizar la pensión mientras los ingresos no superen los dos salarios mínimos.

También elimina la garantía de acceso a cobertura de salud para quienes tengan una Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y modifica el esquema del nomenclador. Los valores dejarían de ser universales y cada ente podría determinarlos. En la práctica, miles de personas quedarán sin cobertura.

Los cambios desataron la interna del gobierno. Patricia Bullrich cuestionó que no fueran discutidos en la Mesa Política y advirtió que insistir con una iniciativa ya rechazada podría generar otro conflicto con los aliados parlamentarios. También contradijo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, sobre lo ocurrido en esa reunión. La realidad es que en el proyecto de presupuesto se ha priorizado hacer “cerrar” los números del ajuste por sobre los derechos del colectivo de discapacidad. No tenemos que permitirlo. Y con la movilización lo impediremos.

El eterno custodiado

Casi tres meses después de dejar la Jefatura de Gabinete, Manuel Adorni mantiene su custodia de fuerzas federales y continúa utilizando vehículos estatales para sus traslados. Una Toyota del Inprotur que acumula más de 50 multas por más de 10 millones de pesos. Este 21 de septiembre presentó finalmente ante la Justicia un escrito de 78 páginas para intentar justificar su evolución patrimonial. Dijo que ganó 500.000 dólares en cripto monedas y que tenía guardada esa fortuna en su casa, mientras vivía como si no tuvieran esa suma. Un escándalo que no se lo cree nadie. Evidentemente decidió vivir como un jeque cuando accedió a la función pública. Cascadas de lujo para Adorni, mientras sigue la motosierra contra el pueblo trabajador.

Regalan Nucleoeléctrica 

El Gobierno prepara para fin de año la licitación del 44% de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. Daniel Martín, integrante del Tribunal de Tasaciones de la Nación, sostuvo que la compañía vale entre 6 mil y 13 mil millones de dólares, mientras las estimaciones sobre lo que el Gobierno buscaría obtener por la privatización se ubican entre 500 y 1 mil millones de dólares. Una empresa estratégica, construida durante décadas con inversión pública y conocimiento de trabajadores y científicos argentinos, dispuesta a ser regalada para cumplir con el FMI y los pulpos acreedores.

Toneladas de carne en Olivos 

La Justicia investiga si parte de las casi 30 toneladas de carne comprados para Casa Rosada y la Quinta de Olivos terminó en “Pancitos Caseros”, un catering ligado a familiares de María Belén Agudiez, funcionaria cercana a Karina Milei que acaba de renunciar. La otra opción es que sean para alimentar a los perros de Milei, pero parece demasiado… El gobierno aprovechó para echar a todos los trabajadores de la quinta de Olivos y militarizarla. Como contrapartida, en Trenque Lauquen una jubilada de 79 años se quitó la vida atravesada por la falta de dinero para comer y sostener su medicación.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Se espera que Milei hable de Malvinas este miércoles en la ONU. El 70% de los consultados considera que su discurso patriotero es puro oportunismo.  El proyecto de “Ley en defensa de la soberanía nacional” que envió el gobierno al Congreso es un verdadero cheque en blanco para el saqueo, la represión y el alineamiento con Estados Unidos e Israel.

Después de decir que el despliegue de la bandera de los jugadores en el Mundial fue “una bravuconada propia de un barra brava termocefálico mononeuronal”, el ultraderechista Milei dio una voltereta discursiva simulando que pasó de kelper a malvinero. No se lo cree nadie.
Tal es su doble discurso, que en los fundamentos del proyecto de ley enviado a Diputados dice que el mismo “constituye un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”. Una farsa total.
 
El verso de las sanciones

El gobierno dice que esta ley dispone un “régimen sancionatorio superador” a la anterior. Pero resulta que las sanciones que se aplicaron antes, no impidieron que sigan los proyectos ilegales en las islas comandados por el Reino Unido. Igual va a pasar ahora. Se disponen “multas, suspensión o cancelación de habilitaciones para desalentar esas políticas”, pero a renglón seguido se les dice a esos capitales piratas que podrían hacer lo mismo en territorio nacional, tentándolos a que vengan al país para gozar de treinta años de “seguridad jurídica” mediante exenciones impositivas, aduaneras y de todo tipo bajo las disposiciones del RIGI (artículo 32 de la ley). Y permite que el magnate Elsztain, amigo de Milei, siga siendo propietario de la empresa inglesa que actúa en las islas de manera monopólica.
 
