Escribe Martín Fú

Un nuevo escándalo protagonizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Macri salió a la luz. Como parte de la misma denuncia e investigación sobre el espionaje ilegal contra el peronismo kirchnerista, también se develó que la izquierda fue espiada. En una presentación judicial de 352 páginas, conocida como “Bases Amba”, en la que “se investiga a una organización criminal que llevó adelante de manera organizada y sostenida en el tiempo numerosas actividades de inteligencia y espionaje ilegal” (causa Nº FMP 88/2019, caratulada “D´alessio, Marcelo Sebastián y otros s/asociación ilícita y otro”) se describe la mecánica del funcionamiento en distintos informes de inteligencia durante el gobierno de Macri que daban cuenta de la constitución y funcionamiento de organizaciones sindicales, sociales, de derechos humanos y políticas en donde, entre otras, se encontraban nuestro partido, Izquierda Socialista, y Docentes en Marcha, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, el PTS, el MST, la Comisión Provincial por la Memoria, CTA, ATE, trabajadores de Cresta Roja y el Expreso Lomas, más “peligrosas” organizaciones que fueron espiadas, como Madres del Trueque y la agrupación Unidos por los Niños.

Párrafo aparte merecen la infiltración y el seguimiento de los familiares de las víctimas del submarino ARA “San Juan” “por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento” del sumergible desaparecido en noviembre de 2017.

Locales partidarios, barrios, redes sociales, lugares de trabajo, clubes, escuelas, universidades, movilizaciones, luchas, actos políticos, cursos de formación política y quienes aportaban financieramente eran, entre otros, los objetivos donde la AFI metía las narices y elaboraba sus análisis a través de las “mesas de información”.

La inteligencia de la dictadura continúa con la “democracia”

De la misma presentación judicial surge un ejemplo que ilustra el papel de la inteligencia sobre la militancia política en todos los gobiernos patronales.

El escrito aportado por la fiscalía compara la infiltración llevada adelante a finales de 1981 por la Dipba (Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires) sobre el PST y nuestra intervención en plena lucha bancaria. La Dipba, junto con el Destacamento 201 del Ejército, recabaron información que terminó con la desaparición y asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez en febrero de 1982, mencionándose que en 2017, mientras se sustanciaba la prueba para el posterior juzgamiento de los militares que luego fueron condenados a prisión perpetua, la AFI realizaba al mismo momento tareas de inteligencia sobre los trabajadores bancarios, como lo denunció la Asociación Bancaria de Chivilcoy, que estaban en lucha y eran espiados por su actividad gremial. Es decir que, mientras el Poder Judicial juzgaba este tipo de acciones, el Ejecutivo las financiaba y desplegaba en las mismas jurisdicciones y sobre las mismas agrupaciones sindicales, idéntico esquema de inteligencia y espionaje que se utilizaba en la dictadura, pero ahora bajo un gobierno “democrático”.

En 2015 el peronismo kirchnerista le cambió el nombre a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el mismo gobierno que creó el Proyecto X y que había puesto a Milani como hombre fuerte del espionaje, dedicándose a espiar e infiltrar luchas obreras, agrupamientos sociales o de derechos humanos y partidos de izquierda.

La política de inteligencia y espionaje interno mantiene su continuidad desde los años ´70 a la actualidad con el gobierno peronista de Fernández, como ocurrió recientemente en el conflicto de los mineros de Andacollo, en Neuquén. Todos los gobiernos patronales, sean militares, peronistas, radicales o de Cambiemos, han hecho uso de la inteligencia interior para asegurar el control social, la represión y la persecución política.

Este escándalo, en el que los medios oficialistas y opositores ocultan una parte, es repudiable desde donde se lo mire y plantea nuevamente la necesidad de disolver todos los organismos estatales, militares y policiales de inteligencia que, en gobiernos “democráticos”, al servicio de las patronales, usan el aparato represivo sobre los trabajadores, los sectores populares y sus organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos como hacían los gobiernos militares.

Repudiamos la injerencia de los gobiernos patronales de turno a través de su maquinaria estatal y redes de espionaje y exigimos una pronta resolución sobre esta causa y castigo con prisión efectiva para todos sus responsables.

