Escribe Juan Carlos Giordano Diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT

El comienzo del juicio se celebró con una gran alegría. “Con lucha logramos el inicio del juicio. Es un día histórico. Ahora queremos justicia”, se escuchó decir entre los presentes. El valiente testimonio de Carmen Metrovich (ver recuadro) fue ovacionado. En sus palabras finales vociferó: “No vamos a parar hasta lograr justicia. ¡Ana María presente!”. Fueron años de lucha de la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María. La Sala del Tribunal Nº 2 de San Martín se llenó de luchadores. Hay que redoblar el apoyo para que los militares y policías asesinos que la secuestraron y asesinaron vayan a cárcel común.

Se inició el juicio. Es el primero que tiene de imputados a militares genocidas de Campo de Mayo por una víctima en particular, militante del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), nuestro partido antecesor. Todos los juicios son importantes, pero éste tenía esa connotación especial para aquellos que reivindicamos a nuestros caídos en lucha contra la dictadura y la Triple A de los años 70.
En la sala estaban presentes los miembros de la Comisión Ana María Martínez, la cual integra Izquierda Socialista junto con otras organizaciones, luchadores, dirigentes de izquierda y familiares en lucha por los derechos humanos. También fueron alumnos de un colegio de Tigre.
Los jueces tomaron nota de una sala colmada con decenas de luchadores que acompañaron a los testigos de la querella y a los abogados encabezados por Pablo Llonto y los de la Comisión para la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros.

¡Ana María presente!

Ana María fue militante del glorioso PST. Fue secuestrada el 4 de febrero de 1982, hace 36 años, cuando tenía 31 años de edad y estaba embarazada de dos meses y medio. La esperaba un grupo de tareas en su domicilio de Villa de Mayo, en un Falcon verde. Apareció su cuerpo el 11 de febrero acribillado y enterrado en cercanías de Dique Luján.
Ana María era una obrera fabril de la autopartista DEA (Smata), de Vicente López. El día 5 de febrero, el inmediato posterior a su secuestro, iba a cobrar la primera quincena como trabajadora metalúrgica.
Ana María había huido de Mar del Plata, cuando ya era militante del PST, donde su casa fue allanada y ya habían hecho desaparecer a varios militantes de nuestro partido. Se radicó en zona norte de la provincia de Buenos Aires destacándose por apoyar las luchas, en especial la de los bancarios con la antiburocrática agrupación Lista 3 Verde.
En el secuestro y asesinato de Ana María hubo una participación directa de la División de Inteligencia Bonaerense (Dippba). Ana María fue fotografiada en una marcha de bancarios y un servicio de inteligencia se infiltró en sus actividades.
El Falcon verde en el que se la llevaron, hacía días que estacionaba cerca de su domicilio. Una testigo le dijo a Carmen que fue el propio Luis Patti quien participó del operativo y la introdujo en el auto. También estuvo la policía de la zona, todo con la complicidad de los mandos militares de Campo de Mayo.

Hechos aberrantes

Concurrieron a la audiencia los dos genocidas acusados. Uno es el ex general de brigada Jorge Norberto Apa, ex jefe del Destacamento 201 de Inteligencia. El otro es el ex teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, exjefe de Departamento de Personal G1. Ambos prestaban “servicios” en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo.
Apa y Muñoz se negaron a declarar. Pero se leyeron sus descargos en otras instancias judiciales, donde no solo negaron el hecho, sino que alegaron canallescamente que el crimen de Ana María fue pasional, un delito común, un “problema de parejas”.
También se tuvo que escuchar a un médico policial que hizo el reconocimiento del cuerpo de Ana María, diciendo que no recordaba el hecho, aunque firmó un escrito con una declaración suya en 1982, donde afirmó que el cuerpo que examinó -luego confirmado que era el de Ana María- podía tratarse de “una prostituta”, porque se le encontró dinero entre sus ropas.
Todas estas barbaridades tuvieron que soportar y escuchar nuevamente los familiares, a décadas del hecho y tantos años de lucha contra la impunidad por parte de todos los gobiernos. Más cuando estos militares retirados no solo siguen cobrando sus sueldos, sino que por otros hechos aberrantes ya fueron condenados pero gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

¡Sigamos por castigo a los culpables!

