Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad

Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde el comienzo del gobierno de Milei hasta agosto pasado habían cerrado 19.164 empresas, con la destrucción de 276.624 puestos de trabajo. Este simple dato ya es terrorífico, pero no contabilizada lo que ha pasado desde agosto a hoy. 

Ahí no está aún el cierre de la autopartista DANA en San Luis, ni el de la planta de YPF  y de la avícola Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay. Tampoco el de la textil Sueño Fueguino. Yendo al conurbano bonaerense, en estas últimas semanas también nos enteramos del cierre de la planta autopartista SKF en Tortuguitas, la fábrica de muebles Color Living en Pacheco, y de la presentación de quiebra de Acerías Berisso.

En los últimos días tomó estado público el escandaloso cierre de la planta de Whirlpool abierta en 2022 en Pilar, echando a sus trabajadoras y trabajadores, para destinarse exclusivamente a importar. Unos días antes nos habíamos enterado que había tomado la misma decisión la emblemática empresa de ollas y sartenes Essen. 

La lista de las últimas semanas es terrorífica: quiebra de la Suipachense, concurso preventivo en Bodegas Norton, cierre del local de Temperley de Frávega, de la sucursal Bahía Blanca del supermercado Yaguar, despidos en Newsan de Tierra del Fuego, entre tantos otros casos. Textiles, metalúrgicos, lácteas, avícolas, comercio minorista, sector industrial o comercial que se mire, tiene ejemplos de despidos o suspensiones. En muchos casos, las empresas lo hacen para transformarse en importadoras. También hay múltiples ejemplos en que se adelantan vacaciones, pre anunciando cierre de turnos, retiros “voluntarios” o nuevas cesantías. 

Sigue la motosierra en el Estado

Como si todo esto fuera bien, el gobierno ha anunciado reducir en un 10% más la planta de estatales. Son 30.000 empleados. Esto se suma a los 58.000 despidos que ya se han producido en el sector público en la era Milei. En la mira ahora están los organismos descentralizados como Arca, Amnat, Conicet, Inta, Inti, Enacom, Televisión Pública y Radio Nacional y otros.

¿Quién debe pagar la crisis?

Las y los trabajadores no podemos seguir siendo el pato de la boda de esta crisis autoinfligida por el gobierno ultraderechista de Milei, que, mientras hunde salarios y jubilaciones, aumenta también el flagelo del desempleo. Y que tiene como contrapartida los miles de millones de dólares que se embolsa el capital financiero, las grandes patronales, los especuladores y los buitres de la deuda. ¡Que la crisis no la paguen las y los trabajadores, sino los que la generaron y se benefician con ella! Hay que prohibir inmediatamente los despidos y suspensiones, expropiando y poniendo a funcionar bajo gestión de sus trabajadoras y trabajadores a toda empresa que cierre, despida o suspenda. Por supuesto esto incluye detener inmediatamente la motosierra en el Estado y la reincorporación de los despedidos. Al mismo tiempo, hay que poner en marcha un programa de creación de empleo de emergencia, un gran  plan de obras públicas, centrado en la construcción de viviendas populares, que genere trabajo genuino y, al mismo tiempo, resuelva el déficit habitacional, otro de los flagelos que sufre nuestro pueblo. Todo financiado con dinero proveniente de la suspensión del pago de la deuda externa. 

Pero por sobre todas las cosas, hay que luchar y enfrentar la motosierra de Milei, los gobernadores y el FMI. A los despidos y suspensiones, los salarios y jubilaciones de hambre y el ajuste sobre salud, educación y todos y cada uno de nuestros derechos, tenemos que darle pelea. Por eso, como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el sindicalismo combativo, hay que organizarse por estas propuestas, apoyar las luchas, y al mismo tiempo, exigirle a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y llame a un paro nacional y un plan de lucha.

