Escribe Guido Poletti

Los tarifazos astronómicos fueron la marca mayor de todo el gobierno de Macri. Como lo habían sido los millonarios subsidios que había garantizado las ganancias de las privatizadas durante los doce años kirchneristas. Mientras tanto, en ambos períodos, la calidad del servicio siguió deteriorándose. En medio de esta estafa, una de las barbaridades que hizo el macrismo fue “dolarizar” las tarifas, o los distintos componentes que tienen las mismas. De esta forma, las devaluaciones impactan directamente en lo que termina pagando el consumidor.

Todo esto fue particularmente grave en el sistema eléctrico. Los usuarios de Edenor, Edesur y Edelap en Capital, Gran Buenos Aires y La Plata están acostumbrados a los apagones y el manoseo de las empresas con todo aquel que reclama. Pero todo es mucho más grave cuando miramos lo que pasa más allá de las distribuidoras. Es que el sistema se compone de los “proveedores” de energía eléctrica, que se la venden a Cammesa (mayorista estatal) y esta luego se las envía a las distribuidoras, que son las que llegan al domicilio y emiten las facturas que pagamos.

Producto de la dolarización, Cammesa acumuló una gigantesca deuda con las petroleras y gasíferas proveedoras. Esto, al pagarlo, generará un impacto que irá finalmente a las tarifas. Ahora el gobierno de Alberto Fernández, plantea que todo se resuelve con la “pesificación”. No es así. Más aún: los primeros tarifazos se hicieron todavía con las tarifas pesificadas. Estas son impagables ya como están ahora. Ni que hablar si se las ajusta a mitad de año, aunque sea vía una pesificación y no por evolución del dólar.

Nuestro planteo es claro: ni tarifazos, ni subsidios para las superganancias de las empresas. Ninguna indexación para los pulpos monopólicos, ni “dolarizado” ni “pesificado”. Lo que hay que hacer es retrotraer los tarifazos para que, en medio de la emergencia social actual, el pueblo trabajador tenga tarifas accesibles. Y, lo más importante, se impone la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.
                       

El presidente inauguró las sesiones ordinarias. Tuvo a su lado a Cristina y a Sergio Massa. Pronunció un discurso de casi 10.000 palabras donde elogió al Papa, Alfonsín, Néstor Kichner, Belgrano y Perón. Si tras el saludo al “querido pueblo argentino”, algún trabajador o jubilado esperaba anuncios a su favor, se quedó con las expectativas.

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El presidente habló de todo e hizo un anuncio importante alrededor del aborto, que analizamos en las páginas centrales de esta edición. Ahora queremos puntualizar en las medidas económicas y sociales con las que el gobierno sustenta que “Argentina se está poniendo de pie” y desde la izquierda venimos polemizando.

¿“Comenzamos por los últimos para poder llegar a todos” o se empezó un nuevo ajuste?

“Nos ocupamos, antes que nada, de los que han sido olvidados”, dijo el presidente. Y agregó en tono profesoral: “El preámbulo de nuestro nuevo contrato de ciudadanía social consistió en detener la caída de argentinos en la pobreza, tranquilizar la economía, recuperar el trabajo y recomponer los ingresos de quienes menos tienen”. Pero esto no se condice con la realidad.

El gobierno no puede explicar, si dice que no está ajustando, por qué les recortó 100.000 millones de pesos a los jubilados con el cambio de movilidad jubilatoria. Argumenta que benefició a los jubilados que menos tienen, pero a costa de sacarle a los que ganan 20.000 pesos (los considera privilegiados). Ese mismo monto ya recortó Macri con la ley que se votó a fines de 2017, contra el repudio de decenas de miles frente al Congreso.
Además, el gobierno decidió que los salarios no van a recuperar lo perdido en 2019, otra muestra de que no se está haciendo justicia ni “poniendo plata en el bolsillo de la gente”.

¿Combate o complicidad con los remarcadores?

“Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Los pícaros que especulan subiendo los precios no tienen cabida en esta Argentina”. Pero inmediatamente dijo que “es una responsabilidad de todos que los precios dejen de crecer”. ¿De todos? ¿De los trabajadores y jubilados también?

Los responsables son los grandes empresarios que hacen fortunas con los aumentazos. Exportan alimentos a valor dólar y los venden al mismo precio en el país. Los “pícaros” son: Arcor, La Serenísima, Coca Cola, los grandes supermercados, las aceiteras, entre un largo etcétera. Y las privatizadas que aumentaron “el gas en un 2.000 % y la electricidad cerca del 3.000 %” -según reconoció el propio Fernández- y sin embargo el gobierno terminó convalidando esos tarifazos.

