Escribe Gonzalo Morales, Izquierda Socialista Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk, del Frente de Todos de Escobar, junto con el gobernador Kicillof y la policía de Berni, volvieron a desalojar familias pobres. Hace más de un año, unas sesenta familias compraron terrenos y construyeron sus casas en el barrio Stone. Pero el gobierno, volviendo a tomar el tema de la vivienda como un problema “judicial”, decidió desalojarlas y darle el terreno a la empresa Nuevo Maschwitz para construir un country. Deciden priorizar los proyectos inmobiliarios antes que a las familias trabajadoras y pobres que luchan por un pedazo de tierra donde vivir. Entretanto, Sergio Berni alardea por los medios sobre su “fortaleza” para reprimir a los que menos tienen.

Mientras la crisis sanitaria y social se agrava y los números oficiales declaran 40% de pobres (casi 60% son niños), el gobierno sigue privilegiando a los grandes grupos económicos, profundizando el ajuste y la represión contra los trabajadores y los sectores populares.

Llamamos a solidarizarse con los vecinos del barrio Stone. Exigimos al intendente Sujarchuk que suspenda el desalojo y la destrucción de las casas. Hay que implementar un plan nacional de viviendas en provincias y municipios que reactive la industria de la construcción y dé trabajo a millones de desocupados con fondos que deben salir de un fuerte impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe José Castillo

Mientras la Policía de la Provincia de Buenos Aires se aprestaba a reprimir a las familias de Guernica, en medio de las denuncias de los diputados del Frente de Izquierda Unidad que recibían información de lo que estaba pasando, la Cámara de Diputados procedía a aprobar el presupuesto 2021. Con el voto del Frente de Todos y la “abstención” (todo un guiño para no oponerse) de Juntos por el Cambio.

Los dos hechos no están separados. La represión en Guernica, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo en las cadenas de noticias internacionales, fue una señal ante el establishment económico internacional de que el gobierno argentino está dispuesto a poner “mano dura” para defender la propiedad privada de los ricos y hacer pasar el ajuste.

Se aprobó un presupuesto que es una auténtica hoja de ruta del ajuste. El número más importante es la reducción del déficit fiscal, de aproximadamente 8% del PBI, con que va a terminar 2020, a 4,5 por ciento. Son 1,6 billones de pesos menos. Una reducción que no se veía desde 2002, en concreto, la desaparición de todas las partidas destinadas al coronavirus.

Las planillas que expresan esos números en este presupuesto fueron diseñadas bajo el estricto control del propio FMI en agosto, apenas el gobierno anunció que daba comienzo a la negociación con el Fondo.

Para avanzar con este pacto, la semana próxima viene una nueva misión. A diferencia de la del mes pasado, su objetivo es quedarse en el país hasta diseñar en detalle el plan de ajuste que va a exigir a cambio de correr un poco los vencimientos del préstamo de 44.000 millones de dólares (49.000 con los intereses), que en su momento se le otorgó al gobierno de Macri y que se utilizó en su totalidad para la fuga de capitales de los especuladores financieros.

Ya se anticipa por dónde vendrán las exigencias, se habla de un plan de ajuste “plurianual”. Traducido, el gobierno argentino se compromete a la citada reducción a 4,5% del déficit en 2021 y a un ajuste mayor en 2022, otro más grande aún en 2023 y así sucesivamente, en la línea del ajuste permanente. Nada nuevo, ya que es lo que siempre exigió el Fondo en los veintiún acuerdos anteriores con nuestro país. Y lo que está reclamando ahora mismo a otros países, como Ecuador o Costa Rica, donde los ajustes del FMI han desatado fuertes movilizaciones de repudio.

