José Castillo

Javier Milei avanza con la privatización de AySA para pagar deuda externa y abrir negocios a empresarios aliados y socios internacionales como Mekorot, mientras millones de usuarios siguen sin agua corriente ni cloacas. 

El pasado 15 de septiembre, el gobierno decidió avanzar con la apertura de sobres de la privatización de AySA. El objetivo, como lo ha reconocido públicamente el propio ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, es recaudar rápidamente 500 millones de dólares para destinarlos a los próximos vencimientos de deuda del año que viene. Se trata de regalar la empresa a cambio de cumplir con el FMI y los pulpos acreedores internacionales.

Ese apuro hace que AySA se esté prácticamente regalando. Es dueña de redes subterráneas colosales, plantas potabilizadoras históricas, como la General San Martín, y estaciones elevadoras construidas a lo largo de décadas con fondos públicos. La empresa genera ingresos por cobro de tarifas de aproximadamente mil millones de dólares al año y cuenta con 3,8 millones de usuarios, alrededor de 14 millones de personas en CABA y 26 partidos del conurbano. O sea, en un solo año de recaudación, los nuevos dueños ya obtendrán el doble de lo que pagarán por la empresa.
Por otra parte, entre 2006 y 2023, los distintos gobiernos destinaron más de 13.400 millones de dólares en subsidios para sostener la operación y las obras. Venderla por solo 500 millones representa una fracción mucho menor de todo esto.

Las condiciones del pliego

Se ofrece un contrato de 30 años de explotación exclusiva, con opción de prórroga contractual por hasta 10 años adicionales. O sea, un regalo por los próximos 40 años. Las obligaciones para el ganador son sustancialmente menores a las exigidas en la privatización menemista de los años ‘90.
El nuevo marco proyecta alcanzar un 75,3% de cobertura de agua potable y un 63,9% de cloacas hacia 2031, para llegar al 90% de agua y al 75% de cloacas recién al término de los 30 años. La excusa es priorizar el mantenimiento técnico de la red existente y la “sostenibilidad financiera”, postergando la expansión masiva hacia zonas vulnerables. Amplias áreas del conurbano que carecen de agua o cloacas verán demorada su integración sanitaria por décadas.

Debido a ello, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó un amparo objetando estos estándares de calidad y cobertura. La Justicia Contencioso Administrativa confirmó una medida cautelar que exige a AySA garantizar la continuidad del servicio y las inversiones, derivando luego la causa al fuero federal. El gobierno de Milei, al continuar con el proceso, avanza pese a esta resolución judicial.

Los posibles compradores

Por un lado, tenemos el autodenominado Consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX. Está integrado por Rowing S.A., Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR B.V. Arcos, perteneciente al Grupo Equipav de Brasil, figura como operador técnico. Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti, conocido como “el rey del cloro”.

Por el otro está el consorcio encabezado por Roggio ROAS, vinculado al Grupo Roggio, que participa en Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes. Su respaldo técnico internacional está dado por la empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, y el grupo japonés Marubeni, a través de operaciones vinculadas al sector del agua.

¡No a la privatización!

AySA es el nombre de la empresa estatal que reemplazó en 2006 a Aguas Argentinas, sucesora a su vez, para el AMBA, de Obras Sanitarias de la Nación tras la privatización de los ´90. Tuvo que ser reestatizada después de la gestión de la francesa Suez.
El acceso al agua y las cloacas es un derecho humano, no una mercancía. AySA debe seguir siendo estatal y pasar a ser gestionada por sus trabajadoras y trabajadores y usuarios.

Guido Poletti

El diputado Juan Carlos “Gringo” Giordano, de Izquierda Socialista/FIT Unidad, presentó un proyecto de ley acompañado por todo el bloque del Frente de Izquierda Unidad.

Plantea la anulación del decreto de necesidad y urgencia que autorizó la privatización y el cambio del marco regulatorio a favor de los futuros operadores y en contra de los usuarios. Sostiene la necesidad de declarar a Aysa como una empresa 100% estatal, que pasará a estar gestionada por sus trabajadores y usuarios. 

En el proyecto de ley se reconoce al agua como un derecho humano inalienable e impostergable que tiene que estar en manos del Estado Nacional. Se afirma que toda política pública relativa al agua deberá priorizar su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Y que ningún usuario podrá ser privado del acceso al servicio por razones económicas. 

