La joven Úrsula Bahillo fue asesinada a cuchilladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martinez, efectivo de la policía bonaerense en la localidad de Rojas. Ella era víctima de violencia de género y había radicado catorce denuncias contra Martínez. Él, se encontraba con carpeta psiquiátrica -un eufemismo para proteger a los miembros de las fuerzas represivas que cometen delitos- desde septiembre de 2020 y tenía una perimetral que no cumplió y que nadie controló.

Con mucha indignación vecinos, familiares y amigas de Úrsula reclamaron por justicia pero recibieron represión y balas de goma disparadas directamente a la cara como lo denunciaron por redes sociales.  Así actúa la maldita policía de Berni y Kicilof, reprimiendo a quienes están sufriendo por la pérdida de una amiga o hija de 18 años, mientras encubren y cuidan al femicida. Desde Isadora nos sumamos al reclamo de #JusticiaPorUrsula, exigimos cárcel a Martinez y que paguen los responsables de la represión.

Ante las cifras alarmantes de femicidios y el aumento de la violencia machista, exigimos al gobierno de Fernández que declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto acorde para combatirla en base al no pago de la deuda externa y al cese de los subsidios que recibe la iglesia católica y demás instituciones eclesiásticas. 

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada (mc) bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Luego de la reglamentación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) comenzaron a practicarse por primera vez en la historia de nuestro país los abortos voluntarios legales. Con emoción pudimos ver las primeras recetas de misoprostol autorizadas para las IVEs y por fin algo que anhelábamos: que la decisión de quienes deciden abortar sea garantizada por el Estado. Pero también aparecieron las primeras reacciones de los antiderechos, como la medida cautelar en Chaco y presentaciones similares en otras provincias. Desde Isadora, repudiamos estas maniobras de los sectores eclesiásticos y conservadores e invitamos al conjunto de las mujeres a seguir movilizadas para que la ley conquistada con la lucha se convierta en un derecho para todes.

La ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, debe ser aplicada en todo el territorio argentino. Por lo tanto, una vez sancionada la ley y reglamentada, todas las provincias tienen la obligación de implementarla. Sin embargo, en la provincia de Chaco gobernada por el peronista y “celeste” Capitanich no es así y quienes decidan interrumpir sus embarazos no podrán hacerlo (por el momento) en ese territorio, debido a una medida cautelar dictada por la jueza Marta Beatriz Aucar de Trotti, a cargo del juzgado en lo Civil y Comercial N°19 de la ciudad de Resistencia.

La jueza chaqueña, cercana al Arzobispado de Resistencia, concedió el pedido que seis reconocidos activistas locales anti ESI, anti perspectiva de género, anti derechos de la diversidad y anti derecho al aborto y así, ordenó “la suspensión de la vigencia y/o la no aplicación” de la ley en la provincia. Similar presentación hizo en la provincia de Entre Ríos, la abogada Miriam Müller, presidenta del partido NOS, que a nivel nacional se referencia con el ex candidato a presidente Juan José Gómez Centurión. Es decir que por todos los medios los antiderechos celestes buscan que la ley conquistada tras años de lucha no se cumpla.

Iglesia y Estado: asuntos separados

Las iglesias, además de impulsar este tipo de acciones judiciales también están detrás de la objeción de conciencia individual e institucional. Por eso, desde Isadora e izquierda Socialista, ya alertábamos en diciembre del año pasado que la objeción de conciencia del proyecto del ejecutivo era la puerta de entrada para que no se garantice el derecho al aborto. Por ejemplo en la provincia de Córdoba, el Hospital Privado de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola hicieron una publicación conjunta en la que saludaban a la objeción de conciencia institucional. Un verdadero escándalo no solo porque las instituciones no tienen “conciencia” sino porque además, buscan poner trabas y amedrentar a quienes decidan abortar.

Lejos de bajar el pañuelo verde de la Campaña por el derecho al aborto, debemos seguir peleando por la implementación efectiva de la ley de IVE y contra los objetores de conciencia que buscan impedir nuestros derechos conquistados con la lucha. Y junto al verde, levantaremos el pañuelo naranja de la separación de la iglesia del Estado porque las políticas públicas y los derechos conquistados no pueden estar a merced de lo que un grupo minoritario clerical y reaccionario opine sobre nuestros cuerpos, deseos y decisiones. Por eso, exigimos que el Estado deje de financiar a la iglesia católica como paso fundamental para terminar con los privilegios económicos que gozan los miembros de la curia y que son declarados enemigos de los derechos de las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binaries. 

Escribe Malena Lenta

Hace pocos días se hizo pública la noticia de la violación de una joven venezolana de 18 años en el primer día trabajo por parte de su jefe, Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años, quien es dueño de un comercio en el barrio de Once. Pero además de la traumática situación vivida por la joven, este caso destapa un clásico modus operandi tanto de quienes se aprovechan de la situación económica crítica de las mujeres como de la connivencia de la justicia patriarcal.

Garzón Martínez sabía de la necesidad de trabajo acuciante de la joven y por eso le pidió fotos y la invitó a salir como pago para aceptarla como empleada. Ante el rechazo de la joven, no dudó en drogarla, engañándola con una bebida para poder violarla. Y aunque ella logró avisarle a su familia de lo que estaban sucediendo, cuando ésta llegó al comercio ya era tarde y la violación había ocurrido.

