Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT (CI)

Los incendios forestales que están asolando el sur de Europa desde julio, y también en los países latinoamericanos, ya sea por la caída de rayos o causados intencionalmente, se extienden cada vez más debido a la sequía y el calor extremo. Los científicos no tienen dudas de que es el cambio climático el principal motivo.  

Muchos de estos incendios, especialmente en los países latinoamericanos, tienen un comienzo intencional. Queman bosques para “liberar” tierras para la agroindustria capitalista o la especulación inmobiliaria.
Estos siniestros, agravados por el cambio climático, tienen a su vez un efecto que acelera el calentamiento global porque los bosques absorben CO2 (dióxido de carbono), gas de efecto invernadero y liberan oxígeno. También cambian el ciclo hídrico, lo que produce prolongadas sequías y lluvias excesivas con inundaciones.

Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el 9 de agosto, los científicos están observando cambios sin precedentes en cientos de miles de años. Algunos, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios.

Este informe es realizado por representantes científicos de 195 gobiernos y confirma miles de estudios realizados desde hace medio siglo.
Sin embargo, por los intereses del capitalismo mundial, y de sus enormes multinacionales, no se han tomado las medidas urgentes y de fondo que la situación requiere. No se redujeron las emisiones de dióxido de carbono ni la destrucción de bosques y de ríos afectados por la minería porque los cambios tecnológicos necesarios reducirían las ganancias capitalistas.

Por eso hay que luchar por medidas de fondo en defensa del medio ambiente y para frenar el cambio climático, pero solo podrán tomarse a escala mundial con la destrucción del sistema capitalista y la conquista de gobiernos del pueblo trabajador con un verdadero socialismo que salve a la humanidad de una catástrofe anunciada, planificando científicamente la producción.

 
 
 
 
 
 
 

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

La semana pasada, miles de personas salieron a las calles en todas las ciudades de Guatemala exigiendo la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras. Estas grandes movilizaciones encabezadas por organizaciones indígenas, estudiantiles, de personal de salud y feministas tienen una relación directa con las protestas del año pasado, que llegaron a incendiar el Parlamento.  

La indignación popular estalló esta vez por la corrupción, pero expresó también los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud, de los indígenas, de las mujeres ante la violencia impune, de los estudiantes y de la población pobre en general por la desatención del Estado ante el desastre de la pandemia del Covid-19.

Hubo una convocatoria para realizar un paro nacional el jueves 29 de julio que partió de diferentes organizaciones indígenas: los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán, la Alcaldía de Sololá, el Parlamento Xinca y los pueblos kaqchikel o chortí. Un representante del Parlamento Xinca remarcó que “como pueblo de Guatemala estamos indignados por la situación que estamos viviendo y ya no queremos seguir viviendo en un Estado opresor”.

Las movilizaciones tienen un antecedente reciente. En noviembre del año pasado, otra manifestación de masas prendió fuego el Parlamento después de que se aprobara el presupuesto nacional que congeló las partidas de salud (¡en plena pandemia!) y de educación. Se suprimió la ayuda social por la pandemia, pero se aumentaron las partidas para infraestructura en concesiones, a favor de grandes empresarios, en obras que además son hechas habitualmente con sobreprecios y donde circulan coimas para los funcionarios del gobierno.

El movimiento popular en Guatemala es parte de un proceso de rebeliones en Latinoamérica desde 2019, que tuvo su expresión más importante hace unas semanas en Colombia con la lucha del pueblo contra el gobierno de Duque. En los países latinoamericanos las mayorías populares son ajustadas por gobiernos patronales, cada vez más corruptos al servicio del imperialismo, que descargan la crisis sobre el pueblo trabajador.

A la protesta masiva en Guatemala se unieron miles de mujeres que vienen denunciando los feminicidios impunes y la violencia contra la mujer; trabajadores y trabajadoras de la salud que están en la primera línea de lucha contra la pandemia atropellados en sus derechos, sin medicamentos ni vacunas; estudiantes, y otros sectores populares.

El detonante de estas masivas protestas fue la destitución y huida del país, porque temía por su vida, del fiscal Juan Francisco Sandoval, que investigaba la corrupción en el Estado. Este fiscal tenía apoyo y financiamiento de los Estados Unidos, lo que muestra divisiones entre los capitalistas por el control del Estado y las obras públicas. Pero otras fueron las motivaciones populares.

