Escribe Mercedes Trimarchi, diputada provincia Buenos Aires (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Finalmente se conoció el proyecto de ley denominado “Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto” que propone el gobierno y que venía siendo retrasado desde el 1° de marzo. El anuncio lo hace el mismo día en que se votó en la Cámara de Diputados el presupuesto 2021 al servicio de los planes de ajuste del FMI, y el aporte solidario que pagarán por única vez los empresarios más ricos del país y que nada tiene que ver con un verdadero impuesto a las grandes fortunas como propone el FIT-Unidad. 

Más allá de la fecha elegida por el presidente, lo cierto es que el anuncio venía siendo muy esperado, sobre todo porque el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto estaba al borde de caer por octava vez. Pero ahora se tratarían ambas iniciativas en las sesiones extraordinarias y tenemos que imponer con la movilización callejera que el proyecto que finalmente “gane” y se apruebe sea el de la Campaña, el que construimos con las más de setecientas organizaciones feministas y que tiene el aval de la #mareaverde. 

Son dos proyectos distintos. Estamos con el de la Campaña

Si bien el proyecto de Alberto Fernández sostiene en su artículo 4° el acceso a la IVE hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional, sigue criminalizando a quienes luego de ese período aborten por fuera de las tres causales ya establecidas en el Código Penal. Primera e importante diferencia con el proyecto de la Campaña que justamente deja explícitamente aclarado que en ningún caso se castiga o penaliza a quienes decidan interrumpir un embarazo. 

Por otro lado, en el artículo 5° del proyecto del gobierno se establece un plazo de hasta diez (10) días corridos para que se realice el aborto desde su solicitud. En cambio, en el proyecto de la Campaña el plazo máximo establecido es de cinco (5) días corridos. Esta diferencia de días no es menor ya que nuestro planteo radica en los posibles condicionantes que podría tener una persona gestante para que no ejerza su derecho. 

En el artículo 10 del proyecto del gobierno se incorpora la objeción de conciencia individual que, sin dudas, es una concesión a las iglesias que buscan obstruir nuestro derecho a decidir. Pero además, en ese artículo (ni en ningún otro) no aclara si la institución de los objetores estará obligada o no a garantizar la práctica. Alertamos que esto puede ser muy grave a la hora de la reglamentación de la ley, tal como lo vimos en protocolo ILE de la ciudad de Buenos Aires, donde Larreta acordó con los antiderechos para poner más restricciones en el acceso. 

Este acuerdo con las iglesias se refleja también en que, junto con su proyecto, el gobierno presentó el proyecto de ley de “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia” conocida como el plan de los 1.000 días, en el que entre otras cosas se amplían la asignación universal por hijo/a (AUH) y la asignación por embarazo. ¿Pero qué tendrán que ver las asignaciones con una decisión autónoma y el derecho a decidir interrumpir un embarazo no deseado?

No es un presidente, es la #mareaverde que no abandonó las calles

Las organizaciones de mujeres del Frente de Todos festejan y aclaman la presentación del proyecto de ley de IVE del gobierno como si fuera un gran triunfo de él mismo y esgrimen argumentos como que “Alberto nos da el aborto”, pero eso sería ningunear la lucha que dimos durante décadas y que seguimos dando las mujeres y todas las personas con posibilidad de gestar para conquistar este y cada uno de los derechos que nos faltan. Nadie puede dudar de ese potencial que tenemos cuando salimos a las calles, porque fue así como ganamos el debate y la despenalización social hace dos años. Ese es el camino que hoy tenemos que seguir y profundizar porque solo con la movilización ganaremos nuestras demandas. Desde Isadora te invitamos a que participes con nosotras este miércoles del pañuelazo frente al Congreso y que te sumes a todas las actividades que hay en el país para exigir el aborto legal, seguro y gratuito ya. Seamos miles, hagamos historia y que esta vez sí #QueSeaLey.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad.

