Escribe Noelia Agüero, diputada cordobesa electa por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Hace meses, en Córdoba venimos dando una incansable lucha acompañando a la familia y amigxs de Nora, nombre ficticio para resguardar la privacidad de una joven que durante meses fue víctima de una red de trata. El gobierno de Juan Schiaretti no solo es responsable, sino que una vez más se encuentra directamente involucrado ya que Nora fue coaccionada, manipulada y violentada por Eduardo Garzuzi, miembro del Poder Judicial de nuestra provincia y uno de los principales acusados de captación para redes de trata con fines de explotación sexual. Este hombre la obligaba a concurrir a fiestas, donde debía tener relaciones con sus amigos y la sometía al consumo de drogas, ambiente del cual estaba intentando alejarse asistiendo a rehabilitación.

Fue el mismo 3 de junio, icónico día en el calendario feminista, de este año, en que la familia de Nora realizó una denuncia por trata de persona en la justicia federal. Sin embargo, una vez más la Justicia cómplice de estas redes no siguió los procedimientos indicados en los allanamientos, cometiendo incontables irregularidades, perdiendo pruebas clave para la investigación. A partir de este momento, la familia y amigxs de Nora se apoyaron en el movimiento de mujeres, participando activamente en las asambleas del Ni Una Menos, confiando en que para obtener respuestas la única salida es la lucha y la movilización. Es así que a pocas semanas de comenzar nuestra lucha, conseguimos que Nora se encuentre resguardada en una institución donde realiza su rehabilitación.

No obstante, la lucha no terminó aquí. Aún exigíamos que el tratante fuese detenido, por lo cual, una vez más estuvimos en las calles al grito de ¡cárcel para Garzuzi! Es así que el pasado 26 de agosto se consiguió que la fiscalía y el juzgado a cargo hicieran lugar al pedido de detención con prisión preventiva. Además, junto con esto se logró que la familia sea aceptada como querellante, ya que, recordemos, en un principio no la admitieron por no existir imputación alguna. Un gran triunfo del movimiento feminista.

El poder de las redes de trata

La trata de personas es uno de los negocios ilegales más rentables a nivel mundial, junto con el narcotráfico y la venta de armas. Negociado que se sostiene gracias a la enorme complicidad y connivencia entre la Justicia, la policía, los funcionarios públicos y las redes de narcotráfico, siendo uno de los delitos con menor cantidad de arrestos y denuncias y generando aún más miedo a las familias y las víctimas.

A partir de las grandes movilizaciones por el caso de Marita Verón, en 2012 se sancionó la ley 26.842, de trata de personas, a partir de la cual fueron rescatadas miles de mujeres, recibiendo cientos de llamadas diarias a la línea 145. Sin embargo, detrás de estos números se esconde que ninguna red de trata fue desmantelada. Así como también es vergonzoso el presupuesto destinado para combatir las violencias y la trata. Sin embargo, el caso de Nora nos permite dar cuenta de la posibilidad de revertir esta situación mediante la organización y la movilización en las calles.

Pero aquí no termina esta lucha, no nos detendremos hasta conseguir la prisión efectiva de Garzuzi, así como de los otros acusados, entre ellos otro miembro del Poder Judicial y un funcionario público del gobierno local. Pero además seguiremos, para que este hecho no sea considerado como algo individual, sino como un delito de trata, con todo lo que esto implica. Continuaremos organizadxs por las compañeras que tenemos que cuidar y por las que desaparecieron y deben aparecer con vida. Desde Isadora seguimos exigiendo el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición inmediata de todas sus víctimas, junto con el presupuesto para combatir la violencia de género, que se podría obtener dejando de pagar la deuda. ¡Protección urgente para Nora e investigación y justicia ya!

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia de Buenos Aires (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cristina Vázquez tenía 38 años, de los cuales once los pasó tras las rejas, encerrada por un crimen que no cometió. Sin pruebas, la Justicia misionera la condenó a ella, a su amiga, Cecilia Rojas, por el asesinato de una jubilada. En un juicio sin el debido proceso, cargado de irregularidades y hasta con torturas para que “confesara” un delito que no había cometido, en 2010 la condenaron a cadena perpetua basándose en prejuicios y alegando que su estilo de vida daba con el perfil de asesina. Cristina fue condenada por mujer y pobre. Pero con la lucha incansable de su familia, de las organizaciones de derechos humanos y con el ascenso del movimiento feminista, se logró en diciembre del año pasado la absolución para ambas.