El 14 de julio el gobierno decretó el “estado de prevención”, prohibió manifestaciones callejeras y huelgas y ordenó militarizar servicios públicos y universidades, con el pretexto del Covid-19, para impedir las movilizaciones en su contra. Pero no le dio resultado.

En un país de 16 millones de habitantes, donde unos 10 millones son pobres, diez familias controlan las grandes empresas mineras, agroindustriales, comerciales y de construcción y el presidente tiene un salario de 18.000 dólares (además de lo que recibe de coimas).

Para continuar la lucha contra el gobierno corrupto antipopular de Giammattei es fundamental la unidad de las organizaciones indígenas, campesinas, obreras, estudiantiles y feministas, en forma independiente de los distintos sectores empresariales y de derecha, para levantar un programa común para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

Hace una semana, el presidente de México, Andrés López Obrador, propuso que se reemplace a la Organización de Estados Americanos (OEA) por un nuevo organismo de todos los Estados de América latina y el Caribe que no sea más “lacayo” de los Estados Unidos.
Esto lo manifestó en el marco de un encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), creada en 2010 e impulsada por el venezolano Hugo Chávez con el mismo supuesto propósito que ahora sostiene López Obrador.

El presidente Alberto Fernández, así como el venezolano Nicolás Maduro, aplaudieron a López Obrador.
Sin embargo, la Celac existe hace doce años solo como un decorado que se reúne cada dos años para hacer algunos discursos. Ninguno de sus países miembros rompió con la OEA, ni siquiera los gobiernos de supuesta “izquierda”, como los de Venezuela, Bolivia, el Ecuador de Correa, o la Argentina de los Kirchner.

Recordemos la definición del Che, alguien que luchó y murió peleando contra el imperialismo y por el socialismo en 1967: “La OEA es el ministerio de colonias de Estados Unidos”.
Si hubiesen roto con la OEA, expropiado a las multinacionales yanquis que se llevan las riquezas latinoamericanas y armado un frente de países deudores para no pagar la deuda fraudulenta, les creeríamos que son antiimperialistas.
Pero López Obrador se desdijo inmediatamente. Después de hablar de “independencia”, reclamó una relación “más estrecha” con los Estados Unidos. El doble discurso de López Obrador se parece al del ya fallecido gran cómico mexicano Cantinflas: “Nosotros preferimos una integración económica con dimensión soberana con Estados Unidos y Canadá a fin de recuperar lo perdido con respecto a la producción y al comercio con China. América latina debe crear una unión política comercial y procurar una relación más estrecha con Estados Unidos para fortalecer al continente”. Es decir, otra vez el repudiado y fallido ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) de Bush. Ahora propuesto por el “antiimperialista” López Obrador ¡Sin dudas superó a Cantinflas! ¿Qué será lo que aplaude Alberto Fernández?
                     

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI

El 99,5% de los 2.175 trabajadores miembros del Sindicato Nº 1 de la Minera Escondida resolvieron ir a huelga legal.
La Minera Escondida es la mina privada más importante de Chile y una de las más grande del mundo. Se calculan ingresos por 10.000 millones de dólares para este año.
Una de las peticiones del sindicato es que “se reparta en partes iguales, entre todos los trabajadores, el 1% de los dividendos entregados a los inversionistas extranjeros”.

La organización gremial explicó que la petición es “justa ante el compromiso mostrado por los trabajadores para que Minera Escondida haya seguido funcionando a plena capacidad durante la pandemia”.
En 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de cuarenta y cuatro días, la más prolongada de la historia de la minería chilena. El paro hizo que la compañía dejara de ganar 740 millones de dólares.
Según la restrictiva legislación chilena contra las huelgas, aún habrá de cinco a diez días de negociación obligatoria entre las partes para que la huelga sea legal. El sindicato ya adelantó que si la empresa no cede a las demandas iniciarán la huelga cumplidos los plazos legales.

Escribe Miguel Lamas, dirigente de la UIT-CI
 
Finalmente, a más de un mes de la segunda vuelta electoral y tras los intentos de Keiko Fujimori y la derecha por desconocer el resultado, la autoridad electoral proclamó el triunfo de Castillo para la presidencia. ¿Será un gobierno a favor del pueblo trabajador?
 
