Escribe Mariano Barba

A raíz de la crisis que atraviesan los partidos patronales, nació una nueva alianza de gobernadores autodenominada Grito Federal. La integran los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Carlos Sadir (Jujuy).
Surgieron con el argumento de modificar la forma de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Consiguieron, con el acuerdo de los 24 gobernadores del país, que ambos proyectos obtuvieran media sanción en el Senado, y que próximamente sean debatidos en la Cámara de Diputados. En los últimos días también lograron que unos 400 intendentes de sus provincias apoyaran públicamente el armado electoral de cara a las elecciones de octubre. Su objetivo declarado es “tener una voz propia en el Congreso diferenciada del oficialismo, del peronismo, de la UCR y del PRO”.
Anuncian este distanciamiento, pero son los mismos que aplican la motosierra y el ajuste en sus provincias. No presentan ningún plan económico alternativo, ni nacional ni provincial, al que aplican otros gobernadores que continúan dentro del radicalismo, el peronismo o el PRO. Su verdadero objetivo es conservar el control sobre los posibles diputados y senadores que se elegirán en octubre. Ni siquiera garantizan oponerse a los vetos de Javier Milei contra jubilaciones y discapacidades. No son una nueva alternativa para el pueblo trabajador.

Escribe Adolfo Santos

Lejos de ser la empresa que “convirtió un desierto en un campo de flores”, como dice su currículum, Mekorot es uno de los brazos que el sionismo utiliza para la opresión y colonización del territorio palestino. Fundada en 1937, antes incluso que el Estado de Israel, fue financiada para encontrar el agua que necesitarían los colonizadores. En 1948, con el sionismo ya instalado, pasó a ser una empresa estatal y expresión de una política de dominación a través del servicio de agua.
Tiene infinidad de denuncias internacionales por violar los derechos del pueblo palestino. Mientras que en Gaza, entre el 90% y el 95% del suministro está contaminado y no es apto para el consumo humano, Israel no permite el traslado ni el suministro de agua potable. Utiliza el agua como un arma de exterminio, siendo cómplice del Estado sionista y del genocidio que se perpetra en esa región.
Desde hace años, Mekorot amplió su influencia en Latinoamérica e instaló proyectos en diferentes países. En Brasil, la empresa firmó contratos de asesoramiento con gobiernos estatales, aunque el Gobierno de Bahía se vio obligado a cancelar el acuerdo por las presiones de las campañas del Movimiento de Boicot, Desinversiones y Sanciones.
No es casual que el presidente de Mekorot, Yitzhak Aharonovich, no sea ingeniero ni técnico, sino un miembro de las fuerzas militares y exministro de Seguridad, responsable de crímenes de lesa humanidad. La empresa que preside, ha sido denunciada ante las Naciones Unidas por su política de apartheid.
A pesar de estos nefastos antecedentes, en 2022, Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior del gobierno peronista de Alberto y Cristina Fernández, impulsó a varios gobiernos provinciales a contratar a Mekorot para asesorarlos en el manejo del agua. En su mayoría, son provincias que promueven la megaminería, el fracking y la agroindustria. Una sola minera de litio consume, en un día, el agua que 100 mil habitantes de la Puna usarían en todo un año. ¿Esas son las propuestas del peronismo?
Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, nos unimos a la movilización contra la privatización de AySA del gobierno entreguista de Javier Milei y decimos: ¡Fuera Mekorot!
                                                

Escribe Salud en Marcha

La lucha de las y los trabajadores del Hospital Garrahan (el principal centro pediátrico de alta complejidad del país) continúa con más fuerza que nunca. Impulsada con un inmenso apoyo popular que se hace visible en cada acción que convocan. Tanto la masiva movilización del 17 de julio, así como la marcha de velas del pasado 31 de julio que contó con la presencia de familiares de pacientes e importantes referentes de la cultura, son un enorme respaldo al hospital y a sus trabajadores, un símbolo de la defensa de la salud pública frente a las políticas de ajuste del gobierno.
El reclamo central de la lucha se mantiene firme y claro: salarios dignos y un freno al desfinanciamiento de la salud. La exigencia es un salario mínimo de 1.870.000 pesos, un monto indispensable para cubrir la canasta básica familiar, según cifras que calcula mensualmente la Junta Interna de ATE-Indec. Esta demanda es la principal respuesta a la precariedad salarial que ha provocado la renuncia de numerosos profesionales empujados al pluriempleo. Una vulneración flagrante de las condiciones laborales, que impacta directamente en la salud de las y los propios trabajadores que se sacrifican en pos de mantener la calidad de la atención a los pacientes.