Al mismo tiempo propone el diseño de un Plan Federal de Obras para la expansión del acceso al agua potable y desagües cloacales en todo el territorio nacional, priorizando zonas postergadas y comunidades rurales y/o vulnerables. Disponiendo a su vez que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con Mekorot, empresa de Israel, que ya viene actuando en Argentina y ha manifestado que se quiere quedar con AySA a través del proyecto privatizador que propone el gobierno nacional.

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Aquí el proyecto

Proyecto de Ley

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:

AySA 100% estatal bajo gestión de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios

Anulación de los decretos 493 y 494

Fuera Mekorot

Artículo 1. Anúlese los Decretos de Necesidad y Urgencia No 493/2025 y No 494/2025, por los cuales se habilitó la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) y se modificó el marco regulatorio del servicio público de agua potable y desagües cloacales. Toda licitación pública o internacional para la privatización de AySA quedará sin efecto a partir de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 2. Declárese que Agua y Saneamientos Argentinos S.A. será en adelante una empresa cien por ciento estatal, bajo propiedad y financiamiento del Estado Nacional, gestionada, administrada y controlada por sus trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. La empresa tendrá como objetivo garantizar el acceso universal, equitativo y sustentable al agua potable y al saneamiento en todo el territorio nacional, como derecho humano esencial no sujeto a las reglas capitalistas de mercado.

Artículo 3. A partir de la presente ley se reconoce al agua como un derecho humano inalienable e impostergable que tiene que estar en manos del Estado Nacional. Toda política pública relativa al agua deberá priorizar su función social, sanitaria y ambiental, por encima de cualquier interés económico o empresarial. Ningún usuario podrá ser privado del acceso al servicio por razones económicas.

Artículo 4. A partir de la siguiente ley AySA diseñará un Plan Federal de Obras para la expansión del acceso al agua potable y desagües cloacales en todo el territorio nacional, priorizando zonas postergadas y comunidades rurales y/o vulnerables. Disponiendo a su vez que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con Mekorot, empresa de Israel, que ya viene actuando en Argentina y ha manifestado que se quiere quedar con AySA a través del proyecto privatizador que propone el gobierno nacional.

Artículo 5. Financiar a la empresa AySA cien por ciento estatal en base a los fondos que se destinan a los pagos de la usurera deuda externa y con los que recauden mediante la implementación de un impuesto especial a las ganancias de las multinacionales, grandes empresarios y bancos que operan en nuestro país, redirigiendo los recursos nacionales a garantizar este derecho humano esencial, brindando un servicio eficiente y accesible para el pueblo trabajador.

Artículo 6. De forma.

Juan Carlos Giordano
Mercedes de Mendieta
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Vilma Ripoll

 

FUNDAMENTOS:
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial reconocido por la Organización de las Naciones Unidas desde el año 2010. No puede considerarse una mercancía ni quedar en manos del mercado capitalista. La provisión de este servicio vital debe ser garantizada 100% por el Estado Nacional bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y usuarios. Por eso, este proyecto de ley propone la anulación de los Decretos de Necesidad y Urgencia No 493 y 494 del año 2025, firmados por el presidente ultraderechista Javier Milei, que habilitan la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), la venta del 90% de sus acciones, y la modificación del marco normativo para autorizar cortes masivos del suministro por falta de pago, entre otros ataques. Estas medidas implican una regresión brutal de derechos a favor de las ganancias empresariales y en perjuicio de millones de familias del pueblo trabajador. Además, se enmarcan en la nefasta Ley Bases de Milei, votada con el aval de los bloques patronales cómplices, que pretende privatizar no sólo el agua sino también otras empresas estratégicas.

La historia de AySA muestra con claridad los resultados nefastos del modelo privatizador. AySA fue fundada originalmente como Obras Sanitarias de la Nación en 1912. Durante la Revolución Libertadora de 1955 y más tarde durante la dictadura genocida de 1976, fue vaciada, desfinanciada y abandonada con el fin de rematarla y privatizarla. Finalmente, en 1993, bajo el gobierno peronista de Carlos Menem, OSN fue disuelta y se entregó la concesión del servicio a Aguas Argentinas S.A., controlada por el grupo francés Suez.

