Escribe Alejandro Solis

Tras anunciar, y volver a anunciar, que lo peor de la pandemia ya pasó, las cifras no cerraban y el gobierno de Kicillof tuvo que “sincerar” la dimensión del número de muertos en estos meses. 

El nuevo valor supera las doce mil víctimas fatales, 40% más de las que informaba la semana pasada, lo que modifica también las estadísticas nacionales.

Ahora entran en cuestión todos los números, nacionales y provinciales, donde el Frente de Todos intenta continuar con las acusaciones cruzadas con Larreta, de Cambiemos, sin asumir el error.

Los 3.583 muertos no solo reflejan un problema de conteo o registro, como dicen los ministros, sino que la sensación popular (en el AMBA todos conocemos contagiados), de que los casos son muchos más que los que se comunican, es real.

Al gobierno no le dan los números de la pandemia para seguir sosteniendo la política de los grandes empresarios y las multinacionales de abrir todos los lugares de trabajo sin importar la salud de las y los trabajadores.

Sigue la lucha por la vivienda en la localidad de Guernica, municipio de Presidente Perón. Miles de familias ocupan terrenos a la espera de una solución al tema habitacional, mientras permanece vigente la orden de desalojo. El lunes 28 se realizó una multitudinaria marcha a La Plata en apoyo a la toma. La tensión aumentó cuando el gobernador Kicillof no los recibió ni propuso alguna solución a través de sus funcionarios para resolver el conflicto.

El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires, ambos del Frente de Todos, apuntan al desalojo y desoyen el desesperado reclamo por vivienda de parte de sectores socialmente vulnerables. Peor todavía, han determinado un esquema represivo para impedir el ingreso de chapas, maderas, colchones y abrigos, dejando en el mayor desamparo a familias enteras que en los últimos días tuvieron que enfrentar, en condiciones precarias, lluvias y tormentas aumentando su sufrimiento.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad repudiamos estas acciones represivas y violentas por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y exigimos del gobierno peronista encabezado por Axel Kicillof una solución inmediata al drama que viven estas familias. Nos sumamos a las crecientes expresiones de solidaridad con esta lucha por acceso a la tierra para los trabajadores y los sectores populares y al amplio programa de movilización que será realizado esta semana, incluyendo “un abrazo solidario y la resistencia pacífica para enfrentar la represión”, que se llevará a cabo entre el miércoles 30 y el jueves 1° de octubre.

Para saber más sobre la situación de esta lucha, El Socialista entrevistó a los compañeros Leandro y Tomás, que forman parte de la toma.

ES–¿Cuál es la situación de la toma?

–Hace seis meses que estamos en esta toma, no dos como dicen en la televisión. La TV está mintiendo bastante. Dijeron que a los policías los golpeamos y les tirábamos piedras, nada que ver con la realidad. Lo que dicen en la TV es cualquier cosa, están editando cualquier cosa, hace dos semanas que no vienen.

ES–¿Cómo tomaron el hecho de que hayan prorrogado el desalojo?

–Lo vemos como un triunfo. Igual hay que seguir peleando, seguro la van a seguir estirando, es un tema político, los terrenos no tienen dueño.

ES–¿Qué expectativas tienen de que  desde la municipalidad, la provincia o del gobierno nacional?

–Todos queremos las tierras, no queremos que nos den plata para que nos vayamos. Lo que queremos es que nos den plazos para pagar los terrenos, que no sea gratis, que nos den una oportunidad, porque es muy difícil acceder a una tierra.

ES–¿Cómo decidieron ser parte de la toma?

–Perdimos el trabajo el año pasado, en una empresa de albañilería. Nos estamos arreglando con changuitas, con el tema de la pandemia se nos hace muy difícil pagar el alquiler y por eso nos echaron del lugar por dos meses sin pagar y tuvimos que instalarnos acá. Hay policías que agarraron terrenos y pagan gente para que se queden.

ES–¿Cómo se organizan?

–Nosotros nos quedamos en los terrenos haciendo ollas populares, merenderos. A los delegados les toca organizar las movilizaciones. Nosotros nos quedamos acá, no tenemos a dónde ir, y si nos sacan vamos a volver al otro día. No somos agresivos, pero si nos atacan vamos a defendernos.