¿Cómo va a castigar a los que aumentan? ¿Y los precios máximos? ¿Y las sanciones a los remarcadores con clausuras, multas y hasta meterlos presos? Nada de eso dijo, ni hace, Fernández.   

Si “la deuda es con el pueblo” no hay que renegociar, sino dejar de pagar.

Dijo Fernández: “La deuda pública que heredamos es el mayor escollo que enfrentamos. Todos hemos visto impávidos como los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero”. Pero a renglón seguido afirmó: “Más allá de analizar lo ocurrido, hemos iniciado las negociaciones para reestructurar la deuda”. Es decir, reestructurar para pagar una deuda que el pueblo no contrajo ni se benefició. Esto lo está haciendo con el aval del FMI (“con las autoridades del Fondo Monetario Internacional venimos trabajando de forma constructiva”) y con el voto del macrismo y los radicales (“agradecemos a la oposición el apoyo en el Congreso”).

Fernández repite el viejo eslogan de Alfonsín del ‘83: “No vamos a pagar la deuda a costa del hambre”. Pero desde hace 40 años hay ajustes contra el pueblo trabajador precisamente por pagar, incluso vía reestructuraciones y quitas.

Ley para las petroleras y beneficio a las mega mineras

“Cómo ponemos en valor la industria de bienes de capital para el sector del petróleo, la minería y el campo. Los hidrocarburos serán una palanca para el desarrollo productivo de nuestro país. Vamos a extraer los recursos motorizando la creación de empleos de calidad y el desarrollo de las comunidades”. Palabras de Fernández que ocultan el objetivo de la ley que enviará al Congreso, para beneficiar a las petroleras de Vaca Muerta que saquean nuestro petróleo y el gas a más no poder. Eso ya se hizo con Repsol bajo el kirchnerismo y con Cristina firmando el pacto secreto con Chevron. Lo que hace falta es una YPF 100% estatal y nacionalizar el petróleo y el gas. Solo así saldremos adelante.

Fernández dijo, además: “queremos una Argentina medioambientalmente sustentable. En materia minera tenemos grandes posibilidades pendientes. En particular, la minería metalífera y la del litio se presentan como grandes oportunidades para aumentar las exportaciones argentinas”. O sea, este gobierno sigue la línea de permitir la megaminería contaminante, la cual no tiene ni tendrá ninguna licencia social como lo mostró la rebelión mendocina contra un gobernador radical y el apoyo de diputados del Frente de Todos. Decir que generará miles de puestos de trabajo es recitar el discurso de la Barrick. Está probado que la industria petrolera, la minería y el campo son los que menos mano de obra generan.

¿Vamos a salir “entre todos”?

Al final Fernández hizo una arenga: “Queremos agradecer a todos los sectores sociales. Al movimiento obrero organizado. A los movimientos sociales en su diversidad. A los empresarios y sus diferentes organizaciones. Todos los argentinos estamos a bordo de un mismo barco”. Con este mensaje Fernández mete a todos en una misma bolsa, bajo el argumento de que al país “lo sacamos entre todos o no lo saca nadie”. Eso es una trampa. Porque los empresarios, las multinacionales y bancos trabajan para sus ganancias capitalistas, no para mejorar al país. Y los burócratas de la CGT están para frenar las luchas contra los salarios a la baja.

Solo saldremos adelante cuando se imponga un plan económico alternativo al servicio de las grandes mayorías que parta de aumentar los salarios y jubilaciones en base al no pago de la deuda y la ruptura con el FMI, reestatizar las privatizadas y nacionalizar la banca y el comercio exterior fomentando un plan de obras pública para reactivar la economía y sacando a millones de la pobreza y miseria.

Justicia... ¿Qué justicia?

“Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la utilización política de la justicia. Queremos desterrar para siempre las componendas entre el poder político y el poder judicial”. ¿Acaso se refería a que los jueces no los van a designar más el PJ, la UCR o el PRO y se van a elegir por el voto popular? Por supuesto que no.
La tan mentada reforma judicial oficialista tiene una explicación. La dijo Fernández: hay que “acabar con la arbitrariedad en materia de detenciones”. Por supuesto que se refería a las detenciones de De Vido, Jaime, Boudou, no a los perejiles que llenan las cárceles sin juicio ni condena.

