Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La periodista de C5N Mariela Fernández contó en el programa que conduce junto a Claudio Rígoli que durante su infancia había sido víctima de abuso. Rápidamente, en las redes sociales se vieron mensajes de acompañamiento y aliento a la periodista, quien relató lo que había sufrido siendo niña y que luego de años pudo poner en palabras. Ella dijo: “Yo les voy a contar que fui víctima de abuso a mis 10 años, y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza. Mi mamá no se daba cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor. Él pone en palabras lo que había visto, y ahí a mí me corren de ese lugar”. Y agregó: “En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia. Esto pasaba hace tiempo, cuando se callaba porque daba vergüenza”.

El relato de la periodista conmovió a muchas personas. Incluso se puede ver en él algo que es similar a otros y es que, luego de años de sufrir en silencio, se logra poner en palabras situaciones de abuso sexual sufridas durante la infancia o la adolescencia. Sin dudas, hay un trabajo individual y personal necesario para poder contarlo y sobre todo en un programa de TV, pero más allá de ese valioso proceso interno lo que es muy importante de destacar es el acompañamiento que hoy existe dentro del movimiento feminista y que pegó un salto en los últimos años al calor de las movilizaciones y luchas contra la violencia de género. Esto es lo que permite que muchas víctimas de abuso puedan dejar de verse como culpables y poder contar ese “secreto” guardado muchas veces bajo la amenaza del abusador. Algo que quizás era impensable años atrás, por vergüenza o por miedo, hoy empieza a ser escuchado y acompañado socialmente.  

La Justicia patriarcal garantiza la impunidad

El abuso sexual hacia las infancias y adolescencias tiene números escalofriantes. Según estimaciones de la Organización Mundial para la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada trece niños sufre abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Sin embargo, se estima que por la complejidad del fenómeno, solo el 10% de los casos son denunciados y solo entre el 1% y el 2% de los casos denunciados recibe condena.

El grado de impunidad en este tipo de delitos es altísimo y se debe a la desastrosa intervención de la Justicia patriarcal que vulnera los derechos de, justamente, los más vulnerables. Ejemplo de ello es la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental (SAP) y teorías derivadas como “memorias implantadas”, “sugestionabilidad” y “confabulación”, hipótesis que la comunidad científica no aprueba y que son utilizadas al servicio de desacreditar los testimonios de las víctimas. Por eso denunciamos el accionar de la Justicia patriarcal, que con estos métodos no escucha y revictimiza a niñas, niños y adolescentes.

Es esta misma Justicia la que llama “desahogo sexual” a una violación en grupo en Chubut. Es la que mira para otro lado cuando las pibas son desaparecidas por las redes de trata que actúan con total impunidad. Es también la que condena a las mujeres que abortan. Y es la misma Justicia que les otorgó la domiciliaria a violadores y femicidas cuando comenzaron los primeros contagios de Covid-19 en nuestro país.

Con educación sexual se puede avanzar en la prevención

La pelea por la educación sexual lleva años, y más allá de las limitaciones que tiene la redacción actual de la ley 26.150, es una herramienta muy importante para abordar en todos los niveles educativos temas como el cuidado y el respeto del cuerpo, las distintas formas de violencia y maltratos, los estereotipos de género, entre tantos otros. A pesar de su escasa aplicación, es gracias a la lucha de las docentes que llevan la ESI a las aulas que se han logrado detectar varios casos de abusos en los que se logró intervenir. Por eso decimos que la Ley de Educación Sexual es una conquista del movimiento feminista y es una herramienta para la docencia pero, sobre todo, es un derecho para les estudiantes que debe ser garantizado sin obstáculos.

Por eso exigimos que se cumpla en todo el país y, a la vez, que sea laica, científica y con perspectiva de género. La educación sexual debe aplicarse en todos los niveles educativos acompañada por capacitaciones en servicio y gratuitas para el conjunto de la docencia. Exigimos a los gobiernos la creación de los dispositivos necesarios, con un plan de atención y abordaje para niñas, niños y adolescentes en situación de vulneración de derechos, de acompañamiento, visitas y asistencia a las familias en estas condiciones tan graves. Para todo esto se necesita presupuesto de manera urgente y ese dinero bien podría salir del no pago de la deuda externa.     

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Por estos días se empieza a cobrar la tercera cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono de 10.000 pesos que reciben casi nueve millones de personas, solo la mitad de quienes lo solicitaron. Con este tercer pago, que se estaría concretando a seis meses del inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), quienes solicitaron el IFE estarían recibiendo alrededor de 160 pesos diarios para sostener a toda una familia. Un monto totalmente insuficiente.