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

La convocatoria realizada por los sectores de la juventud que vienen levantándose contra el calentamiento global fue nuevamente un éxito. En más de 3.500 ciudades se salió a protestar atendiendo a las condiciones sanitarias de cada lugar.

En nuestro país, el llamamiento a salir a la calle partía de la dificultad de que la propia organización argentina que participó de la conferencia de prensa latinoamericana de convocatoria a la Huelga Mundial salió a boicotear la iniciativa. Lamentablemente, Jóvenes por el Clima viene privilegiando sus acuerdos con el gobierno del Frente de Todos. En ese marco, copió el discurso de la burocracia sindical peronista que, alegando “ser empáticos” con la situación sanitaria y la realidad de las y los trabajadores de la salud, vienen dejando pasar el brutal ajuste que se está descargando sobre la clase trabajadora sin mover un dedo. Jóvenes por el Clima venía criticando las convocatorias previas, y ahora, la salida a hacer en la Argentina lo mismo que se hizo en todo el mundo el viernes pasado, expresarse en la calle porque la crisis ambiental es ahora, es urgente y exige una intervención política contundente.

El llamado a limitarse a una acción por redes sociales fue rechazado por la enorme mayoría de las organizaciones socioambientales que son parte del nuevo movimiento de lucha que se levantó al compás de las cinco huelgas mundiales previas. Se reafirma de esta manera algo que para Izquierda Socialista y la agrupación Ambiente en Lucha es estratégico, avanzar en una coordinación unitaria que sostenga el principio de la independencia política de todos los gobiernos y que no limite su agenda a las presiones y necesidades de los responsables políticos de la devastación ambiental en que estamos inmersos.

De hecho, la jornada del 25S se produjo horas después de que el Congreso ratificó que la Argentina se convertía en el décimo de los once países de Latinoamérica y el Caribe requeridos para que entre en vigencia el Acuerdo de Escazú en la región. Se trata de un convenio con una batería de definiciones de protección del ambiente y los derechos de quienes luchan en defensa de la naturaleza que, en general, pueden ser correctas, pero que guardan el suficiente grado de abstracción como para que pueda ser votado por los ecocidas en regla del PJ y Cambiemos.

En el Congreso tuvimos que escuchar a la diputada Sapag, del MPN, que hizo votar en su provincia el pacto secreto con Chevron sobre la base de una feroz represión, y ahora celebraba la “participación popular” que abriría este nuevo convenio. O a una referente del peronismo kirchnerista hablando de “ampliación de derechos”, mientras sus doce años de gobierno previos, y los diez meses de Alberto Fernández, dan cuenta de un inequívoco rumbo de depredación ambiental con el fracking y la megaminería, pisoteo de los derechos de los pueblos originarios y de los pueblos fumigados y una clara política de continuidad del saqueo en mano de las multinacionales, que abrió el menemismo en los ’90. La jornada del viernes fue también una respuesta al circo de cinismo que envolvió la aprobación de Escazú, y una ratificación de que no hay implementación progresiva de legislación alguna sin movilización popular en las calles.

Siguen incendiando el país, sigue la pelea y se lanza Ambiente en Lucha

Pos-25S, volvieron los incendios en el delta del Paraná y las sierras de Córdoba. El propio Servicio Nacional de Manejo del Fuego reconoce que el 95% de los incendios que abarcaron ya a catorce provincias y más de medio millón de hectáreas son producto de la intervención humana. No se trata solo de “prácticas arcaicas”, como dice el ministro Cabandié, sino de las muy modernas perspectivas de ganancias ante las que las patronales del agronegocio se relamen y queman para renovar terrenos.

En este contexto es que seguiremos apostando a la unidad y a coordinar nuevas medidas para mantenernos tanto en las calles como en las redes sociales interviniendo con la agenda urgente del movimiento socioambiental de nuestro país.

Pero además, desde Izquierda Socialista nos hemos propuesto, junto a compañeras y compañeros independientes, impulsar Ambiente en Lucha como una agrupación abierta a la cual sumarse a debatir y organizarse en pos de construir una alternativa que vaya a fondo para frenar el rumbo de catástrofe al que nos llevan el capitalismo y sus gobiernos. Este sábado 3 de octubre, a las 17, haremos a través de Zoom un conversatorio nacional en el que participarán representantes del conjunto de las peleas que se están dando en nuestro país, así como también de algunas de las más históricas de las últimas décadas. Pedinos el link para sumarte.

