Escribe José Castillo

El gobierno peronista de Alberto Fernández ha presentado su proyecto de presupuesto nacional 2021. Si bien, como todos los años, la denominada “ley de leyes” no es otra cosa que un gigantesco dibujo, este año tiene una importancia particular, fue revisado línea por línea por el FMI, como primer paso para la renegociación de la deuda con el organismo internacional.

El número más importante es el que ya había adelantado el ministro de Economía Martín Guzmán, la reducción del déficit fiscal del año próximo a 4,5% del PBI, desde el 8% de este año. Es importante que se entienda, y baje a tierra, de qué se está hablando: ese número “mágico” es exactamente el tributo al FMI. El gobierno de Fernández le garantiza al Fondo que reducirá el año próximo sus gastos en 1,6 billones de pesos (unos 16.000 millones de dólares). Este es, exactamente, el tamaño del ajuste, que será el más grande desde 2002.

Los “supuestos” del presupuesto

Una parte del presupuesto consiste en una serie de pronósticos, que siempre se calculan en forma optimista y normalmente no se cumplen. Por eso resulta importante resaltar que el propio gobierno reconoce que la economía caerá este año 12,1% y que el año próximo la recuperación sólo alcanzará al 5,5 por ciento. Como sucede siempre, lo más probable es que el crecimiento efectivo sea menor aún. Pero la pregunta es por qué se presupuesta un crecimiento tan débil. La respuesta es simple, el dinero que debería ir a reactivar la economía se va a destinar a pagar los vencimientos de deuda de 2021 y a generar los ahorros necesarios para los mayores vencimientos de los años siguientes.

Por supuesto, hay otros números que son más increíbles aún, como la proyección de que la inflación bajará el año próximo a 29% anual o que el dólar terminará el año que  viene en 102,4 pesos. Estos supuestos que, rápidamente serán sobrepasados por la realidad, son los que se utilizarán para discutir “recomposiciones” salariales con estatales, docentes y trabajadores de la salud el año próximo.

Los detalles del ajuste

Podríamos resumirlo en un solo número: la desaparición del 100% de los fondos dedicados a la pandemia. Las planillas del presupuesto 2021 plantean la total desaparición del IFE y las demás partidas que surgieron en el marco de la cuarentena del coronavirus. 

Pero no solo en los gastos sociales. Aun asumiendo el más que dudoso dato de que la inflación 2021 será de 29%, se recorta el presupuesto de salud 9,4 por ciento. Principalmente, por la eliminación de la partida especial destinada al Covid-19.

El gobierno “vende” un aumento del presupuesto educativo de 21% en términos reales. Claro que no dice que esto se calcula desde apenas el 1,3% del PBI, lejos, lejísimos, de los propios objetivos de la vieja ley de educación, que plantea que el mínimo debe ser 6 por ciento. Sin embargo, no debemos confundirnos, la educación inicial, primaria y secundaria dependen de las provincias, sobre las que se aplica el ajuste vía la reducción de las transferencias. La única responsabilidad directa del Ministerio de Educación, el financiamiento de las universidades, muestra un presupuesto “congelado” con respecto al presente año, lo que, inflación mediante, implica un fortísimo ajuste en términos reales.

El otro rubro que se quiere mostrar como “creciendo”, ciencia y tecnología (8,8% sobre la inflación proyectada), sin embargo sigue estando 37% por debajo de lo mínimo para recuperar el feroz ajuste que se efectuó desde 2015, con investigadores que perdieron hasta 50% de sus salarios.

Un rubro a destacar es que se reducen los subsidios a las privatizadas. ¿Es señal de menores privilegios para estas patronales? Al contrario, como está explicitado en el propio mensaje oficial que acompaña al presupuesto será reemplazado con la bandera de largada para toda una serie de tarifazos en los servicios de luz y gas.

Los pagos de deuda

El gobierno nos vendió que, con la renegociación de la deuda externa con los bonistas privados, el problema estaba resuelto. No es eso lo que muestra el proyecto de presupuesto 2021. Aun asumiendo que se renegocia y patea para adelante el total de la deuda con el FMI y el Club de París, para el año que viene estarán destinados 665.000 millones de pesos a pagos de vencimientos de deuda. Poniéndolo en perspectiva de comparación, es mucho más que todo lo que se destinará a Educación (492.000 millones), Salud (383.000 millones), Vivienda (151.000 millones), o Ciencia y Técnica (95.000 millones). Como viene sucediendo todos los años, con todos los gobiernos, sin excepción, otra vez los pagos a los usureros serán la partida más importante de nuestro presupuesto, llegando, en este caso, a 1,5% del PBI. 