Javier Milei, sus ministros, el establishment financiero internacional y las grandes patronales siguen en “modo festejo”. Mientras tanto, toman ganancias por las subas de bonos y acciones en las semanas posteriores a las elecciones y esperan que se consumen las tan esperadas (para ellos) “reformas estructurales”, comenzando por lo que denominan cínicamente modernización laboral (léase flexibilización laboral esclavista). Los peces gordos de Wall Street, empezando por el J.P. Morgan, mientras aplauden y exigen más medidas para profundizar el saqueo, vuelven a lo que hacen desde que asumió Milei: elogiar el ajuste, pedir aún más y, al mismo tiempo, no poner un dólar hasta que el gobierno de LLA les garantice la aprobación de las leyes que reclaman.

La semana pasada, a la reforma laboral esclavista y al acuerdo de coloniaje con los Estados Unidos se le sumó la nueva “reforma educativa”: un ataque en toda la línea contra 150 años de educación laica, gratuita y obligatoria en nuestro país.

Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se pasean celebrando supuestos “logros económicos”. El gobierno aprovecha ese envión para avanzar escandalosamente en otros terrenos, como el nombramiento (por primera vez desde la dictadura genocida) de un militar en actividad como ministro de Defensa: Carlos Presti, hijo del renombrado genocida Héctor Luis Presti, reivindicado por su propio hijo, también militar y ahora ministro.

Los medios oficialistas, apoyándose en parte de quienes votaron a Milei y particularmente en un sector de la clase media, hablan de una recuperación de la “confianza” en el gobierno. Sin embargo, todas las encuestas muestran lo contrario: una mayoría abrumadora dice que “se está mal”, mientras mantiene expectativas en mejorar salarios y empleo. Las y los periodistas que publican esas encuestas se preguntan qué pasará si el gobierno de Milei no cumple en el corto plazo con esas expectativas.

Quienes no necesitan encuestas para saber cómo están son las y los trabajadores. Ven cómo se pulverizan salarios y jubilaciones al ritmo de la suba del precio de la carne y de los nuevos tarifazos. Se multiplican los casos de personas con doble o triple empleo, muchas veces sobreexplotadas por aplicaciones después de jornadas formales agotadoras. El endeudamiento popular bate récords: el 9% de los préstamos personales ya está en mora por la imposibilidad de pagarlos.

A esto se suma el drama del desempleo. Durante el gobierno de Milei desaparecieron 14 mil empresas, dejando a 270 mil trabajadoras y trabajadores sin sustento. Esta semana cerraron dos firmas emblemáticas: Essen (ollas y cocina) y Whirlpool (heladeras y lavarropas). Entre la caída del consumo y la invasión de importaciones, otras tantas seguirán en los próximos meses.

Con la amenaza inmediata de la reforma laboral (que destruirá derechos conquistados en décadas de lucha) crecen los cuestionamientos en los lugares de trabajo, estudio, en los barrios populares y hasta en las charlas familiares.

¿Qué se opone a esta motosierra envalentonada y recargada de Javier Milei, La Libertad Avanza, Donald Trump y el FMI?

El principal partido patronal de oposición, el peronismo, sigue encerrado en su interna. Sus gobernadores negocian, uno por uno, con el gobierno nacional a cambio de alguna migaja. Crecen las deserciones en sus bancadas hasta el punto de que La Libertad Avanza podría transformarse en la primera minoría en Diputados.

Cuando algún dirigente peronista plantea debatir “programáticamente”, es para ver cómo adaptarse a la agenda de la ultraderecha: justificar la “necesidad” de la reforma laboral, apoyar acuerdos con Estados Unidos o cumplir a rajatabla con las exigencias del FMI y los acreedores. A esto se suma el avance de causas de corrupción, con Cuadernos a la cabeza. El gobierno de Milei aprovecha los escándalos del peronismo kirchnerista para ocultar los propios, como los casos $Libra y la megacausa de corrupción en la Administración Nacional de Discapacidad (Andis).

La conducción de la CGT, recientemente “renovada”, no pasa de tibios pedidos de “diálogo” sobre la reforma laboral. Más que defender derechos, busca preservar sus privilegios como burocracia.

¿Quién se opone total y absolutamente a todas las reformas de Milei? ¿Quién dice que hay que salir a pelear siguiendo el ejemplo victorioso de las y los trabajadores del Hospital Garrahan? ¿Quién plantea un programa alternativo al desastre de Milei, Trump y el FMI?