Quedan varias audiencias. Valiosos testigos -algunos residen en otras provincias y otro va a venir desde Barcelona- van a seguir aportando pruebas para demostrar que Ana María fue asesinada como parte de un plan sistemático genocida al servicio de imponer un plan económico para el FMI y el imperialismo.
Desde la conformación en 2011, la comisión ha impulsado movilizaciones, actos, conferencias, aportando pruebas y testimonios, audiencias públicas en el Congreso, llevando la solidaridad a las luchas obreras, acompañando los reclamos de familiares y amigos de las víctimas de la dictadura militar. Ese es el camino por el que hay que seguir apostando para lograr justicia. La lucha de Ana María y del PST no fue en vano. Seguiremos por su camino, luchando por un gobierno de los trabajadores y el socialismo. Ana María, presente, ¡ahora y siempre!

Carmen Metrovich: “Era una supermilitante”

“Era muy activa, una supermilitante. Eso motivó que los genocidas la mataran. Fue parte de la terrible persecución que le hicieron al PST”. Estas fueron algunas de las emotivas palabras de Carmen Metrovich, la primer testigo en declarar.
Carmen es cuñada de Ana María Martínez y hermana de José Metrovich, su compañero y también militante del PST. Carmen es la referente de la Comisión de Familiares y Amigos que se conformó en Zona Norte. En su brillante testimonio, fruto de la investigación que vino haciendo personalmente y como parte de la Comisión, brindó detalles impactantes a pesar de que los hechos ocurrieron hace más de tres décadas.
Carmen relató cómo era la vida de Ana María, su militancia cotidiana, y los sufrimientos diarios fruto de la represión y persecución.

Un fiscal salvado por PRO, Massa ¡y el kirchnerismo!

De las pruebas recolectadas surge un nombre que hasta ahora viene gozando de una burda impunidad. Es el del fiscal general actual de Mar del Plata, Fernández Garello.
Este personaje fue subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) y está sindicado como responsable del asesinato de nuestra compañera y el secuestro y torturas de tres militantes comunistas.
Garello interrogaba y formaba parte del grupo de espías de la bonaerense que efectuaba tareas de inteligencia sobre la militancia y el sindicalismo de zona norte.
En los años ´90, Garello fue procesado por fraude al IOMA Mar del Plata y supo acomodarse en los estratos judiciales de la mano de Duhalde. El actual fiscal también es parte del aparato judicial que protege el accionar policial, sus negocios y el narcotráfico.
A Garello se le pidió el juicio político. Pero en un escandaloso pacto de impunidad entre Cambiemos, el massismo y el kirchnerismo, se archivó el pedido de destitución.
La Legislatura bonaerense fue el escenario donde, luego de nueves meses de constituido el tribunal para enjuiciarlo -y con un pedido de informes presentado por nuestra diputada Mónica Schlotthauer, que nunca se contestó- en tiempo récord los legisladores de Macri y Vidal y el Frente Renovador de Massa acordaron con el tribunal no hacer lugar al juicio político. El kirchnerismo, integrante del jury, no se hizo presente en la sesión. ¡Repudiable!

Editorial

Macri sigue adelante con sus medidas contra el pueblo trabajador. La “perlita” de la semana fue el nuevo tarifazo en el gas, que incluye no sólo otro descomunal aumento (de entre 30% y 50%) sino también una increíble compensación a las empresas por la devaluación, creándoles una nueva deuda a los usuarios por lo ya pagado. A esto sumémosle que Vidal cerró la paritaria docente bonaerense por decreto, que los productos alimenticios subieron esta semana 10% más y que cerraron varias plantas de la empresa Alpargatas, dejando un tendal de nuevos desocupados. Es que el gobierno de Cambiemos sigue adelante con sus medidas de ajuste contra el pueblo trabajador. Lo hace a pesar de su debilidad, que se expresa en la crisis y emplazamiento que le hace Elisa Carrió frente a los dichos del ministro de Justicia Garavano, o en los constantes roces con el radicalismo.

