El Socialista entrevistó a Verónica, madre de una nena, una mujer con garra que decidió encarar, junto con su marido, un trabajador precarizado, la lucha por una vivienda digna.

ES–¿Cómo decidiste sumarte a la ocupación?

V–Yo llegué a la toma de Guernica cuando nos enteramos por unos vecinos y sabíamos que los terrenos, desde hace muchos años, estaban vacíos y que una parte no tenía dueño, así que cuando vimos que era mucha la gente fuimos a ver si podíamos conseguir un pedacito para nosotros. Eso fue en julio, y logramos conseguirlo en el barrio 20 de Julio.

ES–¿Fue fácil la integración con los nuevos vecinos?

V–Cuando llegamos vimos que había organizaciones apoyando. Ahí se empezaron a organizar por delegados de manzanas. Al principio, el que iba los primeros días de mucho frío y helada, y que se quedaba, era mi esposo. Yo comencé a ir cuando se pusieron los días más lindos y ya teníamos delegado de la manzana. Nos organizábamos por asamblea y cada día, en un barrio, a una de las manzanas le tocaba hacer la olla para los vecinos que no tenían para comer.

ES–¿Qué más decidían en las asambleas?

V–Tomábamos las decisiones de lo que le queríamos proponer al gobierno, o cuando se abrió la mesa de diálogo y ellos traían propuestas las planteaban y entre todos los vecinos decidíamos qué hacer. Eran asambleas por barrio, a veces una asamblea general con los cuatro barrios juntos.

ES–¿El gobierno hizo propuestas claras, como dijo después del desalojo?

V–Al principio no me quedó muy clara la propuesta del gobierno que nos comunicaban. Lo primero era solamente mercadería, y si vos tenías dónde armarte algo te proponían mandarte materiales para que edificaras. Si podías alquilar, decían que podían pagarte algunos meses. Cuando siguió la negociación reclamamos que queríamos tierra nada más. Entonces llegó la última propuesta, que era irnos a otros terrenos provisoriamente hasta que nos pudieran ubicar en lotes con servicios, pero supuestamente los tenían que organizar o comprar, no se entendía mucho. Yo me había ilusionado porque, en mi pensamiento, no era que tenía que ser sí o sí ahí donde estábamos. Lo que yo quería era tener un terreno donde hacer algo seguro para mis hijos, entonces si ellos nos proponían ir a un lugar seguro me parecía bien. En su momento me ilusionó la propuesta, pero no cerraba, era de acá a seis meses, o era supuestamente para algunas personas. Había mucha desconfianza con la propuesta del gobierno, al punto que fue así, a último momento cerraron la mesa de diálogo y llevaron adelante el desalojo.

ES–¿Cómo viviste el desalojo?

V–La represión fue excesiva. Como se había suspendido un par de veces, teníamos la esperanza de que pasara lo mismo, pero al final no fue así y pasó lo que pasó, y con muchas mentiras, porque ellos prendían fuego las casas, tiraban gas pimienta, golpeaban a la gente y después decían que eran los vecinos los que tiraron el gas, que eran los vecinos los que prendían fuego las casas, cuando no fue así. Había muchos medios a los que se les pedía que grabaran cuando prendían fuego las casas, pero los medios decían que no lo podían grabar, no sé por qué. Eran demasiados tiros, balas de goma para todos lados y tiraban gas pimienta que caía en la casa de los vecinos, gente que no tenía nada que ver.

Estuvimos tratando de resistir pero nos corrieron más de diez cuadras, y cuando la gente ya se estaba retirando nos perseguían con los camiones que tiran agua. Con la violencia con la que vinieron parecía que estaban decididos a maltratarnos, al punto que se han llevado gente detenida, lastimando a la gente. Me dolió mucho ver gente que perdía todo, ver gente que corría con los nenes y a ellos no le importó, seguían tirando gas pimienta para que la gente se aleje y había un montón de nenitos chiquitos y mujeres embarazadas, o sea que la idea de ellos no fue venir a pedir que nos retiremos pacíficamente como lo están diciendo, la verdad que me pareció algo excesivo y doloroso.