Libre, sin ningún tipo de acompañamiento estatal, Cristina estaba totalmente desamparada. Sin apoyo psicológico, con precariedad laboral y con su juventud robada, luego de ocho meses de haber sido absuelta, apareció muerta en la habitación que alquilaba en el barrio El Palomar de la ciudad de Posadas. Según su círculo más íntimo, ella estaba muy preocupada por su estabilidad económica. Ningún organismo estatal, ni los funcionarios de gobierno, ni los jueces que la condenaron sin pruebas, fueron capaces de pedir disculpas por el “error” cometido, ni tampoco le ofrecieron alguna reparación económica, ni una atención integral, ni a ella ni a su familia.

María Ovando, otra víctima de la Justicia misionera, estuvo un año y medio presa acusada de “no impedir” la muerte de su hija de 3 años por desnutrición. La saña con la que la acusaron en 2012 a María fue escandalosa. Ella, analfabeta, abandonada, entregada a un hombre a los 13 años y con doce hijos, víctima de una pobreza extrema, cuando se conoció su historia y por la fuerza de la movilización feminista se logró que la absolvieran. Sin embargo, María irá nuevamente a juicio en septiembre, ahora se la acusa de “no impedir” los abusos contra una de sus hijas y su nieta. Desde que recuperó su libertad, María fue monitoreada sistemáticamente por el Estado que “evaluaba” la relación con sus hijxs y nietxs y desarraigada sin una ayuda integral.

La Justicia es clasista, patriarcal y misógina

Hace unas semanas se estrenó la película Crímenes de familia, basada en hechos reales. En el filme se puede ver cómo la Justicia actúa en dos juicios distintos que involucran a una misma familia adinerada de la ciudad de Buenos Aires. En uno, el acusado es el hijo y enfrenta un juicio por violencia de género y violación. En el otro caso, quien está en el banquillo de los acusados es la empleada doméstica de esa misma familia, quien sin saber que estaba embarazada, da a luz en el baño de servicio de la casa y el bebé nace sin vida. A él, niño rico, a pesar de ser culpable lo absuelven porque logran borrar las pruebas coimeando a funcionarios. A ella, mujer pobre y analfabeta, a pesar de ser inocente, la condenan a prisión.

Lo que se puede ver con claridad es que la Justicia actúa siempre de la misma manera. Mientras los poderosos ricos se manejan con total impunidad, son los sectores más vulnerables y pobres -entre quienes se encuentran las mujeres- quienes se llevan las penas. De ahí el dicho de que las cárceles están llenas de ladrones de gallinas, mientras que los ladrones de guante blanco están libres. Algunos datos lo demuestran: siete de cada diez mujeres privadas de la libertad se encuentran sin condena firme, un porcentaje superior al de los hombres en la misma situación. Según lo advirtió un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) enviado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicado en el diario Perfil el 23/10/18, la gran mayoría de ellas se encuentra detenida por delitos no violentos, ya sea transporte, comercialización o tenencia simple de droga y, en segundo término, por hurto o tentativa de hurto.

Nos queda por agregar que el carácter patriarcal de la Justicia también se ve cuando se le llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. También al mirar para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad bajo la venia de funcionarios, jueces, policías y proxenetas. Por todo esto, insistimos en que se deben destinar recursos suficientes para capacitar y formar con perspectiva de género a todos los funcionarios de la Justicia. Pero, a la vez, también deben ser sancionados y castigados todos aquellos jueces y fiscales que son responsables de las condenas por “error”, como se demostró en el caso de Cristina Vázquez. Esto en el marco más general que proponemos desde la izquierda para que haya cambios inmediatos dentro de la Justicia, como que los jueces y fiscales sean elegidos por el voto popular, que no tengan esos sueldos millonarios y que los cargos sean revocables.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La periodista de C5N Mariela Fernández contó en el programa que conduce junto a Claudio Rígoli que durante su infancia había sido víctima de abuso. Rápidamente, en las redes sociales se vieron mensajes de acompañamiento y aliento a la periodista, quien relató lo que había sufrido siendo niña y que luego de años pudo poner en palabras. Ella dijo: “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí a mí me corren de ese lugar”. Y agregó: “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo, cuando se callaba porque daba vergüenza”.

El relato de la periodista conmovió a muchas personas. Incluso se puede ver en él algo que es similar a otros y es que, luego de años de sufrir en silencio, se logra poner en palabras situaciones de abuso sexual sufridas durante la infancia o la adolescencia. Sin dudas, hay un trabajo individual y personal necesario para poder contarlo y sobre todo en un programa de TV, pero más allá de ese valioso proceso interno lo que es muy importante de destacar es el acompañamiento que hoy existe dentro del movimiento feminista y que pegó un salto en los últimos años al calor de las movilizaciones y luchas contra la violencia de género. Esto es lo que permite que muchas víctimas de abuso puedan dejar de verse como culpables y poder contar ese “secreto” guardado muchas veces bajo la amenaza del abusador. Algo que quizás era impensable años atrás, por vergüenza o por miedo, hoy empieza a ser escuchado y acompañado socialmente.  

