Pasaron cinco años de aquella movilización que quedará marcada en nuestra memoria para siempre, no sólo por la masiva expresión de hartazgo hacia los femicidios, sino también porque fue el inicio de un nuevo ascenso del movimiento feminista.

El registro de femicidios en 2015 era de uno cada 30 horas. Lamentablemente, las cifras al 2020 no son nada alentadoras, según el observatorio "Ahora que si nos ven" al 30 de abril se registraron 117 femicidios, uno cada 26 horas. Cinco años después nuestras demandas siguen siendo las mismas porque del Presupuesto nacional se destinan solo $11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, una miseria que no alcanza. Presupuesto que viene de la era Macri y que mantiene Alberto Fernández, que aunque haya creado el Ministerio de Mujeres géneros y diversidad, lo hizo sin poner un peso más. Por eso, desde Isadora, junto a otras organizaciones de mujeres y feministas estamos convocando a que el próximo miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, salgamos a las calles (con todos los cuidados necesarios) para gritar nuevamente que paren de matarnos porque la violencia de género y los femicidios, no entraron en cuarentena, sino que al revés, aumentaron con el encierro. Lamentablemente sectores feministas ligados al Gobierno, sectores que hasta sacaron una solicitada apoyando la renegociación de la deuda externa desconociendo la consigna principal por la que marchamos el 8M cientos de miles “La deuda es con nosotres, ni con las iglesias ni con el FMI”, esta vez no están siendo parte de estas convocatorias colocando como excusa el “aislamiento preventivo”. Desde Isadora alertamos este accionar divisionista  y desmovilizante que provoca confusión, y hacemos un llamado  a seguir organizadas y en unidad. 

Presupuesto para combatir la violencia de género y no para la deuda

Mientras el gobierno de Alberto Fernández renegocia la deuda externa y paga de contado a los bonistas 320 millones de dólares, en el medio de una crisis sanitaria sin precedentes, las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. La Ministra Elizabeth Gómez Alcorta confirmó que hubo un aumento del 40% de las denuncias por violencia de género y que todos los delitos bajaron, menos los femicidios durante la cuarentena. Frente a esta realidad no hubo por ejemplo un aumento del 40% del presupuesto para la línea 144 que atiende esas denuncias. Ni tampoco hubo una política de evitar esos femicidios, por ejemplo, separando al agresor ya que en la mayoría de los casos, las víctimas ya habían hecho las denuncias previas.

En los últimos años, distintos gobiernos provinciales fueron declarando la emergencia en violencia de género. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires en el año 2012 se declaró por dos años (Ley 14.407) y luego se extendió hasta el 2016 y hace unas semanas nuevamente se sancionó una ley en el mismo sentido. Sin embargo al no contar con presupuesto acorde, se queda solo en una declaración de buenas intenciones sin medidas concretas. Es necesario dinero y mucho, para sostener una estructura que de verdad pueda garantizar los derechos de las víctimas y que acompañarlas. No es solo construir nuevos refugios y acondicionar los que ya existen sino también, es necesario garantizar una política integral de acompañamiento psicológico con perspectiva de género y el patrocinio legal gratuito, una vivienda para las víctimas que la necesiten y un subsidio económico equivalente a la canasta básica.

Desde Isadora, exigimos que se declare la emergencia en violencia de género con presupuesto para garantizarla y ese dinero debe salir de un impuesto especial a las grandes fortunas, de la quita del subsidio a la Iglesia católica y del no pago la deuda externa. Por estos reclamos te invitamos a que participes de las diferentes acciones que haremos con Isadora el próximo 3J para que se cumpla el #NiUnaMenos.

A partir del 2015, con el movimiento del #NiUnaMenos, los gobiernos -producto de la presión de la ola feminista- se vieron obligados a intensificar la creación de espacios específicos para erradicar la violencia de género y sostenemos que esto es un gran triunfo de la lucha de las mujeres y disidencias. Sin embargo, las partidas presupuestarias son de miseria, por lo cual las condiciones de quienes trabajamos en estas áreas son de extrema precarización

Las mujeres somos explotadas y oprimidas, ocupamos los puestos de trabajo más precarizados, percibiendo salarios -en promedio- un 29% menor que los varones. Somos en su mayoría mujeres quienes ocupamos los puestos de trabajo de protección y cuidado, y dentro del personal doméstico; como así también en la atención de mujeres en situación de violencia, dentro de los ministerios, secretarías y áreas específicas, trabajando para los distintos gobiernos (nacional, provinciales y municipales) de manera precarizada y sin derechos laborales.