La mayoría de los que recibieron el IFE son mujeres (55,7%) y jóvenes (61,5%) que tienen entre 18 y 34 años. Este desglose por género y edad permite ver quiénes son las más afectadas por la crisis social, que se suma a la sanitaria, provocada por la pandemia mundial. Somos las mujeres las más precarizadas y quienes soportamos los trabajos peor pagados. La brecha salarial en los empleos registrados es de 29% y se amplía cuando se trata de trabajo informal, llegando a 38%, según los datos oficiales de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, a cargo de Mercedes D’Alessandro. Por supuesto que esta discriminación que sufrimos en el mercado laboral no comenzó con la pandemia, pero sí por la falta de políticas públicas se está profundizando y, con ella, la precarización de nuestras vidas.

Además, la violencia de género aumentó durante el encierro y los femicidios no cesan. En los últimos ocho días hubo cuatro femicidios que se sumaron a la larga lista de mujeres, travestis y trans que fueron asesinadas por odio a su género. Pese a estos datos, el gobierno sigue sin dar respuestas que terminen con este otro flagelo durante la pandemia. 

Las trabajadoras de casas particulares, las más castigadas por la pandemia

De quienes limpian las casas, cocinan y se encargan del cuidado de niñas, niños y adultos mayores, el 98% son mujeres y solo están registradas el 30 por ciento. Es decir que la mayoría trabaja en negro, sin recibir aportes para la jubilación, sin obra social ni aguinaldo, entre otros derechos negados. Son ellas quienes están expuestas a todo tipo de maltratos y atropellos, que se profundizaron con el comienzo de la pandemia. En los primeros días del aislamiento se conoció el caso del empresario tandilense que transportó en el baúl de su auto a la empleada doméstica, y casi cien días después, la modelo y conductora de TV Nicole Neumann denigraba en los medios a la señora que trabaja en su casa por contraer coronavirus. Se hizo viral que Nicole Neuman la obligó a irse a un centro de aislamiento, a pesar de que a ella también le dio positivo el hisopado.

En lo que va de la cuarentena casi 21.000 trabajadoras de casas particulares perdieron el empleo. Según los datos del Informe de la Situación y Evolución del Trabajo Registrado, elaborado por el Ministerio de Trabajo, en el primer cuatrimestre de 2020 “el personal doméstico declarado por los empleadores sufrió una reducción de 20.700 puestos de trabajo, pasando de 497.700 a 477.000”. Aquí están las nuevas desocupadas, mujeres y jóvenes, que se suman a las filas de quienes tendrán que asistir a comedores para alimentarse, o quienes serán desalojadas de sus casas por no poder pagar el alquiler.

Plata hay, pero se la llevan afuera

Que paradójico resulta ver que, durante la negociación con los bonistas que se extendió por cuatro meses, el gobierno de Fernández fue cediendo, y entre la primera oferta y la que se terminó firmando se le reconocieron 16.500 millones de dólares más a los acreedores. Un cálculo rápido: les regalaron a los bonistas catorce meses de pago del IFE. Después nos quieren convencer de que no se puede aumentar el IFE, o establecer alguna otra política pública para ayudar a quienes más lo necesitan.

Es urgente que se destinen todos los fondos necesarios para enfrentar la crisis social y sanitaria. Para ello, además de dejar de pagar la deuda, hay que imponer un impuesto a las grandes fortunas y riquezas como propone el proyecto de ley del Frente de Izquierda Unidad presentado en el Congreso.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

A dos años del rechazo del Senado a la interrupción legal del embarazo, seguimos exigiendo que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el gobierno no presentará este año el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y postergará su tratamiento para 2021 con la excusa del Covid-19. “Si no hubiéramos tenido la pandemia se iba a debatir este año”, explicó el funcionario al diario Perfil en una nota del 11 de agosto. El día anterior, Infobae tituló “Los motivos por los cuales el presidente no enviará el proyecto de ley de aborto legal al Congreso este año” y en esa nota, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, sostuvo: “Estamos con 7.500 contagios por día, no podemos plantear ahora el debate del aborto y ponerle más presión al sistema de salud”. Estas declaraciones se suman a las del presidente, quien ya había expresado que tenía otras urgencias.

No es cierto lo que dicen lxs funcionarixs, que si se legaliza el aborto se presiona aún más al sistema de salud. Es al revés de lo que dice Vilma Ibarra, porque la presión sobre el sistema de salud se está produciendo ahora por la clandestinidad, ya que son las complicaciones de los abortos inseguros las que ocupan unas 53.000 camas al año. Están ocultando que existen tratamientos ambulatorios con medicamentos para interrumpir los embarazos que no requieren de la ocupación de camas. Si el aborto fuera legal se podrían hacer los acompañamientos y las consultas en las áreas de ginecología u obstetricia sin ningún tipo de dificultad.