En autos, bicicletas, motos y a pie salimos desde Plaza de Mayo hacia el Congreso. Fuimos miles las que participamos de la caravana verde el miércoles pasado en la ciudad de Buenos Aires y en las distintas actividades que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito convocó en todo el país. Fue un evento muy importante no solo por la masividad sino porque se puso en evidencia que nuestro reclamo es urgente y prioritario.

Al día siguiente de la caravana verde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tuvo que recibir a la Campaña pese a que en dos oportunidades anteriores había cancelado la reunión. Este lunes la secretaria legal y técnica de la nación, Vilma Ibarra, anunció que el ejecutivo mandaría durante noviembre su proyecto para que sea tratado durante las sesiones extraordinarias dejando en claro que el gobierno no está con el proyecto de la Campaña. Lo mismo había dicho antes la asesora  presidencial, Dora Barrancos, pero no cumplió. Barrancos había confirmado en los medios que el proyecto del gobierno se presentaba antes de que terminara octubre. Sin embargo, ese proyecto secreto, que lo vienen anunciando desde marzo, sigue sin aparecer.

Hasta el momento, más allá del amague, lo que explican las funcionarias es que la iniciativa vendría también con la ley de los 1.000 días, que consiste en el acompañamiento de la maternidad y de los primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Pero ¿Qué tiene que ver esto con la decisión de las mujeres que quieren interrumpir un embarazo? Para nosotras, nada. Evidentemente lo que hace el gobierno es jugar a dos puntas y negociar nuestros derechos con las iglesias. Por eso, el mismo día que Massa recibió a la Campaña, también se reunió horas más tarde con los antiderechos, ubicándolos en el mismo lugar que a la Campaña, como si fueran interlocutores válidos.

¡Basta de concesiones a los antiderechos, no queremos más maniobras ni dilaciones! Exigimos que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que es el único que tiene estado parlamentario y que si hubiera voluntad política se podría aprobar ahora mismo. Lamentablemente las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que están dentro de la Campaña impusieron su política de esperar y no movilizarse durante todo el año. Ahora, estamos al límite de que nuestro proyecto caiga por octava vez. No debemos permitirlo.

A las calles nuevamente hasta que sea ley

El impulso que nos dio la caravana verde debe ser el motor para convocar a una nueva movilización aún más masiva para conquistar nuestro derecho a decidir. Según las cifras oficiales, cada día hay un promedio de 106 internaciones en hospitales públicos por abortos inseguros en Argentina y siete niñas de entre 10 y 14 años violadas son obligadas a parir. Estas cifras demuestran que es urgente legalizar el aborto.

Las integrantes de Isadora no bajamos nuestro pañuelo verde y seguimos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Por eso denunciamos al gobierno que desde que asumió en diciembre del año pasado, puso toda su militancia al servicio de obturar el debate, el tratamiento y aprobación de la ley, generando expectativas en un proyecto que nadie conoce, pero que viene negociado con los antiderechos. Invitamos a todas las mujeres que luchan consecuentemente por el aborto legal a que se sumen a Isadora para dar juntas esta pelea. Vamos por el aborto legal 2020 con el proyecto de la Campaña.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El mundo mira nuevamente a las mujeres polacas que resisten en las calles y luchan por su derecho a decidir porque el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS) les quitó una de las causales con la que se practicaban casi el 97% de los abortos legales en ese país. Este era el plan de los sectores conservadores y eclesiásticos desde 2016, pero desde hace cuatro años se venía postergando por la resistencia feminista. Ahora, en plena pandemia, el Tribunal Constitucional declaró ilegal, el pasado 23 de octubre, la interrupción del embarazo cuando el feto tiene riesgo de enfermedad grave o muerte. Desde entonces, el movimiento feminista lleva semanas ocupando las calles y desde el día del fallo las protestas se han extendido desde las grandes ciudades a todo el país, llegando a setenta ciudades y pueblos. Así se fue concretando la huelga de mujeres del pasado miércoles que movilizó a unas cien mil personas en Varsovia.