La respuesta es clara: el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo. En los sindicatos, en las comisiones internas, en los cuerpos de delegados, en el movimiento estudiantil y en el movimiento de Mujeres y Disidencias (como se vio el fin de semana en Corrientes) está la orientación de qué hacer.

Hay que salir a pelear unitariamente y exigirle a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro nacional y a un plan de lucha. Y hay que rechazar con todas las fuerzas, votando en contra y denunciando, todas las leyes que Milei quiere imponer: el presupuesto de ajuste, la modernización laboral, la reforma educativa y cada una de sus medidas de saqueo.

A la vez, hay que impulsar un programa distinto, obrero y popular, que empiece con el no pago de la deuda externa y la ruptura total con Donald Trump y el FMI, para poner todos los recursos del país al servicio de resolver las necesidades urgentes del pueblo trabajador: salarios, jubilaciones, trabajo, salud, educación y vivienda.

Vení a Izquierda Socialista para fortalecer al Frente de Izquierda Unidad y dar las luchas que se vienen.

Escribe Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general Unión Ferroviaria Oeste

El gobierno presenta su reforma como “modernización”, pero es un ataque que desmantela derechos históricos y busca imponer un modelo de trabajo esclavista.

Javier Milei, el FMI y las patronales ya definieron este proyecto como su eje estratégico, con el aval más o menos explícito de los gobernadores y de los bloques parlamentarios de los partidos patronales. Lo llaman “modernización” laboral para esconder una ofensiva superexplotadora que roza el esclavismo.

No modernizará nada. Por el contrario, el proyecto del gobierno busca hacernos retroceder cien años en los derechos conquistados por el pueblo trabajador. Flexibiliza hasta el esclavismo las condiciones laborales. Pretende eliminar la jornada de 8 horas para legalizar jornadas de 12. Busca que las horas y días de descanso queden a criterio de la patronal, desorganizando por completo la vida de la familia trabajadora, que ya no podrá estudiar, compartir tiempo con las y los hijos o siquiera garantizar retirarlos de la escuela a horario.

Todo esto por un salario “dinámico”, donde a partir de un básico miserable el resto quedaría atado a una “productividad” definida unilateralmente por la empresa. Y, por supuesto, transformando a cada trabajador o trabajadora en material descartable: aún con 20 o 30 años de antigüedad se podrá despedirlo por una suma miserable, abonada encima en cuotas.

Se trata de un proyecto profundamente antiobrero, que ataca cualquier forma de organización de la clase trabajadora. Virtualmente elimina el derecho de huelga al catalogar como “esenciales” a la mayoría de las actividades y criminaliza medidas de lucha como tomas, bloqueos o incluso la realización de asambleas. En síntesis, busca dividir a la clase trabajadora para dejar a cada uno o una sólo, sin derechos, frente a la patronal.

Un proyecto que no generará empleo ni blanqueará a los no registrados

El gobierno se apoya en el dato real de que una parte enorme de la clase trabajadora está no registrada y ya profundamente flexibilizada. Pero es una mentira que esta ley traerá más inversiones y empleo, y mucho menos que mejorará la vida de quienes hoy están en la informalidad.

En casi dos años de gestión, Milei aplicó medidas totalmente favorables a los empresarios. Les perdonaron hasta el 90% de las deudas por aportes patronales no pagados, les condonaron multas y les habilitaron un vergonzoso blanqueo de capitales, siempre con la excusa de que así “se generaría empleo”. La informalidad no bajó: aumentó. Y no sólo no se generaron nuevos puestos de trabajo, sino que el súper ajuste de Milei viene provocando el cierre de 30 empresas por día y 250 mil despidos en empleos registrados.

El objetivo real es que toda la clase trabajadora adopte el modelo ya impuesto en las aplicaciones. Un estudio reciente de la Fundación Encuentro sobre Rappi y Pedidos Ya muestra que para superar la línea de pobreza un repartidor debe completar 461 pedidos al mes, a un promedio de 2.553,60 pesos por pedido. Para lograrlo hay que trabajar 10 horas diarias, seis días a la semana, sin contar tiempos de espera, desperfectos de la bicicleta o moto ni enfermedad u otros inconvenientes, todos a cargo del trabajador o trabajadora. Sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin seguro por accidentes y sin reconocimiento de relación laboral por parte de la empresa. No es casualidad que uno de los redactores del proyecto de Milei sea Julián de Diego, abogado de Rappi, una de estas empresas negreras.