¿Un presupuesto con “perspectiva de género”?

El gobierno dice que, por primera vez, se presentará un presupuesto “con perspectiva de género”. Cualquiera podría pensar que, a partir de esto, se visibilizarían las enormes necesidades pendientes para las mujeres y diversidades sexo-genéricas y, entonces, empezarían a aparecer los fondos para resolverlo. En nuestro caso, la pregunta concreta es ¿habrá mayores fondos para atender violencia de género o combatir la trata? ¿Se construirán más refugios para las mujeres que los necesiten?

Lamentablemente no es así. Por el contrario, acá nos encontramos frente al sumun del doble discurso. En una manipulación escandalosa, se afirma que el 15% del total de los recursos presupuestarios estará destinado a las mujeres y las diversidades, con un monto de 1,3 billones de pesos. Pero en realidad, lo único que se hace es un “maquillaje contable”. Se suman las partidas del IFE, la AUH e incluso las jubilaciones y luego se dice que, como la mayoría de quienes las perciben son mujeres, todo ese dinero estaría ya gastado en “perspectiva de género”. La realidad, en cambio, es que el único proyecto concreto que se plantea es el denominado Programa Acompañar, absolutamente insuficiente, por el que se destina un monto de 16.875 pesos por seis meses a personas en riesgo de situaciones de violencia de género,

Hace falta otro programa económico

El gobierno de Fernández puso arriba de la mesa su programa para 2021. Es el que le exige el FMI, y su prioridad es clarísima, priorizar a los acreedores por delante de las necesidades populares.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad lo rechazamos y repudiamos. Y decimos que tenemos que oponerle otro programa, obrero y popular, donde se prioricen las urgentes carencias en términos de salud, educación, vivienda, trabajo y salario, financiado con un verdadero impuesto a las grandes riquezas y con la suspensión inmediata de todo pago en concepto de deuda externa y la ruptura con el FMI. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

El 20 de marzo se inició la cuarentena en la Argentina. Durante varias de las semanas iniciales todas las tardes se homenajeaba al personal de la salud aplaudiendo desde los balcones. Seis meses después no hubo más “aplausazos”, pero sí palazos. La Policía de la Ciudad de Buenos Aires agredió a bastonazos en la cabeza a una delegación de enfermeras que intentaba presentar un petitorio en la Legislatura porteña para que se las reconociera como profesionales de la salud. ¿Qué pasó en estos 180 días? Simplemente que los trabajadores de la salud se cansaron de sostener con su salud, sus muertos y su extenuación la lucha contra la pandemia y dijeron “así no seguimos”.

Una jornada de lucha autoconvocada

El 21 de septiembre comenzó la primavera y también es el Día de la Sanidad, motivo por el cual enfermeras y enfermeros eligieron esta fecha para autoconvocarse y realizar una gran jornada nacional de lucha. En todas las provincias, la enfermería fue el motor y el alma de una multitudinaria protesta que sumó también a gran parte del resto de los integrantes de los equipos de salud. En Buenos Aires, miles marcharon desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo. La pacífica concentración tuvo un epílogo cruento cuando la policía del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de Cambiemos, secundada por un grupo de matones de civil, la emprendió a los palazos contra las enfermeras. Policía, dicho sea de paso, que no hace todavía un año dejó con la cabeza sangrando a médicos residentes que también reclamaban frente a la Legislatura.

La pandemia ha golpeado duramente a todo el personal de salud, pero más a la enfermería, que aporta la mitad de los contagiados del equipo de salud y más de la mitad de sus muertos. Obligada al pluriempleo por los bajos salarios, agotada por la sobreexigencia de la pandemia dada la ausencia de incorporaciones de nuevos trabajadores, maltratada por los gobiernos peronistas, radicales y de Cambiemos, así como también por las patronales de los sanatorios privados que no reconocen el carácter profesional de su desempeño; abandonada por los sindicatos del ramo, ya sea de la CGT como de las CTA, finalmente, la enfermería dijo ¡basta! y salió a la calle a hacer sonar sus reclamos.