Escribe Adolfo Santos

El operativo represivo montado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para desalojar a las familias humildes de la toma de Guernica desmiente cualquier argumento de que este gobierno vino para ayudar a los más pobres y vulnerables. Hasta sectores de la prensa, que días antes venían haciendo una feroz campaña contra los supuestos “usurpadores”, quedaron conmocionados con las escenas. Mientras las topadoras derrumbaban las casillas de madera y plástico, para luego incendiarlas, cuatro mil policías avanzaban disparando balas de goma y gas lacrimógeno, apaleando y deteniendo a quienes manifestaban cualquier atisbo de resistencia. 

Berni, a la cabeza de la bonaerense, fue la cara visible de ese siniestro operativo. Pero detrás de él estaban los principales dirigentes peronistas defendiendo esa política. El gobernador Axel Kicillof había decidido acabar las negociaciones y efectuar el desalojo. Decisión reafirmada en una reunión virtual con Sergio Berni (Seguridad), Julio Alak (Justicia) y Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo). Entonces consultaron al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Todos estuvieron de acuerdo. No es casual que, un día después del desalojo, el presidente se mostró sonriente al lado de Kicillof y Berni durante la entrega de patrulleros para la bonaerense en Lomas de Zamora.

Algunos periodistas cercanos al gobierno trataron de centrar la responsabilidad en “la Justicia”, o incluso en el fiscal en particular; otros en la figura, sin duda repudiable, del “Rambo” Berni. Pero trataron de esconder lo más evidente, la responsabilidad en la propia toma de decisión de llevar adelante la represión de Alberto Fernández y Cristina. Ambos estaban plenamente informados de los pasos que se estaban tomando y fueron partícipes en la decisión. 

Los vulnerables, los pobres y los indigentes fueron pasados por arriba por las topadoras del gobierno peronista de Alberto y Cristina para defender una propiedad privada “floja de papeles”, del grupo El Bellaco, deudor del fisco y de dudoso origen. 

Fue tan brutal esa acción que dirigentes y sectores ligados al gobierno, como Víctor Hugo Morales, Luis D’Elía, Juan Grabois o el mismo PCR, tomaron distancia y la criticaron. La legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández escribió desde su Twitter “Desalojo y represión en Guernica, aparentemente ninguna otra respuesta del Estado para las 1.500 familias. La decepción y el repudio es total. Sacaron los palos con niños ahí, detuvieron a militantes secundarias, quemaron casitas de palos y nylon… me explico?”. Claro que todos trataron de salvar a Cristina Fernández como si no tuviera nada que ver. 

No aceptamos la pobreza que nos quieren imponer 

Sin dudas, el desalojo represivo de Guernica tendrá un costo político para el peronismo. La decepción de Ofelia Fernández es también la de importantes sectores que votaron este gobierno pensando que podía producir un cambio. Sin embargo, el gobierno de los “más vulnerables” gobierna para los grandes empresarios, para el FMI y los bonistas de la deuda. Como declaró Nora Cortiñas en el programa “Pasaron cosas”, por Radio Con Vos: “El gobierno les dio a los pobres un ejemplo de disciplina, tienen que seguir siendo pobres”.  Y agregó: “El gobierno le demostró a los ricos que los va a cuidar y los va a proteger de los pobres… Los ricos pueden estar tranquilos, vivir en los countries que ni siquiera sabemos si los documentos que tienen de ese terreno que usan lo pagaron y son de ellos”.

La situación a la que nos ha llevado este gobierno con sus políticas al servicio de los ricos quedó demostrada en el brutal contraste entre el spot de Berni, posando de justiciero, en defensa de la vida, la seguridad y la propiedad privada, y las imágenes de los niños y niñas pobres de Guernica jugando con los cartuchos servidos de los proyectiles disparados por la policía bonaerense entre sus casitas quemadas. Es espantoso. 

Pero no nos confundamos. No es solo Berni. Berni es hombre puesto y sostenido por Kicillof y, particularmente, por Cristina Fernández. 

Por eso desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad nos enorgullecemos de haber apoyado la toma de Guernica y su heroica lucha, porque no aceptamos la pobreza impuesta por este gobierno que, de conjunto, avaló la represión contra los más vulnerables.