Un reclamo que se expande y unifica
Otro ejemplo del amplio apoyo se vio en el cabildo abierto del sábado 2 de agosto, realizado en el anfiteatro de ATE. Medio centenar de organizaciones sindicales, sociales y políticas reafirmamos nuestro compromiso con todas las medidas que las asambleas del hospital vienen definiendo en unidad y de forma democrática.
Es necesario impulsar para fines de mes una gran movilización nacional en respaldo al Garrahan y en defensa de la salud pública, con el objetivo de confluir con otros sectores que también comienzan a enfrentar el ajuste del gobierno de Milei.
La lucha del hospital se convirtió en un freno significativo al plan motosierra del gobierno ultraderechista. Y la pelea continúa. Desde Salud y Estatales en Marcha renovamos nuestro compromiso para acompañar a las y los trabajadores en cada paso que resuelvan en asamblea.
Tal como expresamos en el Cabildo Abierto, exigimos a las conducciones sindicales (ATE, CTA, Cicop y Fesprosa) que pasen de las declaraciones a la acción y convoquen de manera unitaria y desde la base un verdadero plan de lucha nacional para que el Garrahan triunfe. Al mismo tiempo, denunciamos el pacto que la burocracia sindical peronista de la CGT sostiene con el gobierno. Le exigimos que lo rompa de inmediato y que convoque a un paro nacional de 36 horas como primer paso de un plan de lucha serio para derrotar la motosierra del gobierno y al FMI.

Escribe Otto Giachero, dirigente Jubilados en Marcha 

En una medida demagógica y electoralista, el gobernador cordobés Martín Llaryora anunció un aumento del 84% a las y los jubilados que perciben la miserable jubilación mínima de 380 mil pesos, elevando los haberes a 700 mil, más un bono de 100 mil pesos bimensuales para quienes cobren entre ese monto y un millón trescientos mil.
Lo que el gobernador de Córdoba presenta como una concesión oculta una maniobra electoralista que está lejos de resolver la grave realidad que padecemos las y los jubilados. En primer lugar, el universo de quienes perciben la mínima representa solo el 5% de las y los jubilados, es decir, entre 2.500 y 5 mil personas. En segundo lugar, los 700 mil pesos representan apenas el 54% de la canasta del jubilado. Además, lejos de ser un aumento incorporado a los haberes (lo que implicaría una suba para toda la escala), se trata de un “complemento” condicionado a las auditorías que se realicen con el gobierno nacional; es decir, sujeto a la posibilidad de ser suspendido en nombre del “déficit fiscal”.
El gobierno intenta sembrar la idea de que en Córdoba se están aumentando las jubilaciones, cuando lo que ocurre es un verdadero robo. Llaryora mantiene vigente la ley 10.694, votada en pandemia, que elimina el 82 % móvil sobre el mejor sueldo y establece un diferimiento de entre 30 y 60 días en los aumentos respecto de los activos. También sigue aplicando el descuento compulsivo del 20% a quienes cobran el doble beneficio de dos haberes jubilatorios. Lo poco que se obtiene con esta medida, lejos de ser un obsequio, es una respuesta mínima a la persistente lucha que llevamos adelante las y los jubilados, ya en nuestra 70ª ronda semanal.
La gran mayoría de jubiladas y jubilados quedamos excluidos de esta medida, como quienes provienen de la docencia, la salud o el sector público en general. Desde la ronda, así como desde nuestra agrupación Jubilados en Marcha, seguimos reclamando por la derogación de la ley 10.694, la recuperación del 82% móvil, la devolución de la caja intervenida por la provincia, y denunciamos el veto de Javier Milei al magro 7,2% otorgado a nivel nacional.

Los partidos patronales ofrecieron un espectáculo bochornoso en el cierre de listas, de cara a las elecciones legislativas bonaerenses del próximo 7 de septiembre.

El gobierno de Javier Milei eligió como primer diputado provincial por la Tercera Sección Electoral a un símbolo claro de cómo piensa ejecutar el ajuste de la motosierra: con palos y represión. Se trata de Maximiliano Bondarenko, ex comisario de la “maldita” Policía Bonaerense, conocida por regentear el juego clandestino, la droga, la prostitución, los desarmaderos de autos robados y las zonas liberadas para los piratas del asfalto.