Ya está todo discutido

En la nota de Infobae se explica que la razón por la que acordaron postergar el debate es porque el ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizotti, están solo dedicados a la pandemia y no podrían sumarse al debate del aborto en este contexto. Pero recordemos que en 2018 hubo más de setecientos expositores en el Congreso, entre los que participó el actual ministro de Salud. Aquello duró meses, fue seguido por miles cada martes y jueves por las redes y medios de comunicación antes de la votación final. Y ese mismo debate se ganó con multitudes en las calles, logrando la despenalización social. Luego de la media sanción en Diputados, las cúpulas eclesiásticas y los sectores antiderechos acordaron con todos los partidos patronales, es decir PRO, los radicales y los peronistas para que finalmente no salga la ley. Por lo tanto, no faltó debate sino voluntad política para terminar con la clandestinidad del aborto.

Por otro lado, no debería sorprendernos que la decisión gubernamental de no tratar la legalización del aborto se dé luego de los agradecimientos públicos que Alberto Fernández hizo al papa Francisco por su acompañamiento y apoyo al acuerdo logrado con los bonistas en el pago de la deuda externa. Denunciamos ese acuerdo miserable de entrega de nuestros recursos porque cada peso que se va al pago de la deuda no se queda en el país para mejorar el sistema de salud ni para combatir la violencia de género, que sí son urgentes.

Basta de dilatar, que se apruebe el proyecto de la campaña

Hasta el momento, el único proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que tiene estado parlamentario es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita, hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde, este es nuestro proyecto, el que está en las calles y que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Así lo expresamos el pasado 8A con el Frente de Izquierda Unidad frente al Congreso, a dos años del voto negativo del Senado. En una acción callejera, unitaria y con todos con los cuidados necesarios de distanciamiento social, exigimos a lxs legisladorxs que se apruebe el proyecto de la campaña y así tener #AbortoLegal2020.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista en el FIT Unidad

En 2018 senadores peronistas, radicales, kirchneristas y de Cambiemos juntaron los treinta y ocho votos necesarios para impedir el derecho al aborto en nuestro país en acuerdo con las iglesias. Así, le dieron la espalda al reclamo de millones que nos encontrábamos en las calles exigiendo el fin de la clandestinidad. A dos años de aquella jornada histórica seguimos reclamando #AbortoLegalYa.

Luego de que la #MareaVerde impuso la despenalización social del aborto, ganara las calles y el debate, el gobierno, junto a los partidos patronales y las iglesias, se unieron en una cruzada contra las mujeres y disidencias para que no saliera la ley. Con la votación desfavorable, y a pesar de las lágrimas de muchas, no nos fuimos derrotadas aquella madrugada del 9 de agosto. Bajo la lluvia, levantamos una vez más nuestro pañuelo verde y nos juramos seguir peleando por nuestro derecho a decidir al grito de “va a ser ley”, y en menos de un mes y medio, el 28S, Día de Acción Global por el Derecho al Aborto, estábamos en la Plaza de Mayo cantando “aborto legal en el hospital”.  

En 2019, por octava vez, volvimos a presentar con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto el proyecto de ley. Pero esta vez los partidos patronales establecieron que, como era año electoral, no “convenía” hablar de aborto porque les “restaba” votos y decidieron que no se trate en el recinto. 

Pero por más que intenten ocultar el tema, en la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, 1.300 por día, entre 370.000 y 520.000 al año. El aborto es una realidad y un problema de salud pública. Por eso, el Frente de Izquierda Unidad es la única alianza electoral que en el Congreso y en las calles levanta la bandera del aborto legal, seguro y gratuito.

Llegamos a 2020 sin aborto legal, pero Alberto Fernández tuvo que reconocer en la asamblea legislativa del 1º de marzo que era necesario despenalizarlo y fue allí donde se comprometió a tratarlo. Él dijo que enviaría un proyecto propio y distinto del elaborado por el movimiento de mujeres nucleado en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, hasta el momento no solo no lo dio a conocer, sino que se excusa con el argumento de la pandemia. Dice que hay otras urgencias ahora y que no se tratará en el corto plazo. Parece que, para el presidente, las secuelas por abortos inseguros y la muerte de las mujeres pobres por esa causa no son algo urgente.

Que se apruebe el proyecto de la #MareaVerde

El proyecto de ley de la campaña fue elaborado por el movimiento feminista y recoge los aportes del debate parlamentario de 2018. En el texto se establece la gratuidad de la práctica y que la sola decisión de la persona gestante basta para que se le garantice la interrupción del embarazo de manera gratuita hasta la semana catorce. Este es el proyecto de la #MareaVerde y tiene estado parlamentario, es decir, que se podría votar ahora si existiera la voluntad política de hacerlo. Pero los bloques mayoritarios del Frente de Todos y de Cambiemos se niegan.