La Justicia patriarcal garantiza la impunidad

El abuso sexual hacia las infancias y adolescencias tiene números escalofriantes. Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, se estima que por la complejidad del fenómeno, solo el 10% de los casos son denunciados y solo entre el 1% y el 2% de los casos denunciados recibe condena.

El grado de impunidad en este tipo de delitos es altísimo y se debe a la desastrosa intervención de la Justicia patriarcal que vulnera los derechos de, justamente, los más vulnerables. Ejemplo de ello es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías derivadas como “memorias implantadas”, “sugestionabilidad” y “confabulación”, hipótesis que la comunidad científica no aprueba y que son utilizadas al servicio de desacreditar los testimonios de las víctimas. Por eso denunciamos el accionar de la Justicia patriarcal, que con estos métodos no escucha y revictimiza a niñas, niños y adolescentes.

Es esta misma Justicia la que llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. Es la que mira para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad. Es también la que condena a las mujeres que abortan. Y es la misma Justicia que les otorgó la domiciliaria a violadores y femicidas cuando comenzaron los primeros contagios de Covid-19 en nuestro país.

Con educación sexual se puede avanzar en la prevención

La pelea por la educación sexual lleva años, y más allá de las limitaciones que tiene la redacción actual de la ley 26.150, es una herramienta muy importante para abordar en todos los niveles educativos temas como el cuidado y el respeto del cuerpo, las distintas formas de violencia y maltratos, los estereotipos de género, entre tantos otros. A pesar de su escasa aplicación, es gracias a la lucha de las docentes que llevan la ESI a las aulas que se han logrado detectar varios casos de abusos en los que se logró intervenir. Por eso decimos que la Ley de Educación Sexual es una conquista del movimiento feminista y es una herramienta para la docencia pero, sobre todo, es un derecho para les estudiantes que debe ser garantizado sin obstáculos.

Por eso exigimos que se cumpla en todo el país y, a la vez, que sea laica, científica y con perspectiva de género. La educación sexual debe aplicarse en todos los niveles educativos acompañada por capacitaciones en servicio y gratuitas para el conjunto de la docencia. Exigimos a los gobiernos la creación de los dispositivos necesarios, con un plan de atención y abordaje para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, de acompañamiento, visitas y asistencia a las familias en estas condiciones tan graves. Para todo esto se necesita presupuesto de manera urgente y ese dinero bien podría salir del no pago de la deuda externa.     

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Por estos días se empieza a cobrar la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos que reciben casi nueve millones de personas, solo la mitad de quienes lo solicitaron. Con este tercer pago, que se estaría concretando a seis meses del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), quienes solicitaron el IFE estarían recibiendo alrededor de 160 pesos diarios para sostener a toda una familia. Un monto totalmente insuficiente.

La mayoría de los que recibieron el IFE son mujeres (55,7%) y jóvenes (61,5%) que tienen entre 18 y 34 años. Este desglose por género y edad permite ver quiénes son las más afectadas por la crisis social, que se suma a la sanitaria, provocada por la pandemia mundial. Somos las mujeres las más precarizadas y quienes soportamos los trabajos peor pagados. La brecha salarial en los empleos registrados es de 29% y se amplía cuando se trata de trabajo informal, llegando a 38%, según los datos oficiales de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, a cargo de Mercedes D’Alessandro. Por supuesto que esta discriminación que sufrimos en el mercado laboral no comenzó con la pandemia, pero sí por la falta de políticas públicas se está profundizando y, con ella, la precarización de nuestras vidas.

Además, la violencia de género aumentó durante el encierro y los femicidios no cesan. En los últimos ocho días hubo cuatro femicidios que se sumaron a la larga lista de mujeres, travestis y trans que fueron asesinadas por odio a su género. Pese a estos datos, el gobierno sigue sin dar respuestas que terminen con este otro flagelo durante la pandemia. 

Las trabajadoras de casas particulares, las más castigadas por la pandemia

De quienes limpian las casas, cocinan y se encargan del cuidado de niñas, niños y adultos mayores, el 98% son mujeres y solo están registradas el 30 por ciento. Es decir que la mayoría trabaja en negro, sin recibir aportes para la jubilación, sin obra social ni aguinaldo, entre otros derechos negados. Son ellas quienes están expuestas a todo tipo de maltratos y atropellos, que se profundizaron con el comienzo de la pandemia. En los primeros días del aislamiento se conoció el caso del empresario tandilense que transportó en el baúl de su auto a la empleada doméstica, y casi cien días después, la modelo y conductora de TV Nicole Neumann denigraba en los medios a la señora que trabaja en su casa por contraer coronavirus. Se hizo viral que Nicole Neuman la obligó a irse a un centro de aislamiento, a pesar de que a ella también le dio positivo el hisopado.

