Con motivo del acto en Campo de Mayo realizado el día 21 de febrero en donde despidió tropas que viajan a una misión de “paz” a Chipre, el presidente Alberto Fernández manifestó que “toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”. Somos categóricos: fue un genocidio, no damos vuelta ninguna página.

Escribe Martín Fú

Las declaraciones de Alberto Fernández generaron repudio e indignación de manera automática. En ellas, el presidente niega el genocidio, que significó un plan sistemático de persecución y aniquilación, organizado desde un gobierno militar con la anuencia de empresarios, la Iglesia y el apoyo del imperialismo. Por eso, al hablar de “inconductas”, el presidente pretende pasar por alto la existencia del terrorismo de Estado, tratándolos como hechos “aislados” de militares que habrían incurrido en faltas disciplinarias. Y lo peor fue que Alberto Fernández lo hizo desde Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores y crueles centros de detención y exterminio, por donde se calculan que pasaron más de 5.000 detenidos.

¿Se imagina el presidente las “inconductas” de quienes secuestraron al joven Floreal Avellaneda, de 16 años, para luego ser torturado en El Campito, subido a un avión del Ejercito, también en Campo de Mayo y ser arrojado vivo al Rio de la Plata en los llamados “vuelos de la muerte”? ¿Cómo puede hablar de “inconductas”, pedir “dar la vuelta la página”, nuevamente desde Campo de Mayo, donde también funcionó una maternidad clandestina, donde decenas de parturientas detenidas dieron a luz a bebes que luego fueron apropiados por los militares? Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas no tardaron en salir rápidamente a rechazar las declaraciones.

El presidente Alberto Fernández no es el primero en banalizar el genocidio. Ya antes lo había hecho Macri y allí nos encontró a quienes hace décadas nos movilizamos en las calles repudiando cualquier intento de olvido, conciliación o de alivianar las condiciones de detención de los genocidas. Nora Cortiñas expresó su malestar: “Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho. Según él, tenemos que dar vuelta la hoja y dar por muertos para siempre a nuestros detenidos-desaparecidos, cuando costó mas de cuarenta años de lucha”(Página12, 24 de febrero).

Fernández pretende lavarle la cara a las Fuerzas Armadas, lo hace al recalcar que el Ejército tiene a todos sus cuadros renovados, “nacidos de la democracia” e “integrados a la sociedad”. Esto es falso, todavía quedan muchos oficiales formados durante la dictadura y con la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los yanquis. Es el caso de Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien acompañó al presidente en la despedida de las tropas a Chipre, al igual que el kirchnerista “general del pueblo” Cesar Milani, todos oficiales salidos del Colegio Militar en plena dictadura.

El repudio generalizado obligó a Fernández a ensayar una disculpa, primero en las redes sociales: “No quiero pasar por distraído ante una queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en que lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina”.
El presidente toma como “queja” una lucha de décadas, de movilizaciones multitudinarias, de juicios, escraches a genocidas y de no bajar las banderas. Nos pide “no dividirnos” a pesar de los intentos de división de gobiernos y espacios políticos que el presidente integró e integra, y de su política de cooptar organismos de derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos peleando por el juicio y castigo a todos los genocidas, desentramando las complicidades cívico-militares, denunciando a sus encubridores y a cada uno de los gobiernos que con leyes como las de Punto Final, la Obediencia Debida, los indultos y los pedidos de “vuelta de página” pretenden cubrir con un manto de impunidad a los responsables de perpetrar uno de los más brutales crímenes contra la clase trabajadora argentina. Le decimos al presidente que no fueron “inconductas”, son 30.000 compañeros y no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas.