Escribe Diego Martínez

Después del desalojo del campo de los Etchevehere, Juan Grabois, dirigente del MTE, escribió una carta en la que se dirigió al gobierno y su política de “ceder” ante el empresariado: “Al presidente Fernández, al gobernador Bordet, al gobernador Kicillof, a los poderes institucionales de la democracia, les pedimos que dejen de ceder ante el poder fáctico”. Estas declaraciones empalman con los planteos de sectores “progres” que sostienen que, tras el conflicto con Vicentin, los sectores más poderosos del empresariado y la “derecha” le habrían “torcido el brazo” al gobierno y estarían logrando imponer su política de ajuste y represión, contraria a la política inicial del gobierno, favorable a los trabajadores. Es el viejo planteo del “gobierno en disputa” que puede ir hacia la derecha o la izquierda según quien lo presione más, si el ala proempresarial del gobierno o los sectores “nacionales y populares”. Siguiendo esta lógica, se podría lograr con la presión desde adentro que el gobierno adopte una política a favor de los trabajadores cambiando su actual orientación.

Comprendemos que muchos compañeros tengan expectativas de que el gobierno pueda cambiar de rumbo. Algunos opinan que por la pandemia el gobierno no pudo llevar adelante su plan político y que, una vez superada, sí lo podrá hacer. Otros piensan que  la “derecha” y los empresarios no dejan gobernar, y otros tantos que la situación es mala por la “pesada herencia” que dejó el gobierno de Macri. Por supuesto compartimos con estos compañeros que el gobierno ajustador de Cambiemos dejó un país empobrecido y endeudado, pero tenemos que decir que, pese a su engañoso doble discurso, el gobierno peronista de Alberto Fernández tampoco impulsó políticas para revertir el desastre que dejó Macri para el pueblo trabajador. Fernández lleva adelante una política que prioriza a los sectores más poderosos y lo hace por iniciativa propia.

La política del gobierno parte fundamentalmente de su propia iniciativa

Más allá de que, como dice Grabois en su carta, las grandes patronales son insaciables en su afán de obtener cada vez más y más ganancias, es el propio gobierno peronista el que impulsa políticas para beneficiarlas y prioriza el pago puntilloso de la deuda externa. Esto es así desde que asumió. En plena pandemia, mientras millones veían perder sus trabajos y sus viviendas, el gobierno pagó 4.500 millones de dólares a los pulpos financieros y pactó un acuerdo de entrega con los bonistas.

Con mucha celeridad, y sin ningún gran gesto público de presión mediante, no bien comenzó la pandemia el gobierno salió a pactar con los empresarios y la burocracia sindical rebajas salariales, a avalar suspensiones, cierres y despidos. Por iniciativa del gobierno, recientemente se anunciaron grandes subsidios para aquellas empresas que se dispongan a pagar sus deudas en cómodas cuotas, mientras miles de trabajadores están asfixiados con las deudas de sus tarjetas de crédito o no llegan a pagar sus alquileres sin que nadie les dé algún beneficio para que puedan cumplir con estos compromisos.

Fue Cristina, por su propia iniciativa, la que llamó en su carta de la semana pasada al empresariado y a la oposición política patronal a llevar adelante un pacto social, léase un ajuste, de forma conjunta.

Todo esto mientras el limitado proyecto de impuesto a las grandes fortunas que presentó el gobierno sigue cajoneado hace meses y se vota un presupuesto de ajuste a pedido del FMI, en el que, entre otras cosas, no contempla la continuidad del IFE, lo cual implica que millones vayan a engrosar el ya abultado índice de pobreza y muchos otros caigan directamente en la indigencia.

Frente a la crisis, salgamos a luchar y construyamos una alternativa política de los trabajadores

Como producto de la política del gobierno de priorizar las ganancias patronales, se agravan los problemas sociales sin que el gobierno les dé respuesta, por eso crece el descontento entre los trabajadores y los sectores populares. Este desgaste se alimenta de las promesas incumplidas del gobierno. Antes de asumir, Fernández dijo que “la prioridad son los jubilados y no los banqueros”, pero la realidad es que en lo que va del año los bancos privados ganaron 474 millones de pesos por día (datos BCRA), mientras que los jubilados sufrieron un ajuste que se dio incluso antes de la pandemia y cobran por la mínima la mísera cifra de 18.000 pesos.