En 1999 se abrió una investigación judicial sobre la privatización de AySA, determinando que se había vendida a menos de una quinta parte de su valor real. Confirmándose posteriormente que incumplió sus compromisos, no invirtió, no hizo las obras, paralizó la expansión de la red de agua potable, provocó contaminaciones, además de despedir personal. Esa privatización significó un saqueo brutal: las tarifas aumentaron y se deterioró la calidad del servicio. La presencia de arsénico y agrotóxicos en el agua en varias zonas del conurbano, los cortes reiterados y la falta de expansión de las redes, entre otros motivos, obligaron a rescindir el contrato en 2006.

A pesar de haber sido desplazada, la empresa Suez presentó una demanda ante el CIADI (tribunal del Banco Mundial) por 1.700 millones de dólares, aduciendo violación de contrato. En 2015, el tribunal falló parcialmente a favor de la multinacional, imponiendo a la Argentina el pago de una indemnización que rondaría los 220 millones de dólares.

En ese año, tras múltiples esfuerzos por encontrar otro operador privado y frente al retiro de Suez, el gobierno de Néstor Kirchner estuvo obligado a anunciar la “estatización” del servicio. Sin embargo, no se trató de una empresa estatal tradicional, sino de la creación de AySA como Sociedad Anónima con mayoría accionaria estatal, lo que permitía eventuales reprivatizaciones futuras. A su vez, se nombró al frente de la nueva empresa a Carlos Ben, quien había sido coordinador de la privatización de OSN en 1993 y luego integró el directorio de Aguas Argentinas. Y nunca se puso en manos de sus trabajadores, sino de la burocracia del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias presidido por su actual secretario general y Secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri. El mismo que dijo días atrás, preguntado sobre la privatización anunciada por el gobierno, que “al tema de la privatización de AySA lo venimos discutiendo internamente con las autoridades de la empresa”. Es por eso que la propuesta de una AySA estatal debe ser gestionada y controlada por los trabajadores de la misma, no por estos dirigentes.

Con la llegada de Mauricio Macri al poder en 2015, comenzaron los fuertes aumentos tarifarios, que alcanzaron picos de más del 1000 %. En 2023, bajo la presidencia del ultraderechista Milei, esta situación se agravó: las tarifas subieron más de un 500%, se habilitaron cortes por falta de pago, se impulsaron despidos de personal y se firmaron los decretos que buscan volver a privatizar AySA. Como si fuera poco, la empresa estatal israelí Mekorot, responsable de aplicar una política sistemática de apartheid hídrico contra el pueblo palestino, negándole el acceso al agua, trabajando en estrecha colaboración con el ejército israelí en la confiscación de las tuberías de riego de los agricultores palestinos y en la destrucción de sus fuentes de abastecimiento, ha manifestado que está interesada en quedarse con AySA y admitido a través de su Coordinador de Proyectos Especiales, Diego Berger, que hoy se encuentra asesorando a AySA. Así como no tiene que haber injerencia de empresas privadas y/o de otros países en AySA, mucho menos se puede permitir que lo sea Mekorot, que tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos. Recordemos que en abril de 2022
una delegación de ministros, gobernadores y funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, encabezados por el ex Ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, viajaron a Israel para celebrar acuerdos de “cooperación” con Mekorot en varias provincias. Decimos fuera Mekorot de Argentina, disponiendo por añadidura que se anule todo tipo de contrato de colaboración o asesoramiento con la empresa Mekorot en todo el territorio nacional.

Hoy AySA presta servicios en CABA y en Zona Sur, Norte y Oeste de la Provincia de Buenos Aires. Necesitamos que AySA se transforme en una empresa estatal que suministre el servicio en todo el territorio nacional y termine con los negociados que existen en las provincias con empresas privadas. Atento a ello es que se deben rescindir las concesiones y/o privatizaciones en cada provincia que las haya, dando lugar a su provincialización bajo control de sus trabajadores y técnicos, pasando a funcionar de manera integrada con AySA nacional. Empresa que será financiada con los fondos que se
van a los pagos de la usurera deuda externa y al FMI, y con un impuesto especial a las multinacionales, grandes empresarios y bancos, en especial a las empresas que vienen contaminando el agua impunemente.