Una pandemia que no deja de extenderse

Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos practican el doble discurso, aconsejan a la población cuidarse mientras ellos aflojan las medidas de contención de la circulación del virus. La pandemia, entonces, no cesa de extenderse, hubo más de 150.000 casos en los últimos catorce días, con lo cual el acumulado de contagios confirmados se incrementó en ese corto lapso 35%, un verdadero récord.

Gran parte de este incremento se debe a la expansión del virus en el interior del país, de donde surgen hoy en día la mitad de los contagios. Santa Fe, Mendoza, Salta y Neuquén son las principales provincias afectadas por la epidemia. En el AMBA hay indicios de que la curva de contagios comenzó a estabilizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que no aumentan los contagios diarios, pero no bajan, se siguen produciendo a un número todavía muy elevado. Maliciosamente, tanto Larreta, de Cambiemos, como Kicillof, del Frente de Todos, omiten decir esto último para generar la ilusión de un alivio en la pandemia y poder continuar con el levantamiento de la cuarentena cuando, en realidad, sigue creciendo el número de contagiados y, lo que es peor, el de las muertes.

La lucha de los trabajadores de la salud es también por la salud pública

La lucha salarial de los trabajadores de la salud de Misiones sacó a la luz hasta dónde puede llegar la destrucción de la salud pública cuando se aplican las recetas del Banco Mundial y el FMI. La mayor parte del presupuesto de salud provincial va a manos de una gerenciadora privada y la parte menor se distribuye entre todos los hospitales y los centros de atención primaria de la provincia, que son los que atienden a la mayoría de la población. Entregado por la conducción de ATE y UPCN, el personal de salud ha perdido conquistas históricas, como la estabilidad que ha sido sustituida por distintas modalidades de relación laboral, todas precarias, y han llegado a salarios de miseria. Por eso, los trabajadores se han autoconvocado por fuera de los gremios y sostienen una lucha salarial.

Esta lucha de los misioneros, que es parte del descontento generalizado del personal de salud en todo el país, fue antecedente inmediato de la gran movilización nacional del 21S. Como la de la provincia mesopotámica, esta movilización se hizo al margen de los sindicatos tradicionales que han entregado sistemáticamente a sus representados. Es necesario continuar realizando asambleas en los lugares de trabajo, creando instancias de coordinación locales y nacionales para darle batalla a los planes de ajuste de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de Cambiemos. Por aumento de salarios, por más medidas de protección personal, por licencias a los trabajadores en riesgo y testeos masivos. Lucha que deberá extenderse a la exigencia de un impuesto a las grandes fortunas y el no pago de la deuda externa.

Escribe Diego Martínez

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández se reunieron el viernes pasado para delinear los trazos de la continuidad de la cuarentena. Coinciden en “no romper el diálogo”, pero esta vez no hubo conferencia de prensa conjunta. Sigue la disputa por los fondos entre la Nación y la CABA. Rodríguez Larreta, de Cambiemos, hizo una presentación en la Corte Suprema, aunque en realidad confesó que busca llegar a un acuerdo sobre este tema con el presidente. El gobierno peronista, por su parte, le dio continuidad a la disputa por intermedio de las declaraciones de su ministro del Interior, Wado de Pedro, quien afirmó: “Si este decreto es inconstitucional, entonces también lo fue el que firmó Mauricio Macri a poco de asumir, que casi triplicó arbitrariamente los fondos que recibía el gobierno porteño de Cambiemos con el supuesto objeto de sostener el traspaso de la Policía Federal a la ciudad” (Página/12, 12/9/2020).

Más allá de esta disputa entre los dos partidos patronales, lo cierto es que el problema de fondo es otro. 

¿El problema es la mala distribución del presupuesto?