Son millones los que ven que lo de la “heladera llena” y “la vuelta del asadito del fin de semana” no se cumple.

Por arriba, el peronismo sigue mostrando fisuras que se expresan, entre otras cosas, en las declaraciones de Grabois que reproducimos. La más difundida es la que, según versiones periodísticas, existiría entre Cristina y Alberto. Más allá de los roces por el control de espacios de poder que existen en la heterogénea coalición peronista que gobierna, tenemos que decir que en las principales políticas que impulsó el gobierno todos están de acuerdo. Eso incluye a Grabois, que aunque no ocupa cargos en el gobierno apoya políticamente al Frente de Todos y cuenta con funcionarios y diputados que son parte de la bancada oficialista.

Aunque de forma astuta algunos dirigentes quieren hacernos creer que la política del gobierno es impuesta por “la derecha” y los empresarios, tenemos que decir que el peronismo gobierna por iniciativa propia para los principales empresarios del país y desde hace varios años, también, al servicio del imperialismo yanqui. Por eso es que decimos que, con el peronismo en el poder, lejos de solucionarse los problemas del pueblo trabajador, van a seguir agravándose.

Para resolverlos, desde nuestro partido luchamos por salario, vivienda, educación, trabajo y salud con todos los trabajadores que estén dispuestos a hacerlo más allá de sus posiciones políticas, mientras batallamos junto al Frente de Izquierda Unidad por una alternativa política que imponga los cambios necesarios para que todos los trabajadores del país vean satisfechas todas sus necesidades. A diferencia del gobierno, que dice una cosa pero hace otra, de verdad estamos convencidos y somos consecuentes con ello, de que donde hay una necesidad hay un derecho. Por eso peleamos.

Escribe José Castillo

Un coro parece haberse puesto de moda. Lo repiten los periodistas de todos los medios de comunicación, oficialistas y opositores: “Hay que respetar la propiedad privada”. Todos los políticos de los partidos patronales salieron a reafirmarlo. Se transformó en una muletilla que escuchamos de los funcionarios del gobierno del Frente de Todos, el propio presidente Alberto Fernández, Larroque, Kicillof o Berni. Y por supuesto, en la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Después de la represión en Guernica todos festejaron, se reafirmó el “principio inalienable de defensa de la propiedad privada”.

Pero lo que no se dice es que, una vez más, como siempre, lo que se defiende es la propiedad privada de los ricos, de las grandes empresas, de los terratenientes. A costa de la permanente violación de dicha propiedad para los trabajadores y demás sectores populares. ¿Acaso cuando a un trabajador se le niega un reajuste salarial ante la inflación no se le está robando?, ¿y a los jubilados? Toda una vida de aportes y ese dinero, su dinero, se traduce en haberes de miseria.

Millones de trabajadores están en negro. O tercerizados. Se les roban los aportes jubilatorios, que las patronales no depositan. Se los echa sin pagarles indemnización. No se les pagan las horas extras ni las vacaciones. ¿No es acaso eso un robo? ¿No es acaso eso ausencia de respeto a la “propiedad privada” del trabajador, a lo que éste ganó con el fruto de su propio trabajo?

Los grandes emprendimientos inmobiliarios se apropian de enormes extensiones de tierras que no les pertenecen, incluso cierran calles y las hacen “privadas”, violan todas las disposiciones. Lo hizo el Grupo Clarín en sus dos plantas y debajo de la autopista dónde se ubica TN-Canal 13, en CABA, sucede en Lago Escondido, o en Nordelta, construido ilegalmente sobre un humedal, por citar sólo algunos ejemplos.  

Fue violación a la propiedad regalar todo nuestro patrimonio nacional a cambio de “papelitos de deuda” sin valor, a las empresas privatizadas para que se dediquen a saquear nuestras riquezas. ¿No es acaso la más escandalosa falta de respeto a la propiedad privada de todo el pueblo trabajador los miles de millones de dólares que salen todos los años para pagar una deuda externa fraudulenta, ilegal, generada por la dictadura y “legalizada” y pagada por todos los gobiernos posteriores?