No hay salida con este presupuesto ni con el acuerdo con el FMI. Solo nos llevará a un mayor ajuste al servicio de garantizar los pagos de deuda externa. Volvemos a insistir, es necesario otro plan económico, obrero y popular, que resuelva de inmediato las más urgentes necesidades populares. Que priorice un aumento de salarios para que nadie gane menos que la canasta familiar (estimado por los trabajadores de ATE-Indec en 73.470 pesos), la reapertura de todas las paritarias, un ingreso mensual de emergencia para todos los que lo necesiten de 40.000 pesos, más presupuesto para atender la pandemia (infraestructura, más puestos y aumento de salarios para los trabajadores de la salud) y soluciones reales para los que no tienen dónde vivir. Y que, para tener los recursos para llevarlo adelante, suspenda inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa, rompa los pactos políticos y económicos que nos someten al FMI, establezca un auténtico impuesto a las grandes riquezas y nacionalice la banca y el comercio exterior para terminar con la especulación del dólar y la fuga de divisas. 

Escribe Claudio Funes

El gobierno de Alberto Fernández está abocado a todo un rally de reuniones con los grandes empresarios. De cada una de ellas, salen beneficios específicos para las patronales. La más importante fue este lunes, donde el ministro Guzmán tuvo un encuentro con los empresarios nucleados en la Asociación Empresaria Argentina (AEA). No faltó nadie, estuvo hasta Magnetto, de Clarín. También Paolo Rocca (Techint), Enrique Cristófaro (Banco Santander), María Luis Macchiavello (Droguería del Sud), Alfredo Coto (Supermercados Coto), Carlos Miguens (Grupo Miguens), Federico Braun (La Anónima) y Alberto Grimoldi (Grimoldi). El debate, como era de esperar, giró alrededor de las garantías del gobierno peronista de que se va a “ordenar” la economía, léase cumplir con el ajuste, cerrar el acuerdo con el FMI y promover más “competitividad”, que en el lenguaje patronal quiere decir mayor explotación de los trabajadores.

Pero, más allá de esta reunión más política general, hubo toda una serie para tratar negocios concretos. Veamos. 

El lunes 19 de octubre Alberto Fernández, en compañía del ministro de Economía, Martín Guzmán, y de Eduardo “Wado” de Pedro, almorzó con Paolo Rocca, del Grupo Techint, en tanto, el jueves 22 fue el turno de Marcos Bulgheroni, de Pan American Energy.

Las conversaciones fueron fructíferas. El gobierno les regalará más de 29.000 millones de pesos a las petroleras, entre las que también se encuentra Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, con el fin de cancelar las obligaciones pendientes con las prestadoras de servicios de distribución de gas natural por redes y los proveedores de gas natural. Una deuda que viene del macrismo y que favorece a los productores de gas por la depreciación del tipo de cambio.

En lo que hace a la ayuda que el gobierno le otorga a la gran patronal, también Máximo Kirchner, jefe de la bancada del Frente de Todos, les hizo un guiño a los empresarios productores de biocombustibles, se les prorrogará el actual marco regulatorio que contempla facilidades fiscales.

Para los grandes capitalistas, nuestros conocidos de siempre, hay dinero. La Secretaría de Energía trabaja en un principio de acuerdo con Edesur y Edenor. Sería por las deudas de consumos de barrios de emergencia acumuladas desde 2011 a la fecha. El gobierno peronista habilitaría ese dinero para pagarles a las distribuidoras.

Con Alberto Fernández el gran capital siempre saca ventajas. En la ley de presupuesto que votó la Cámara de Diputados se plantea una refinanciación de las deudas de las distribuidoras con Cammesa, la empresa mayorista del sistema eléctrico bajo control estatal. También existe la posibilidad de que haya una condonación de una parte de las deudas de las distribuidoras a cambio de “inversiones”. Una repetida excusa para darles más plata a los que nos roban con las tarifas y brindan un pésimo servicio.

En su última exposición en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete detalló que las distribuidoras le deben más de 103.000 millones  de pesos a Cammesa. Edesur, Edenor, EPE (Santa Fe) y EMSA (Misiones) deben más de 11.000 millones cada una.

