El kirchnerista José López fue detenido in fraganti cuando quería esconder en un convento 9 millones de dólares. López era el que junto a De Vido y Cristina Kirchner benefició a Lázaro Báez con el 80% de la obra pública de Santa Cruz, cobrando sobreprecios del 30 al 40%. Plata que debería haber ido a escuelas, hospitales o viviendas. Muchas de esas obras no se terminaban o directamente ni se hacían. Hecho del cual llamamos a sacar conclusiones.

El escándalo es monumental e involucra a todo el gobierno kirchnerista, al Partido Justicialista, a sectores de la iglesia católica y de la justicia, que en estos años dejó en la impunidad a López a pesar de las denuncias en su contra. También el caso ha salpicado a todos los políticos patronales. Por eso se reunieron en Tucumán el sábado pasado en el Congreso Eucarístico distintos sectores políticos para firmar un “acuerdo contra la corrupción, la pobreza y el narcotráfico” (ver foto). Lo hicieron la vicepresidenta Gabriela Michetti (PRO- Cambiemos); Sergio Massa por el Frente Renovador; José Luis Gioja (titular del PJ) y hasta Pino Solanas, entre otros. Un acto para lavarle la cara al macrismo y al Frente para la Victoria, simulando que se va a “combatir” el ajuste y la corrupción mientras están aplicando esas políticas tanto en la Nación como donde gobierna el peronismo K.

A todo esto se entregó Pérez Corradi, un capo-mafia que contaba con la protección de Aníbal Fernández. Estos hechos le vienen como anillo al dedo a Macri para mostrarse “que combate la corrupción” y a la ministra Patricia Bullrich para decir “que combate al narcotráfico”. Nada de eso está ocurriendo. Porque con Macri también hay corrupción y porque el narcotráfico sigue vivito y coleando.

Ante los casos de corrupción, desde Izquierda Socialista decimos que todos vayan presos y que devuelvan lo que robaron. A renglón seguido, llamamos a enfrentar el ajuste, los tarifazos y despidos de Macri.

Macri ha tenido un respiro, pero no le va a durar mucho. Hasta las propias cifras de la primera medición del Indec oficial le juegan en contra: dieron un 4,2% de suba para el mes de mayo. Esto implica que en los primeros cinco meses la inflación fue del 25% (lo que el gobierno consideraba que iba a ser el registro de todo el año) y la anualizada llegó al 43%.

Que en el segundo semestre vendrá la salvación -como quiere vender Macri- es un verso total. Ya lo vinimos anticipando y ahora nadie niega. “Cae el consumo, el salario también, pegan los efectos del tarifazo y los empresarios no prefieren tomar riesgos de inversión, descontando que será un año de retroceso” (Clarín, 14/6). Por eso crecen los despidos.

En mayo hubo 13.000 despidos y suspensiones en la parte privada (afectando a trabajadores textiles, de Nike y Adidas, de la industria energética, metalúrgicos y frigoríficos). Las empresas petroleras amenazan con 20.000 despidos, mientras el ministro Triaca hizo el ridículo de cortar una calle llamando a “crear conciencia” para erradicar el trabajo infantil.

Por otra parte, la caída salarial se sitúa entre un 7 y un 12% según el sector de trabajadores que se mida, siendo los estatales los más afectados. Por eso la capacidad de compra se redujo un 11% en mayo.

Cuando más necesitamos dar una pelea nacional unificada contra el ajuste, Moyano, Caló y el resto de los dirigentes de las CGT siguen borrados.

El 29 de abril hicieron un acto “contra nadie” y siguieron negociando con Macri la devolución de los millones de las obras sociales. Mostrando que su preocupación es la defensa de su aparato sindical, sus sueldos millonarios y privilegios, no los trabajadores. Y el 3 de junio anunciaron un congreso de reunificación para el 22 de agosto, pero no dijeron una palabra de apoyar alguna lucha.

Estamos ante una nueva claudicación de una conducción que deja libradas las luchas a su suerte, dejando pasar los despidos, los tarifazos y los salarios de pobreza. Mientras seguimos reclamando que las CGT rompan la tregua con el gobierno y llamen a un paro general, necesitamos dar impulso a nuevos dirigentes combativos y de lucha.

La insatisfacción social crece. Por eso reclaman los controladores aéreos; paró el subte B; los camioneros amenazan con un paro nacional si no hay respuesta en su paritaria; marchan este miércoles los ferroviarios del Sarmiento pidiendo un 40% de aumento salarial; el sindicato de la Carne paró por 48 horas; están encadenados trabajadores de Cresta Roja frente al ministerio de Haciendo reclamando por 2.500 que quedaron en la calle a pesar de la bambolla que hizo Macri sacándose la foto con parte de ellos diciendo que protegía el empleo; sigue la lucha de los trabajadores de ese ministerio contra los despidos (y en otras reparticiones públicas), entre otras. También se siguen dando marchas contra el brutal tarifazo, como la que se llevó a cabo este martes en Córdoba.

La canasta familiar ya alcanza los $19.000 en la ciudad de Buenos Aires. Hay que reclamar un inmediato aumento de salario para combatir los efectos devastadores de la inflación y lograr ese valor. Por $6.000 de emergencia para los jubilados. Para que se reabran las paritarias. Que se anule el impuesto al salario y las tarifas públicas vuelvan a los valores del 10 de diciembre. Por la reincorporación de los despedidos y la prohibición de los nuevos. Como parte de un plan de emergencia al servicio de los trabajadores. Llamamos a seguir apoyando y coordinando las luchas para que triunfen.