Frente a todo esto, crece la bronca contra el macrismo. Y siguen las luchas. Los docentes bonaerenses vienen de 48 horas de paro. También se dio el paro y marcha de los médicos de la Cicop y los mineros de Río Turbio viajaron más de 3.000 kilómetros para rechazar frente al Congreso el ajuste que está contemplado en el proyecto de presupuesto. Pero por el lado de la burocracia sindical lo que prima es el inmovilismo. No se le dio ninguna continuidad al paro del 25 de septiembre. El ex triunvirato de la CGT (ahora “dúo” luego de la salida de Schmid) volvió a lo habitual: no hacer nada. El agrupamiento de Moyano con Palazzo y Pignanelli plantea ir a “rezar a Luján”.

Es que ambos sectores responden al peronismo en sus distintas variantes, que sigue con sus reacomodamientos de cara a 2019, con sus idas y venidas. La novedad de la semana es que, apenas diez días después de lanzado el nuevo espacio entre Pichetto, Massa, Schiaretti y Urtubey, estalló la crisis en el Frente Renovador, expresada en la pelea entre Felipe Solá y Graciela Camaño. Todo alejadísimo de las reales necesidades del pueblo trabajador.

El próximo 24 de octubre se tratará el presupuesto 2019, que contiene el corazón de las medidas antipopulares. Su aprobación es una exigencia central del FMI. Y para eso el gobierno necesita la complicidad del peronismo. El sindicalismo combativo se juega para que ese día se realice una gran movilización de masas rodeando al Congreso contra la aprobación del presupuesto del ajuste. Por eso este jueves se realizará una conferencia de prensa del Plenario Sindical Combativo de Lanús, que encabezan el Pollo Sobrero, de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste; Alejandro Crespo, del Sutna, y los Suteba Multicolor, entre otros, para lanzar la convocatoria.

En esa marcha nadie puede faltar. Tenemos que promover que se realicen asambleas en todos los lugares de trabajo que sea posible, sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, organizarnos desde cada fábrica, oficina o escuela para asistir. Ahí deben estar los jubilados a los que se les quiere reventar más aún sus haberes. La juventud estudiantil, secundaria, terciaria y universitaria, exigiendo más plata para educación. El movimiento de mujeres con todas sus reivindicaciones. Hay que promover actos simultáneamente en el interior del país. Tiene que ser una movilización multitudinaria, un verdadero hito en la pelea contra el ajuste. Y en ese acto tenemos que exigir a los sectores que concurran, tales como el de Moyano, Palazzo y Pignanelli o las CTA, a que, ante el inmovilismo de la CGT, convoquen ellos a un paro nacional de 48 horas, con una gran movilización a Plaza de Mayo y un plan de lucha para enfrentar ahora, y no en 2019, el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

“El salario no es ganancia”. Esa consigna que ya cumplió más de una década está hoy más vigente que nunca. Mientras para los patrones rige el “pacto fiscal” firmado el año pasado entre Macri y los gobernadores, por el cual se reduce año a año la alícuota con que se calcula “su” impuesto a las ganancias, cada vez más trabajadores ven cómo se les roba un pedazo de su salario.

Macri dijo en la campaña electoral de 2015 que en su gobierno los trabajadores no iban a pagar ganancias. Como en tantos otros temas, no fue más que una vil mentira. Hoy se les descuenta por ese impuesto a 1.638.433 asalariados, 560.000 más que cuando asumió Cambiemos. Contando a los jubilados (a los que increíblemente también se les descuenta “ganancias”, tenemos dos millones de afectados, 750.000 más que a fines de 2015. Es que se le empieza a descontar a todo trabajador soltero apenas pasa los 30.000 pesos o casado con dos hijos después de los 40.000.