¿Y la CGT?

La nueva conducción de la CGT mantiene vergonzosamente su pacto con el gobierno. Uno de sus secretarios generales, Jorge Sola, afirmó que están esperando “el llamado para una reunión”, esquivando pronunciar un rechazo abierto al proyecto del oficialismo: “vamos a ser estratégicos en la discusión parlamentaria” (Página/12, 11/11). Mientras tanto, Gerardo Martínez continúa avalando el “pacto de mayo”, el acuerdo entre gobernadores y patronales que legitima todo. El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, también aportó lo suyo al declarar: “apostamos a que es necesaria en la Argentina una modernización del sistema laboral”. En concreto, la CGT apuesta a negociar para salvar sus privilegios en vez de pelear por los derechos conquistados por el pueblo trabajador en décadas de lucha.

Organicemos una gran campaña y exijamos paro nacional y plan de lucha

La reforma laboral esclavista puede derrotarse. El camino es la lucha, como lo demostraron las y los trabajadores del Garrahan. Tenemos que organizarnos: realizar reuniones de delegados, sacar pronunciamientos y convocar asambleas en cada lugar de trabajo. Debemos oponer al proyecto antiderechos del gobierno un programa inverso: registro de toda la fuerza laboral, prohibición de suspensiones y despidos, y reconocimiento pleno de derechos para las y los trabajadores flexibilizados. Esto es lo que plantea, por ejemplo, el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad.
Pero, sobre todo, tenemos que movilizarnos con la más amplia unidad de acción, como propone el sindicalismo combativo, mientras seguimos exigiendo a la CGT que rompa su pacto con el gobierno y convoque a un paro general y un plan de lucha contra esta reforma esclavista y contra la motosierra de Milei, Trump y los gobernadores.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

El eje central de la reforma laboral que prepara Milei es para redoblar las ganancias capitalistas de los grandes empresarios. La presenta como necesaria para que haya trabajo registrado diciendo que si se le quitan impuestos a las patronales vendrá el milagro. Pero tamaña mentira ha sido develada por el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (Ceics) en un reciente informe de septiembre de este año.

Dicho informe, titulado “el ahorro de la burguesía por no registrar a sus empleados”, indica que en treinta años (entre 1994 y 2024) las patronales hicieron fabulosas ganancias contratando personal no registrado y por el beneficio del que gozaron por la rebaja de las contribuciones patronales, afectando de esta manera a las cajas jubilatorias. De esta manera, se apropiaron de 561 mil millones de dólares (18 mil millones de dólares anuales) discriminados de la siguiente manera: 282 mil millones de dólares al quedarse con la diferencia por el pago de un menor salario al no registrar personal y otros 279 mil millones de dólares por el ahorro que hicieron por la rebaja de las contribuciones patronales. Es decir, se quedaron con un monto similar a todo un PBI anual.

Otra revelación señala que por los famosos Tickets Canasta que se aplicaron en los años ‘90 (donde se pagó un 13% del salario con bonos, no remunerativos, es decir, sin que se hagan los aportes al sistema previsional y a las obras sociales), desde 1990 a 2007 hubo una apropiación patronal de 21 mil millones de dólares. ¿Dónde fue a parar toda esta plata? ¿A más fábricas, empleo o salarios dignos? No. Fueron a los bolsillos de las patronales. Prueba que el capitalismo es robo y superexplotación obrera, no trabajo y empleo.

*Foto de tapa Marcos Galperín de MercadoLibre y Paolo Rocca de Techint
 

Escribe José Castillo

El acuerdo comercial con Estados Unidos profundiza la entrega de recursos y consolida una semicolonización sin beneficios para el país. Un pacto hecho a la medida del capital yanqui y celebrado por Javier Milei.

El acuerdo comercial dado a conocer por los Estados Unidos es un nuevo salto en el saqueo y la semicolonización de nuestro país. Se trata de privilegios yanquis para profundizar el saqueo de nuestras riquezas.