El gobierno del Frente de Todos viene planteando que su postura refleja un acto de “federalismo y justicia social”. Le estaría quitando fondos al distrito más rico del país para “favorecer a la mayoría de los argentinos”. Se trata de una simple mentira. Los fondos que el gobierno sacó de la Ciudad no fueron utilizados para fortalecer al sistema de salud en todo el país frente a la pandemia ni para impulsar la construcción de viviendas populares frente al enorme déficit habitacional que se evidencia en la Argentina, sino que fueron destinados a financiar el aumento salarial que le otorgó a la policía bonaerense y que le niega al personal de salud, a los estatales y los docentes. Esta pelea “en las alturas” no es para para dar repuestas a las enormes necesidades populares que existen en el país de conjunto. No se trata de enfrentar a una provincia con otra ni de reeditar viejas disputas entre unitarios y federales. Hay provincias más pobres que otras, pero las necesidades del pueblo trabajador existen en todos lados, inclusive en la CABA, donde hay decenas de villas miseria y asentamientos. El gobierno peronista habla de “equilibrar” la situación repartiendo mejor el presupuesto, pero ese equilibrio no es para que todos vivamos mejor sino al revés.

La miseria que sufren amplios sectores de trabajadores y sectores populares es la consecuencia de la implementación de un modelo económico capitalista que beneficia a las multinacionales, los bancos, las grandes empresas nacionales y el FMI. En lo que va del año, según cifras oficiales, se destinaron más de 4.500 millones de dólares para el pago de deuda externa, más del doble de lo asignado para salud. En los próximos días se tratará el presupuesto 2021 en el Congreso y, tal como denunciamos de forma extensa en otro artículo de esta edición de El Socialista, se prevé bajar el déficit fiscal a 4,5%, siendo que este año el déficit será del 8 por ciento. Para llegar a esa meta el gobierno tiene que aplicar un enorme ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores y los sectores populares.

El peronismo lleva gobernando veinticuatro de los últimos treinta años el país y la desigualdad social siguió agravándose. El problema de fondo no fue la mala distribución de recursos entre las provincias, sino la política aplicada por estos gobiernos patronales, sean peronisas, radicales y de PRO, que nunca cambiaron la estructura económica impuesta en el país por el imperialismo yanqui y que se profundizó con la última dictadura militar de 1976. Esta estructura está basada en el saqueo del país de la mano de las multinacionales y en la concentración de grandes grupos capitalistas nacionales que se adecuaron a los planes imperialistas. En las últimas décadas gobernaron distintas variantes del peronismo, con distintos discursos y matices entre sí, pero ninguno de estos gobiernos, incluido el peronismo kirchnerista, cuestionó la estructura económica impuesta a sangre y fuego con la represión de los militares y la complicidad de radicales y peronistas. Los grandes ganadores de este modelo económico capitalista que se apropian de la riqueza generada por los trabajadores son los bancos, las empresas agroexportadoras y los grupos concentrados, que quedan, de la industria nacional.

El gobierno usa su doble discurso para confundir a los trabajadores y sectores populares queriéndoles hacer creer que el principal problema es que hay una desigual distribución del presupuesto por culpa de la “derecha” y que entonces debemos apoyar al gobierno del Frente de Todos, que pelea contra este sector para lograr una distribución más “equilibrada”. Pero en realidad el centro del problema es que el gobierno peronista fija prioridades que nada tienen que ver con resolver las urgentes necesidades del pueblo trabajador y sí con los intereses de los grandes empresarios y las multinacionales.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad proponemos un modelo económico totalmente opuesto, al servicio de los trabajadores y no de los grandes empresarios. Para acabar con la miseria y las grandes necesidades sociales y enfrentar la pandemia, hay que romper los lazos que nos atan al FMI y el imperialismo, dejando de pagar la ilegal, ilegítima e inmoral deuda externa. Así como también imponer un verdadero impuesto a las grandes fortunas, medidas a tomar mientras seguimos la pelea estratégica por un gobierno de los trabajadores y una Argentina y un mundo socialistas.

Escribe Claudio Funes

Al cierre de esta edición, el juez Rizzo de Cañuelas postergó el desalojo con el que se venía amenazando a los pobladores de la toma de tierras de Guernica. Un importante avance parcial, producto de la fuerza de la lucha, la movilización y la solidaridad que rodeó a la toma.

Pero se trata apenas de una postergación. Y no debemos confundirnos: tenemos que seguir organizados y movilizados en estos días. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando: las tierras tomadas en Guernica, Presidente Perón, provincia de Buenos Aires, han constituido uno de los asentamientos más importantes del país, que reúne a más de 2.500 familias.

