Escribe Felipe García

Los cambios establecidos por el gobierno en relación con la cuarentena no redundan en mejoras para la situación de la pandemia. Pasar del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (Aspo) al Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (Dispo) es seguir creyendo que las medidas de aislamiento o distanciamiento por sí mismas pueden frenar la pandemia. No son un par de siglas las que van a resolver el grave problema de la salud si no van acompañadas por una serie de medidas complementarias. Prueba de ello es que el mismo día que el presidente anunciaba estos cambios, la Argentina batía el récord de muertos por cada millón de habitantes.

Después de casi nueve meses de cuarentena tenemos 1.250.486 contagios y 33.907 muertes. Son cifras altísimas. Una clara demostración del fracaso de las políticas del gobierno, que intenta colocar la responsabilidad en la población exigiendo el aislamiento social, pero no toma medidas de fondo. Desde el inicio hemos denunciado que la cuarentena sola no resuelve nada y, junto a los trabajadores de la salud y sus gremios combativos como Cicop, entre otros, hemos exigido medidas complementarias que requieren inversión, algo que el gobierno, en medio de las negociaciones con el FMI, se niega a hacer.

Dispo no es una medida concreta capaz de aliviar la situación. Es un nombre pomposo para flexibilizar la cuarentena abriendo nuevos sectores de la economía, algo que el gobierno viene haciendo desde hace tiempo en complicidad con los grandes empresarios. Por eso, aun bajo el protocolo del Aspo, mucha gente, cansada de una cuarentena que no ofrece resultados y sin contar con ayuda del gobierno, empezó a flexibilizarla por su propia cuenta, sobre todo pequeños comerciantes y trabajadores autónomos.

Muchos anuncios, pocas medidas concretas

En esta cuarentena, el gobierno peronista de Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de PRO se ha caracterizado por hacer muchos anuncios pero pocas medidas concretas capaces de resolver el problema. Ahora ha comenzado el período de promocionar las vacunas, cuyo principal objetivo es centrar la solución en una posibilidad futura para evitar tomar medidas concretas. Un reciente informe del New York Times sostiene que en todo el mundo existen 59 proyectos de vacunas en experimentación humana, 38 están en la fase 1, aplicada a pequeños grupos; cuatro en la fase 2, cuando se observa la reacción de los vacunados, y once están en la fase 3, pero todavía no hay ninguna aprobada para ser utilizada masivamente.

En este marco, los rusos y los chinos han aprobado para uso limitado vacunas que están en la fase 3. Es decir que no han completado su período de prueba. Una de ellas es la famosa Sputnik V, que el gobierno acaba de anunciar con bombos y platillos. Según informaron, han comprado diez millones de dosis. ¿Qué garantías le ofrecen a la población los diputados y senadores que votaron a favor una ley que otorga protección jurídica a los laboratorios ante cualquier daño colateral generado por la vacuna? Son muchas las preguntas sin respuestas.

La doble crisis, la económica y la provocada por la pandemia, está haciendo estragos entre la población trabajadora y los sectores populares. Mientras tanto, el centro de la preocupación del gobierno peronista es negociar con el FMI. De ahí solo saldrá más ajuste y sacrificios para el pueblo trabajador. Deben ser tomadas medidas urgentes para atacar estas dos crisis. Hay que establecer aislamientos selectivos y por tiempos determinados, dependiendo del grado de riesgo. Efectuar rastreos de contagiados y testeos masivos, además de medidas accesorias como la asistencia con alimentos y recursos económicos a las familias que sean aisladas y a los sectores vulnerables de la sociedad. Junto con esto, se deben centralizar en la salud pública todos los recursos destinados al sector, aumentar el salario de los trabajadores de la salud y efectuar las contrataciones necesarias para evitar el colapso humano. Para financiar ese gasto, proponemos   no pagar la deuda externa y aplicar un fuerte impuesto a la riqueza, a las grandes empresas y los sectores financieros, como lo plantea el FIT Unidad.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

En autos, bicicletas, motos y a pie salimos desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Fuimos miles las que participamos de la caravana verde el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires y en las distintas actividades que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó en todo el país. Fue un evento muy importante no solo por la masividad sino porque se puso en evidencia que nuestro reclamo es urgente y prioritario.