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la consideramos un espacio muy valioso de coordinación federal. Es más, por ser heterogéneo y reunir más de setecientas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, ha logrado en sus quince años mantenerse independiente de los gobiernos de turno, y ahí están su fortaleza y su potencia. Por eso, con la fuerza que hemos construido en tantos años, hoy más que nunca tenemos que mantener viva a la campaña y a la ofensiva para que se discuta nuestro proyecto. No es tiempo de tener paciencia, como pretenden las organizaciones políticas que integran el Frente de Todos. Entendemos las expectativas que hay en el proyecto de ley que presentará Alberto Fernández, pero la realidad es que nadie conoce su redacción y que el único proyecto que existe con estado parlamentario es el de la campaña, que fue elaborado por el conjunto del movimiento feminista. Ese es nuestro proyecto y debemos defenderlo frente a cualquier otro negociado a nuestras espaldas y que no contenga nuestras demandas. Tenemos que apostar a la movilización feminista independiente de los gobiernos de turno, esa es nuestra única garantía para conquistar nuestros derechos. Tal como nos lo prometimos hace dos años, cuando dijimos que el aborto va a ser ley. ¡Que se vote el proyecto de la campaña, queremos #AbortoLegal2020!

Escribe Mercedes de Mendieta, legisladora porteña electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

El jueves pasado se votó en la Legislatura porteña la adhesión al protocolo de interrupción legal de los embarazos (ILE) del Ministerio de Salud nacional. Esto es fruto de la marea verde que en todo el país exige el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Ahora reclamamos al gobierno de Fernández el aborto legal, seguro y gratuito ya.

Si bien en la Argentina desde 1921 el Código Penal establece el aborto legal por causales, que fue ratificado por el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia del año 2012, es una lucha del movimiento feminista su aplicación, ya que la mayoría de los gobiernos provinciales privilegian sus alianzas con las iglesias y obstaculizan el derecho a los abortos no punibles. Por eso, la adhesión al protocolo en la Ciudad es un avance que refleja la lucha de años del movimiento feminista por el aborto legal.

Desde la #MareaVerde de 2018, el Ministerio de Salud de la CABA, en un informe del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, ha registrado un aumento de los casos de ILE en la Ciudad. Solo en los primeros seis meses de 2019 se realizaron 3.577 abortos legales en la Ciudad, lo que representa un aumento de 47% respecto de 2018. El 15% de las que accedieron a la ILE fueron niñas y adolescentes: treinta y un niñas entre 10 y 14 años, y 514 adolescentes. Por eso, la adhesión es una importante herramienta para que los equipos de salud puedan garantizar los derechos de las mujeres frente a los intentos restrictivos de los sectores religiosos antiderechos ante casos de violación o de afección de la salud integral de las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

La pandemia del Covid-19 y el aislamiento social obligatorio han puesto una vez más al descubierto que el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no puede esperar. Para muchas mujeres y niñas los hogares no son lugares seguros, crecen los abusos sexuales y, por ende, los embarazos no deseados. Por eso, durante la cuarentena crecieron las consultas para acceder a la ILE un 536%, pasando de entre cinco y once diarias a setenta. Pero el protocolo de los abortos no punibles no alcanza. Necesitamos que se apruebe inmediatamente el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito ya.

¡Basta de dilaciones!

Fernández asumió el gobierno diciendo que presentaría en marzo su propio proyecto para legalizar el aborto, lo que generó expectativas en un sector del movimiento feminista. Desde ese momento venimos señalando que nosotras ya tenemos un proyecto, que es el de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Sin embargo, pasaron más de seis meses y todavía el proyecto que dijeron que “ya estaba listo” no fue presentado, tampoco se conoce su redacción. Es más, el propio Fernández dijo hace semanas que en el marco de la pandemia había cosas más urgentes y que estaba esperando el momento “justo” para enviarlo, mientras cientos de mujeres siguen abortando en la clandestinidad poniendo su salud en riesgo.

Próximamente se cumplirá un nuevo aniversario del #8A, día en que el reaccionario Senado, con los votos del PJ, la UCR y PRO, en alianza con las iglesias, optaron por la clandestinidad del aborto en 2018 ante millones de personas movilizadas. Por eso llamamos al movimiento feminista a seguir dando la pelea para que, de una vez por todas, se apruebe el proyecto de la Campaña y así podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Vamos por #abortolegal2020.