Escribe Cristian Luna, secretario general del Sindicato Tucumano de Enfermeros (SITE) 

Según datos del Ministerio de Salud Pública, Tucumán registra 50.419 casos positivos y acumula 849 muertes desde el inicio de la pandemia, con el 86% de camas UTI ocupadas. No se contabiliza a familiares y convivientes, lo que elevaría aún más ese número. Entre el personal de salud, casi 4.000 resultaron infectados, 8% aproximadamente, el número más alto del país.

El gobierno tuvo seis meses para prepararse para afrontar la pandemia, sin casos autóctonos. Sin embargo, gastó millones en propaganda y marketing político en lugar de invertir en equipos de protección personal de calidad y en cantidad suficiente, aumentar el salario al personal de salud que está obligado al pluriempleo para tener un ingreso digno y nombrar personal bajo convenio para evitar la sobrecarga laboral. A esto se suma el congelamiento salarial, con las paritarias suspendidas desde diciembre, y la eliminación de la cláusula gatillo que permitía recuperar algo de lo que se perdió con la inflación.

El gobierno, cómplice del negocio de las empresas de salud privada, deja pasar la violación de todos los protocolos. Hay trabajadores que tienen jornadas extenuantes de dieciséis horas. En estos seis meses pudieron despedir libremente y recontratar de forma precaria, mientras recibían millones del Estado para prepararse para el Covid como, por ejemplo, cuando Manzur les entregó respiradores a los sanatorios.

“No somos héroes”

Los trabajadores de la salud reclaman desde el inicio de la pandemia aumento, pase a planta de los contratados en pandemia y, lo que es central, la declaración de insalubridad para el personal hospitalario.

Residentes

Todo el peso del trabajo en los sectores Covid recae sobre los y las residentes, mano de obra barata, precarizada y disponible las veinticuatro horas. En convocatorias y asambleas que nuclearon a estos trabajadores que reclaman mejoras en sus condiciones de trabajo, exigen poder realizar rotaciones cada quince días para, de ese modo, lograr algún tipo de descanso ante tanta presión y sobrecarga laboral.

En el hospital Avellaneda, las y los enfermeros reclaman que se terminen la persecución y el hostigamiento por parte de las autoridades del servicio de enfermería y exigen la renuncia de la jefa. Mientras tanto, la burocracia sindical no aparece. Son meses de silencio de ATSA, cuyo secretario general es legislador del PJ provincial. Su última actividad conocida fue la asistencia al cumpleaños de Manzur, violatoria de la prohibición de reuniones sociales. Prohibición que dio vía libre a la policía para perseguir a las poblaciones más humildes, cuyo resultado, hasta ahora, suma cerca de 2.500 detenciones y los asesinatos de Espinoza y Nadal.

En el marco del Día de la Enfermería, el 21 de noviembre, realizaremos una movilización y concentración en la plaza Independencia para que se visibilicen nuestros reclamos reafirmando que “no somos héroes, sino trabajadores de la salud”.

La lucha por nuestras condiciones de trabajo y el salario es también contra la pandemia

La cuarentena como única medida no alcanza, debe aplicarse en función de las necesidades sanitarias y no de las exigencias patronales.

Son imprescindibles otras medidas que recomiendan científicos de todo el mundo y que planteamos desde el comienzo: testear masivamente a la población, rastrear los contagios y aislarlos. Cuidar a los trabajadores de la salud con equipos de protección personal de calidad adecuada, licencias para los trabajadores en riesgo, completar la dotación de los equipos de salud y aumentar los salarios. Centralizar los recursos, entre ellos los hospitales y camas, laboratorios y medicamentos, sean estatales o privados, para garantizar la igualdad de trato frente a la pandemia. Y sostener a los sectores que deban aislarse abonando un IFE de 40.000 pesos a cada trabajador en cuarentena.

Para obtener los recursos y poder atender estas necesidades hay que suspender el pago de la deuda externa y aplicar un impuesto a las grandes fortunas, como puntualiza el proyecto presentado por el FIT-Unidad.