Hoy más de 7 millones de personas en Argentina no acceden al agua potable de forma adecuada, y casi 20 millones no tienen redes de saneamiento, según el Censo 2022. En este contexto de emergencia social y crisis económica, avanzar hacia la privatización es
criminal. El agua es vida, no puede ser una mercancía. Cuando el agua es tratada como mercancía, afecta también a cuencas, acuíferos y los ciclos naturales del agua.

Este proyecto del Frente de Izquierda Unidad se inscribe en la lucha por una Argentina donde se reestaticen todas las empresas privatizadas y sean puestas a funcionar bajo gestión, administración y control de trabajadoras y trabajadores y organizaciones de usuarios. Como parte de otras medidas de fondo que inauguren un plan económico alternativo, obrero y popular, al servicio de dar respuesta a las urgentes necesidades populares.
El agua no se vende, se defiende.

Juan Carlos Giordano
Mercedes de Mendieta
Christian Castillo
Alejandro Vilca
Vilma Ripoll

Mariana Scayola, secretaria de prensa de Ademys

Hace algunas semanas se publicaron los resultados de las pruebas PISA 2025 en nuestro país, diseñadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe indica que los resultados obtenidos por las y los estudiantes de tercer año de la escuela media marcan un claro retroceso en Lectura, Matemática y Ciencias.

Las pruebas PISA son evaluaciones estandarizadas creadas por la OCDE que se toman en casi un centenar de países, sin considerar los parámetros socioculturales de cada uno. Evalúan el estado de los aprendizajes con el objetivo de mejorar la “calidad educativa” y, por lo general, responsabilizan a las y los docentes del “fracaso educativo”. En definitiva, estas evaluaciones no están pensadas para contribuir a evaluar el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes.

El gobierno de Javier Milei, que aplica también el plan motosierra en Educación, salió rápidamente a negar cualquier responsabilidad, señalando que estos resultados son producto de las políticas de los gobiernos anteriores. Sin embargo, meses antes se había adjudicado los resultados positivos del Operativo Aprender en Primaria como fruto de su gobierno.

Nadie puede negar la tremenda crisis que viene atravesando la educación de nuestro país desde hace mucho tiempo. Sin dudas, es responsabilidad de los gobiernos anteriores y del actual también. Leyes educativas como la Ley Federal de Educación de Carlos Menem, que orientó el proceso de atomización del sistema educativo; la Ley de Educación Nacional del peronismo kirchnerista, que coloca como centro el rol “contenedor” de la escuela y también las habilidades y destrezas, desplazando al conocimiento como eje central de la tarea educativa; la baja del presupuesto educativo, que profundiza el deterioro salarial de las y los docentes y el abandono de la inversión en infraestructura; y el fracaso de las reformas de la escuela media han configurado el actual estado de la educación.

Las reformas educativas que los gobiernos nacionales y provinciales implementan fueron diseñadas por organismos internacionales como la OCDE y el Banco Mundial, entre otros. Estas políticas han avanzado en la liquidación del derecho social a la educación, denigrando el trabajo docente, profundizando el vaciamiento de la Escuela Pública y fortaleciendo la privatización del sistema educativo, colocando a la Educación como una mercancía.

Revertir esta enorme crisis educativa requiere medidas de fondo. La renacionalización del sistema educativo es una de ellas, junto con el aumento del presupuesto educativo al 10% del PBI o al 25% del total del presupuesto nacional. Para esto es necesario dejar de pagar la deuda externa y eliminar los subsidios a la escuela privada.

Las y los docentes deben cumplir un rol protagónico en la construcción de las currículas y los dispositivos educativos. Por todo esto, es necesario dar un primer paso con la realización de un Congreso Educativo donde las y los trabajadores de la educación debatan y resuelvan medidas para mejorar el rumbo educativo y frenar el ajuste y la mercantilización del conocimiento que impone hoy el gobierno de Milei con la complicidad de todos los gobernadores.

Camila Urquiza

El fenómeno de El Niño se fortalece y los organismos científicos advierten que puede alcanzar una intensidad excepcional hacia fin de año. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) estima un 75% de probabilidades de que entre octubre y diciembre de 2026 supere la fuerza de los episodios registrados desde 1950. La Organización Meteorológica Mundial también prevé que continúe intensificándose y que persista, prácticamente con certeza, hasta comienzos de 2027.