Pero el caso de la joven venezolana no fue único. Y al salir a la luz, llovieron denuncias de mujeres que habían vivido la misma situación con Garzón Martínez, todas ellas trabajadoras desocupadas desesperadas por un empleo. Sin embargo, la justicia patriarcal, a pesar de haberlo encontrado mientras cometía el hecho, decidió dejarlo libre y darle lugar para que amenace y calumnie a la joven y su familia. Al mismo tiempo, tanto la justicia como el gobierno se desligaron totalmente de la contención de la joven, ya que no le dieron la ayuda psicológica necesaria ni tampoco le resolvieron su situación económica que sigue siendo grave.

Por ella y por todas las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual exigimos ¡Justicia! Cárcel ya al violador Garzón Martínez. Que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad deje de mirar para el costado y garantice el presupuesto para abrir programas para la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Por la plena implementación de la Ley Micaela para que no haya efectores del Estado sin perspectiva de género. Presupuesto ya para las mujeres y disidencias y no para la deuda externa y la iglesia.

Hoy el gobierno nacional, a 15 dias de la aprobación en la cámara de senadores, anuncia la promulgación de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. A partir de su publicación el aborto hasta la semana 14 será legal en todo el país. Quienes luchamos por conquistar este derecho, hoy celebramos y reafirmamos que este triunfo es producto de la luchas de décadas del movimiento feminista en argentina, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal , Seguro y Gratuito , de la marea verde que no abandonó las calles. El gobierno nacional quiere instalar que este es un triunfo del oficialismo, incluso omitiendo la participación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la promulgación de la ley, tal como lo hizo con el proyecto presentado por Alberto Fernandez.

Desde Isadora decimos que si el aborto legal se conquistó, fue por la lucha que dimos en las calles por nuestro derecho a decidir y en particular porque nunca bbajamos nuestro pañuelo verde ni confiamos en níngún gobierno, y decimos que este triunfo nos fortalece para seguir peleando por todos nuestros derechos. Y sobre todo, queremos que la marea verde se expanda por todo América Latina, como está ocurriendo en Chile y que el movimiento feminista refuerza la lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

A pesar de que la ley entra en vigencia en todo el país sin necesidad de adhesiones provinciales, sabemos que las iglesias y los sectores más conservadores de nuestro país continuaran intentando obstaculizar el acceso al aborto, amparados en las negociaciones que tuvieron con el gobierno, en concreto en los artúculos que permiten la objeción de conciencia, que obstaculiza nuestro derecho a decidir. Por eso debemos seguir organizades, y se plantea más que nunca la necesidad de la separación de las iglesias y del estado. Nuestra pelea por la aplicación de una educación sexual laica, científica y con perspectiva de género en todo el sistema educativo.

Una vez promulgada la ley el movimiento feminista tiene la tarea de garantizar presupuesto para la aplicación efectiva de la ley contra el ajuste en el sistema salud, y que lo que se destina hoy para el pago de deuda externa se utilice para garantizar el derecho al aborto y para acabar con la violencia de género y en el combate contra la pandemia.

Más fuertes por el triunfo de nuestra lucha por el aborto, la marea verde tiene la tarea de exigir la implementación efectiva del aborto legal y vamos por todos nuestros derechos. Estamos haciendo historia, y no vamos a parar hasta terminar contra toda forma de violencia de género y por todos nuestros reclamos.

Isadora, mujeres en lucha
(Izquierda Socialista + independientes)

Escribe Daniel Vera
Izquierda Socialista Córdoba
Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico

El arzobispo de La Plata, Víctor “Tucho” Fernández (originario de la Diócesis de Río IV de la provincia de Córdoba y mano derecha de Bergoglio), publicó la identidad de la denunciante por abuso sexual del cura Raúl Anatoly Sidders. Un acto  repudiable y que refleja la ira de la iglesia católica frente a la lucha feminista con la que se logró la prisión preventiva para Sidders

La publicación en cuestión data de mediados de diciembre. Fernández, que se presenta como un arzobispo "progresista", reveló la identidad de la joven abusada mediante la reproducción escaneada de un escrito que Gendarmería Nacional le envió el 14 de octubre al Arzobispado para informarle que Sidders había sido temporalmente apartado del cargo de capellán castrense del destacamento de Puerto Iguazú (Misiones).

Como dice el comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, “lejos de interpretar esta acción como inocente y descuidada y considerando el sistemático encubrimiento de la Iglesia Católica a los sacerdotes, religiosos y religiosas abusadores y vulneradores de los Derechos Humanos, entendemos esta actitud como deliberada, revictimizante y un claro ataque a la intimidad y seguridad de la víctima”.

El abuso sexual es un delito. Pero la máxima sanción que propone la Iglesia para quienes cometen esos delitos, luego de trasladarlos y protegerlos de las más diversas maneras, es “reducirlos a estado laical” (en caso de sacerdotes) o echarlos de la congregación (en caso de religiosos y religiosas). Es decir, dejar suelto al abusador. Y aún, en muchos casos, cuando la Justicia los encuentra culpables, siguen siendo sacerdotes, como en los casos de los condenados Corradi y Grassi.

Así es que entorpecer causas judiciales para defender a abusadores, difundir el machismo y la misoginia, y hasta “bendecir” sangrientas dictaduras y genocidas, o estar en contra de los derechos civiles, es el accionar propio de esta retrógrada institución religiosa.

Repudiamos al Arzobispo de La Plata, "Tucho" Fernández, por exponer a la víctima del cura abusador Sidders. Y hay que seguir el ejemplo del movimiento feminista que acaba de lograr en las calles la legalización del aborto y seguir la pelea por la separación de la Iglesia y el Estado, para limitar a esta nefasta institución en su afán de imponer sus posiciones machistas, misóginas y anti derechos al conjunto de la población.