Este ex comisario no es nuevo en la política bonaerense, es un típico tránsfuga que pasó por el PRO, luego se incorporó al radicalismo en el sector de Facundo Manes, y finalmente dio otro salto para aterrizar en La Libertad Avanza (LLA).

El reparto dentro de esta lista, que hace un par de años se mostraba como “lo nuevo”, diferente a la vieja “casta política”, fue una pelea de todos contra todos por los puestos, incluyendo repartos de ñoquis dentro del PAMI. En esa negociación, La Libertad Avanza prácticamente se fagocitó al PRO (el reparto fue 75% para los libertarios y apenas 25% para los amarillos). Quienes se quedaron afuera fueron los de “las fuerzas del cielo” del Gordo Dan y sus tuiteros. Jugaban amparados en Santiago Caputo, quien perdió espacios en el triángulo del poder ante Karina Milei, ahora aliada al clan Menem (Eduardo y Martín).

El peronismo, principal fuerza de oposición patronal, no salió mucho mejor parado en su cierre. En una guerra por el reparto entre Máximo Kirchner y La Cámpora por un lado; Axel Kicillof y los intendentes por otro, y Sergio Massa con su Frente Renovador, todo estuvo a punto de volar por el aire a minutos del cierre. Se salvaron por dos “sorpresivos” cortes de luz que fueron aprovechados por la Justicia Electoral para posponer la presentación hasta el lunes, dándoles así tiempo de cerrar sus listas. 

Finalmente, la lista terminó siendo una repartija: en la Tercera Sección Electoral, Verónica Magario (del sector de Kicillof, actual vicegobernadora y, al parecer, candidata testimonial que no asumiría su banca) encabeza la nómina, seguida por dos referentes kirchneristas. En la Primera Sección, la lista está encabezada por Gabriel Katopodis, también alineado con Kicillof, y secundado por Malena Galmarini, del Frente Renovador.
Varios intendentes figuran como cabezas de lista de concejales de manera testimonial. Entre ellos, Fernando Espinoza, el intendente de La Matanza acusado de abuso sexual y con un juicio oral en puerta. 

El peronismo es responsable de que hoy gobierne un ultraderechista como Milei. El ajuste aplicado por el gobierno de Alberto Fernández, Cristina y Massa empujó a miles de personas a votar equivocadamente por LLA. Es falso, como intenta sostener Kicillof en su discurso, que la provincia de Buenos Aires esté “blindada” frente al ajuste nacional. Es el propio gobierno provincial el que ajusta a sus docentes y permite despidos como los de Georgalos, Morvillo, Secco o Molinos.  

Por supuesto, la crisis en ambas fuerzas patronales dejó heridos que fueron recogidos por la “ambulancia” de la tercera fuerza patronal en disputa. Somos Buenos Aires es un rejunte de lo que quedó de la decrépita UCR, intendentes del PRO que quedaron fuera del acuerdo principal, y sectores del peronismo también marginados, que ahora se cobijan bajo el ala de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. A esa lista se suman también Margarita Stolbizer y Elisa Carrió.

Estas listas patronales están unidas por un punto: aceptan el acuerdo con el FMI y no dicen una palabra de los pagos de deuda que desangran al país. El contraste con la lista del Frente de Izquierda Unidad es total. Es la única que puede decir con orgullo que ha estado, está y estará presente y de forma incondicional en todas las luchas. La única que, en el Congreso Nacional, en la Legislatura bonaerense y en cada lugar donde tuvo representación, se opuso a todas las medidas de ajuste.

Mientras los candidatos patronales arrastran prontuarios, manejan negocios y están rodeados de corrupción, los del FIT Unidad son luchadores y luchadoras genuinos, de la clase trabajadora, la juventud, las disidencias, el ambientalismo y la organización barrial. Por eso es necesario que haya más bancas en la Legislatura bonaerense y en los concejos deliberantes. Ese es el desafío.

También porque el FIT Unidad es la única fuerza que propone un verdadero programa alternativo frente a la crisis: romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y destinar esos recursos a salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino, educación, salud y vivienda. Sobran los motivos para apoyarla. Difundí sus propuestas, convencé a tus compañeras y compañeros de trabajo, estudio, barrio y familia. Acercate a nuestros locales, participá, anotate para fiscalizar y ayudanos a hacer más grande el Frente de Izquierda Unidad.