Es indignante. Los trabajadores cada vez ganamos menos, nuestro salario se pulveriza y sin embargo se nos descuenta cada vez más por algo que ni siquiera tenemos: “ganancias”. Por supuesto, el presupuesto 2019 ratifica todo esto, a pedir de boca del FMI. Simplemente, una vergüenza.

Escribe Gabriel Massa

La inmensa mayoría de los trabajadores y el pueblo estamos convencidos de que Macri y el FMI nos están hundiendo en la miseria para hacer cada vez más ricos a los buitres, los banqueros, las multinacionales, los monopolios exportadores y las grandes patronales. Todas las medidas del gobierno -el proyecto de presupuesto con “déficit cero”, los tarifazos, la devaluación, las tasas de interés de 75%, los aumentos de salarios muy por debajo de la inflación, el fortalecimiento de las fuerzas represivas para enfrentar la protesta popular- demuestran que es así.

El nuevo tarifazo del gas en Capital y Gran Buenos Aires aumenta entre 56% y 60%, en el interior aún más, en Córdoba 100%; es la última muestra de que todo lo que hace Macri es para beneficiar a los grandes capitalistas a costa de los trabajadores y el pueblo. Los que menos pagan pasarán a recibir en promedio una boleta de 1.500 pesos por bimestre. ¡A los grandes consumidores, es decir, a los más ricos, en cambio se les aplicará un aumento de 15%! En concreto: más plata para las petroleras y gasíferas, para Panamerican, para Tecpetrol de Techint, para Mindlin, a costa del bolsillo popular.

Todo en este gobierno es igual de descarado. La gobernadora Vidal acaba de dar por decreto un “aumento” de 19% a los docentes bonaerenses. ¡Con una inflación anual que superará el 45% significa una rebaja salarial de más de 20 por ciento!

Claro que eso es sólo un ejemplo más de lo que significa el pacto de “déficit cero” con el FMI aplaudido por todos los patrones. El proyecto de presupuesto para 2019 que Macri enviará al Congreso y que ya cuenta con el apoyo de una mayoría de gobernadores y legisladores peronistas, garantiza las ganancias de las multinacionales que saquean nuestro petróleo y gas con subsidios millonarios. Pero fija un techo de aumento salarial de 8% para los empleados estatales, cuando la inflación prevista es de más de 30%.

Es que mientras la devaluación (que llevó el dólar de 20 a 40 pesos este año) le genera superganancias a los monopolios exportadores, como Dreyfuss o Cargill y produce una estampida en los precios que ya pulverizaron los salarios y las jubilaciones.

Macri no deja de felicitarse por el apoyo que recibe del exterior. Claro, ¿cómo no lo va aplaudir la jefa del FMI, Christine Lagarde, si le ha entregado el manejo del gobierno y el país? ¿Cómo no le va a dar palmadas en la espalda Donald Trump si Macri ha bajado a casi nada los impuestos a las exportaciones de las grandes multinacionales que dominan la industria automotriz, las sojeras y aceiteras y las petroleras? ¿Cómo no lo van a adorar los banqueros y especuladores internacionales si fugan miles de millones de dólares que el Banco Central les regala a precio de ganga? El Galicia, el Santander Río, el Macro y los bancos extranjeros que operan en la Argentina vienen haciendo ganancias récords desde el comienzo de la devaluación en mayo.

La otra cara de la moneda es la caída de más de 6% de la producción, el crecimiento de la pobreza, la miseria y el desempleo, la baja de los salarios, la destrucción de la salud y la educación pública.

Como consecuencia de todo ello crecen la bronca y la lucha de los trabajadores y el pueblo, con huelgas y movilizaciones como el parazo del 25 de septiembre.

El gobierno también tiene preparada la respuesta para defender los privilegios de los ricos frente al creciente descontento popular: más represión, autorizando a las fuerzas armadas por decreto a intervenir en asuntos internos, reforzando a la policía, la gendarmería y la prefectura con equipos y personal.
¿Qué hacer frente a un gobierno como este que, con el apoyo de la mayoría del peronismo, nos entrega a la voracidad de las grandes patronales y nos amenaza con el garrote si nos atrevemos a protestar?