ES–¿Qué opinan del negocio inmobiliario de los countries?

–Solo una parte pertenece a los countries, este sector no tiene papeles. El problema es que no nos quieren de vecinos, priorizan la gente de plata. Encima el gobierno no está haciendo nada, Kicillof dijo que iba a comprar 9 hectáreas solamente para la gente de Guernica, pero no alcanza, somos miles de familias.

ES–¿Tienen trabajo?

–Nada, si salen changas compramos carne para la olla popular y compartimos todo.

Mientras conversábamos con los compañeros Leandro y Tomás se incorporaron a la charla las compañeras Mirna, Mabel y Claudia.

ES–¿Cómo están viviendo la posibilidad de un desalojo violento?

–Estamos pasando momentos difíciles. Con la tormenta del fin de semana a muchas personas se le voló la carpa y a todos nos entró agua, todavía estamos secando. Recibimos donaciones y estamos preocupados de que nos rompan las pocas cosas que tenemos.

ES–¿Qué opinan sobre la postergación de la fecha del desalojo?

–Nos da la esperanza de que ganemos, fue un triunfo, pero hay que ver qué va a pasar. Ahora están con el censo, pero no sé qué opinar. Nos pidieron los números de teléfono y ahora los están usando para llamar a cada uno, individualmente, para apretarnos.

ES–¿Por qué decidieron realizar esta acción?

–Nosotros estábamos viviendo en la parte de atrás de la casa de nuestra mamá, yo tengo tres hijos y ella uno, estábamos en una casita de 6 por 3 donde no podemos construir más. Ponemos dos camas y no hay lugar para nada. Teníamos que incorporarnos a esta lucha porque más adelante los terrenos van a aumentar y no vamos a poder comprar.

ES–¿Cómo ven que en una provincia como Buenos Aires, donde hay tanto espacio desocupado, los trabajadores no puedan acceder a un terreno para construir su vivienda?

–No hay planes de vivienda para la gente que tiene muchos hijos y no tiene un buen salario. Nos tildan que los de las tomas somos vagos y queremos todo de arriba, no es así, nosotros queremos un plan de pago que podamos cumplir. La realidad es que hay una gran demanda de vivienda para la gente humilde y es una deuda pendiente, donde los políticos nunca hicieron nada. Mucha gente se anotó para la vivienda y no tienen nada. Capaz que nos vienen a proponer eso y no cumplen.

ES– Entonces, le reclaman al gobierno que proponga una forma de financiamiento.

–Estamos ilusionados con el lugar, seguro que vamos a pagar porque queremos que sea nuestro, hay mucha gente viviendo acá, es una realidad que no pueden tapar, un plan de vivienda es una deuda de los políticos para los que menos tienen, es un derecho que estamos exigiendo.

ES–¿Cómo se organizan en las movilizaciones?

–Un sector marchó hoy a La Plata, nosotros nos quedamos acá porque hay amenazas de que quieren meter gente con los aprietes.

ES–¿Ustedes están recibiendo algún plan?

–Solamente la asignación universal, yo soy mamá soltera y me sacaron el IFE porque al papá de mi hijo lo pusieron en blanco y me quedé sin ingresos.

ES–¿Tienen confianza de que las autoridades del gobierno les ofrezcan alguna solución?

–Muy poquita, aunque la confianza es lo último que se pierde. Igualmente la gente va a salir y va a volver a entrar. La mayoría estamos de acuerdo en resistir la toma. Con todos los vecinos ya hablamos para quedarnos hasta el final, y si nos sacan volveremos porque no tenemos a dónde ir.

Escribe Claudio Funes

El déficit habitacional del país alcanza a casi cuatro millones de familias, aproximadamente un tercio de la población. Los sectores más empobrecidos, unos 1,5 millones, necesitan una nueva vivienda. El resto habita en casas con distintos déficits, construidas con materiales inadecuados, sin servicios o en condiciones de hacinamiento. 

La toma de Guernica es una impresionante postal del drama de los sin techo.