Sin dudas, Polonia nos marca una vez más el camino. Por un lado, podemos ver cómo los gobiernos y los sectores conservadores buscan permanentemente arrebatarnos derechos, incluso los ya conquistados. Por el otro, cómo debemos organizarnos para resistir y defendernos de esos ataques. Así fue en 2016, cuando impulsaron el lunes negro y la huelga de mujeres, que fue incorporada en los paros internacionales de mujeres (PIM) de los 8M. 

Al igual que en Polonia, a nosotras también se nos niega el derecho a decidir. El aborto sigue siendo clandestino en nuestro país y el gobierno de Alberto Fernández, aunque había dicho que no, en la práctica y en clara alianza con los antiderechos, lo mantiene en la ilegalidad. Así se vulneran los derechos humanos de millones a quienes se les niega el derecho a la salud, a la vida y a la autonomía del propio cuerpo.

Las cifras que el gobierno esconde

En la Argentina se realizan aproximadamente 54 abortos por hora, es decir 1.300 por día. Por año se calculan entre 370.000 y 520.000. Las consecuencias de los abortos inseguros en la clandestinidad son hemorragias, infecciones, peritonitis, traumatismo de cervix, rotura uterina, lesiones varias en vagina y útero, entre otras. Sin dudas, la muerte es la consecuencia más extrema de los abortos inseguros y desde 1983 hasta 2019, donde se intercalaron gobiernos peronistas y radicales, se estima que al menos 3.200 mujeres murieron a causa de un aborto inseguro. Por otro lado, anualmente se registran alrededor de 50.000 internaciones por complicaciones de abortos inseguros en hospitales públicos. Es decir que unas 135 personas por día se internan en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto inseguro. Cifras que no se modificaron por la pandemia y, por lo tanto, se están ocupando camas en el sistema de salud que, si fuera legal el aborto, estarían libres para atender casos de Covid-19.

Por todo esto es que decimos que es urgente y es prioridad que se trate y apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que ya fue fue presentado en ocho oportunidades en el Congreso y que está a punto de perder, una vez más, estado parlamentario. No debemos permitirlo, al igual que las mujeres polacas debemos salir a las calles por nuestros derechos. La caravana verde de Plaza de Mayo al Congreso debe ser el inicio de un plan de lucha para evitar que caiga el proyecto de la Campaña y que se apruebe de inmediato. Solo así tendremos #abortolegal2020.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.), Izquierda Socialista/FIT Unidad

Estamos entrando en el último mes en el que se celebran las sesiones ordinarias del Congreso. A fin de noviembre vence el plazo para que se traten los proyectos de ley que fueron presentados en 2019. En ese conjunto está el de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que elaboró la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y que está al borde de perder estado parlamentario. Esto significa que si no se trata y aprueba en estas semanas vuelve a triunfar el aborto clandestino, con las irremediables consecuencias en la salud y la vida de las personas con posibilidad de gestar.

Cuando se inició el período de sesiones ordinarias, en marzo de este año, el presidente Alberto Fernández dijo que él iba a presentar su propio proyecto, y lo postergó tanto que al día de hoy seguimos sin conocer ese misterioso texto, que encima competirá con el de la Campaña, restándole fuerza al que elaboramos las organizaciones feministas y que tiene el aval de la marea verde. A esta altura del año no hay dudas de que todo fue una maniobra para que no se apruebe nuestro proyecto. Una total irresponsabilidad del gobierno y de lxs legisladorxs de todos los partidos patronales, que siguen burlándose de nuestro derecho a decidir y poniéndose del lado de las iglesias, enemigas declaradas de las mujeres, travestis, trans y no binaries.  