La Casa Blanca decidió unilateralmente difundir el llamado “acuerdo marco de comercio e inversión bilateral”. Javier Milei, Federico Sturzenegger y Luis Caputo salieron a festejar y a vender que se trataba de un acuerdo “preferencial” con Argentina. No es así. El gobierno yanqui anunció acuerdos marcos bilaterales similares, en el mismo comunicado, con El Salvador, Guatemala y Ecuador.

El texto difundido es 100% favorable a los intereses estadounidenses. Casi todos los párrafos comienzan con “Estados Unidos podrá….”, seguido de privilegios para empresas y sectores yanquis. No hay una sola mención que indique alguna ventaja específica para nuestro país.

El acuerdo abarca aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. Todo está al servicio de otorgar nuevos privilegios al capitalismo imperialista yanqui a expensas de nuestros recursos.

Argentina otorgará acceso preferencial al mercado para exportaciones de los Estados Unidos de medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología informática, dispositivos médicos, vehículos automotores y una “amplia gama de productos agrícolas”, incluidos ganado vivo, aves de corral y cerdos.

Se plantean además modificaciones en las leyes de propiedad intelectual y patentes hechas a la medida de los laboratorios y empresas químicas y farmacéuticas yanquis. Del mismo modo, los productos norteamericanos podrán ingresar sin controles de seguridad, higiene ni normas bromatológicas. También se habilita la liberalización absoluta de la transferencia de datos y firmas digitales hacia los Estados Unidos.

¿Queda algo a favor de la Argentina?

El gobierno afirmó que el acuerdo “abrirá un mercado de millones de dólares a nuestro país”. Falso.

Veamos los párrafos que podrían leerse, con mucho esfuerzo, como los “más favorables” para la Argentina: “De conformidad con el cumplimiento por parte de Argentina de los requisitos particulares de seguridad económica y de la cadena de suministros, Estados Unidos eliminará aranceles sobre recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas”.

Pero nuestro país debe cumplir requisitos definidos unilateralmente por el gobierno yanqui respecto de la “seguridad económica”. Por ejemplo, los ganaderos norteamericanos podrán argumentar que se pone “en riesgo su seguridad económica” para bloquear el ingreso de carne argentina. El texto incluso habla de abrir el acceso a recursos naturales “no disponibles”, lo que confirma que todo lo que compita con la producción estadounidense quedará prohibido.

En síntesis, lo único que le interesa a los Estados Unidos importar desde Argentina es lo que ya se exporta hoy: combustibles y minerales estratégicos que ellos necesitan.

Merece un comentario especial el párrafo cínico donde nuestro país se compromete a “restringir importaciones de países con trabajo forzoso o donde no se respeten los derechos laborales”, un eufemismo para referirse a China. Una hipocresía absoluta: mientras se usa ese argumento para beneficiar empresas yanquis por sobre las chinas, el gobierno de Milei impulsa una reforma laboral esclavista en Argentina.

Un acuerdo para la semicolonización total

En síntesis: este acuerdo habilita el ingreso irrestricto de productos y empresas yanquis a todos los sectores de nuestra economía, generando una injerencia política y económica sin precedentes, sin ningún beneficio para el pueblo trabajador ni para la economía nacional. Junto con el swap y la virtual intervención del Ministerio de Economía, el Banco Central y la Cancillería por parte de Scott Bessent y el JP Morgan, conforman “el combo perfecto” de lo que Milei llama “la alianza estratégica” (léase: sometimiento total) con el imperialismo yanqui.

¡No al pacto semicolonial! ¡Por la segunda y definitiva independencia!

El ultraderechista Milei pretende llevar la semicolonización del país a un extremo nunca visto. Hay que impedirlo, repudiando este acuerdo y todas las medidas de ajuste y saqueo impulsadas directamente por Milei, Trump y el FMI. Conquistar nuestra segunda y definitiva independencia exige otro programa económico (obrero y popular) que comience dejando de pagar la deuda y rompiendo todos los pactos de coloniaje, políticos y económicos, que nos atan al FMI y al imperialismo yanqui.