Para comprender el problema en su real magnitud debemos hacer cuentas: una vivienda del tipo Procrear, de 51 metros cuadrados (módulo inicial, sistema constructivo tradicional), tiene un costo de 19.861 dólares, más de 2,6 millones de pesos (con dólar ahorro a 132 pesos, 390 dólares el metro cuadrado).

El presupuesto nacional para el año 2021 destina al rubro Vivienda y Urbanismo una suma que supera los 1.165 millones de dólares. Para cualquier trabajador es un monto enorme, fantástico. Pero ubiquemos las cosas en su preciso lugar.

El monto asignado al pago de la deuda externa supera en más de cuatro veces al destinado al rubro Vivienda y Urbanismo.

Como dijimos, las viviendas faltantes son 1,5 millones, para poder construirlas, a 19.861 dólares cada una, se necesitarían 29.800 millones de dólares.

Esto significa que el gobierno del Frente de Todos, en caso de ejecutar el presupuesto y destinarlo totalmente a construcciones, edificaría en 2021 58.657 viviendas. A este paso le tomaría más de veinticinco años poder resolver el gravísimo déficit para la parte de la población más vulnerable.

Esto sin tener en cuenta que “cada año, al menos de 2000 en adelante, la Argentina genera alrededor de 210.000 nuevos hogares, de los cuales 35.000 no llegan a lograr un techo para vivir. Solo para ilustrar, desde 2000, el país generó cada 365 días una ciudad similar al tamaño de Olavarría, que estaría habitada por argentinos sin casa” (La Nación 3/3/18). Y tampoco, al resto de los pobres que hoy habitan en casas con distintos problemas habitacionales como señalamos más arriba.

El gobierno peronista de Alberto Fernández sigue embarcado en confundir al pueblo trabajador y a los sectores populares con su doble discurso. Hace anuncios rimbombantes y no da soluciones al pueblo trabajador.

El 14 de mayo pasado anunció un plan para la reactivación de la economía que abarca la construcción de 5.500 viviendas y el otorgamiento de 200.000 microcréditos para la compra de materiales y la reparación 43.000 viviendas. El denominado “plan Marshall” es un una aguja en un pajar comparado con la magnitud de la catástrofe habitacional.

Los anuncios continuaron. El 5 de agosto, luego de cerrar la negociación con los acreedores internacionales y para refrescar su doble discurso ante las tomas de tierras, Fernández comunicó el relanzamiento del Procrear junto con un plan de acceso al suelo. La nueva etapa prevé otorgar 300.000 créditos para mejoramiento, refacción y ampliación y la construcción de 44.000 viviendas. Procrear se complementará con el Plan Nacional de Suelos, que creará bancos de tierra urbanizada (con servicios) que se venderán para “facilitar” el acceso a la vivienda. Todas medidas para continuar favoreciendo a los grandes propietarios de tierras, los especuladores inmobiliarios y los bancos.

Estos anuncios recuerdan a los de Néstor Kirchner en 2004 y 2005, que prometían la construcción de 420.000 viviendas. Pasados los gobiernos de Néstor y Cristina se construyeron menos de la mitad, 197.986, apenas 15.838 al año, dejando un déficit de 3,5 millones de viviendas. Otra estafa al pueblo trabajador.

Por esto reafirmamos que todos los gobiernos patronales, radicales, peronistas kirchneristas o de PRO, han agravado la crisis habitacional. Todos tienen responsabilidad.

Las tomas en Guernica son producto de la desesperación de gente que no tiene recurso alguno para acceder a un crédito, mucho menos hipotecario. ¿Cómo hacen para comprar un terreno urbanizado y luego construir? No son solo los de Guernica, son millones los que padecen este drama.

En la Argentina existen 4.400 villas o asentamientos, alrededor de 1.600 se encuentran en el conurbano bonaerense. Más de la mitad se formaron antes del año 2000 y casi un cuarto del total son posteriores a 2010. De conjunto, ocupan una superficie total de 330 kilómetros cuadrados, una extensión mayor que la de la Ciudad de Buenos Aires, con 203 kilómetros cuadrados.