Elogios a las fuerzas armadas

“Estamos convencidos que el prestigio de las fuerzas se construye y se sustenta en buenas prácticas, en el ejercicio profesional de sus funciones. Celebramos que por primera vez en la historia tenemos jefes de las fuerzas armadas que pertenecen a la generación que ha egresado como oficiales en pleno funcionamiento de la democracia”, dijo Fernández. Muy parecido a lo que decía Macri, ¿no?

Mercosur, Rusia, China

“En materia de Mercosur, nuestra vocación es fortalecer una integración regional, global, productiva y democrática de nuestros países”. Pero el Mercosur es un tratado para salvar a las multinacionales automotrices que operan en Brasil y Argentina. Tampoco dijo nada sobre el heroico pueblo chileno, que está luchando a brazo partido contra el “poco democrático” Piñera.
Fernández agregó que va a mantener “las asociaciones estratégicas con China y Rusia”. Recordemos que en China hay una dictadura capitalista que ha dejado a 1.000 millones de habitantes en la pobreza.

Pueblos originarios

El presidente prometió que va a “trabajar para fortalecer el rol de sujetos de derechos de los pueblos originarios y de las comunidades de migrantes”. ¿Se le van a devolver las tierras ancestrales al pueblo mapuche? ¿Se va a tocar el millón de hectáreas de Benetton que les robó a los pueblos originarios?

¿Y los archivos de la dictadura?

Fernández señaló que “a veintiseis años del atentado a la AMIA ordenaré desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia” (posando que tendría voluntad de llegar a la verdad). Pero nada dijo sobre los archivos de la dictadura para terminar de condenar a todos los genocidas y a sus cómplices civiles.

Con motivo del acto en Campo de Mayo realizado el día 21 de febrero en donde despidió tropas que viajan a una misión de “paz” a Chipre, el presidente Alberto Fernández manifestó que “toda la Argentina debe dar vuelta una página que nos distanció mucho tiempo por la inconducta de algunos”. Somos categóricos: fue un genocidio, no damos vuelta ninguna página.

Escribe Martín Fú

Las declaraciones de Alberto Fernández generaron repudio e indignación de manera automática. En ellas, el presidente niega el genocidio, que significó un plan sistemático de persecución y aniquilación, organizado desde un gobierno militar con la anuencia de empresarios, la Iglesia y el apoyo del imperialismo. Por eso, al hablar de “inconductas”, el presidente pretende pasar por alto la existencia del terrorismo de Estado, tratándolos como hechos “aislados” de militares que habrían incurrido en faltas disciplinarias. Y lo peor fue que Alberto Fernández lo hizo desde Campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores y crueles centros de detención y exterminio, por donde se calculan que pasaron más de 5.000 detenidos.

¿Se imagina el presidente las “inconductas” de quienes secuestraron al joven Floreal Avellaneda, de 16 años, para luego ser torturado en El Campito, subido a un avión del Ejercito, también en Campo de Mayo y ser arrojado vivo al Rio de la Plata en los llamados “vuelos de la muerte”? ¿Cómo puede hablar de “inconductas”, pedir “dar la vuelta la página”, nuevamente desde Campo de Mayo, donde también funcionó una maternidad clandestina, donde decenas de parturientas detenidas dieron a luz a bebes que luego fueron apropiados por los militares? Organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y políticas no tardaron en salir rápidamente a rechazar las declaraciones.

El presidente Alberto Fernández no es el primero en banalizar el genocidio. Ya antes lo había hecho Macri y allí nos encontró a quienes hace décadas nos movilizamos en las calles repudiando cualquier intento de olvido, conciliación o de alivianar las condiciones de detención de los genocidas. Nora Cortiñas expresó su malestar: “Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por obligación, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho. Según él, tenemos que dar vuelta la hoja y dar por muertos para siempre a nuestros detenidos-desaparecidos, cuando costó mas de cuarenta años de lucha”(Página12, 24 de febrero).

Fernández pretende lavarle la cara a las Fuerzas Armadas, lo hace al recalcar que el Ejército tiene a todos sus cuadros renovados, “nacidos de la democracia” e “integrados a la sociedad”. Esto es falso, todavía quedan muchos oficiales formados durante la dictadura y con la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por los yanquis. Es el caso de Bari del Valle Sosa, jefe del Estado Mayor Conjunto, quien acompañó al presidente en la despedida de las tropas a Chipre, al igual que el kirchnerista “general del pueblo” Cesar Milani, todos oficiales salidos del Colegio Militar en plena dictadura.