Escribe Alfredo Leytes, concejal electo de Izquierda Socialista/FIT-Unidad

Esta es la alerta más temida en las sierras cordobesas. Según la Universidad Nacional de Córdoba, en diecinueve años (1999-2017) se produjeron 5.358 incendios forestales que afectaron 700.376 hectáreas. Equivalen a doce ciudades de Córdoba. Ya van seis meses sin lluvia y se han quemado 70.000 hectáreas y esto no terminó. A la incalculable pérdida de flora y fauna, se suman decenas de casas y la vida de dos lugareños. El gobierno de Schiaretti es el responsable de que esta catástrofe se repita todos los años.

El peronismo gobierna la provincia hace veinte años. Al respecto, Luis Tuninetti, coordinador del Observatorio Regional del Cambio Climático de la Universidad Nacional de Villa María, dijo: “Esta situación evidencia la necesidad de políticas de alerta temprana más preventivas que paliativas. Un siniestro de esta magnitud era previsible, por las sequías y los incendios en el Amazonas que modificaron el régimen de lluvias”. Y sobre el origen señala: “Estos incendios son intencionales, no son cosas de algún pirómano. Existen intereses urbanísticos y productivos para sacarse de encima al bosque nativo”. Y aclara que las entidades rurales ejercen presión para avasallar la Ley de Bosques debido a su proyecto productivista e irracional hacia los ecosistemas.

Los incendios comenzaron el 14 de agosto. “Prenden para desmontar”, denunciaron vecinos y organizaciones ambientales, y el gobierno respondió que reprimiría a los vecinos que, desesperados, intervienen para salvar las casas, porque a pesar de su heroico esfuerzo los bomberos no logran dominar las llamas. Los incendios forestales arrasaron todo a su paso, quemando 70.000 hectáreas de bosques nativos y tierra productiva. Pero no hay quemada una sola hectárea de soja, o el campo de algún gran establecimiento ganadero. Se quema la rica biodiversidad, la casa del lugareño, sus animales y hasta la vida de dos de ellos.

Si esto se puede prever, ¿por qué no lo hacen? Porque gran parte de este fuego es intencional, no se investigan sus orígenes, y cuando lo hacen culpan al desprevenido que le encontraron dos encendedores. Pero si encuentran incendiando al propietario de un campo, como en Villa Albertina, no pasa a mayores.

Si en la época de sequía se invirtiera en puestos de vigía permanente diseminados en el territorio para la detección temprana del fuego, tal como lo exige la ley de control del fuego, el 80% de este desastre se evitaría, según los expertos. Nos ahorraríamos los 17 millones de pesos diarios que cuesta apagar incendios forestales, según afirma el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, quien también acepta que en su mayoría son intencionales.

Si no se invierte en la prevención es porque hay quienes se benefician con estos incendios y todos saben quiénes son, los grandes emprendimientos inmobiliarios y del agronegocio que, con la complicidad de los gobiernos, violan la prohibición de cambiar la utilización del suelo del lugar que se quemó. Así aparecen campos de soja, o de cría de ganado, porque la incineración del suelo le otorga la dureza suficiente para la producción ganadera y renueva la vegetación de una forma más rápida que la natural. O aparecen countries y barrios cerrados, como en el camino a Falda del Carmen, Falda del Cañete, donde hace años fue quemado el bosque nativo.

Con el tiempo, las consecuencias pueden ser catastróficas, porque hay grandes superficies arrasadas y un ecosistema quemado que impacta sobre la vegetación que protege a las cuencas hídricas, a la fauna, al monte nativo y a la retención de las precipitaciones en el suelo.

Apoyados en la más amplia unidad de acción y la movilización popular, debemos lograr la emergencia ambiental y la formación de una comisión de ambiente con profesionales expertos en la materia, miembros de organizaciones sociales de cada localidad y representantes de los trabajadores que tenga a su cargo elaborar un plan de reparación ambiental, así como también una nueva ley de ambiente provincial integral. Mientras tanto, hay que exigirle al gobierno que haga cumplir la limitada ley de manejo del fuego invirtiendo en la prevención, incorporando equipos de guardaparques y guardaambientes en cada región de bosque nativo, dotados de equipos de comunicación y prevención, y la reposición de todos sus bienes a los sectores populares damnificados.