La declaración de Ginebra y el retroceso en Polonia

Recientemente, el gobierno de Brasil y el de Estados Unidos impulsaron en Naciones Unidas (ONU) una declaración contra las políticas que ese organismo internacional promueve a favor del acceso al aborto no punible. Entre otras consideraciones, el documento rechaza la afirmación de que el aborto es un derecho humano. Esta “declaración de Ginebra” no es vinculante ni tiene el rango de un tratado internacional. Solo es un pronunciamiento contra esos derechos y tampoco obliga a los gobiernos adherentes a tomar una medida al respecto, aunque sí es un claro posicionamiento político. Los países que acompañaron esta iniciativa impulsada por Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron Egipto, Hungría, Indonesia y Uganda.

En el mismo sentido, Polonia ha dado un paso más para limitar los derechos reproductivos de las mujeres. El Tribunal Constitucional, controlado por jueces afines al partido del gobierno, el ultraconservador Ley y Justicia (PiS), ha emitido un fallo en el que se considera inconstitucional la interrupción del embarazo en caso de que el feto sufra una malformación o enfermedad irreversible. Hasta la fecha, esta era una de las tres causales permitidas en la legislación polaca y representaba el 97% de los 1.110 abortos practicados de manera legal en ese país el año pasado, según datos oficiales.

Esta contraofensiva de los gobiernos, en alianza con las iglesias y sectores conservadores, no hace más que mostrar la verdadera cara de las políticas que el imperialismo pretende llevar adelante contra nuestros derechos, aprovechándose del contexto de la pandemia del Covid-19. Lo mismo hacen con la crisis económica que pretenden descargar sobre nuestras espaldas. Pero, lejos de paralizarnos, debemos aprovechar nuestra fortaleza y no dejarles pasar ninguna. Las polacas vienen impulsando desde hace días movilizaciones contra la nefasta resolución del tribunal para que caiga. Ese es el camino que debemos seguir, y desde Argentina nos sumamos a su lucha porque es la misma que damos en todo el mundo.

Basta de dilaciones, que se apruebe el proyecto de la Campaña

El ejemplo de Polonia nos sirve también para ilustrar que cualquier derecho conquistado con la movilización no es para siempre, sino que puede ser arrebatado por los gobiernos, que utilizan cualquier excusa para hacerlo. Esto implica que jamás debemos bajar la guardia, ni un segundo, cuando se trata de nuestros derechos. Legalizar el aborto en nuestro país es urgente y es ahora. Por eso es fundamental que desde la Campaña se convoque a una gran movilización, con los cuidados que la situación amerita, para imponer el derecho al aborto. Son semanas decisivas para que se trate y apruebe nuestro proyecto. Ya demostramos que el argumento que dio el gobierno, de que por la pandemia no se podía tratar el tema para no sobrecargar el sistema de salud, es una mentira. Pero además, visto el paso del tiempo, quedó demostrado que fue una maniobra dilatoria para que no se trate nuestro proyecto. No lo permitamos. Salgamos a las calles para lograr el #AbortoLegal2020.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) Izquierda Socialista/FIT Unidad

El aborto y su próximo debate en el Congreso volvió a ser noticia porque a fines de noviembre pierde estado parlamentario nuestro proyecto de ley. ¿Qué significa esto? Que una vez más, lxs legisladorxs de todos los partidos patronales (peronistas, kirchneristas, radicales y macristas) se niegan a tratar y aprobar el derecho al aborto. Desde hace quince años con la Campaña nacional por el derecho al aborto, y por octava vez, venimos presentando un mismo proyecto que dice que tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra salud y nuestra vida y que ese derecho debe ser respetado. Sin embargo, una y otra vez, lxs legisladorxs están a favor de la clandestinidad del aborto y dejan caer el proyecto.