¡Esto no va más! La salida es por izquierda. Con un plan de emergencia que empiece por un aumento de salarios y jubilaciones para cubrir la inflación, por la reapertura de paritarias y la prohibición de despidos y suspensiones.

Pero la lucha tiene que avanzar hacia medidas de fondo para quitarles el poder a los que saquean el país: ruptura del pacto con el FMI; desconocimiento y no pago de la fraudulenta deuda externa; estatización de la banca, el comercio exterior y las grandes empresas de la industria, el campo, el transporte y los servicios públicos bajo control de los trabajadores.

Un gobierno que esté en manos de la clase obrera y la izquierda, utilizando los principales recursos del país para poder terminar con el saqueo y desarrollar un gran plan de obras públicas, construyendo viviendas, escuelas, hospitales, usinas, redes cloacales y de agua y todo lo que necesita el país.

Escribe Guido Poletti

Mientras la devaluación y la carestía de alimentos y otros artículos de primera necesidad pulverizan nuestros salarios, el gobierno de Macri lanza un nuevo tarifazo en las facturas de gas. El aumento, formalmente de 30%, significará para la mayoría de las familias trabajadoras boletas con un incremento superior a 50%. Todos terminaremos recibiendo boletas de 1.500 pesos promedio.

Pero eso no es lo peor. Lo increíble es que a esa suba la acompañará simultáneamente otra. Según una nueva resolución de la Secretaría de Energía, todos los usuarios deberemos pagar además 24 cuotas de “compensación” a las gasíferas por lo que supuestamente habrían perdido por la devaluación. Algo absolutamente ilegal por donde se lo mire: se obliga a los usuarios a pagar un monto “desconocido”, ya que se dice textualmente que será la diferencia entre el dólar a 20 pesos (abril pasado) y lo que sea que esté el valor de la divisa a fin de año. Y además, ese importe será en función de lo consumido en los meses anteriores. ¡Las facturas que ya pagamos, nada baratas por cierto, ahora resulta que “tendrán una deuda” que debemos cancelar en esas 24 cuotas!

Mientras a los trabajadores “nadie los compensa” por lo que se perdió estos meses (que ya supera el 10% del poder de compra de nuestros salarios), las gasíferas, que se embolsan millones, ahora reclaman, y el Ministerio de Energía les concede, un aumento en ese concepto. Encima, el ministro Iguacel deslegitima el reclamo de quienes denuncian el saqueo, acusándolos de “militantes”. ¡Iguacel está haciendo méritos aceleradamente para convertirse en otro ministro sirviente de los monopolios gasíferos y las petroleras y de las empresas de servicios públicos privatizadas como su antecesor, el ex CEO de Shell Juan José Aranguren!

Todo es absolutamente escandaloso. Los aumentos de tarifas son astronómicos, desproporcionados por donde se los mire e incluso ilegales aun bajo la lógicas más básica de la economía de mercado: si alguien compra algo y lo paga, no se le puede “cobrar de vuelta”. ¡Sin embargo esto es lo que se hará!

No podemos permitirlo. Tenemos que repudiar activamente este nuevo tarifazo y organizarnos para rechazarlo. Llamemos a asambleas de vecinos en los barrios, juntemos firmas para presentar amparos masivos ante la Justicia o hagamos marchas a las oficinas de las empresas o del Enargas (ente regulador que autorizó este aumento). Exijamos que se retrotraiga este y todos los anteriores al conjunto de los servicios públicos. Y planteemos una salida de fondo: estas empresas no van más. Saquearon el país a lo largo de 25 años brindando servicios pésimos, nunca invirtieron nada -ni siquiera lo que tenían que hacer obligatoriamente de acuerdo con los propios contratos de concesión-, y se embolsaron miles de millones en concepto de subsidios. Hay que rescindirles todos los contratos y reestatizarlas bajo gestión de los propios trabajadores y los usuarios. Sólo así podremos tener tarifas a valores populares y la calidad del servicio que merecemos.