En lo que va de la cuarentena casi 21.000 trabajadoras de casas particulares perdieron el empleo. Según los datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el primer cuatrimestre de 2020 “el personal doméstico declarado por los empleadores sufrió una reducción de 20.700 puestos de trabajo, pasando de 497.700 a 477.000”. Aquí están las nuevas desocupadas, mujeres y jóvenes, que se suman a las filas de quienes tendrán que asistir a comedores para alimentarse, o quienes serán desalojadas de sus casas por no poder pagar el alquiler.

Plata hay, pero se la llevan afuera

Que paradójico resulta ver que, durante la negociación con los bonistas que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo, y entre la primera oferta y la que se terminó firmando se le reconocieron 16.500 millones de dólares más a los acreedores. Un cálculo rápido: les regalaron a los bonistas catorce meses de pago del IFE. Después nos quieren convencer de que no se puede aumentar el IFE, o establecer alguna otra política pública para ayudar a quienes más lo necesitan.

Es urgente que se destinen todos los fondos necesarios para enfrentar la crisis social y sanitaria. Para ello, además de dejar de pagar la deuda, hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas y riquezas como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad presentado en el Congreso.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos años del rechazo del Senado a la interrupción legal del embarazo, seguimos exigiendo que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el gobierno no presentará este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y postergará su tratamiento para 2021 con la excusa del Covid-19. “Si no hubiéramos tenido la pandemia se iba a debatir este año”, explicó el funcionario al diario Perfil en una nota del 11 de agosto. El día anterior, Infobae tituló “Los motivos por los cuales el presidente no enviará el proyecto de ley de aborto legal al Congreso este año” y en esa nota, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sostuvo: “Estamos con 7.500 contagios por día, no podemos plantear ahora el debate del aborto y ponerle más presión al sistema de salud”. Estas declaraciones se suman a las del presidente, quien ya había expresado que tenía otras urgencias.

No es cierto lo que dicen lxs funcionarixs, que si se legaliza el aborto se presiona aún más al sistema de salud. Es al revés de lo que dice Vilma Ibarra, porque la presión sobre el sistema de salud se está produciendo ahora por la clandestinidad, ya que son las complicaciones de los abortos inseguros las que ocupan unas 53.000 camas al año. Están ocultando que existen tratamientos ambulatorios con medicamentos para interrumpir los embarazos que no requieren de la ocupación de camas. Si el aborto fuera legal se podrían hacer los acompañamientos y las consultas en las áreas de ginecología u obstetricia sin ningún tipo de dificultad.

Ya está todo discutido

En la nota de Infobae se explica que la razón por la que acordaron postergar el debate es porque el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, están solo dedicados a la pandemia y no podrían sumarse al debate del aborto en este contexto. Pero recordemos que en 2018 hubo más de setecientos expositores en el Congreso, entre los que participó el actual ministro de Salud. Aquello duró meses, fue seguido por miles cada martes y jueves por las redes y medios de comunicación antes de la votación final. Y ese mismo debate se ganó con multitudes en las calles, logrando la despenalización social. Luego de la media sanción en Diputados, las cúpulas eclesiásticas y los sectores antiderechos acordaron con todos los partidos patronales, es decir PRO, los radicales y los peronistas para que finalmente no salga la ley. Por lo tanto, no faltó debate sino voluntad política para terminar con la clandestinidad del aborto.

Por otro lado, no debería sorprendernos que la decisión gubernamental de no tratar la legalización del aborto se dé luego de los agradecimientos públicos que Alberto Fernández hizo al papa Francisco por su acompañamiento y apoyo al acuerdo logrado con los bonistas en el pago de la deuda externa. Denunciamos ese acuerdo miserable de entrega de nuestros recursos porque cada peso que se va al pago de la deuda no se queda en el país para mejorar el sistema de salud ni para combatir la violencia de género, que sí son urgentes.

Basta de dilatar, que se apruebe el proyecto de la campaña

Hasta el momento, el único proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene estado parlamentario es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde, este es nuestro proyecto, el que está en las calles y que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Así lo expresamos el pasado 8A con el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso, a dos años del voto negativo del Senado. En una acción callejera, unitaria y con todos con los cuidados necesarios de distanciamiento social, exigimos a lxs legisladorxs que se apruebe el proyecto de la campaña y así tener #AbortoLegal2020.