Más de quinientos efectivos de la policía bonaerense, la misma que acaba de protagonizar una protesta por reclamos salariales, están aprestados para participar del operativo, que ahora se postergó por apenas unos días. Para los integrantes de esta fuerza  la pobreza del otro es delito.

A cambio de resolver las dificultades que tienen el pueblo trabajador y los sectores populares para acceder a una vivienda, el gobierno peronista responde con la mano dura de Berni a la cabeza de un impresionante operativo represivo. Los gobiernos del Frente de Todos de Alberto Fernández y Axel Kicillof no ofrecen soluciones de fondo.

Según el registro del Ministerio de Seguridad, en Buenos Aires hay cinco intentos de tomas de tierras cada semana.

Si bien el fenómeno es histórico en la provincia gobernada por Kicillof, tomó una nueva dimensión en la cuarentena por un mayor incremento de la pobreza.

Las imágenes de la ocupación de tierras en Guernica son desgarradoras. Hombres, mujeres y niños viven en carpas y chozas construidas con desechos en medio de la nada.

¿Cómo se explica esto? Según la Secretaría de Vivienda de la Nación, el déficit habitacional del país alcanza a casi 4 millones de familias, casi un tercio de la población argentina. Esta cifra incluye tanto al déficit cuantitativo (nueva vivienda), como al cualitativo (viviendas que no cuentan con requisitos básicos, como falta de servicios, calidad de materiales, hacinamiento, etcétera). Desglosando esta cifra, se estima que se necesitan construir 1,5 millones de viviendas.

Los gobiernos patronales agravaron el problema habitacional

Surge de estos datos que los distintos gobiernos patronales, radicales, peronistas o de PRO, han dejado de lado la decisión de resolver este gravísimo déficit.

El proyecto de presupuesto del gobierno del Frente de  Todos para el año 2021 es un claro ejemplo de lo que manifestamos. Destina a vivienda 151.525 millones de pesos, mientras que a pagos de vencimiento  de deuda van 665 mil millones: ¡más de cuatro veces más!

Se calcula que desde 2000 en adelante se vienen construyendo 210.000 hogares por año, de los cuales 35.000 tienen graves problemas habitacionales. Estamos hablando de cientos de miles de personas que deben resolver su problema de vivienda.

A este fenómeno debemos agregar que muchos trabajadores, del interior o de países vecinos, llegan al AMBA en busca de trabajo, y si bien es posible que lo consigan, será en condiciones de precariedad, informalidad y con sueldos magros. Con salarios por debajo de la línea de pobreza es imposible acceder a una vivienda digna.

En el AMBA, que posee una superficie de 13.285 kilómetros cuadrados (menos del 0,5% de la superficie del territorio nacional), reside el 37% de la población total del país, más de quince millones de personas. Esta megalópolis, una de las más extensas del mundo, es la segunda región más pobre de la Argentina después del Noroeste, aunque genera el 48% del PBI nacional. No es una paradoja, es la expresión del capitalismo en un país semicolonial. Esta es la verdadera grieta.

Son estas condiciones materiales existentes, promovidas por los distintos gobiernos patronales de turno que, potenciadas por la pandemia, desembocaron en la desesperada  toma de tierras en Guernica.

Guernica pone al desnudo la profunda crisis económica y social, y la habitacional en particular, que padecen los trabajadores y los sectores populares empobrecidos que ya no pueden pagar un alquiler o que huyen del hacinamiento para no ser víctimas del coronavirus.

El gobierno del Frente de Todos no da soluciones

No hay internas en el gobierno peronista respecto de la política hacia la ocupación, por eso Sergio Berni y Sabrina Frederic, ministra de Seguridad nacional, coinciden en este punto con la oposición patronal y los grandes medios como La Nación, Clarín, Crónica e Infobae, que llevan adelante una furibunda campaña por el desalojo.