Escribe Martín Fú

El pasado 29 de octubre, la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar sin efecto la sentencia que absolvía al represor Eduardo Alfonso del asesinato del militante popular Antonio Domingo García. En un fallo breve, pero conciso, ratificó la apelación presentada por nuestra compañera Juliana García, hija de Antonio. Este recurso, aprobado por la Cámara de Casación, revoca la sentencia por la cual, pese a toda la evidencia presentada, el militar era declarado inocente. A raíz de este fallo de la Corte el tribunal ordenó la detención inmediata del represor.

Eduardo Alfonso es un militar del Ejército Argentino que durante la última dictadura cívico militar genocida tuvo una probada participación en la represión. En enero de 1977 formó parte de un grupo de operaciones, con sede en Campo de Mayo, en un operativo en Villa Adelina en el que Antonio fue asesinado y su pareja, Beatriz Recchia, embarazada de cinco meses, fue secuestrada. La lucha de Juliana, junto con sus familiares y las Abuelas de Plaza de Mayo, no solo logró poner tras las rejas al represor Alfonso, sino que además obtuvo la restitución de la identidad de su hermana, Bárbara, en el año 2009. 

La tenacidad incansable en la lucha de hijos e hijas como Juliana, familiares, Madres y Abuelas sigue siendo, junto con el enorme repudio popular contra los milicos, la garantía de que personajes como Alfonso no gocen de impunidad a más de cuatro décadas de sus crímenes.

Como cantamos siempre, “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”.

Se realizó una gran marcha a plaza de Mayo tras los cortes en todo el país y diversos actos repudiando el desalojo en Guernica y se reclamó una solución inmediata al problema de las familias y la liberación de todos los detenidos.

Juan Carlos Giordano en Plaza de Mayo

Mercedes Trimarchi en La Plata

Angélica Lagunas en Neuquén

Julieta Mechon, Juventud de Izquierda Socialista Neuquén

La sorpresa de la semana fue la larga carta de Cristina Fernández, aparecida con la excusa del décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. Todos los medios de comunicación, los analistas, e incluso los políticos de la oposición patronal, han salido a interpretar el significado y las causas de su salida. Algunos debaten si hay que creerle o no a Cristina. Muchos compañeros de trabajo, de estudio, familiares o vecinos, simpatizantes o con expectativas en el peronismo kirchnerista, por su parte, también se preguntan sobre el real significado de la carta. Por eso queremos aportar al debate nuestro análisis y una opinión.

¿Por qué sale esta carta? Porque es evidente que existe una grave crisis económica y social y un fuerte desgaste del gobierno que Cristina encabeza junto a Alberto Fernández. La vicepresidenta intenta responder a las críticas y el desencanto creciente en su propia base social. Porque millones de trabajadores votaron al Frente de Todos para terminar con el ajuste y la crisis generada por el gobierno de Macri.

Al plantear “la herencia del macrismo”, usa un argumento que cae bien entre los sectores populares, ya que evidentemente el de Cambiemos fue un gobierno de los Ceos y ajustador. Cuando Cristina suma a “los funcionarios que no funcionan” trata de salvar la responsabilidad del gobierno de Alberto Fernández en conjunto y la de ella misma y del sector peronista kirchnerista.

Cristina avanza también en una  explicación del porqué de la crisis. Dice que el problema más grave que tiene el país es que posee una “economía bimonetaria”, refiriéndose a que es la causa de la especulación permanente con el dólar.

A nuestro juicio, esto es equivocado. No compartimos la visión de que el problema es la “economía bimonetaria”. 

El problema de la especulación, la inestabilidad y la suba del dólar no es más que un reflejo de la estructura económica de nuestro país, dependiente de su relación con el FMI, subordinada a los infinitos pagos de deuda externa, a los privilegios otorgados a las multinacionales, a los acuerdos al estilo Chevron, en Vaca Muerta, a los enormes beneficios para el agronegocio, la megaminería y los bancos. Estructura económica que no fue modificada durante los doce años anteriores de gobiernos kirchneristas. Situaciones que se profundizaron en el gobierno de Macri y que hoy son mantenidas por Alberto Fernández sin que se haga absolutamente nada para modificar esta realidad. Ni siquiera se concretó el tantas veces prometido impuesto a la riqueza, que sigue sin llegar al debate en la Cámara de Diputados, mientras que ya se está terminando el año. Estos son los motivos reales de la caída constante del nivel de vida de la clase trabajadora y del crecimiento de la pobreza y la marginación social. Agravada, sin duda, por la propia crisis global que vive el capitalismo imperialista a escala mundial.