A este cuadro le debemos sumar que en el segundo trimestre ya había 1.300.000 trabajos menos, cuatro millones de personas más que se hundieron en la pobreza, que alcanzó el 44,7%, y un millón en la indigencia.

Con este panorama, es evidente que con el Procrear y el  Plan Nacional de Suelos no se les da una solución a los sectores más empobrecidos.

Nuestra propuesta

Para resolver el problema de la vivienda, desde Izquierda Socialista proponemos, en lo inmediato, la utilización de espacios como albergues comunitarios para garantizar el techo a las miles de personas que duermen a la intemperie o en casillas.

También la confiscación de tierras y viviendas ociosas (en CABA hay 138.328 propiedades “ociosas”, 10% del total) de millonarios y su cesión, junto con la entrega de subsidios para la compra de materiales para la construcción.

Como medida de fondo, peleamos por un programa de urbanización y vivienda que dé solución a las casi cuatro millones de familias. ¿Cómo hacerlo?

El FIT-Unidad presentó en el Congreso un proyecto de ley que grava las grandes fortunas de millonarios, terratenientes, multinacionales y bancos. Con este impuesto se recaudarían 15.000 millones de dólares por año, al que se le debe sumar el no pago de los 5.100 millones de dólares de deuda externa, solo en 2021. Son más de 20.000 millones de dólares. Así se podría financiar un plan económico alternativo, obrero y popular. Con los que se podrían construir un millón de viviendas en un año, a los valores arriba explicados (20.000 dólares por unidad).

Sumémosle que, a la resolución de la crisis habitacional, se le sumarían los puestos de trabajo genuinos que se crearían en las propias obras de la construcción de viviendas, más otras, como movimientos de tierra, excavaciones, tendidos de líneas de energía, alcantarillado, redes cloacales y pavimento. Acá está la auténtica salida a la crisis de la falta  de viviendas en nuestro país.

Reproducimos partes de la declaración que firmaron los dirigentes de la toma luego del acuerdo que le arrancaron al gobierno.

“Tras un año de lucha y negociaciones […] firmamos un acta acuerdo con el gobierno municipal donde el Ejecutivo otorga un lote con los servicios instalados de electricidad, agua, gas, cloacas y cordón cuneta a cada una de las noventa familias que quedamos inscriptas en los listados que armamos en las asambleas que realizamos en nuestro barrio”

[…] “Consideramos que este acuerdo que le arrancamos al gobierno es un paso adelante tras la larga lucha que protagonizamos desde el 4 de septiembre del año pasado, cuando decidimos buscar una solución a nuestra falta de lotes para construir nuestra vivienda ocupando un terreno baldío aledaño a nuestro barrio, Confluencia. Años anteriores otras ocupaciones de ese predio sufrieron cruentas represiones, como cuando el “canillita” Rubén Arias murió inmolado en el año 2001, rechazando la violenta acción policial de desalojo de la vivienda que ocupaba, o en 2008 cuando más de cien familias montaron sus primeras casillas para ocupar el predio y fueron desalojadas mediante una violenta represión, con varios heridos”.

[…] “desde el día 4 de septiembre de 2019 nos instalamos con casillas construidas por nosotros mismos […] nos manifestamos abiertos al diálogo […] pero solo recibimos una seguidilla de actos represivos durante varios días y noches […] que nos generó mucho sufrimiento, con varios vecinos heridos como fue de público conocimiento, con el caso más grave del vecino Franco Borda, herido de un disparo policial en su ojo izquierdo que le quedó cegado, y también sufrimos pérdida de los bienes materiales que allí teníamos dado que las topadoras y una caravana de camiones se llevaron nuestros modestos bienes ocasionando un daño económico y psicológico difícil de superar para nuestros hijos y toda la familia. Resistimos esa brutal represión y nos quedamos en el predio. Recibimos el apoyo de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas”.

[…] “mantuvimos la ocupación del predio, con firmeza y con permanente consulta en asamblea de vecinos, y logramos arrancarle al Ejecutivo el acta acuerdo donde se otorga un lote a cada familia, con el agregado de que mientras duren los trabajos de urbanización las familias más necesitadas recibirán una ayuda para costear sus alquileres y otro grupo los materiales para paliar las necesidades mientras dure el plazo de espera”.