El dato llega después de otro récord climático. Copernicus informó que agosto de 2026 fue el agosto más cálido desde que existen registros y, junto con julio de 2023, el mes más caluroso registrado a escala global. La temperatura media mundial llegó a 16,96 °C, 1,65 °C por encima del promedio estimado para la era preindustrial. También la temperatura de la superficie del mar alcanzó niveles récord. Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio, señaló que probablemente la humanidad no haya experimentado temperaturas tan altas en al menos los últimos 100 mil años.

La combinación es explosiva. El Niño es una variación natural del clima provocada por el calentamiento de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Cuando alcanza gran intensidad puede modificar los patrones de lluvias y temperaturas en distintas regiones del planeta y elevar el riesgo de inundaciones, sequías, incendios y otros fenómenos extremos. El calentamiento global multiplica esa amenaza. La quema de carbón, petróleo y gas ya elevó la temperatura del planeta alrededor de 1,4 °C desde la era preindustrial y las emisiones de gases de efecto invernadero continúan en niveles históricos.

Hablar de una responsabilidad de “la humanidad” en abstracto borra quiénes concentran las principales decisiones económicas y energéticas. Para Izquierda Socialista, el centro del problema está en el sistema capitalista e imperialista, las grandes potencias y las multinacionales petroleras, gasíferas y carboníferas que sostienen sus ganancias sobre la explotación de los combustibles fósiles. Las responsabilidades tampoco están repartidas por igual. Estados Unidos concentra cerca del 24% de las emisiones históricas de CO₂ provenientes de combustibles fósiles e industria, mientras China representa alrededor del 15% y actualmente es el principal emisor anual.

Los récords de temperatura y un El Niño que amenaza con alcanzar una magnitud histórica vuelven a poner sobre la mesa la gravedad de la crisis climática. Dentro de este sistema capitalista, todos los gobiernos sostienen políticas que siguen profundizando la devastación ambiental. En Argentina aún peor teniendo de presidente incluso a un negacionista de esta crisis climática que quiere seguir impulsando políticas extractivistas para que todos los recursos comunes terminen en manos de las multinacionales. Por eso,  desde Izquierda Socialista, sostenemos que hay que pelear contra Milei y sus intereses de seguir beneficiando a las grandes multinacionales, avanzar hacia una transición energética y organizar la producción y los bienes comunes en función de las necesidades sociales y ambientales junto a las comunidades.

Diego Martinez

El 7 y 8 de octubre se realizarán las elecciones de la UTA, gremio que nuclea a más de 80 mil trabajadores del transporte de pasajeros en todo el país.

Por primera vez en mucho tiempo, una lista independiente, sin burócratas ni ligada a ninguna patronal del sector, logra presentarse a las elecciones. Para hacerlo, sortearon un sinfín de trabas burocráticas que impone la conducción de la UTA mediante la organización de una importante cantidad de compañeras y compañeros de todo el país.

La Bordó cuenta con representación en provincias como Corrientes, donde también presenta lista para la seccional provincial, Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y San Juan, además de todas las zonas del AMBA y CABA, donde se concentra más de la mitad del padrón de afiliados. En Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero, la lista fue proscripta para las elecciones provinciales pese a haber presentado las candidaturas y avales en tiempo y forma, hecho que denunciamos públicamente a través del diputado nacional Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista/FIT Unidad.

La 460 Bordó, con el apoyo de nuestro partido y de las y los ferroviarios de la Bordó, junto a quienes marchó el pasado sábado en la columna del sindicalismo combativo en la Marcha de la Bronca en Buenos Aires, está desplegando una intensa campaña mediante recorridas de líneas, volanteadas, pintadas y pegatinas en todo el país. También está consiguiendo fiscales a nivel nacional para cuidar los votos frente a las maniobras que intentarán implementar Fernández y las demás listas burocráticas los días de las elecciones.

Además de la Bordó, se presentan a las elecciones Roberto Fernández, de la oficialista Celeste y Blanca, que hace más de veinte años transa con todos los gobiernos y patronales, entregando las condiciones de trabajo; la Lista Negra, que representa a Miguel Ángel Bustinduy y a la patronal de DOTA; y Alberto Patiño, de la Lista Marrón, que viene del riñón de Fernández y es el actual secretario de Organización.

Por una UTA combativa y democrática, sin traidores, burócratas ni patrones, que recupere el salario, la obra social y todos los derechos de los compañeros. El 7 y 8 de octubre, ¡vamos con la Bordó!