Para todo esto se necesitan millones de pesos, que deben salir del no pago de la deuda externa provincial y de un impuesto a las grandes fortunas de la provincia, a los bancos, las grandes empresas y los terratenientes.

Para reclamar contra los incendios, este viernes nos concentramos a las 11 en el Patio Olmos como agrupación Ambiente en Lucha.

El gobierno peronista de Alberto Fernández lleva nueve meses de gestión, seis en medio de la pandemia. Período suficientemente extenso para ver quién ganó y quién perdió. Los pulpos acreedores de la deuda externa se llevaron 4.500 millones de dólares en efectivo. Y luego tuvieron una más que favorable, para sus intereses, renegociación de la deuda. A las patronales el gobierno les financia el 50% de los salarios que deberían pagar, mientras tienen vía libre para despedir y suspender.  Los bancos siguen obteniendo superganancias. Del otro lado, los salarios y las jubilaciones siguen perdiendo frente a la suba de precios y millones se ven obligados a sobrevivir con los 10.000 pesos por bimestre del IFE. Ahora la inflación se prepara a pegar un nuevo salto después de la suba de las naftas y la devaluación del peso de la semana pasada. La presentación del presupuesto nacional 2021 nos indica que, sobre este ajuste, el gobierno se prepara para implementar uno mayor aún, según le exige el Fondo Monetario Internacional, con el que ya ha iniciado negociaciones. El balance es claro, ganaron los usureros de la deuda, los banqueros y las patronales; perdió el pueblo trabajador. Frente a esta realidad, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda decimos que es urgente la implementación de otro plan económico, obrero y popular, que dé vuelta las prioridades y pase a atender las urgentes necesidades del pueblo trabajador. 

Mientras en los lugares de trabajo, de estudio, en los barrios y en las familias las preocupaciones se centran en cómo enfrentar la pandemia sanitaria del coronavirus y la otra pandemia, la de sus consecuencias sociales, en “las alturas de la política” la discusión y los intereses van por otro lado, totalmente ajenos a las preocupaciones populares. Así, tenemos la pelea entre Alberto Fernández y Larreta por los fondos de la coparticipación, o por cómo “diferenciarse” ante las medidas de la cuarentena. La vicepresidenta Cristina Fernández, por su parte, tiene como principal preocupación la remoción de los tres jueces que llevan adelante las causas por corrupción en su contra. Del otro lado, la oposición patronal de Juntos por el Cambio sigue fogoneando las “marchas por la república”, pequeñas, minoritarias y reaccionarias. Que, como contrapartida, le sirven a los periodistas de los medios oficialistas para agitar “contra la derecha” y denunciar fantasmales “desestabilizaciones”. Digamos de pasada, como explicamos más abajo, que esto también es aprovechado por la burocracia sindical como excusa para llamar a apoyar al gobierno mientras no mueve un dedo por los aumentos salariales.

Frente a todo esto, la vida real sigue por otro rumbo. La pandemia continúa con todo, con sus lamentables informes diarios de contagiados y fallecidos. Ahora volcándose con fuerza sobre el interior del país. Los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de esta batalla, que han visto morir a muchos de sus compañeros por el virus, que siguen cobrando salarios de miseria, “recibieron” algo por primera vez, palos. Esa fue la respuesta de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires de Larreta frente a las trabajadoras y los trabajadores de enfermería que reclamaban lo elemental, ser reconocidos como profesionales.

La toma de tierras en Guernica desnuda la realidad de la pobreza profunda, de la marginación de millones que, en estos meses, perdieron hasta sus humildes lugares donde vivían. En invierno, bajo la lluvia, las precarias construcciones son una denuncia viva de las cuatro millones de viviendas que constituyen el déficit habitacional de nuestro país. La respuesta del gobierno nacional y del de la provincia de Buenos Aires, tras haberse garantizado la presencia policial con los aumentos que le otorgaron a la fuerza, es la represión. La firmeza de la resistencia de los ocupantes, la solidaridad del sindicalismo combativo y la izquierda y las denuncias de lo que se venía lograron que, momentáneamente, el gobierno y el juez interviniente tuvieran que dar marcha atrás y parar el desalojo esta semana. Un importante avance parcial al que habrá que seguir cimentando con la movilización en los próximos días.