¡Ojo con la seguridad nacional!

De 133 artículos de la ley, solo el 30% se refiere a Malvinas. El resto habla de “amenazas externas, terrorismo, infraestructura crítica, inteligencia, ciberseguridad” y otras cosas más, con el objetivo de reforzar el aparato represivo, lo que representaría un verdadero estado de excepción, otorgándole a Milei y a las Fuerzas Armadas la facultad de disponer medidas sumarísimas y violatorias de fundamentales garantías democráticas, como si Argentina estuviera en guerra. ¿Qué tiene que ver esto con la defensa de Malvinas? Nada.

Dispone “articular y coordinar funciones estatales en materia diplomática, económica, cibernética, de defensa, jurídica y de inteligencia nacional”, creando el Consejo de Seguridad Nacional presidido por Milei, Diego Santilli, Quirno (Cancillería), Caputo (Economía), el milico Presti (Defensa) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (la ex SIDE paraestatal), organismo que desde 2023 aumentó su presupuesto en un 48%, logrando subir las partidas en 70.000 millones de pesos en los últimos meses.

Se dice que sería para “proteger los espacios aeroespaciales, marítimos, fluviales y lacustres” y las denominadas “Infraestructuras Críticas” (que hacen a servicios esenciales como salud y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del Estado). Un amplio abanico para actuar con medidas sin ningún tipo de control.

En concreto, el gobierno podría disponer que las Fuerzas Armadas protejan a las multinacionales del RIGI por considerar que son inversores estratégicos cuando sean “amenazados” por los pueblos originarios que no se dejan despojar de sus tierras; o que un paro de transporte, en Salud o Educación, o un paro general, afecta al funcionamiento del Estado y a la soberanía y por ende corresponde que sean castigados por las fuerzas represivas.

A su vez, la ley crea el RePET (Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo), representando una enorme peligrosidad. Milei tildó de terroristas a estudiantes, docentes, periodistas y a quienes protestamos en las calles. Una organización de Derechos Humanos, partido de izquierda u ONG podría ser acusada de terrorista o de ser una amenaza externa, por el solo hecho de tener vinculaciones con otras similares en el exterior. A tal punto es la arbitrariedad, que el artículo 126 del proyecto dispone que en caso de que se registre a alguien como terrorista y no lo sea, nadie va a responder ni civil, comercial, laboral o penalmente por ello.

En otro tramo la ley señala que las Fuerzas Armadas van a enfrentar riesgos, amenazas y desafíos externos por lo cual faculta el derribo de aviones o el hundimiento de buques, como si Argentina estuviera en guerra. Nuestro país no está en conflicto militar, pero sí lo están Estados Unidos e Israel (aliados del gobierno de Milei) con sus permanentes agresiones imperialistas, como las de Trump contra Irán o las de Israel contra El Líbano y el genocidio en Palestina, a las cuales Milei se podría sumar con apoyo militar. Una verdadera locura.

Por otro lado, la ley dispone penas de 5 a 12 años de prisión para quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública mediante campañas de desinformación. ¡El mismo Milei que apoyó la toma del Capitolio por seguidores de Trump desconociendo un resultado electoral o las acciones golpistas de Bolsonaro con el mismo objetivo!
 
Hay que derrotar este proyecto nefasto

Desde Izquierda Socialista rechazamos este proyecto sumamente peligroso y llamamos a evitar que pase, convocando a la mayor unidad de todos los sectores políticos que se reivindican democráticos, organizaciones sociales, sindicales, barriales y estudiantiles para ello. Denunciamos que Milei lo haga enarbolando cínicamente un falso patriotismo por Malvinas, como lo hicimos desde el mismo momento que pronunciaba la cadena nacional. Y nos comprometemos a seguir postulando una verdadera política para recuperar Malvinas y defender todo el territorio nacional, de las multinacionales saqueadoras y del imperialismo, haciendo realidad las consignas: Fuera ingleses de Malvinas, Fuera FMI de Argentina, Fuera Trump de América Latina. Objetivo que se logrará con la Segunda Independencia nacional, mediante un gobierno de la izquierda y de la clase trabajadora y una Argentina Socialista, que tendrá que ser con plena democracia para el pueblo trabajador y la juventud.