Escribe Martín Fú

Un nuevo escándalo protagonizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Macri salió a la luz. Como parte de la misma denuncia e investigación sobre el espionaje ilegal contra el peronismo kirchnerista, también se develó que la izquierda fue espiada. En una presentación judicial de 352 páginas, conocida como “Bases Amba”, en la que “se investiga a una organización criminal que llevó adelante de manera organizada y sostenida en el tiempo numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal” (causa Nº FMP 88/2019, caratulada “D´alessio, Marcelo Sebastián y otros s/asociación ilícita y otro”) se describe la mecánica del funcionamiento en distintos informes de inteligencia durante el gobierno de Macri que daban cuenta de la constitución y funcionamiento de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas en donde, entre otras, se encontraban nuestro partido, Izquierda Socialista, y Docentes en Marcha, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST, la Comisión Provincial por la Memoria, CTA, ATE, trabajadores de Cresta Roja y el Expreso Lomas, más “peligrosas” organizaciones que fueron espiadas, como Madres del Trueque y la agrupación Unidos por los Niños.

Párrafo aparte merecen la infiltración y el seguimiento de los familiares de las víctimas del submarino ARA “San Juan” “por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento” del sumergible desaparecido en noviembre de 2017.

Locales partidarios, barrios, redes sociales, lugares de trabajo, clubes, escuelas, universidades, movilizaciones, luchas, actos políticos, cursos de formación política y quienes aportaban financieramente eran, entre otros, los objetivos donde la AFI metía las narices y elaboraba sus análisis a través de las “mesas de información”.

La inteligencia de la dictadura continúa con la “democracia”

De la misma presentación judicial surge un ejemplo que ilustra el papel de la inteligencia sobre la militancia política en todos los gobiernos patronales.

El escrito aportado por la fiscalía compara la infiltración llevada adelante a finales de 1981 por la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) sobre el PST y nuestra intervención en plena lucha bancaria. La Dipba, junto con el Destacamento 201 del Ejército, recabaron información que terminó con la desaparición y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez en febrero de 1982, mencionándose que en 2017, mientras se sustanciaba la prueba para el posterior juzgamiento de los militares que luego fueron condenados a prisión perpetua, la AFI realizaba al mismo momento tareas de inteligencia sobre los trabajadores bancarios, como lo denunció la Asociación Bancaria de Chivilcoy, que estaban en lucha y eran espiados por su actividad gremial. Es decir que, mientras el Poder Judicial juzgaba este tipo de acciones, el Ejecutivo las financiaba y desplegaba en las mismas jurisdicciones y sobre las mismas agrupaciones sindicales, idéntico esquema de inteligencia y espionaje que se utilizaba en la dictadura, pero ahora bajo un gobierno “democrático”.

En 2015 el peronismo kirchnerista le cambió el nombre a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el mismo gobierno que creó el Proyecto X y que había puesto a Milani como hombre fuerte del espionaje, dedicándose a espiar e infiltrar luchas obreras, agrupamientos sociales o de derechos humanos y partidos de izquierda.

La política de inteligencia y espionaje interno mantiene su continuidad desde los años ´70 a la actualidad con el gobierno peronista de Fernández, como ocurrió recientemente en el conflicto de los mineros de Andacollo, en Neuquén. Todos los gobiernos patronales, sean militares, peronistas, radicales o de Cambiemos, han hecho uso de la inteligencia interior para asegurar el control social, la represión y la persecución política.

Este escándalo, en el que los medios oficialistas y opositores ocultan una parte, es repudiable desde donde se lo mire y plantea nuevamente la necesidad de disolver todos los organismos estatales, militares y policiales de inteligencia que, en gobiernos “democráticos”, al servicio de las patronales, usan el aparato represivo sobre los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos como hacían los gobiernos militares.

Repudiamos la injerencia de los gobiernos patronales de turno a través de su maquinaria estatal y redes de espionaje y exigimos una pronta resolución sobre esta causa y castigo con prisión efectiva para todos sus responsables.