Tampoco es salida la que propone Cristina, “un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales”. Precisemos, está llamando a un gran pacto social con los empresarios (grandes y pequeños), con el conjunto de los políticos patronales (principalmente con Juntos por el Cambio), con los grupos monopólicos de los medios de comunicación y con la burocracia sindical. ¿Para qué? Para acordar el control del dólar realizando una devaluación pactada.

Esto significa agravar el ajuste. Porque cada devaluación es más ganancias para los de arriba y reducción de salarios e inflación para la canasta familiar. O sea, intentar resolver la crisis del gobierno y, a la vez, seguir pagando la deuda y cumpliendo con el FMI. Para esto, justamente, es que se necesita una fuerte devaluación y un mayor ajuste al pueblo trabajador. Lo que Cristina está proponiendo, en concreto, es que ese ajuste no quede exclusivamente bajo responsabilidad del gobierno, sino que sea “compartido” con empresarios, burócratas sindicales y la oposición patronal en su conjunto.

Tampoco la salida que propone Cristina Fernández sirve para resolver las dos pandemias, sin duda “agobiantes” para el pueblo trabajador, la sanitaria y la social. No se va a salir con un pacto con el agronegocio, las multinacionales, la burocracia sindical y los políticos patronales de Juntos por el Cambio.

Por eso, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad sostenemos que es necesario otro plan económico, obrero y popular, con medidas de emergencia. No hay solución si no empezamos por dejar de pagar la deuda externa y rompemos los lazos políticos y económicos que nos unen al FMI. Terminar con la especulación, con la perversión de una economía “bimonetaria”, solo es posible si nacionalizamos la banca y el comercio exterior. Estas son las medidas básicas para salir de esta crisis, para tener los recursos necesarios y poder aplicarlos a resolver las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, vivienda y educación.

Imponer este programa alternativo no se logrará confiando en el gobierno del Frente de Todos, sino luchando por enfrentar el ajuste. Y, a la vez, fortaleciendo una alternativa política de los trabajadores, como la que venimos postulando desde el Frente de Izquierda Unidad. 

Izquierda Socialista pone todas sus fuerzas para desarrollar esta alternativa. Te invitamos a sumarte a la tarea.

Escribe José Castillo

Otra vez la noticia vuelve a ser la cotización del dólar. Casi todos los días nos enteramos de un nuevo récord, tanto en el valor del blue (el que venden los “arbolitos” en la calle, o en las cuevas), como en el más sofisticado “contado con liqui” (CCL), usado por los especuladores financieros para comprar y fugar “legalmente”. El pueblo trabajador, cuya inmensa mayoría no tiene la posibilidad de ahorrar un solo dólar, ve todo esto por sus consecuencias en las góndolas, aumenta todo y ya empiezan a faltar productos esenciales como la harina, el aceite o el arroz, que luego “reaparecen” con aumentos siderales. Los salarios y las jubilaciones, ya golpeadísimos, se enfrentan en estas semanas a una nueva pulverización de su poder adquisitivo.

El gobierno en su laberinto

Alberto Fernández durante todos estos meses ajustó a los trabajadores y privilegió a los empresarios y acreedores de la deuda. Lo hizo, a pesar de que sus discursos sostenían lo opuesto. Les pagó 4.500 millones de dólares en efectivo a los usureros acreedores mientras renegociaba la deuda, que se terminó firmando con un arreglo totalmente a favor de estos pulpos. Otorgó innumerables beneficios y privilegios a las patronales, con exenciones impositivas y, sobre todo, con el pago de una parte sustancial de los salarios a través del programa ATP. La excusa era que, de esta forma, se evitarían despidos, que igual se terminaron produciendo. 

El discurso del gobierno del Frente de Todos sostenía que “una vez cerrado el acuerdo con los bonistas privados” vendrían las medidas para reactivar la economía. Nada de eso sucedió. Al contrario, ya hay un proyecto de presupuesto, acordado con el FMI, que plantea un “ajustazo” para el año próximo.