Al día siguiente de la caravana verde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo que recibir a la Campaña pese a que en dos oportunidades anteriores había cancelado la reunión. Este lunes la secretaria legal y técnica de la nación, Vilma Ibarra, anunció que el ejecutivo mandaría durante noviembre su proyecto para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias dejando en claro que el gobierno no está con el proyecto de la Campaña. Lo mismo había dicho antes la asesora  presidencial, Dora Barrancos, pero no cumplió. Barrancos había confirmado en los medios que el proyecto del gobierno se presentaba antes de que terminara octubre. Sin embargo, ese proyecto secreto, que lo vienen anunciando desde marzo, sigue sin aparecer.

Hasta el momento, más allá del amague, lo que explican las funcionarias es que la iniciativa vendría también con la ley de los 1.000 días, que consiste en el acompañamiento de la maternidad y de los primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿Qué tiene que ver esto con la decisión de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo? Para nosotras, nada. Evidentemente lo que hace el gobierno es jugar a dos puntas y negociar nuestros derechos con las iglesias. Por eso, el mismo día que Massa recibió a la Campaña, también se reunió horas más tarde con los antiderechos, ubicándolos en el mismo lugar que a la Campaña, como si fueran interlocutores válidos.

¡Basta de concesiones a los antiderechos, no queremos más maniobras ni dilaciones! Exigimos que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que es el único que tiene estado parlamentario y que si hubiera voluntad política se podría aprobar ahora mismo. Lamentablemente las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que están dentro de la Campaña impusieron su política de esperar y no movilizarse durante todo el año. Ahora, estamos al límite de que nuestro proyecto caiga por octava vez. No debemos permitirlo.

A las calles nuevamente hasta que sea ley

El impulso que nos dio la caravana verde debe ser el motor para convocar a una nueva movilización aún más masiva para conquistar nuestro derecho a decidir. Según las cifras oficiales, cada día hay un promedio de 106 internaciones en hospitales públicos por abortos inseguros en Argentina y siete niñas de entre 10 y 14 años violadas son obligadas a parir. Estas cifras demuestran que es urgente legalizar el aborto.

Las integrantes de Isadora no bajamos nuestro pañuelo verde y seguimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso denunciamos al gobierno que desde que asumió en diciembre del año pasado, puso toda su militancia al servicio de obturar el debate, el tratamiento y aprobación de la ley, generando expectativas en un proyecto que nadie conoce, pero que viene negociado con los antiderechos. Invitamos a todas las mujeres que luchan consecuentemente por el aborto legal a que se sumen a Isadora para dar juntas esta pelea. Vamos por el aborto legal 2020 con el proyecto de la Campaña.

Más de cien organizaciones socioambientales de todo el país tomamos la definición de constituir la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). Después de actuar en común desde el 25A en adelante, y de señalar algunos puntos centrales de reivindicaciones como el rechazo al acuerdo porcino, el fracking, la megaminería, la depredación del agronegocio capitalista con sus quemas, desmontes y agrotóxicos y la denuncia de un modelo que es puesto al servicio del pago de la deuda externa. Forman la coordinadora nuevas organizaciones como XR (Rebelión o Extinción), Alianza por el Clima, Climate Save, Fridays For Future, Proyecto Timón Verde y otras que vienen interviniendo hace años como Conciencia Solidaria, las Multisectoriales y Asambleas contra la megaminería y el fracking, organizaciones antiespecistas como Voicot y otras como el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, de CABA. Y, desde ya, las organizaciones del Frente de Izquierda Unidad y Ambiente en Lucha, la agrupación que impulsamos desde Izquierda Socialista junto con activistas independientes.