La velocidad con que el gobierno respondió al reclamo policial de la provincia de Buenos Aires primero, y la devaluación, la suba de combustibles y la aceleración de la inflación inmediatamente después, pusieron más al orden del día que nunca el reclamo de un aumento salarial de emergencia y de la reapertura de las paritarias. Lamentablemente, los burócratas de la CGT y las CTA siguen llevando adelante la política del gobierno. Como se está viendo en los casos de la UOM o Comercio, se quiere arreglar la pulverización de los salarios con algunas sumas fijas, pateando cualquier discusión sobre recomposición salarial de lo perdido para el año próximo. La máxima preocupación de la CGT es conseguir un aumento de los descuentos salariales para las obras sociales, o ver si organizan un acto de apoyo al gobierno para el 17 de octubre.

¿Cómo enfrentar toda esta realidad? Luchando, movilizándose, apoyando todas las luchas en curso y brindándoles solidaridad y coordinación para que triunfen. Porque si se lucha se puede ganar, como acaban de demostrar los docentes de Misiones, que obtuvieron un importante aumento salarial, o los trabajadores del Sutna, que lograron un 37% en su paritaria. En esta dirección, la semana que terminó tuvimos la jornada del sindicalismo combativo, la marcha en defensa de la toma de Guernica y la movilización de los trabajadores de la salud. Este es el camino para pararle la mano al ajuste del gobierno de Fernández y el FMI.

A esto tenemos que agregarle otras luchas que se abren paso en el mundo, a pesar del coronavirus. Así, el próximo 25 también en nuestro país nos movilizaremos en el marco de la Jornada Mundial por el Clima. Y el 28, el movimiento de mujeres volverá a decir presente exigiendo el aborto legal, vergonzosamente cajoneado por el gobierno de Alberto Fernández.

Mientras damos todas estas peleas, es fundamental que también postulemos políticamente, como decíamos al principio, que sí hay otra salida. Un programa económico diferente, obrero y popular, que arranca de un aumento salarial de emergencia para que nadie gane menos que la canasta familiar (calculada en 72.000 pesos por los trabajadores de ATE-Indec), por un IFE de 40.000 pesos, por plata para atender la emergencia en salud (empezando por los sueldos de sus propios trabajadores), entre otras medidas urgentes. Todo financiado con la plata que existe, solo que está en manos de los multimillonarios y las grandes empresas, o destinada al FMI y los pulpos acreedores. Hay que sacarla de ahí imponiendo un impuesto de verdad a las grandes riquezas y suspendiendo el pago de la deuda externa. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad te invitamos a sumarte a luchar por este programa.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno acaba de imponer un impuestazo de 35% sobre el valor del dólar ahorro. El objetivo es limitar, o directamente impedir, la compra mensual de 200 dólares a que apelaban muchos trabajadores o sectores de clase media baja para no seguir perdiendo poder adquisitivo. Esta medida llevó a que el dólar alcance los 130 pesos, lo que significa una nueva devaluación, con la consiguiente consecuencia de suba de precios de los productos de primera necesidad (más inflación) y una nueva pérdida en los salarios, las jubilaciones y los planes sociales que acrecentarán la pobreza y la miseria.

A su vez, la disposición prohíbe directamente adquirir esos dólares a quienes son beneficiarios de programas sociales (IFE y AUH), tengan préstamos hipotecarios UVA y a cientos de miles de monotributistas, entre otros. El gobierno dice que esta medida va contra los especuladores. ¿Son especuladores quienes cobran una asignación por hijo o un miserable IFE de 5.000 pesos mensuales? Es una barbaridad. La única verdad es que es otro manotazo de ahogado para reservar los dólares y seguir pagando la deuda externa, cumplir con el FMI y subsidiar a las patronales. 

También está la restricción de la divisa para la cancelación del 60% de las deudas privadas de las grandes empresas, las que tendrán que usar dólares propios. Esto ya generó críticas del sector empresario, que se vale del Estado como garante para sus propios negocios. Es decir que plata hay, solo que este gobierno la usa para salvar a los capitalistas.