Para terminar, por ahora, Martín Guzmán, ministro de Economía, acaba de lanzar el Bono del Tesoro (BOTE), atado a la evolución del dólar. Será un mayor endeudamiento externo a la tasa sideral de 18% anual en dólares, la más alta del mundo. Los economistas del establishment recomiendan a los pulpos especuladores que lo compren contra pesos para así dolarizar sus carteras y estar cubiertos ante una devaluación que las mismas multinacionales y los grandes capitalistas están exigiendo.

Como se puede apreciar plata hay, y mucha. El problema se resolvería si, en vez de destinarse a engordar los bolsillos de las patronales, o los de los acreedores de la deuda, se usara para resolver las necesidades del pueblo trabajador y los sectores populares.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Como el mago que saca de su galera conejos y palomas, el gobierno nacional volvió a extraer de su inagotable depósito de trucos una nueva maravilla. Esta vez se trata de la promesa de la vacuna rusa salvadora, un anuncio exitista para mantener al pueblo trabajador y sectores populares con la ilusión de que vamos bien y que nos encaminamos hacia el fin de la pandemia.

En agosto se anunció con bombos y platillos la producción nacional de la vacuna Oxford AstraZeneca. Esta iba a ser llevada adelante por el multimillonario empresario kirchnerista Hugo Sigman, en sociedad con el magnate mexicano Carlos Slim, e iba a estar lista en diciembre. Disipada por la cruel realidad, la ola de optimismo, se anunció con gran despliegue la prueba en el país de la vacuna Pfizer, a la que se presentaron 4.500 voluntarios en el Hospital Militar. Apagados los ecos de este llamado, noviembre comienza con una nueva sorpresa, el convenio con el gobierno ruso. Una compra de 25 millones de dosis que, a 19,90 dólares cada una, implica un negocio de 500 millones de la divisa estadounidense. Una vacuna que ya estaría disponible en diciembre.

En estos meses se avanzó en la preparación del andamiaje legal que la industria farmacéutica exigía: inmunidad de las empresas frente a los efectos indeseados originados por la vacuna y acortamiento de los protocolos de aprobación. Los juicios que puedan surgir se celebrarán en los tribunales de Estados Unidos y Europa, no en nuestro país. El artículo 8° de la ley aprobada prescribe que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas (Anmat) debe pronunciarse en el brevísimo y arbitrario plazo de treinta días, a todas luces insuficiente. Para aprobar esta ley no hubo “grieta”. Peronistas, radicales y de Juntos por el Cambio votaron con entusiasmo una ley que favorece claramente los intereses de las multinacionales. Solo se registró la oposición del FIT-Unidad y algunas honrosas excepciones.

Estamos ahora en un punto en que hay absoluta garantía para las multinacionales, tienen los contactos y el marco legal favorable. Todo está listo para que vengan las vacunas pero, como dice la frase campera, “el poncho no aparece”. ¿Por qué sucede esto? Porque todas las vacunas están en la fase III, es decir, se están probando en miles de personas con distintas características para ver si se logra una eficacia de inmunidad en el 50% de ellas, que es la cifra acordada en los comités de expertos internacionales para determinar que una vacuna sirve. Después viene la fase de aprobación por la Anmat. En realidad, todavía estamos a varios meses de iniciar cualquier campaña de vacunación y a muchos más meses, quizás años, de lograr una vacunación suficientemente extendida como para lograr una inmunidad de rebaño. 

La pandemia no está por terminar. Todo lo contrario, se sostiene. Hoy llegamos a casi 1.200.000 contagiados y 32.052 fallecidos. Una ciudad del tamaño de Villaguay, Río Hondo o Zapala ha desaparecido íntegramente del mapa. La pandemia sigue con virulencia en el interior del país. En esto tiene tremenda responsabilidad el gobierno peronista de Alberto Fernández, que sigue apostando al aislamiento como única medida para enfrentar la pandemia y no al conjunto de medidas políticas, económicas y sociales que venimos reclamando desde El Socialista.