El primer gran desafío de la coordinadora BFS fue poner en pie una jornada de lucha en veinte provincias bajo el lema #911EmergenciaSocioAmbiental, con convocatorias de todo tipo, festivales, cortes de calles y rutas, intervenciones artísticas y, en CABA, una masiva movilización a Plaza de Mayo, donde también se realizó un festival y una vigilia. Desde Ambiente en Lucha fuimos parte de la preparación de esta jornada e impulsamos una política unitaria para salir a enfrentar como un solo puño la política del gobierno. La jornada dio un tremendo saldo positivo, no sólo de instalación de nuestros reclamos, sino por sobre todo de grandes avances en la coordinación e incorporación de organizaciones y activistas independientes.

Se trata de un paso adelante que potencia cada una de las luchas que tenemos contra la política del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Es una tarea urgente frenar los avances de la instalación de las megafábricas de cerdos chinas en provincias como Chaco y Santiago del Estero. Así como también seguir denunciando una política de subsidio a las multinacionales de Vaca Muerta y los intentos de volver a reimpulsar la megaminería como los que está llevando adelante el gobernador Arcioni en Chubut. En CABA, este mismo domingo 25, votamos realizar una caravana en bicicletas hasta la residencia de Olivos para llevarle a domicilio al presidente nuestros reclamos. Y se preparan nuevas jornadas de lucha para cada semana que tenemos por delante en lo que queda del año.

Ambiente en Lucha

Desde Ambiente en Lucha de La Matanza entrevistamos a Susana Aranda, referente del Grupo de Familias contra Klaukol, en el acampe que están realizando frente a la fábrica en Virrey del Pino.

AL–¿Qué es Sika- Klaukol?

SA–Es una multinacional suiza que elabora materiales para la construcción. La planta que se encuentra acá es la mayor productora para Latinoamérica. Antes esto era un tambo, pero desde que se instaló cambió el barrio, parece Londres, por la neblina, pero es el polvillo que sale de las chimeneas. Para nosotros es una minera a cielo abierto por lo que arrojan al aire y al agua.

 AL–¿Qué tiran?

SA–Sílice, que es vidrio molido, sale de las chimeneas sin tratamiento, contaminando el aire 10 kilómetros a la redonda, y metales pesados que van a parar al arroyo. No podemos beber el agua de acá, la compramos. Pero no podemos envasar el aire. Ellos lavan la arena con glifosato, ese mismo herbicida que mata de cáncer en el campo.

AL–¿Qué hicieron ustedes?

SA–De todo, fuimos a la Justicia, pedimos que nos atienda el gobierno provincial, el intendente, hicimos acampe en el municipio, ahora estamos acampando acá, en la puerta de la fábrica. Es muy costoso demostrar la contaminación, vendimos todo lo que teníamos para poder costear la demostración de todo este asesinato.

AL–¿Cuál fue la respuesta?

SA–Ninguna, hace más de diez años que nos tienen yendo de juzgado en juzgado. El gobierno provincial y el municipal no nos dan una solución. Hemos recibido amenazas y ataques para que paremos con el reclamo. Nos están matando, y nosotros tenemos que demostrar que nos están matando. En 2014 un estudio de la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) dio como resultado que todos los investigados tenían metales pesados en el organismo. Ese estudio fue un gran avance, tanto que al que lo encabezó lo echaron de Acumar. Nosotros hicimos un censo y, de las nueve manzanas del barrio, hay más de cien muertos por cáncer y todas las casas utilizan paf, todos tenemos problemas respiratorios y de la piel. Además, los que trabajan en la empresa también se ven afectados. La empresa ve una manchita y te despiden.

 AL–¿Qué es lo que están reclamando?

SA–Esta fábrica no puede estar acá, la propia provincia dice que tiene una categoría 3, quiere decir que es una industria tóxica, nociva para el ser humano, y tiene que estar alejada a 8 kilómetros de cualquier centro urbano, esa es nuestra principal lucha, porque Klaukol nos mata.

Escribe Guillermo Sánchez Porta 

Este martes 10 de noviembre se realizó la jornada nacional de lucha impulsada por el Encuentro Nacional de sindicatos, seccionales, directivos y agrupaciones docentes.

El gobierno nacional de Fernández, a través de su ministro de educación Trotta y el Consejo Federal de Educación decidió, finalmente, que todas las provincias del país pueden regresar a clases presenciales cuando lo decidan. Sobre la base de un “semáforo” del Covid-19, definen que en las provincias o ciudades con estado “amarillo” o “verde”, van a regresar a la presencialidad.

