El primer candidato a diputado provincial por la Tercera Sección Electoral de las listas de Javier Milei es Maximiliano Bondarenko, un excomisario de la “maldita” Policía Bonaerense, conocida por regentear el juego clandestino, la droga, la prostitución, los desarmaderos de autos robados y las zonas liberadas para los piratas del asfalto.
Este excomisario no es nuevo en la política bonaerense: es un típico tránsfuga que pasó por el PRO, luego se incorporó al radicalismo en el sector de Facundo Manes y, finalmente, dio otro salto para aterrizar en La Libertad Avanza. Es un símbolo claro de cómo piensa ejecutar el ajuste de la motosierra: con palos y represión.

Escribe José Castillo

El dólar subió un 15% durante julio, rozando los 1.400 pesos. Algo que ya venía trasladándose a los precios: un nuevo mazazo a los salarios y las jubilaciones, siendo millones los que no llegan a fin de mes.

Contradiciendo todos los vaticinios del presidente Javier Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo, el dólar se disparó en las últimas semanas y se instaló cómodamente en la banda entre 1.350 y 1.400 pesos. En el pasado quedaron las afirmaciones de Milei de febrero de este año (“el dólar se va a caer como un piano y llegará a 600 pesos”) o las de Caputo de abril (“va a bajar a 1.000 pesos, y recién ahí vamos a comprar y a acumular reservas”). Nada de eso sucedió. Cuando el dólar empezó a subir, las reacciones del gobierno pasaron de “no pasa nada, flota, como sube va a bajar” a otras del tipo “la culpa es del riesgo Kuka”, o “de Victoria Villarruel”, o incluso del economista yanqui Joseph Stiglitz, que habrían “conspirado” y provocado la suba. Pero lo más importante que afirmaban desde el gobierno era que el alza del dólar no se trasladaba a precios.
Ahora se vio que era una mentira total. Empezó agosto y la devaluación del mes pasado (que en total fue de casi el 15%) ya empieza a impactar en los precios de los productos de consumo masivo. Por supuesto, quienes dieron la voz de largada para la suba fueron las grandes multinacionales de la alimentación (Mondelez, Bunge, Arcor) y de los productos de limpieza (Johnson & Johnson, Procter & Gamble), que ya enviaron listas de precios mayoristas con incrementos de entre 5 y 9%. También aumentaron los combustibles. Se suman, como en otros meses, nuevos incrementos de las tarifas de gas, electricidad, agua o transporte. En los próximos días esos aumentos llegarán a las góndolas, pegando un nuevo golpe a los ya pulverizados salarios y jubilaciones.
Las y los trabajadores perdieron mucho en 2024. Ni que hablar de las y los jubilados. Pero este año, además, todos los meses (sin excepción) los aumentos de salarios quedaron por debajo de la suba de precios. Incluso en mayo y junio, los meses en los que el índice de precios al consumidor (IPC) subió menos (1,5% y 1,6% respectivamente), los convenios colectivos quedaron por debajo. Ahora, con el salto de los precios de los productos de consumo masivo en las góndolas, el golpe al bolsillo se sentirá más aún. Todo esto se nota en la caída vertical del consumo, y en que la tan mentada reactivación “en V” que el gobierno prometía hace un año quedó en la nada.
Durante los últimos meses, muchas familias trabajadoras compraron productos esenciales pagando en cuotas con tarjetas de crédito y se endeudaron hasta más no poder. Ahora, con el aumento de las tasas de interés hasta valores de usura (financiarse con tarjeta supera el 100% anual), son cada vez más quienes no pueden pagarlas y entran en mora, lo que hunde más todavía el consumo, sumiendo a millones en el hambre y la miseria.
Frente a esta realidad, se torna cada día más escandalosa la tregua de la CGT, cuando lo que hace falta es un nuevo paro general, de 36 horas, para enfrentar en general el plan motosierra de Milei y, en particular, lo que tratamos en este artículo: un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculada por los trabajadores de ATE-Indec en 1.870.000 pesos.