Así lo muestran las trabajadoras despedidas del Área de Fortalecimiento Familiar en Tigre y las despedidas del Programa “Córdoba con Ellas” del Ministerio de la Mujer de Córdoba, entre otras tantas. Despidos que se producen en medio de la pandemia, y de la mano de distintos gobiernos, en detrimento del decreto que los prohíbe. También se refleja en las trabajadoras precarizadas de la línea nacional 144, y en los diferentes espacios que atienden a las mujeres en situaciones de violencia, con diversas modalidades de contratación, sin percibir derechos básicos y con salarios de pobreza. Somos nosotras las que ponemos todos los días el cuerpo para frenar las violencias, presentándonos en los barrios para entrevistar a mujeres y agresores, poniendo muchas veces nuestra vida en riesgo.

El pasado 25 de mayo, el presidente Fernández tuiteó: “A los trabajadores y las trabajadoras esenciales, mi gratitud, mi respeto y mi admiración”. Denunciamos este doble discurso, porque la gratitud, respeto y admiración no se refleja ni en los sueldos, ni en las condiciones laborales, ni mucho menos en los despidos que sufrimos. Los mismos gobiernos que crean “Ministerios para las Mujeres”, violentan a sus trabajadoras, con amenazas, precarización y despidos. Se jactan de erradicar la violencia, reproduciendo la violencia laboral e institucional.

Las mujeres trabajadoras nos organizamos y luchamos

Las trabajadoras estamos hartas de las conducciones sindicales que siguen pactando con el gobierno a nuestras espaldas, que nos desconoce como trabajadoras del estado por no estar en planta permanente. La misma burocracia que se niega a parar en las jornadas del 8 de marzo. Las trabajadoras continuamos luchando, porque no estamos dispuestas a pagar la crisis. Las mujeres ya conocemos que la única forma de conquistar nuestros derechos es en las calles y luchando, y fue así como logramos la reincorporación de despedidas de diversos organismos dependientes del  estado. Es por eso que apostamos a un sindicalismo de base, antiburocrático, de lucha y combativo.

Por todo esto desde Isadora exigimos que los gobiernos de modo inmediato tomen medidas concretas: Que creen un fondo de emergencia nacional sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa; y que ese dinero se destine a todas las necesidades urgentes. Exigimos la Emergencia en Violencia de Género y con presupuesto real para erradicar la violencia machista y para que las trabajadoras de esta área pasen a planta permanente, con salarios iguales a la canasta familiar. Te invitamos a que seas parte de nuestra agrupación, para que podamos seguir organizadas por todos nuestros derechos.

Es parte de nuestro día a día  la lucha en las calles y la exigencia a la justicia para que se  condene a quienes violentan y arrebatan la vida de mujeres e identidades disidentes, mientras la justicia nuevamente demuestra su carácter machista, patriarcal, de menosprecio hacia las víctimas, y  que sólo actúa cuando existe la presión del movimiento feminista. Rechazamos  las libertades condicionales a violentos, femicidas, abusadores  y violadores.

Sobre finales de abril como respuesta a distintos reclamos en unidades penitenciarias en grave situación sanitaria y de superpoblación, el gobierno “sugirió” que se otorguen prisiones domiciliarias para descomprimir las cárceles. Denunciamos este doble discurso, ya que producto del desfinanciamiento de décadas por parte de distintos gobiernos hoy el 60% de la población carcelaria se encuentra sin sentencia firme, una población compuesta en el 90%  por detenidos por atentar contra la propiedad privada o narcomenudeo, donde  también se encuentran mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos de la sociedad, en algunos casos con sus hijes.

Pero también existen otros detenidos como violadores, femicidas, genocidas y poderosos corruptos de guantes blancos; estos últimos gozando de privilegios y aprovechando cuanta oportunidad tienen para ser beneficiados, con el aval y complicidad de jueces, como lo demuestra el reciente caso del partero de la ESMA, Carlos Capdevila o el represor Lucio Nast en la provincia de Santa Fe.

Rechazamos que intenten dar  marcha atrás con las conquistas de nuestras luchas utilizando la pandemia como excusa. 