El gobierno justifica el nuevo cepo diciendo que es para “poner límite a la sangría de reservas internacionales”. Pero decir que un trabajador, un beneficiario de un plan social o un monotributista están provocando una “sangría” de dólares es una aberración absoluta. Como hemos dicho en un comunicado al conocerse la noticia, “la sangría se produce por los 4.500 millones de dólares que el gobierno pagó de deuda externa desde que asumió y la fuga de capitales que sigue permitiendo”. Los grandes ganadores son los bancos y los especuladores de verdad, como los bonistas que recibieron una mejora de pago de 15.000 millones de dólares, o el FMI, a quien se le va a pagar una deuda de 50.000 millones de dólares que el pueblo no vio.

Faltan dólares, ¿quién se los lleva?

Que el problema no es el “dólar ahorro” no solo lo decimos desde la izquierda, sino hasta funcionarios del propio gobierno. Un informe de Claudio Lozano (director del Banco Nación y miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas) desmitifica la campaña de que “faltan dólares”, diciendo: “Si hay algo que no se puede decir hoy es que Argentina transita un momento de escasez de dólares. Quien no tiene dólares hoy es el Banco Central”. Y afirma: “Argentina tiene dólares, ya que terminó 2019 con un saldo comercial de unos 15.900 millones de dólares, y el de este año se proyecta cercano a los 17.000 millones. Pero ocurre que los dólares que la Argentina acumuló en 2019 se fueron en concepto de pagos de deuda y fuga de capitales” (Página/12, 18/9). Y agrega que por el denominado “dólar ahorro” solo salieron entre enero y julio de este año 1.826 millones de dólares, mientras que el saldo comercial favorable de Argentina es de 9.563 millones de dólares, pero solo ingresaron 2.865 millones de dólares menos por la no liquidación de los mismos dólares por parte de los exportadores. Es decir, se los quedaron ellos.

El texto asevera que “la otra gran causa del consumo de divisas ha sido el pago de deuda por intereses y capital, tanto pública como privada. Entre enero y julio se fueron 4.789 millones de dólares por intereses y se canceló capital por 4.276 millones. Es decir, 9.065 millones de dólares se los llevó el endeudamiento”. Conclusión, el problema no es el dólar ahorro, es la aspiradora de dólares por deuda pública y privada (9.065 millones de dólares) y la no liquidación de los exportadores (3.267 millones de dólares). Por estos conceptos se fueron 12.332 millones de dólares, por la “fuga del dólar ahorro” apenas 1.826 millones.

A esto tenemos que agregar la tremenda evasión de dólares en las maniobras del comercio exterior donde un puñado de monopolios transnacionales tienen el dominio absoluto de nuestras exportaciones, y las enormes bicicletas de los bancos, los grandes ganadores con este gobierno.

Que el gobierno use esta medida para decir que está atacando a los especuladores y que de esta manera privilegia “el trabajo y la producción” es una gran mentira, como parte de su acostumbrado doble discurso. Dice esto mientras sigue subsidiando a las patronales con el pago de la ATP (50% del salario por parte del Estado), el agronegocio y rebajando salarios.

Esta devaluación es un mayor ajuste para el pueblo trabajador. Desde Izquierda Socialista decimos que hay que castigar a los verdaderos especuladores, cortándoles el chorro del festival de dólares a los bancos, los exportadores, los bonistas de la deuda, los fondos de inversión, las multinacionales y el FMI. Y a todos los que se valen del gobierno y usan las maniobras que les permiten evadir, especular, fomentar devaluaciones y la fuga de capitales en una completa impunidad.

Decir que los problemas de la economía se generan porque “faltan dólares” es para tapar que los billetes verdes están, pero se los llevan ellos. Para evitarlo, es necesario nacionalizar la banca (para terminar con la actual especulación cambiaria y tomar el control de todo el dinero circulante en beneficio del pueblo trabajador) y el comercio exterior (para que sea el Estado quien decida y maneje las exportaciones y las importaciones) y de ese modo librarnos de que los dólares se los apropien multinacionales del sector, una parte esencial del mecanismo por el cual se llevan nuestras riquezas. Y, fundamentalmente, dejar de pagar una deuda usurera e ilegítima para que los dólares se queden en el país y se inviertan en un plan económico obrero y popular que reactive la economía.