Castillo asume en medio de una crisis económica y de salud muy profunda. Perú es uno de los países del mundo con más fallecidos en proporción a su población por la pandemia. Su modelo económico capitalista -sometido al imperialismo- de privatizaciones, corrupción, minería multinacional depredadora y destrucción de la legislación laboral, ha dejado a tres de cada diez personas hundidas en la pobreza y a más de 70% de los trabajadores en el mercado informal.
Castillo encabezó en 2017 la huelga nacional de maestros, que duró tres meses, contra el gobierno de Kutzinsky, en defensa del estatuto docente. Por esto, por su origen campesino y por la decepción de millones en los políticos patronales, fue visto como una alternativa por un cambio a favor del pueblo trabajador.  

Pedro Castillo tuvo votaciones que superaron el 80% en el sur del país, en los sectores campesinos que más lucharon contra las multinacionales mineras que destruyen su agricultura.
Se produjo un giro electoral a la izquierda de millones de trabajadores y trabajadoras hartos de los gobiernos patronales y corruptos que sirven a las multinacionales y los empresarios.
 
Castillo propone gobernar con los grandes capitalistas

Pero Castillo no va a responder a las expectativas de sus votantes, representa a una izquierda reformista que va a reproducir un nuevo gobiernos de conciliación de clases o de centroizquierda. Como ya sucedió con Chávez-Maduro en Venezuela, Lula-Dilma en Brasil, o Evo Morales en Bolivia.

El primer anuncio concreto de Castillo, diciendo que va a cobrar como presidente su salario de maestro, cayó muy bien popularmente.
Sin embargo, también muestra que se apresta a gobernar en acuerdo con los grandes capitalistas. Su asesor económico, y muy probable ministro de Economía, es Pedro Francke, quien tiene excelentes relaciones con los grandes empresarios. Dice Francke que impulsarán “la economía popular con mercados”, que “es un modelo de libre actuación de la empresa privada, como lo hemos tenido hasta ahora, pero con un mayor componente redistributivo de parte del Estado” (BBC Mundo).

En plena crisis económica dice que “la libre actuación de la empresa privada” (incluidas las mineras que están devastando la agricultura peruana) es compatible con una “redistribución”.
Explica además que su modelo es similar al de Evo Morales en Bolivia: “La economía boliviana tiene un buen componente de impuestos, pero en la producción petrolera y de hidrocarburos siguen las empresas transnacionales. En el sector industrial y agrario también hay empresas privadas y no existe control de precios”.

Como resultado de ese modelo, de gobernar con los capitalistas en Bolivia en los catorce años de gestión de Evo Morales, los precios fueron muy favorables para sus exportaciones de gas y minerales, pero no hubo ningún cambio en la estructura económica. Y como sucede en Perú, más de 70% está en la economía informal, mientras las transnacionales y los oligarcas se llevan la riqueza y el país atraviesa también una profunda crisis económica.
 
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

Una de las promesas de Castillo, y demanda popular, es cambiar la Constitución que hizo la dictadura de Fujimori con una asamblea constituyente. Una de las consignas que gritaban en las calles de Lima miles de jóvenes fue “Por la constituyente, Castillo presidente”. Pero ahora, y en función de sus intentos de acuerdo con la derecha que tiene mayoría parlamentaria, es posible que la constituyente sea olvidada.
La crisis política en Perú sigue abierta y es muy probable que el pueblo trabajador que le dio el triunfo a Castillo se empiece a movilizar por sus demandas urgentes.

El Partido de los Trabajadores-Uníos (UIT-CI) y Alternativa Socialista de Ayacucho realizan su congreso de fusión los días 28 y 29 de julio. Fueron parte de la campaña llamando a votar a Pedro Castillo frente a la candidatura de Keiko Fujimori. Pero en la campaña, y ahora, no depositan confianza en el nuevo gobierno. Tienen una política independiente y llaman a confiar solo en la movilización y a luchar por ¡plata para trabajo, salud y educación. No para el FMI y los capitalistas! ¡Impuesto a las grandes fortunas ya!

“¡Para derrotar al modelo y el sistema hambreador sostengamos la movilización y lucha por una salida obrera, popular y campesina para que la crisis no la paguen los trabajadores y los pueblos, que la paguen los capitalistas!”.