Hay decenas de casos donde distintos Juzgados del país le otorgan el beneficio de la prisión domiciliaria a violentos, femicidas y violadores, y otra decena que “están estudiando”, como el Juzgado N°2 de Morón, desde donde se intenta liberar a Gabriel Ireneo Lopez Rodriguez condenado a 18 años por abuso de menores. Por eso decimos con claridad: ¡Ni estudio de los casos, ni prisión domiciliaria para estos sectores! Quienes en las calles conseguimos sus condenas repudiamos que reciban prisión domiciliaria.

Es responsabilidad de los gobiernos y la justicia proveer al sistema penitenciario de los insumos de higiene y bioseguridad necesarios,  la aplicación de los protocolos que rigen y dar una solución a esta problemática; pero en ningún caso los jueces deben permitir que los femicidas, violentos, abusadores y violadores gocen del beneficio de la prisión domiciliaria; con ésto sólo facilitan la reincidencia y ponen en peligro la vida de las mujeres e identidades disidentes.

Plata hay. Por eso exigimos al gobierno que se declare la Emergencia Nacional en Violencia de Género con presupuesto ya, en base a un impuesto a las grandes fortunas, multinacionales y empresarios, y el NO pago de la deuda externa. Para que la crisis que desató y agudizó la pandemia la paguen los capitalistas, y NO las mujeres e identidades disidentes.

El 3 de junio de 2015 marcó un hito en la historia del movimiento de mujeres de nuestro país. Aquel miércoles, frente al Congreso Nacional, fuimos centenares de miles de personas, la mayoría mujeres, quienes nos manifestamos con un simple pedido: paren de matarnos. Así surgió el grito común #NiUnaMenos que recorrió el mundo entero y puso en el centro de la escena la lucha contra la violencia de género. Desde entonces hemos logrado que, por ejemplo, lo que antes llamaban “crímenes pasionales” ahora se conozcan como femicidios. Aunque, aún hoy, nos genera asombro que en los medios no se habló de femicidio en el caso del odontólogo Barreda, que mató a cuatro mujeres, y hasta hacían chistes de mal gusto sobre que la víctima era el asesino.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista / FIT Unidad

Pasaron cinco años desde aquella movilización, que quedará marcada en nuestra memoria para siempre. El detonante fue el femicidio de Chiara Pérez, una adolescente de la localidad de Rufino asesinada por su novio, quien la enterró en el patio trasero de la casa de su abuelo. Conmovida, la periodista Marcela Ojeda escribió el 11 de mayo en su cuenta de Twitter: “¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”. La retuiteó Florencia Etcheves y, con una decena de mujeres periodistas, organizaron la convocatoria frente al Congreso para el 3J. En el documento, que fue leído por Maitena, Érica Rivas y Juan Minujín, se sintetizaron los principales reclamos, entre los que se encontraba la exigencia de un presupuesto acorde para la ley 26.485, de erradicación de la violencia hacia las mujeres, que había sido sancionada en 2009. 

El registro de femicidios en 2015 era de uno cada treinta horas. Lamentablemente, las cifras al 2020 no son nada alentadoras. Según el observatorio “Ahora que sí nos ven”, hasta el 30 de abril se registraron 117 femicidios, uno cada veintiséis horas. Cinco años después, nuestras demandas siguen siendo las mismas porque del presupuesto nacional se destinan solo 11 pesos por mujer por año para combatir la violencia de género, una miseria. Presupuesto que viene de la era Macri y que mantiene Alberto Fernández que, aunque haya creado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, nunca lo aumentó. 

Por eso, desde Isadora, junto con otras organizaciones de mujeres y feministas, estamos convocando a que el próximo miércoles 3 de junio, al cumplirse un nuevo aniversario del #NiUnaMenos, salgamos a las calles (con todos los cuidados necesarios) para gritar nuevamente que paren de matarnos porque la violencia de género y los femicidios no entraron en cuarentena, sino que, al contrario, aumentaron con el encierro.