Escribe José Castillo

El FMI finalmente decidió hacer la vista gorda con el no cumplimiento de la meta de reservas exigida cuando se firmó el acuerdo con el gobierno de Javier Milei. Demostrando que se trata de un organismo financiero que sigue explícitamente los dictados del gobierno del imperialismo yanqui, el Fondo no solo “aprobó” la primera revisión del acuerdo con Argentina, sino que giró al gobierno de Milei 2 mil millones de dólares (en concreto, generó que para nuestro país se incremente aún más la deuda con el organismo) para que con ella se financie la estabilidad ficticia, una inflación que supuestamente no sube “tanto”, por lo menos hasta las elecciones de octubre. Se materializa así lo que dijo la titular del organismo, Kristalina Georgieva, hace un par de meses, cuando desembozadamente exigió que se votara por Milei, amenazando con represalias si así no sucedía. 
Esos 2 mil millones de dólares que entraron al país no irán, ni un centavo, a salud, educación, jubilaciones, discapacidad ni nada parecido. De entrada, 830 millones se fueron, tal como llegaron, para pagarle al propio Fondo por intereses de la deuda. El resto le servirá al gobierno de Milei para intentar “aguantar” al dólar por debajo de los 1.400 pesos, mediante la venta de divisas si hay amagos de corrida cambiaria. En concreto, facilitará la fuga de capitales de los pulpos especuladores. 

El Fondo exige “reformas estructurales”
Pero lo más escandaloso es la hoja de ruta de exigencias del FMI para el futuro inmediato pos-electoral. Sin eufemismos, reclama explícitamente avanzar con la flexibilización laboral y la quita total de los derechos conquistados por la clase trabajadora durante décadas. Al mismo tiempo, también plantea que, “a más tardar” en 2026, se presente el proyecto de “una reforma jubilatoria profunda”, que aumente la edad de acceso al sistema y elimine los regímenes especiales, de los cuales el más importante es el docente. A esto se suma la exigencia de lo que llaman “reforma fiscal”; en concreto, reducir los impuestos a los ricos y a las grandes empresas, incrementar las exenciones con regímenes como el RIGI, mientras, por contrapartida, continúan existiendo los gravámenes al consumo, como el IVA y el impuesto al salario. Una reforma que, además, tiene el objetivo de desfinanciar a las provincias, hoy responsables de prácticamente la totalidad de la educación primaria y secundaria y de una parte sustancial del gasto en salud pública.
En síntesis, no tenemos futuro con el FMI y la continuidad de los pagos de deuda externa, cuyos vencimientos crecerán astronómicamente en 2026 y 2027. La única salida, como explicamos repetidamente desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad, pasa por dejar inmediatamente de pagarla, romper con el Fondo y poner todos esos recursos al servicio de resolver los más urgentes problemas populares. 

Escribe Guido Poletti

Ofelia Fernández y Juan Grabois, ambos referentes de Patria Grande, atacaron al resto de los dirigentes peronistas. ¿Se preparan para romper y postular una alternativa distinta?

La exlegisladora porteña y referente juvenil afirmó que “no va a militar” la campaña electoral de Fuerza Patria, la lista del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Apuntó contra Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, a quienes acusó de estar atravesando una etapa “frívola y desorientada”, y sostuvo que no ofrecen nada que entusiasme a la juventud: “me duermo cuando los escucho”, sentenció.
Además, planteó: “Creo humildemente, y sujeto a que me convenzan, que no es lo mejor para el peronismo ir unidos a las elecciones nacionales de octubre. Hay que asumir la conflictividad que hay dentro y convertirla en un esfuerzo por encontrar mejores ideas”.
Días más tarde, Juan Grabois, principal dirigente del espacio, cargó también contra el Frente Renovador de Massa, parte esencial de los acuerdos de unidad. Lo calificó como “parte de la derecha liberal”. 
Estas críticas pueden ser correctas pero: ¿Implica esto que Patria Grande se propone romper para construir una alternativa popular? Entendemos la expectativa que estos gestos pueden despertar en sectores cansados de las internas, las maniobras y las candidaturas de siempre, que buscan una salida diferente.
Sin embargo, como ya ocurrió en otras ocasiones (en particular con Grabois), estas posturas buscan contener “por izquierda” a miles de descontentos, pero sin romper con el peronismo. Más temprano que tarde, aparecen las excusas de “la unidad para enfrentar a la derecha”. De hecho, en esta oportunidad, la propia Ofelia, que critica la lista en la provincia de Buenos Aires, ¿hará la misma objeción en CABA, donde aspira a obtener un lugar expectante en la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria? En ese caso, no parece importar que la integren sectores como el Frente Renovador, a los que ella misma repudia en otros distritos.
Ser una barrera con discurso de izquierda para impedir que miles rompan definitivamente con el peronismo es un problema serio, especialmente si se pretende enfrentar a un gobierno ultraderechista como el de Javier Milei.
El propio peronismo (gobernando y aplicando el ajuste que exigía el FMI, con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa) fue el principal responsable de que una parte importante del pueblo trabajador terminara, equivocadamente, votando a un personaje como Milei.
En estos casi dos años, mientras La Libertad Avanza desplegaba su plan motosierra, el peronismo colaboró para que se aprobaran leyes clave, no se anularan los decretos de necesidad y urgencia, y se sostuvieran los vetos del Ejecutivo. Lo hizo a través de diputados que se alinearon con Milei o de otros que, en nombre del “dialoguismo”, respondieron a los gobernadores, se ausentaron o “se enfermaron” en votaciones decisivas. A esto se suma el ajuste aplicado por los propios gobernadores peronistas (incluso Kicillof), siempre con la excusa de estar siendo atacados por la Nación. Mientras tanto, las conducciones de la CGT y las CTA, ligadas directamente a distintos sectores del peronismo, le concedieron una tregua al gobierno: desmovilización, parálisis y aislamiento de las luchas.
No representan ninguna alternativa al ajuste de Milei ni al sometimiento al FMI. De hecho, Cristina, pese a sus discursos opositores, reconoció más de una vez que si el peronismo vuelve al poder “otra vez” deberá hacerse cargo de pagar el endeudamiento. Suspender los pagos de la deuda o romper con el Fondo ni siquiera forma parte de su discusión.
Por todo esto afirmamos que el peronismo no es la salida que necesita el pueblo trabajador. Y por eso, sostenemos que las posiciones de Fernández y Grabois no sirven; peor aún, generan confusión entre quienes sí están dispuestos a luchar y a construir algo nuevo.
Hoy más que nunca, la única alternativa real pasa por votar y fortalecer a la única oposición que siempre estuvo en las calles acompañando todas las luchas, que denunció sin medias tintas cada una de las medidas de La Libertad Avanza y, sobre todo, que tiene un programa obrero y popular que arranca planteando con claridad que no hay salida sin romper con el FMI y suspender el pago de la deuda externa.