En décadas de ajustes se perdieron empleos, casas,  millones se fundieron, teniendo frustradas sus expectativas y las de sus hijos. Vieron esfumarse su propiedad privada, la juntada con muchos años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, en manos de los capitalistas especuladores, de los banqueros y de las grandes patronales.

Hablemos de Guernica

A las familias que se habían instalado en los terrenos ya se les venía no respetando el derecho a una vivienda digna previamente sin que a ningún gobierno pareciera importarle. Luego, en la represión, se violó incluso su escasa propiedad privada: postes de madera o metal comprados con mucho sacrificio, colchones, e incluso juguetes de los niños que fueron destruidos, quemados y aplastados por las topadoras.

¿Del otro lado quién estaba? Dueños reales, legítimos, con escrituras y papeles en regla nunca aparecieron. Finalmente, una investigación de la revista Crisis dio con quien pretendía ser el “dueño”, una empresa llamada Bellaco S.A., que había “adquirido” el terreno en tiempos de la dictadura militar. Su titular, César Emilio Pérez Pesado, era funcionario en esos años, e incluso acompañó al dictador Videla en giras al exterior. Hoy la empresa, luego del fallecimiento de Pesado, está en manos de sus sucesores que, sin embargo, hace años que no pagan los impuestos del terreno en cuestión. Esa fantasmal empresa es la que reclama por “sus” derechos de propiedad.

Qué propiedad defendemos

Desde Izquierda Socialista afirmamos que estamos por la más absoluta y estricta defensa de la propiedad de la clase trabajadora, del que vive de changas, del profesional, del artesano, del pequeño productor o comerciante. De lo que se obtiene con el esfuerzo de su propio trabajo. Más aún, queremos que prospere y se desarrolle, que mejore su situación económica para él y sus hijos. Que tenga una vivienda digna, salud y educación pública de calidad y un salario que cubra todas sus necesidades.

Para garantizar el real acceso a la propiedad privada a los que hoy están “privados de propiedad”, hay que terminar con los privilegios de los ricos, de las grandes patronales. De los que, incluso, llaman “su” propiedad privada a lo que se apropiaron violando las mismas leyes que luego exigen que se defiendan a favor de ellos. Sin duda, hay que expropiar a los que previamente expropiaron al propio pueblo trabajador. A los banqueros, para que haya banca nacionalizada y crédito para los sectores populares. A los grandes terratenientes y monopolios agroexportadores, para que el pueblo trabajador pueda acceder a la tierra. A las empresas de servicios públicos privatizados, para que haya tarifas accesibles y servicios de calidad. Terminar con los grandes especuladores inmobiliarios, para construir viviendas populares y resolver el déficit habitacional. Sí, “violar la propiedad” de los buitres de la deuda externa para garantizar la propiedad necesaria para que cada familia popular pueda, dignamente, tener una vida que merezca ser vivida. Eso, exactamente, es lo que planteamos hacer desde un gobierno de los trabajadores construyendo el socialismo.  

Escribe Claudio Funes

Las tierras en Guernica estuvieron ocupadas varios meses, en ese período la Iglesia Católica no emitió un solo comunicado a favor del pueblo sin techo.

Midiendo cuidadosamente los tiempos para conocer el desenlace y no quedar descolocada, a través de la Conferencia Episcopal Argentina, conformada entre otros por monseñor Oscar Ojea, obispo de San Isidro, y el cardenal Mario Aurelio Poli, arzobispo de Buenos Aires, por fin se animó a emitir un documento haciendo pública su postura: “La Iglesia no avala las tomas”.

Con el timing que la caracteriza, de inmediato se ubicó en sintonía con el discurso del gobierno, la oposición patronal y su prensa. La Iglesia Católica argentina, la misma que colaboró con la dictadura genocida, justificó la represión y el desalojo en defensa de la propiedad privada, algo mucho más importante que su amor por los pobres que solo querían un techo.

“Nada justifica la intrusión y la violencia a costa de la vida y los derechos de los demás”. Miente la Iglesia. El único que ejerció la violencia fue el gobierno de Kicillof con Berni y miles de policías quemando casillas. Respecto de los “derechos de los demás”, no existen títulos que avalen el dominio de esas tierras. Una vez más esta arcaica y reaccionaria institución muestra su verdadero rostro. Siempre con el César.