Lo que antes sólo decían Larreta y su ministra Acuña de CABA, ahora ya es unánime entre Trotta, Kicillof y todos los gobernadores del país. Anuncian que desde estas semanas van a volver a clases todos los chicos del país, que ya regresamos, gradualmente, a la normalidad. 

¿Qué hay de cierto en esto? Todo es una enorme irresponsabilidad y una campaña política. Por un lado, quieren hacer creer a la población que las clases regresan y se termina el último rincón de la cuarentena sanitaria. Esto dejaría a docentes, estudiantes y sus familias con el enorme riesgo de contagio y la posibilidad de una nueva explosión de la pandemia. No hay ninguna posibilidad de retomar clases presenciales, sin este riesgo. Y el gobierno lo sabe. Por eso lo que van a tratar de hacer es que grupos de 8 a 10 estudiantes se reúnan con un docente en “burbujas” educativas, vayan a la escuela por dos horas a realizar actividades recreativas. Una o dos veces por semana. ¡Esto no tiene nada que ver con “normalidad” ni regreso a clases! Esto es arriesgar la salud, para “hacer como si tuvieran clases”.

Pero, ¿por qué hacen esto el presidente y los gobernadores? Por un lado, quieren instalar que ya está todo bajo “normalidad”. Que las madres y padres que no pueden ir a trabajar presencialmente porque los hijos no van a la escuela, ya no sean excusados y tengan que ir o serán despedidos. Quieren que las escuelas privadas justifiquen el cobro de las cuotas, entonces que los alumnos al menos vayan un mes, unos días. Y, sobre todo, quieren que quede instalado que en febrero, pase lo que pase con la pandemia, todos van a volver a la escuela.

Son tan absurdos los decretos que sacaron de regreso, que Trotta deja en mano de los gobernadores la decisión. Estos en manos de los intendentes. Y estos en manos de las directoras de escuela, quienes ya informaron que sólo será voluntario para docentes y alumnos. Todos saben que las escuelas no están en condiciones de infraestructura ni sanitarias para el regreso.

Por eso, lo que estamos exigiendo es que el gobierno invierta urgentemente dinero para que se garantice la educación pública virtual, con conectividad gratuita y entrega de computadoras a alumnos y docentes. Y se arreglen ya las escuelas. Mientras, seguimos diciendo que con pandemia, no volvemos a la presencialidad.

Por otro lado, la docencia está sufriendo salarios de pobreza, falta de trabajo de miles de docentes que no fueron nombrados en todo el 2020 y súper explotación de los que sí están trabajando, a toda hora, con internet, con muchísimos más alumnos que los que corresponden, etcétera.

Ante todo esto, la burocracia sindical de Alesso y Baradel de Ctera y las listas Celeste de todo el país, cuestionan la falta de condiciones para el regreso a clases, pero dejan correr los aprietes a docentes para presentarse. Y, sobre todo, avalan la política de ajuste salarial y laboral de Fernández y los gobernadores, acordando las paritarias con ellos y no llamando a la lucha.

Por eso, los sindicatos opositores encabezados por Ademys CABA, Suteba Multicolores bonaerenses, Amsafe Rosario, Adosac Santa Cruz, Sute Mendoza, AGD Formosa y directivos de las minorías de ATEN Neuquén o Agmer Entre Ríos, han empezado a coordinar declaraciones y acciones, como la importante jornada del 10/11. Con paros, actos, caravanas, radios abiertas, en cada provincia se protestó contra la política del gobierno y se exigió plata para educación pública, no para el FMI. Además, que Ctera y los sindicatos provinciales, salgan a la lucha.

El acto más importante fue una fuerte caravana de Ademys y los Suteba Multicolores,  en CABA que culminó en el Ministerio de Educación de la Nación.

Llamamos a darle continuidad a esta coordinación y a apoyarnos en los directivos, estudiantes secundarios y familias, para que juntos rechacemos la irresponsabilidad de Fernández y los gobernadores.