Escribe Martín Fú

El pasado 27 de febrero la policía bonaerense al mando del gobernador Kicillof y Sergio Berni reprimió nuevamente a trabajadores de la planta de Cresta Roja ubicada en El Jagüel. Sus trabajadores vienen peleando en defensa de los puestos de trabajo, enfrentando despidos, suspensiones, salarios adeudados, cierres de plantas, entre otras cosas, desde hace más de cuatro años.
Cristina, Scioli, Macri, Vidal y ahora Alberto Fernández y Kicillof han dejado pasar el desangrado de la empresa, los despidos y fueron los ejecutores de las numerosas represiones. Todos ellos han usado a Cresta Roja como parte de sus campañas electorales y políticas, llenando a sus trabajadores de promesas que solo se cristalizaron en despidos y represión.

Hasta el mismo presidente Alberto Fernández, una semana antes, inaugurando unas piletas en Ezeiza, se había referido al conflicto de Cresta Roja con un “no me olvido de ustedes, compañeros”.
Los “compañeros” habían sido recibidos los últimos días de diciembre y principios de este año por tres ministros, Moroni de Trabajo, Kulfas de Producción y Arroyo, de Desarrollo Social. “Somos cientos de familias las que aun permanecemos en la calle a la espera de que se cumplan las promesas asumidas por el actual gobierno de solucionar nuestra problemática” (Télam, 27 de febrero), declaraban los trabajadores luego de una andanada de promesas que nunca se concretaron.

Tres despedidos que se habían subido al tanque de agua, para visibilizar aún más el reclamo y a pesar de habérseles prometido no tomar represalias fueron detenidos. En las cercanías de la planta donde se desarrolló la represión hasta se encontró munición letal de 9 milímetros que la policía dejó luego de replegarse al interior de la empresa.
Repudiamos este nuevo ataque, esta vez al mando de Kicillof y Berni, que desnuda nuevamente el doble discurso del gobierno y de como todos los gobiernos patronales que se alternan en el poder, y en Cresta Roja solo responden con más represión y despidos.
                          

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) ya se encuentra preparando la convocatoria en un nuevo aniversario del golpe cívico militar del ´76. Nos proponemos concentrar en Congreso desde las 14 horas y movilizar hacia la Plaza de Mayo. Como cada año seguimos peleando contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra las políticas que han permitido que la mayor parte de los genocidas estén libres. Recordemos que en nuestro país funcionaron 600 centros clandestinos de detención, y que al día de hoy hay aproximadamente 900 condenados por sus crímenes de lesa humanidad, (uno y medio por centro de exterminio), y aún resta recuperar la identidad de cientos de bebés apropiados por los milicos y sus amigos. Una vez que logramos sepultar las leyes de impunidad, esta realidad se debe en gran medida a las medidas dilatorias de los juicios, y a la negación por parte de los gobiernos de abrir los archivos de la dictadura.

Pero además, el otro gran legado de la dictadura fue la destrucción de la economía del país y el inicio de un ciclo de endeudamiento que seguimos pagando hasta el día de hoy. Recordemos que el FMI fue el primer organismo en bendecir con su reconocimiento al dictador Videla. Por eso, este 24 también marchamos para decir ¡Fuera al FMI! ¡No al pago de la deuda externa!

Izquierda Socialista concentra en Congreso a partir de las 14

2020 arrancó en Rosario y Santa Fe Capital con una nueva oleada de homicidios. Antes con Lifschitz (Partido Socialista-Frente Progresista) y ahora con el peronista Perotti, la provincia sigue sumida en la violencia, abrumada por robos y homicidios y cruzada por las guerras entre bandas narcos. Los gobiernos, el anterior y el actual, son los principales responsables y cómplices ante este auténtico desastre social.

Escribe Mariano Farre

El 10 de diciembre pasado asumió Omar Perotti, tras doce años de gestión del Partido Socialista-Frente Progresista. Perotti había centrado su campaña electoral en la necesidad de imponer “paz y orden”, afirmando que él “sí iba a manejar a la policía”. Estos planteos habían generado expectativas en sectores de la población, abrumadas por los robos, los homicidios y las guerras entre bandas de narcos. Sólo durante 2019, en Rosario y Santa Fe Capital, según un informe oficial, hubo 17,6 homicidios cada 100 mil habitantes, contra cinco casos en el resto de Argentina. En lo que va de 2020, ya tenemos más de 60 homicidios en la provincia, con 10 femicidios incluidos, nuevamente cifra record.