Escribe Mariano Barba

La crisis política caló muy profundo en los partidos patronales mayoritarios. Un ejemplo fueron las escandalosas internas que se vivieron en el peronismo y en la ultraderecha mileísta por un lugar en las listas de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. De esa puja de aparatos quedaron muchos heridos entre el peronismo, el PRO y el radicalismo. Parte de esa dirigencia huyó de la polarización entre peronistas y libertarios y comenzó a organizarse en un nuevo frente electoral.
Se denominan Somos Buenos Aires, una alianza entre referentes del peronismo, la UCR, el PRO, GEN y la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Se consideran como “las fuerzas de centro” o “la tercera posición” y presentan listas de diputados, senadores y concejales en las legislativas de 2025. La iniciativa fue impulsada por 33 intendentes, legisladores y dirigentes de distintas zonas. Los más conocidos son: el intendente de Tigre, Julio Zamora (PJ, Primera Sección); el de Junín, Pablo Petrecca (PRO, Cuarta Sección); el rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Pablo Domenichini (UCR, Tercera Sección); el presidente del comité radical de La Plata, Pablo Nicoletti (UCR, Octava Sección); y el exsenador Andrés De Leo (Coalición Cívica, Sexta Sección), entre otros.
¿Qué proponen?
Según Julio Zamora, son “la opción de la sensatez, mesura y mirada humana […] con experiencia de gestión, ya que administramos con austeridad, sin déficit”. Hacen hincapié en la seguridad, usando como referencia el “modelo democrático de seguridad” de Tigre, y exigen “más patrulleros”. Pablo Domenichini insistió en que “el eje es capacitar a las fuerzas de seguridad y dotarlas de tecnología […] estuvimos en Ezeiza con Maxi Pullaro y pusimos este tema sobre la mesa”, contó.
Estos dichos y las políticas que aplican en los municipios que gobiernan ¿en qué se diferencian del ajuste que impone Axel Kicillof en la provincia y de la estrategia represiva de Patricia Bullrich y Javier Milei? Prácticamente en nada: son más de lo mismo. No se destacan por presentar planes de viviendas, ni por equipar hospitales, ni por mejorar la inversión en escuelas.
Más que una tercera vía distinta, son otra vía muerta. Al igual que los partidos de los que provienen, no presentan ningún plan alternativo que no sea el déficit cero y el ajuste. Garantizan la continuidad del desastre económico, social, educativo y sanitario que afecta a la gran mayoría de las y los bonaerenses y del pueblo argentino.
Este frente es una nueva estafa electoral. Los legisladores que obtenga, como ya sucedió en el pasado, con la excusa del diálogo y la gobernabilidad, más de una vez aportarán sus votos a favor del ajuste mileísta, como, por otra parte, muchos ya lo han hecho en este año y medio.