Pero detrás de la repudiable expulsión de albañiles, costureras, peones, changarines, trabajadores de la salud, de maestranza, personal de seguridad privada, obreras y obreros que trabajan en precarios establecimientos en negro hay poderosos intereses económicos. El principal instigador es el grupo inversor El Bellaco (la denominación no es coincidencia), que proyecta expandir el Club & Country San Cirano, un lujoso emprendimiento inmobiliario que se desarrolla en 365 hectáreas y que contempla la construcción de cinco barrios privados en tierras abandonadas por décadas y sobre las que nadie puede acreditar un título de dominio.

En todos sus niveles, el gobierno que levanta la bandera de los derechos humanos está por la defensa del negocio inmobiliario. Blanca Cantero, intendenta peronista de General Perón, y esposa de Carlos Acuña, el burócrata de la CGT, cierra filas y manifiesta con cinismo: “No hay nada que negociar porque hay una orden de desalojo” […] “Es un drama complejo y hay que decirlo con todas las letras: las tomas son ilegales, sea un lote del Estado o de un privado” […] "Hay que trabajar con la falta de vivienda pero, para eso, hay que darle tiempo al Estado". ¡Caradura, hace veintisiete años que el peronismo gobierna la provincia!

Alberto Fernández y Axel Kicillof son más de lo mismo. No ofrecen solución alguna a los reclamos del pueblo trabajador, solo amedrentan y meten miedo. Y Sergio Massa va en esa línea cuando propone quitarles el IFE y la AUH a los que tomen terrenos. El gobierno peronista no va a hacer otra cosa, solo tiene como prioridad el pago a los bonistas y al FMI.

Desde Izquierda Socialista repudiamos cualquier intento de desalojo y la represión a los ocupantes de los terrenos. Exigimos una solución inmediata al problema habitacional en un país donde más del 90% de su población se concentra en zonas urbanas. Es necesario implementar un plan de emergencia utilizando espacios que garanticen techo y cobijo a las miles de personas que están en situación de calle o habitan en casillas. Hay que confiscar viviendas y tierras ociosas de millonarios y entregar subsidios a los trabajadores y los sectores populares para que puedan construir. Y, como salida de fondo, proponemos un plan nacional de construcción de viviendas para terminar con el desamparo de millones de familias, financiado con el cobro de un impuesto a la riqueza de los grandes capitalistas, los bancos y las multinacionales y con el no pago de la deuda externa, tal como lo planteamos desde el FIT Unidad.

Este martes se llevó a cabo en el Obelisco una conferencia de prensa con representantes de las organizaciones que actúan en Guernica, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, personalidades como Norman Briski y referentes de la izquierda, entre ellos nuestro compañero Juan Carlos Giordano. El doctor Soares, de la Gremial de Abogados que actúa en la defensa de los vecinos de Guernica, señaló: “Nosotros apelamos el desalojo porque en el expediente judicial no hay dueños de esas tierras, no hay titulares de dominio que ejerzan la propiedad de ese inmueble, estamos hablando de predios vacíos durante décadas. Los que se presentaron fueron dos o tres vecinos y, por supuesto, la principal empresa inmobiliaria del lugar, sin ninguna documentación que acredite no sólo la titularidad (que sería imposible), sino tampoco algún tipo de dominio sobre el inmueble, que podría tener animales, sembrados, depósitos, nada. Era un terreno vacío ocupado sin despojar a nadie, sin echar a nadie y sin ejercer ningún tipo de violencia sobre ese inmueble. Y con esa truchada de un tipo que dice “me lo dio la Iglesia para cuidarlo y como pasaron treinta años es mío”, otro que dice “el dueño de esto era mi patrón, yo me quedé y soy el dueño porque el patrón me dijo que cuando se vaya iba a ser el dueño”, pretenden el desalojo. El Bellaco S.A., la principal empresa, lo único que acompañó fue un plano por internet que hasta lo hace un nenito de cinco años. Con esos elementos armaron la causa entre las grandes inmobiliarias y la intendencia de la zona. Y cuando se dio la primera mesa de diálogo, la intendenta dijo: “La prioridad son los dieciocho countries que rodean a este predio”. No lo podíamos creer. Lo segundo que dijo fue: “Cuando llegué a la intendencia de Guernica eché a todos los fiscales porque respondían a la administración anterior y puse a los míos”. La usurpación se configura solo si yo despojo a alguien de un bien o me meto en un bien del cual una persona reclama que es suyo, no es este el caso.