El repudio generalizado obligó a Fernández a ensayar una disculpa, primero en las redes sociales: “No quiero pasar por distraído ante una queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie dude en que lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el “nunca más” que pregonamos sea “nunca más” en la Argentina”.
El presidente toma como “queja” una lucha de décadas, de movilizaciones multitudinarias, de juicios, escraches a genocidas y de no bajar las banderas. Nos pide “no dividirnos” a pesar de los intentos de división de gobiernos y espacios políticos que el presidente integró e integra, y de su política de cooptar organismos de derechos humanos.

Desde Izquierda Socialista seguiremos peleando por el juicio y castigo a todos los genocidas, desentramando las complicidades cívico-militares, denunciando a sus encubridores y a cada uno de los gobiernos que con leyes como las de Punto Final, la Obediencia Debida, los indultos y los pedidos de “vuelta de página” pretenden cubrir con un manto de impunidad a los responsables de perpetrar uno de los más brutales crímenes contra la clase trabajadora argentina. Le decimos al presidente que no fueron “inconductas”, son 30.000 compañeros y no perdonamos ni nos reconciliamos con los genocidas.

Escribe Martín Fú

El pasado 27 de febrero la policía bonaerense al mando del gobernador Kicillof y Sergio Berni reprimió nuevamente a trabajadores de la planta de Cresta Roja ubicada en El Jagüel. Sus trabajadores vienen peleando en defensa de los puestos de trabajo, enfrentando despidos, suspensiones, salarios adeudados, cierres de plantas, entre otras cosas, desde hace más de cuatro años.
Cristina, Scioli, Macri, Vidal y ahora Alberto Fernández y Kicillof han dejado pasar el desangrado de la empresa, los despidos y fueron los ejecutores de las numerosas represiones. Todos ellos han usado a Cresta Roja como parte de sus campañas electorales y políticas, llenando a sus trabajadores de promesas que solo se cristalizaron en despidos y represión.

Hasta el mismo presidente Alberto Fernández, una semana antes, inaugurando unas piletas en Ezeiza, se había referido al conflicto de Cresta Roja con un “no me olvido de ustedes, compañeros”.
Los “compañeros” habían sido recibidos los últimos días de diciembre y principios de este año por tres ministros, Moroni de Trabajo, Kulfas de Producción y Arroyo, de Desarrollo Social. “Somos cientos de familias las que aun permanecemos en la calle a la espera de que se cumplan las promesas asumidas por el actual gobierno de solucionar nuestra problemática” (Télam, 27 de febrero), declaraban los trabajadores luego de una andanada de promesas que nunca se concretaron.

Tres despedidos que se habían subido al tanque de agua, para visibilizar aún más el reclamo y a pesar de habérseles prometido no tomar represalias fueron detenidos. En las cercanías de la planta donde se desarrolló la represión hasta se encontró munición letal de 9 milímetros que la policía dejó luego de replegarse al interior de la empresa.
Repudiamos este nuevo ataque, esta vez al mando de Kicillof y Berni, que desnuda nuevamente el doble discurso del gobierno y de como todos los gobiernos patronales que se alternan en el poder, y en Cresta Roja solo responden con más represión y despidos.
                          

El Encuentro Memoria Verdad y Justicia (EMVJ) ya se encuentra preparando la convocatoria en un nuevo aniversario del golpe cívico militar del ´76. Nos proponemos concentrar en Congreso desde las 14 horas y movilizar hacia la Plaza de Mayo. Como cada año seguimos peleando contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra las políticas que han permitido que la mayor parte de los genocidas estén libres. Recordemos que en nuestro país funcionaron 600 centros clandestinos de detención, y que al día de hoy hay aproximadamente 900 condenados por sus crímenes de lesa humanidad, (uno y medio por centro de exterminio), y aún resta recuperar la identidad de cientos de bebés apropiados por los milicos y sus amigos. Una vez que logramos sepultar las leyes de impunidad, esta realidad se debe en gran medida a las medidas dilatorias de los juicios, y a la negación por parte de los gobiernos de abrir los archivos de la dictadura.

Pero además, el otro gran legado de la dictadura fue la destrucción de la economía del país y el inicio de un ciclo de endeudamiento que seguimos pagando hasta el día de hoy. Recordemos que el FMI fue el primer organismo en bendecir con su reconocimiento al dictador Videla. Por eso, este 24 también marchamos para decir ¡Fuera al FMI! ¡No al pago de la deuda externa!

Izquierda Socialista concentra en Congreso a partir de las 14