Escribe Cristian Luna, secretario general del Sindicato Tucumano de Enfermeros (SITE) 

Según datos del Ministerio de Salud Pública, Tucumán registra 50.419 casos positivos y acumula 849 muertes desde el inicio de la pandemia, con el 86% de camas UTI ocupadas. No se contabiliza a familiares y convivientes, lo que elevaría aún más ese número. Entre el personal de salud, casi 4.000 resultaron infectados, 8% aproximadamente, el número más alto del país.

El gobierno tuvo seis meses para prepararse para afrontar la pandemia, sin casos autóctonos. Sin embargo, gastó millones en propaganda y marketing político en lugar de invertir en equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficiente, aumentar el salario al personal de salud que está obligado al pluriempleo para tener un ingreso digno y nombrar personal bajo convenio para evitar la sobrecarga laboral. A esto se suma el congelamiento salarial, con las paritarias suspendidas desde diciembre, y la eliminación de la cláusula gatillo que permitía recuperar algo de lo que se perdió con la inflación.

El gobierno, cómplice del negocio de las empresas de salud privada, deja pasar la violación de todos los protocolos. Hay trabajadores que tienen jornadas extenuantes de dieciséis horas. En estos seis meses pudieron despedir libremente y recontratar de forma precaria, mientras recibían millones del Estado para prepararse para el Covid como, por ejemplo, cuando Manzur les entregó respiradores a los sanatorios.

“No somos héroes”

Los trabajadores de la salud reclaman desde el inicio de la pandemia aumento, pase a planta de los contratados en pandemia y, lo que es central, la declaración de insalubridad para el personal hospitalario.

Residentes

Todo el peso del trabajo en los sectores Covid recae sobre los y las residentes, mano de obra barata, precarizada y disponible las veinticuatro horas. En convocatorias y asambleas que nuclearon a estos trabajadores que reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo, exigen poder realizar rotaciones cada quince días para, de ese modo, lograr algún tipo de descanso ante tanta presión y sobrecarga laboral.

En el hospital Avellaneda, las y los enfermeros reclaman que se terminen la persecución y el hostigamiento por parte de las autoridades del servicio de enfermería y exigen la renuncia de la jefa. Mientras tanto, la burocracia sindical no aparece. Son meses de silencio de ATSA, cuyo secretario general es legislador del PJ provincial. Su última actividad conocida fue la asistencia al cumpleaños de Manzur, violatoria de la prohibición de reuniones sociales. Prohibición que dio vía libre a la policía para perseguir a las poblaciones más humildes, cuyo resultado, hasta ahora, suma cerca de 2.500 detenciones y los asesinatos de Espinoza y Nadal.

En el marco del Día de la Enfermería, el 21 de noviembre, realizaremos una movilización y concentración en la plaza Independencia para que se visibilicen nuestros reclamos reafirmando que “no somos héroes, sino trabajadores de la salud”.

La lucha por nuestras condiciones de trabajo y el salario es también contra la pandemia

La cuarentena como única medida no alcanza, debe aplicarse en función de las necesidades sanitarias y no de las exigencias patronales.

Son imprescindibles otras medidas que recomiendan científicos de todo el mundo y que planteamos desde el comienzo: testear masivamente a la población, rastrear los contagios y aislarlos. Cuidar a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal de calidad adecuada, licencias para los trabajadores en riesgo, completar la dotación de los equipos de salud y aumentar los salarios. Centralizar los recursos, entre ellos los hospitales y camas, laboratorios y medicamentos, sean estatales o privados, para garantizar la igualdad de trato frente a la pandemia. Y sostener a los sectores que deban aislarse abonando un IFE de 40.000 pesos a cada trabajador en cuarentena.

Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad.