Escribe Guido Poletti

La ley ómnibus tiene todo un capítulo referido a  modificaciones de la ley electoral. Entre varios temas, todos discutibles y manipulables en manos de los partidos patronales (boleta única, cambios en la cantidad de diputados por provincias), hay una, sin embargo, de una extrema gravedad: la elección uninominal.

Con este esquema, se divide cada provincia en tantos distritos electorales como diputados se elijan y luego se elige uno solo en cada uno de ellos. Para ser claros: solo serán electos los que ganen (salgan primeros) en cada distrito. Es una forma de votación que elimina totalmente la representación de las minorías. Una fuerza política puede obtener el 10, 20, 30 o 40% de los votos y, aún así, no tener ninguna representación en el Congreso. Milei no es original: así se eligen los Representantes (equivalentes a nuestros diputados nacionales) en el Congreso de los Estados Unidos. Por eso, siempre, el total de los elegidos pertenecen a alguno de los dos grandes partidos patronales (demócratas o republicanos).

¿Quién sale favorecido con esta modificación electoral? Obviamente, los partidos patronales tradicionales (peronistas y radicales), el PRO en algunos lugares y, actualmente, La Libertad Avanza. ¿Quién pierde? El Frente de Izquierda, al que se busca proscribir y silenciar. El motivo es obvio: somos quienes, incondicionalmente, nos opondremos, en el Congreso y en las calles, al plan de ajuste y represión del ultraderechista de Milei.
 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
27/12/2023

Milei envió al Congreso la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos". Declara la “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Y delega las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo al menos por dos años. Es decir, gobernar por decreto. Un nuevo ataque dictatorial para privatizar, contra las jubilaciones, el ambiente y mano dura a los que luchan.
Esta ley ómnibus vulnera derechos fundamentales del pueblo trabajador, privatiza empresas estatales, elimina organismos estatales con los consiguientes despidos de personal, ataca a las y los jubilados y al derecho fundamental por una educación pública y gratuita en todos sus niveles y a la autonomía universitaria, da libertad para seguir con el saqueo contaminante permitiendo la tala de bosques y la minería en zona periglaciar y, fundamentalmente, elimina restricciones para seguir con más endeudamiento externo. Un claro ataque contra el pueblo trabajador y las conquistas sociales y democráticas conquistadas en décadas de lucha, que se suma al ajuste en curso, la inflación y el nuevo salto que se viene con la suba del transporte público y las tarifas de los servicios básicos de luz, gas y agua.

En 664 artículos, el proyecto reaccionario y arbitrario dice engañosamente que es para “garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de los argentinos y mejorar los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino”. ¡Pero el único derecho a la libertad y a la propiedad que garantiza es para que los grandes empresarios, bancos y multinacionales se queden con todo!
Cuando Milei habla de terminar con las “regulaciones que restringen la libertad de los argentinos”, es en beneficio de la clase capitalista, sacando las trabas mínimas para que avancen en el saqueo.
Por ejemplo, el megaproyecto suspende la movilidad jubilatoria, siendo el poder Ejecutivo quien ahora fije los aumentos que serán a la baja. Además, no dice cómo aumentarán las prestaciones sociales que abarca a más de 17 millones de personas (AUH, Asignaciones Familiares, etcétera), quedando a discreción del ultraderechista Milei.

La ley dispone privatizar 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas, el Banco Nación, Aysa, Casa de Moneda, Correo Argentino, Arsat, Enarsa, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam y otras. También dispone un blanqueo impositivo y una moratoria con quitas y eliminación de multas a empresas por deudas tributarias, en un claro beneficio a grandes empresarios y evasores. Y con el tema Deuda Externa, Milei pretende saltear el Congreso al momento de endeudarse. Para eso lo tiene al ministro Luis Caputo que nos endeudó cuando fue funcionario de Macri con bonos a 100 años y los 45.000 millones de dólares con el FMI.
A su vez la ley libera la importación y exportación de hidrocarburos y gas; crea un régimen especial para “grandes inversiones” (agroindustria, minería, gas, petróleo, tecnología) y establece como único financiamiento de la obra pública las tarifas y peajes.
Por otra parte, la ley destruye aún más el ambiente, porque ataca directamente la Ley de Protección de Bosques (todos los bosques argentinos podrán ser desmontados) y la de Glaciares (permitiendo la actividad minera en ambiente periglaciar, actualmente prohibido, al servicio de la Barrick).

Con el latiguillo mentiroso de “garantizar la libre circulación”, además de tener que pedir permiso para protestar, penaliza con prisión común de 1 a 3 años y medio la movilización, de 2 a 4 años los cortes y de 2 a 5 años a los dirigentes de las organizaciones que participen o a toda persona que simplemente convoque a participar de una acción. Se considera reunión o manifestación la congregación "intencional y temporal de 3 o más personas en el espacio público". De esa manera aquellos que reciban la pena máxima deberán cumplir prisión efectiva. Una verdadera cacería para las y los dirigentes y organizaciones que luchan contra el hambre y la miseria.
Por otro lado, en un apoyo expreso al aparato represivo, agrava las penas para el delito de resistencia a la autoridad (aquel que quiera defenderse de un abuso policial será declarado culpable, siendo no excarcelable) y extiende la figura de legítima defensa.

Como no podía faltar, este proyecto nefasto incluye un ataque al derecho al aborto legal que el movimiento feminista conquistó en las calles. Bajo una concepción totalmente retrógrada (por eso veníamos denunciando a Milei como representante de la reacción patriarcal) busca modificar la Ley de 1000 días (ley sancionada en el marco de la conquista de la IVE como una concesión a las iglesias) incluyendo que habría "un niño desde la concepción", trayendo un debate ya superado por la ciencia y lo ocurrido en la Argentina con la #MareaVerde. También, como parte de su concepción reaccionaria, intenta eliminar a las disidencias como personas gestantes, reemplazando la terminología de "mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar" por "madres embarazadas".

También la ley agregó un artículo para blindar el mega DNU de la semana pasada, ratificándolo, cosa que si el Congreso vota esta ley, la controversia judicial por el mismo quedará anulada. A su vez la ley dispone una amplia reforma del Estado con cambios en centenares de leyes, entre ellas reformas políticas (derogación de las PASO, cambio en la integración de la Cámara de Diputados). En definitiva, es un ataque global que el gobierno justifica por la “herencia recibida”, la mentira de que “no hay plata” o “la ferocidad del Estado”, cuando está casi todo privatizado. Dice que con esto se acabará con la “frustración” de los gobiernos anteriores. Pero son tan bestiales las medidas adoptadas, que sumadas a la mega devaluación y a la sideral suba de los precios bajo el eslogan de la “libertad de mercado”, que lo que crece es la incertidumbre, la preocupación y la disposición a enfrentarlo en parte del pueblo trabajador. Por eso se dan los cacerolazos espontáneos que, sumado a la marcha del sindicalismo combativo y la izquierda el 20 de diciembre, dieron un paso en la lucha contra el protocolo represivo de Patricia Bullrich.
A la CGT no le quedó otra que llamar a una marcha en el día de la fecha, 27 de diciembre, pero acotada, “simbólica” y a Tribunales. Marcha donde las y los que luchan y el Frente de Izquierda reclamaron que la CGT y CTA le tienen que poner fecha urgente al paro nacional y al plan de lucha para derrotar el decretazo, la ley ómnibus y el plan motosierra de Milei y el FMI, y por un inmediato aumento general de salarios y jubilaciones para recuperar lo perdido con la inflación. Llamamos a la más amplia unidad para lograrlo.

Milei dispuso un violento decretazo (DNU) derogando 300 leyes, como parte de su plan motosierra contra el pueblo trabajador. Un decreto antiobrero, antipopular, ilegal e inconstitucional. Dice que lo hace legitimado por el 55% de los votos. Pero ya se empieza a escuchar ¡yo no voté esto!

El gobierno dice que es “beneficioso para la sociedad” y que lo hace para dar “más libertad”. ¡Libertad para que los grandes empresarios sigan remarcando los precios como la canasta navideña que aumentó un 200% en medio de las fiestas! Ya se complica poder comprar carne, pan, leche, aceite o arroz, ante las subas siderales. Las prepagas subieron un 50% y se viene el tarifazo del transporte el 1 de enero. ¡Una locura!

La única “libertad” de Milei, Caputo y la represora Patricia Bullrich es para que los grandes empresarios y capitalistas sigan engordando sus bolsillos.
El gobierno pinta a su plan como inevitable, diciendo “no hay plata”. Mentira. ¡Plata hay! En estos días se van a pagar millones de dólares al FMI. En todo caso no hay plata para el pueblo trabajador, porque para las ganancias de los arriba, bancos y multinacionales hay de sobra.

Si pasa el decretazo los alquileres se podrán fijar en dólares, se facilitan los despidos y reducen las indemnizaciones, se liquidan las obras sociales, se restringe el derecho de huelga, habrá privatizaciones de YPF, Aerolíneas, Banco Nación y los ferrocarriles, se permite a los inversores extranjeros quedarse con nuestras tierras, se va a redoblar el saqueo de los humedales con la quita de la ley de fuego, entre otras barbaridades.

Estas políticas ya se vivieron con la última dictadura militar, en los nefastos años 90 bajo el gobierno peronista de Carlos Menem que Milei elogia y durante el macrismo. Y con el peronismo de los últimos años creció la inflación y la pobreza llegó al 45%. Un verdadero desastre.

¡Miles ya salieron a luchar! Hace falta un paro nacional y plan de lucha de la CGT y las CTA

El peronismo critica el decreto pero no hacer nada. Alberto, Cristina y Massa están borrados. Y los dirigentes de la CGT, que venían diciendo que había que esperar, estuvieron obligados a convocar a la marcha de este miércoles 27. Lo hizo presionada por el brutal ajuste y después que se dieran los cacerolazos donde miles espontáneamente ganaron las calles desoyendo el protocolo represivo de Patricia Bullrich, como ya lo había hecho el sindicalismo combativo con el Pollo Sobrero y la izquierda logrando un primer triunfo con la marcha del 20 de diciembre que llegó a Plaza de Mayo. Además, la CGT tiene la presión de sus bases que ven como se les pulverizan los salarios ante la brutal estampida de los precios.

Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llama a la más amplia unidad obrera y popular para derrotar el decretazo de Milei y su plan motosierra. A ser parte de los cacerolazos, marchas y movilizaciones. Convocando a organizarse en cada lugar de trabajo, sindicato y barrio para ello.

Este miércoles junto al sindicalismo combativo y la izquierda llamamos a marchar ante la convocatoria de la CGT, concentrando a las 11 horas en Tribunales (Talcahuano al 500-CABA) exigiéndole que le ponga fecha al paro general, como parte de un plan de lucha nacional para que la clase obrera enfrente de conjunto las medidas antiobreras del gobierno hasta derrotarlas, empezando por el DNU.

• Abajo el DNU y el protocolo represivo de Patricia Bullrich.
• No al plan motosierra de Milei y el FMI.
• Apoyemos los cacerolazos. Paro y plan de lucha CGT-CTA.
• Que la crisis la paguen los grandes empresarios, bancos y multinacionales, no el pueblo trabajador.
• Aumento salarial y jubilatorio de emergencia. No a los despidos.
• Plata hay. Que se deje de pagar la deuda externa y se rompa con el FMI.
• Por un plan económico obrero y popular.

IZQUIERDA SOCIALISTA / FIT-Unidad
26/12/2023

Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

En un DNU ilegal, anticonstitucional y, por sobre todo profundamente antiobrero y antipopular, el presidente ultraderechista reforma 300 leyes, quitando derechos históricos al pueblo trabajador y otorga gigantescos privilegios a las grandes patronales y los pulpos financieros. Un saqueo total a nuestros recursos, al servicio de los buitres financieros, el FMI y los pagos de deuda externa. ¡Hay que impedir que avance, saliendo a las calles, con un paro general y un plan de lucha!

El presidente Milei se cree un monarca. De un plumazo declara en el primer artículo de su DNU de terror la “emergencia” de prácticamente todo: “económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social”... nada menos que hasta el 31 de diciembre de 2025. En un megadecreto de 80 páginas y 366 artículos, que reforma o deroga nada menos que 300 leyes. Así nos anticipa que va a gobernar, cambiando “el régimen, para dar una señal al FMI”, como acaba de informar Federico Sturzenegger, que apareció como “asesor” sin siquiera haber sido nombrado. El propio presidente Milei amenazó en un reportaje con Jonathan Viale que “les aviso que viene más”.

Una flexibilización feroz 

El DNU arrasa con prácticamente 100 años de conquistas obreras y con todo el derecho laboral. Modifica 40 artículos de la ley de contrato de trabajo. Uno de sus objetivos principales es facilitar los despidos. Así, para calcular las indemnizaciones se excluye el aguinaldo, los tickets canasta, vales alimentarios o cualquier bono anual. Se achican los intereses a pagar por los juicios laborales, facilitando así que, como estos duran varios años, al final el trabajador despedido cobre monedas. Se extiende el período de prueba de tres a ocho meses, promoviendo así la trampa de tomar trabajadores para echarlos al cabo de ese tiempo, sin pagarles un peso. Se elimina la posibilidad de denunciar relación laboral si se está cobrando como monotributista, alentando la tercerización y el trabajo en negro. Con relación a este último, se eliminan las multas por tener trabajadoras o trabajadores en esta condición. Además se crea el “fondo de cese laboral”, promoviendo que las patronales puedan tomar trabajadores con sistemas como el de la Uocra, totalmente flexibilizados. 

En lo que es una violación absoluta al artículo 14 bis de la Constitución Nacional, tratados internacionales y resoluciones de la OIT, prácticamente se prohíbe el derecho a huelga e incluso a deliberación sindical. Ya no se podrán realizar asambleas en los lugares de trabajo si, al mismo tiempo, no se siguen realizando las tareas. Se considerará causal de despido sin indemnización prácticamente cualquier acción contra la patronal, como bloqueos o tomas de plantas. Y, por sobre todo, se declaran servicios “esenciales” o “de importancia trascendental”, donde en el primer caso ante una medida de fuerza hay que garantizar el 75% del servicio y en el segundo el 50%, entre otras, a las tareas de educación, salud, transporte, química, siderurgia y hasta a la construcción y a la gastronomía. 

Se liquidan las obras sociales, introduciendo la posibilidad de “optar por las empresas de medicina prepaga”. Es una trampa: se busca que las y los trabajadores más jóvenes vuelquen sus aportes a las empresas privadas, que al mismo tiempo rechazarán a los trabajadores de más edad (que son más costosos para estas empresas), desfinanciando a las obras sociales sindicales hasta el punto de llevarlas a la quiebra. Al mismo tiempo, se liberan los precios de la medicina prepaga. Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, no esperó un minuto, y ya anunció un aumento del 50% “por sobre la inflación”. 

Aumentos de precios y pulverización de salarios y jubilaciones: vale todo

El gobierno de Milei ya había arrancado con una devaluación del 118% y con la eliminación de todo tipo de controles de precios, facilitando el abuso de las grandes monopólicas de consumo masivo. Ahora se va más allá: se deroga la ley de Abastecimiento, que autorizaba a controlar precios y sancionar desabastecimiento. Pero también la ley de promoción comercial (que obligaba a publicar precios o exhibir cantidades en los envases), la ley de góndolas, e incluso el mero observatorio de precios. 

Se le dan privilegios a los grandes laboratorios, modificando la legislación de medicamentos genéricos y se le dan privilegios a grandes cadenas farmacéuticos como Farmacity, encareciendo astronómicamente los medicamentos. 

Se deroga la ley de alquileres, volcando todos los derechos en contra de los inquilinos, a los que se les podrá exigir incluso que paguen en dólares. 

Industricidio y saqueo

Una de las consignas que se escucharon con más fuerza en las movilizaciones nocturnas que acompañaron los cacerolazos fue “la patria no se vende”. Nada más exacto. Porque el DNU plantea un virtual saqueo de todos nuestros recursos. Se habilita la privatización de todas las empresas públicas, empezando por YPF, Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación, los ferrocarriles y todas las demás. 

En el caso de Aerolíneas supuestamente “se les entrega a los trabajadores”, como privados, transformándola en sociedad anónima pero se lo hace sin fondos, de hecho para que vaya a la quiebra, al cierre. A esto se le suma “los cielos abiertos”, promoviendo la competencia con las grandes empresas de aviación extranjeras, que quedan habilitadas hasta para los vuelos de cabotaje. 

Se desregula el comercio exterior y el código aduanero, promoviendo, una vez más, como en la época de Martínez de Hoz primero y de Menem después, la total apertura a los productos extranjeros, liquidando la industria nacional y generando miles de cierres de empresas y despidos. Se derogan los regímenes de promoción industrial, también poniendo en riesgo decenas de miles de puestos de trabajo, como en Tierra del Fuego, en la vitivinicultura, el azúcar y la yerba mate, atacando explícitamente esas economías regionales.

Se deroga el “Compre Nacional”, para que así el Estado, en vez de tener que priorizar su compras en empresas nacionales, puedan  hacerlo directamente con las multinacionales. 

Se deroga la ley de Tierras, permitiendo a los capitalistas extranjeros quedarse con tierras sin límites de tamaño e incluso en zonas de frontera. También se elimina la ley de Fuego, promoviendo que ahora se quemen campos y humedales, como viene pasando en el Delta del Paraná, para que después los especuladores puedan quedarse con monedas por los campos incendiados. 

Los bancos también reciben sus privilegios, a costa de usuarios y pequeños comerciantes, desregulando y permitiendo aumentar comisiones e intereses, al servicio de sus superganancias. 

Se “liberaliza” hasta el internet satelital, en un negocio que el propio presidente confiesa que será a medida de Starlink, del empresario transnacional Elon Musk.

Se liquida todo, hasta los clubes de fútbol, buscando sacárselo a los socios y transformarlos en sociedades anónimas, tal como quiere Mauricio Macri, repudiado por esto hace pocos días en las elecciones en Boca. 

Por un paro general y un plan de lucha

En síntesis, se trata de una desregulación total a favor de los de arriba, de los ricos, de los que más tienen. Que sumirá más aún en la miseria y la indigencia al pueblo trabajador. No quedará nada, se remata todo. Todo al servicio de seguir pagando la deuda externa y cumplir con el FMI, al que hoy mismo se le pagaron 900 millones de dólares y se le abonarán varios miles de millones más en las próximas semanas.

Hay que rechazarlo ya mismo. La CGT y las CTA deben convocar a un paro general y un plan de lucha para tirar abajo este criminal e ilegal DNU.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que la salida es otro plan económico, de emergencia, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para así poner todos esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares. 

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
21/12/2023

Al grito de “unidad de los trabajadores, y al que no le guste, se jode, se jode”, “paro general” y “la patria no se vende”, miles rodearon el Congreso en horas de la noche de ayer y en la madrugada de hoy apenas conocido el decretazo del ultraderechista Milei. Lo que comenzó como un #ruidazo se transformó en un gran cacerolazo, dándose distintas acciones en el AMBA y en varias ciudades del país. Se dio una gran movilización espontánea, justa y necesaria, masiva, ganando nuevamente las calles, desoyendo el protocolo antipiquetes represivo de Patricia Bullrich, dándose la segunda derrota en este aspecto del gobierno, ya que se venía de protagonizar la importante jornada de lucha este 20 de diciembre donde el sindicalismo combativo y la izquierda junto a decenas de organizaciones logramos la marcha y acto unitario en Plaza de Mayo a pesar de las amenazas, intimidaciones y represión, un primer triunfo contra el protocolo represivo.

Como sacado de la era de hielo y rodeado de funcionarios tipo bando militar, un Milei inmutable leyó parte del decretazo de 366 artículos plasmado en 86 páginas, dando por tierra con 300 leyes y modificando otras tantas. Bajo la mentira de que si no toma estas medidas el país iría a una inflación del 15.000 por ciento y apoyándose en el desastre del gobierno anterior diciendo falsamente que no hay plata (cuando se la llevan los de arriba y el FMI), el gobierno justifica todas sus barbaridades al mejor estilo de los nefastos años 90 del gobierno de Menem, que Milei reivindica.
El decretazo ataca de manera autoritaria e ilegal conquistas y derechos de las y los trabajadores y el pueblo, beneficiando con la quita de “trabas”, como dijo Milei, el negocio capitalista “de los privados”, léase grandes empresarios, bancos, multinacionales, laboratorios, fondos de inversión y el FMI. Decretazo que vino precedido de la megadevaluación y una inflación galopante, que hace casi imposible poder acceder a los alimentos de primera necesidad.
El mentor del decretazo -proclamado “hombre fuerte” del ajustazo-, Federico Sturzenegger, es recordado por ser autor del megacanje de la deuda bajo el gobierno de De la Rúa (que nos llevó a la crisis de 2001) y quien estuvo en el negocio de las Lebacs, con el gobierno de Macri.

La primera ley que Milei quiere derogar es la de alquileres -con contratos que se podrán firmar en dólares-, quedando claro que no es para beneficiar a ninguna inquilina o inquilino, sino para más ganancias del negocio inmobiliario. El decretazo particularmente se ensaña con los derechos laborales. En nombre de la “modernización” reduce las indemnizaciones por despido y aumenta el período de prueba de 3 a 8 meses, facilitando las desvinculaciones y profundizando la precarización laboral. Además, restringe hasta el extremo el derecho a huelga, prohibiendo asambleas en los denominados servicios esenciales cercenando el derecho a reclamar. Esto no es para dar trabajo genuino, como mentirosamente dice Milei, sino para beneficiar a las patronales a quienes también les reducen los aportes patronales, perjudicando a las cajas jubilatorias.
El decretazo también convierte a las empresas del Estado en Sociedades Anónimas, con el objetivo de privatizarlas, beneficia a las prepagas, y al derogarse la ley de abastecimiento, entre otras, dará rienda suelta a los monopolios de los alimentos para que aumenten los precios de todo, sin ningún tipo de control, entre tantas aberraciones.

Distintos especialistas señalan que el decreto es inconstitucional (no se pueden derogar ni modificar leyes por decreto). “Es un intento de la suma del poder público vedado por la Constitución”, agregan algunos constitucionalistas. Incluso se recuerda a la CAL (Comisión de Asesoramiento Legislativo), organismo con el cual la última dictadura militar gobernaba por decreto.
Claro que el decretazo es nulo y de nulidad absoluta desde todo punto de vista, por antiobrero y por violar los mínimos resquicios legales de esta democracia para ricos. Dicho esto, ratificamos que la lucha fundamental por tirar abajo este decretazo y el plan motosierra, más allá de los reclamos en la justicia y en el Congreso, se dará en las calles con lucha y movilización.

El peronismo sigue en la complicidad. Critica de palabra, pero no llama a hacer nada. Alberto, Cristina y Massa están borrados. Agustín Rossi, ex candidato a vicepresidente de Massa, dijo: “Oposición patriótica y responsable” (Página12, 21/12). ¿Qué sería responsable? ¿Jueguitos parlamentarios mientras la motosierra avanza? ¿No hacer lo que dignamente hace el sindicalismo combativo y la izquierda?
Los dirigentes de la CGT, por su parte, se la pasan poniendo paños fríos. Héctor Daer criticó el decretazo, pero hasta el momento no llamó a ninguna medida. “No somos obstruccionistas”, dijo Gerardo Martínez (Uocra-CGT). La CGT mantiene su rol nefasto que tuvo en estos cuatro años de gobierno peronista, igual a lo que hizo con el gobierno macrista de 2015/2019, cuando debería estar convocando a un paro general.

La ministra Bullrich dijo que “fue un triunfo” el operativo represivo (cuando le fracasó) y Ramiro Marra tuiteó pos decretazo: “vivo uno de los días más felices de mi vida. Viva la libertad carajo”. Esto muestra a un gobierno que quiere simular fortaleza, cuando lo que está sembrando es bronca, lucha y mucha incertidumbre y preocupación, incluso entre sus propios votantes.
Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad llama a la más amplia unidad obrera y popular para derrotar el decretazo de Milei y todo su plan motosierra. A fomentar iniciativas de rechazo a estas políticas antiobreras, con ruidazos, cacerolazos, marchas y movilizaciones. Hoy salieron a marchar los bancarios y este viernes 22 hay una jornada de protesta de ATE. Hay que organizarse en cada empresa, sindicato y barrio para movilizarse. La CGT y las CTA tienen que llamar al paro general y a un plan de lucha nacional para que la clase obrera enfrente de conjunto las medidas antiobreras del gobierno hasta derrotar el plan motosierra represivo de Milei.