Pero eso no fue lo peor. El establishment financiero, los monopolios agroexportadores, las transnacionales del gas y el petróleo, las empresas privatizadas, todos, se han lanzado a una carrera para tratar de obtener nuevos privilegios de parte del gobierno. Que se los da, como hizo la semana pasada con las gasíferas y petroleras. O cuando se adelanta el “descongelamiento” de las tarifas el año próximo. Pero la peor exigencia apunta a una mayor devaluación. El gobierno la está realizando, pero a una velocidad menor de la que pide el establishment. Esa es la pulseada de estas semanas, con un gobierno que ensaya distintas medidas para tratar de evitar que la suba del dólar vaya “demasiado rápido”. Otorga más beneficios a distintos sectores empresarios: baja de retenciones (favorable a agroexportadores y mineras), suba de tasas de interés (para los bancos), liberalización para que los especuladores extranjeros puedan entrar a jugar en el “contado con liqui” y ahora un festival de bonos atados a la evolución del dólar (que significa más endeudamiento) y hasta una subasta de 750 millones de dólares que se les “regalarán” a los fondos Pimco y Templeton, dos de los grandes acreedores de la Argentina.

Sin embargo, hasta ahora no ha logrado garantizar que los pulpos especuladores no sigan haciendo subir el dólar. Por eso el rumor de que el presidente Fernández le habría puesto un plazo de quince días al ministro Guzmán. Mientras tanto apuesta, con este ministro o con otro, a un acuerdo rápido con el FMI, que arribará al país en noviembre para una nueva reunión. Anticipamos, cualquier plan acordado con este organismo va a significar un mayor ajuste contra el pueblo trabajador, como lo muestran todos los firmados en el pasado inmediato, incluyendo el cerrado con Ecuador hace apenas quince días.

¿Cuál es la salida?

Políticos patronales de la oposición dicen que el problema es que no hay un “plan económico” y exigen que se explicite un mayor ajuste bendecido por el FMI. El gobierno de Alberto Fernández dice que sí existe un plan económico y que se encuentra en el proyecto de presupuesto 2021, al mismo tiempo que avanza en el acuerdo con el Fondo. Unos y otros avalaron el pacto con los pulpos acreedores privados, el nuevo ajuste que se viene con el FMI y la continuidad de los pagos de la deuda externa. Con el “plan actual”, o con uno “nuevo”, con estos funcionarios a cargo del Ministerio de Economía y del Banco Central o con otros, todos los políticos patronales, sus economistas y el establishment económico acuerdan en priorizar los pagos a los acreedores, al FMI y los privilegios crecientes a las empresas y los especuladores financieros.

Nuestro planteo es exactamente el opuesto. Es necesario otro plan económico que dé vuelta las prioridades. Que defina que lo primero es resolver, ya mismo, las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, vivienda, salud y educación.

Yendo a lo concreto, implementar un aumento salarial de emergencia para todos, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, estimado por los trabajadores de ATE-Indec en 73.470 pesos. La inmediata reapertura de todas las paritarias sin techo alguno. Aumentar las jubilaciones para que recuperen todo lo perdido e implementar el 82% móvil. Establecer un IFE mensual de 40.000 pesos para todo el que lo necesite. Y poner todos los recursos necesarios para la infraestructura sanitaria destinados a enfrentar la pandemia, incluyendo la incorporación de más trabajadores de la salud y aumentos de salarios de emergencia.

¿De dónde sacar los recursos para hacer todo esto? De la inmediata suspensión de los pagos de deuda externa, incluyendo la ruptura de todos los acuerdos políticos y económicos con el FMI, y de un auténtico impuesto a las grandes riquezas, tal como el que presentó el Frente de Izquierda Unidad. A esto tenemos que sumarle la única medida efectiva para terminar con la especulación de los pulpos financieros y de los monopolios agroexportadores, la fuga de divisas y la suba del dólar: nacionalizar la banca y el comercio exterior.

Estas son las propuestas básicas de un plan económico obrero y popular, que desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad oponemos al de la continuidad y profundización del ajuste, bendecido por el FMI, que solo nos seguirá hundiendo en más crisis, miseria y desempleo.