El proyecto de Fernández: una trampa que nadie conoce

Alberto Fernández en campaña electoral dijo que estaba a favor y que iba a ser su compromiso. Luego dijo que estaba esperando el momento indicado y que tenía un proyecto propio, restándole importancia al hecho de que ya hay uno presentado y construido por el movimiento feminista. Como viene haciendo en muchos temas fundamentales para lxs trabajadorxs, se excusó diciendo que el aborto “no era la prioridad ante la pandemia”. Y mientras se jacta de “cuidar la salud de los argentinos”, en realidad en este tema garantiza el aborto clandestino, la muerte de mujeres por esta causa y las complicaciones provocadas por prácticas inseguras que terminan derivadas en los hospitales.

Ahora, frente al hecho de que se vencen los plazos legislativos para que se trate este año, a través de Dora Barrancos –que junto a Vilma Ibarra y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Goméz Alcorta, serían las tres únicas mujeres que conocen el proyecto del Ejecutivo– dijo que esta semana presentaría su proyecto, que iría acompañado con otro, el de los mil días, para supuestamente “proteger” a las embarazadas, en claro acuerdo con las iglesias reaccionarias que se oponen a nuestro derecho a decidir. Sin embargo, ningún funcionario del gobierno salió a respaldar la noticia. Es decir, seguimos en la misma. Al gobierno y a todas sus funcionarias le decimos que dejen de jugar con nuestros derechos y que dejen de ser tan hipócritas porque dicen que están a favor de la legalización, pero no están haciendo nada al respecto. O mejor dicho, sí están haciendo algo y es garantizar que cientos de miles de personas que abortan al año lo hagan clandestinamente. Y, como consecuencia, que decenas de miles lleguen con complicaciones graves de salud a los hospitales.

Es urgente que se trate y apruebe el proyecto de la Campaña

Lamentablemente, las organizaciones de mujeres del Frente de Todos que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto han logrado imponer su política de no movilizar en todo el año, dejando correr el discurso del gobierno, de que por la pandemia no se podía tratar el tema. Desde Isadora debatimos contra esa política desmovilizadora e incluso hemos sido parte junto a otras organizaciones feministas y de izquierda de una importante acción frente al Congreso el 28S, día de acción de lucha por el aborto legal en América latina y el Caribe.

Ahora, frente al alarmante hecho de que se cae nuestro proyecto en pocas semanas, consultada por Página/12, Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir y referente de la Campaña, dijo: “Vamos a tener que salir a las calles también nosotras, con cuidado. No nos queda otra”. Claro que sí, es lo que hay que hacer y es también lo que habría que haber hecho, todo el año para evitar llegar a esta situación, de que en unas pocas semanas (por los tiempos legislativos y sobre todo por la falta de voluntad política) se estaría cayendo la posibilidad de tener el #aborto2020.

La movilización es nuestro único camino, salgamos a las calles a conquistar el #aborto2020

Está claro que el gobierno no apoya el proyecto de la #MareaVerde que es el proyecto de la Campaña, el que ganó las calles en 2018. Pero lejos de lo que piensan algunas referentes feministas afines al gobierno peronista, no está todo perdido. Desde Isadora sostenemos que son semanas claves para presionar para que traten y aprueben nuestro proyecto. Si el gobierno no quiere presentar el suyo, que no lo haga. Pero las feministas sí tenemos nuestro proyecto y debemos hacer que se apruebe, antes de que caiga. Tal como lo hemos planteado todo el año, dentro de los espacios de debate de la Campaña y también en nuestras publicaciones, la única manera que tenemos de conquistar este derecho es con la movilización. Es estar en las calles, con distanciamiento y barbijos, pero siendo miles. Esa marcha se tiene que convocar ya mismo, no podemos esperar más. Estamos en la cuenta regresiva y caerá nuestro proyecto, no dejemos que eso pase. Y queremos ser claras en algo, si el proyecto cae es responsabilidad del gobierno de Fernández. Salgamos a conquistar este derecho fundamental. Es urgente, es prioridad, tiene que ser ley.