Presupuesto para combatir la violencia de género, no para la deuda

Mientras el gobierno de Alberto Fernández renegocia la deuda externa y paga de contado a los bonistas 320 millones de dólares en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta confirmó que hubo un aumento de 40% de las denuncias por violencia de género y que todos los delitos bajaron, menos los femicidios, durante la cuarentena. Un informe estadístico del Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro señaló que entre el 20 de marzo y el 14 de mayo de este año se habían contabilizado 49 casos de femicidios. Frente a esta realidad no hubo, por ejemplo, un aumento de 40% del presupuesto para la línea 144, que atiende esas denuncias. Ni tampoco hubo una política de evitarlos separando, por ejemplo, al agresor, ya que en la mayoría de los casos las víctimas habían hecho denuncias previas. 

Contar con el presupuesto acorde para atender a esta problemática es fundamental, no solo para construir más refugios y acondicionar los que ya existen, sino también para garantizar una política integral de atención a las víctimas. Por ejemplo, el acompañamiento psicológico con perspectiva de género y el patrocinio legal gratuito, una vivienda para las víctimas que la necesiten y un subsidio económico sobre la base de la canasta básica. Estas medidas urgentes son necesarias para acompañar a quienes sufren violencia de género y ayudarlas a salir de esta traumática situación. El gobierno nacional debe declarar la emergencia en violencia de género con un presupuesto que la respalde. Ese dinero debe salir de un impuesto especial a las grandes fortunas, de la quita de subsidios a la Iglesia Católica y el no pago de la deuda externa. Por estos reclamos te invitamos a que participes de las diferentes acciones que haremos con Isadora el próximo 3J para que se cumpla el #NiUnaMenos.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Con la pandemia se complica aún más el problema de las mujeres que están obligadas a abortar en la clandestinidad. Un reciente informe de la ONU, titulado “Millones de mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia de coronavirus”, alerta sobre esta problemática a nivel mundial, en la que por falta de acceso a métodos anticonceptivos habrá unos siete millones de embarazos no deseados en los próximos meses. En la misma investigación (con una proyección de seis meses de confinamiento) analizan que serán unas 47 millones de mujeres quienes no accederán a los anticonceptivos y, a la vez, por el aumento de la violencia de género, habrá unos 31 millones de abusos adicionales. Es urgente que se tomen medidas al respecto para así evitar esta otra cara de la pandemia.

La lucha por acceder a los métodos anticonceptivos, a la educación sexual y por el derecho al aborto es una pelea constante que desde el feminismo venimos dando contra los gobiernos y las iglesias. Es más, algunos gobernantes se aprovechan de la pandemia para intentar avanzar en la restricción de lo ya conquistado, como sucedió en Polonia hace unas semanas. Allí, por iniciativa de legisladores ultraconservadores en el Parlamento, intentan restringir el aborto y penalizar a quienes promuevan la educación sexual a niños, niñas y adolescentes. Por supuesto que las polacas están en estado de alerta y no van a permitir semejante atropello. 

Recordemos que en nuestro país el aborto voluntario sigue siendo ilegal y los abortos por las causales que existen desde 1921 son de difícil cumplimiento por las trabas de las iglesias y demás sectores antiderechos. En este contexto, las personas con posibilidad de gestar que no quieren continuar con un embarazo durante la cuarentena tienen mayores dificultades para acceder a un aborto. 

Quince años de lucha por el aborto legal

El 28 de mayo es una fecha clave en el calendario feminista porque es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y, hace quince años, se lanzaba en nuestro país la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dos años después, en 2007, se presentaba en el Congreso el primer proyecto de ley para legalizar el aborto voluntario, que fue cajoneado sistemáticamente hasta 2018, cuando se logró que se abriera el debate. Sin embargo, fueron legisladorxs del PJ, la UCR, kirchneristas y de Cambiemos quienes en alianza con las iglesias votaron en contra, negando un derecho elemental para decidir sobre nuestro futuro.

Como no bajamos los brazos y seguimos dando la pelea, el año pasado, por octava vez, volvimos a presentar el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) elaborado por la Campaña. Este es nuestro proyecto, el que fue discutido con las organizaciones feministas y que recupera el debate parlamentario de 2018, el de la #MareaVerde que conquistó las calles y ganó la despenalización social. Este proyecto tiene actualmente estado parlamentario y cuenta con las firmas de legisladorxs de todos los bloques políticos. Sin embargo, Alberto Fernández decidió impulsar otro proyecto –no el de la Campaña– que lo viene anunciando desde el 1° de marzo, pero al día de hoy seguimos sin conocer su redacción. Desde Isadora e Izquierda Socialista insistimos en que el aborto debe ser ley y para eso debe aprobarse inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.