La “solución” de Perotti fue designar como ministro de seguridad a Marcelo Saín, un supuesto “especialista” en temas de seguridad. Saín planteó “purgar” la policía de Santa Fe y solucionar el problema destituyendo a varios jefes policiales. Pero rápidamente se desató una nueva oleada de homicidios, que terminó con la caída del nuevo jefe policial de Rosario. El jefe provincial decidió habilitar que los policías tengan “una bala en la recamara”, una medida que solo sirve para facilitar el gatillo fácil. El gobierno nacional de Alberto Fernández, por su parte, desplegó miles de gendarmes en la provincia, que por supuesto no frenaron los homicidios ni los robos y lo único que generó fue el incremento del acoso y persecución a la juventud. El “broche de oro” de todo esto fueron las ridículas declaraciones de Saín acerca de que la ola de homicidios: “Es algo bastante estacional en esta época”. Un verdadero insulto a quienes sufren a diarios la violencia en sus barrios.

¿Por qué pasan los gobiernos y el problema sigue?

La explicación de fondo es la situación de pobreza extrema, desempleo y abandono en que se encuentran zonas enteras de Rosario y Santa Fe Capital. Con barrios abandonados, sin obras públicas, transporte ni servicios esenciales. Con despidos permanentes en el cordón industrial. En los jóvenes precarizados, desempleados y por fuera del sistema educativo está el caldo de cultivo de los “soldaditos” que terminan reclutando las bandas de narcos. Décadas de ajustes “nacionales” y “provinciales” fueron dejando así la provincia.

A esto tenemos que sumarle la complicidad de la justicia, que le otorga plenos poderes a la policía en los barrios, con innumerables casos de gatillo fácil y abusos. Por citar sólo dos ejemplos de alta repercusión, recordemos a la docente María de los Ángeles Paris, muerta en una comisaría, donde tras la autopsia se verifica violencia y se descubre un audio donde la policía informa que se le había dado una golpiza en el estómago. O, días pasados, el caso del joven Carlos Orellano, brutalmente golpeado por policías y patovicas y arrojado muerto al río Paraná.

La suma de la pobreza extrema en aumento, la violencia policial y la complicidad de los gobiernos fue lo que permitió el arraigo del narcotráfico en la ciudad de Rosario. A ellos se le suman los puertos privatizados, en manos de los negocios de los monopolios agroexportadores, una vía ideal para el negocio narco. El propio Saín no puede dejar de reconocer que: “En estos barrios, donde la cocaína es la economía de sustitución porque existe una desocupación estructural, mucha gente vive de la droga y de la enorme rentabilidad que genera, que luego se invierte en la economía legal”. Lo que no dice el ministro es que la ilegalidad de las drogas es lo que genera esa “enorme rentabilidad”, que soborna a policías, jueces y políticos patronales, además de armar bandas de sicarios para disputarse este negocio “ilegal”, pero que está a la vista de todos, incluida la policía que frecuenta los búnkeres para buscar su tajada.

Nuestra posición es muy clara: hasta que no se legalicen todas las drogas, lo que permitiría regular este negocio y tratar las adicciones como un problema de salud pública, no veremos el fin de la violencia narco. Esto vale, más que en ningún otro sitio, para Rosario y Santa Fe.

Pero, a la vez, no habrá solución para la violencia social, si no se atacan las causas más estructurales: el hambre, la miseria, los bajos salarios y el desempleo. El nuevo gobierno peronista de Perotti arrancó al revés: atrasó el pago de los docentes, no respetó su paritaria 2019, les ofreció un miserable 3% y retrasó el pago de la cláusula gatillo. Toda una muestra que su política es profundizar el ajuste. Enfrentando a estos gobiernos, correas de transmisión del ajuste nacional al servicio de pagar la deuda externa, peleando en las calles y denunciando todos y cada uno de los abusos y complicidades, planteamos la necesidad de otra alternativa política, la de las y los trabajadores y la izquierda, para resolver las más acuciantes necesidades populares.

El gobierno presentó una mentirosa ley que mantiene las altísimas jubilaciones de jueces, el cuerpo diplomático y el clero. A la vez sienta precedentes para atacar los regímenes especiales que gozan miles de trabajadores. Incluso estaba previsto en el proyecto originario el aumento de la edad jubilatoria a 65 años para las mujeres, lo mismo que recomienda el FMI y aplican otros gobiernos como Bolsonaro y Macron en Francia. El FIT presentó un dictamen propio atacando de verdad todos los privilegios.

Escribe Claudio Funes

El pasado 27 de febrero se debatió en la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobierno que supuestamente combate las jubilaciones de los jueces y del cuerpo diplomático. ¿Por qué Alberto Fernández impulsa esta tramposa ley?

En diciembre pasado el gobierno congeló la actualización de los haberes jubilatorios por medio de la ley de emergencia económica. Exceptuó de esa medida a las jubilaciones de privilegio que beneficia a los magistrados del Poder Judicial, fiscales, servicio exterior, ex presidentes y vicepresidentes y a la cúpula de la Iglesia Católica. El repudio  se hizo sentir de inmediato. Por eso Alberto Fernández se vió obligado a anunciar que enviaría un proyecto para “corregir” la inequidad. Pero lo que siguió fue una autentica mentira.  

La ley que con tanta alharaca obtuvo media sanción mantiene los privilegios de los miembros de la Corte Suprema, embajadores y cónsules, ex presidentes y vice y los obispos y arzobispos de la Iglesia.
En lo que se refiere a jueces y fiscales, preservan sus altos sueldos, la exención en el impuesto a las ganancias, su carácter vitalicio y jubilaciones de privilegio. Continuarán cobrando el 82% móvil -que se les niega a los empleados judiciales y al resto de trabajadores y jubilados-, con sumas que van de 270.000 pesos a máximos de 770.00. Los ex presidentes continuarán cobrando un retiro de 341.710 pesos por los servicios prestados y por la gracia del genocida Videla, los arzobispos, obispos y prelados castrenses continuarán cobrando 102.285 pesos mensuales.

Tantos privilegios otorgados a los servidores de la gran patronal contrasta obscenamente con el congelamiento de la fórmula de actualización para millones de jubilados de a pie, de los cuales el 90% no cubre la canasta de pobreza. Con la aplicación de la ley de emergencia y el cambio en la movilidad el gobierno va a “ahorrar” 100.000 millones de pesos en el año para hacer buena letra con el Fondo Monetario.

También este proyecto de ley sienta precedentes para intentar liquidar, como lo intentó Macri, los regímenes de jubilaciones especiales (no de privilegio como el propio gobierno dice) que gozan miles de trabajadores, como es el caso de quienes realizan tareas penosas o insalubres que se jubilan con menos edad porque tienen menores expectativas de vida o regímenes diferenciales por la naturaleza de su actividad, como sectores de ferroviarios, docentes, investigadores, mineros, aviación, vidrio y plantas de combustibles, petroleros, salud, pesca, portuarios, la carne, telefónicos y Luz y Fuerza, entre otros. Trabajadores que aportan más del 11% del régimen general. Como vemos, algo muy distinto a las asignaciones vitalicias de ex presidentes, la Corte y el clero.

El Frente de Izquierda defendió un dictamen propio para terminar de verdad con todos los privilegios de jueces, políticos patronales y el clero. A la vez repudia el ajuste a los jubilados, propone que ninguno gane menos que el valor de la canasta básica calculada en 42.000 pesos, que se aplique el 82% móvil, se restituyan los aportes patronales que anularon Menem y Cavallo, elimine el trabajo en negro que no aporta a las cajas y que se deje de meter mano en el Anses como vienen haciendo todos los gobiernos para pagar una deuda usurera y fraudulenta.