Feb 28, 2024 Last Updated 8:30 PM, Feb 27, 2024

Escribe José Castillo

El 15% de la población argentina no tiene acceso al agua potable, el 40% vive sin cloacas y apenas el 20% de las aguas residuales cuenta con un tratamiento adecuado. Las peores situaciones se dan en Formosa, Misiones y Santiago del Estero.

En el Gran Buenos Aires, hay distritos como Ezeiza, Ituzaingó, Malvinas Argentinas o José C. Paz donde el servicio de agua potable tiene una cobertura de menos del 18 por ciento. En el caso de las cloacas es peor aún, ya que en Ituzaingó, Malvinas Argentinas y José C. Paz llega a menos del 10% de la población.

No es un tema menor. Un saneamiento deficiente facilita la transmisión de enfermedades como el cólera, la diarrea, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, la poliomielitis, las lombrices intestinales, la esquistosomiasis y el tracoma. Las malas condiciones de saneamiento también contribuyen a la malnutrición.

No es un tema nuevo: en muchos de estos distritos y provincias hace años que gobierna el peronismo. A eso se le suma la desidia y el ajuste del gobierno nacional de Macri. Esto es lo que quedó de la consigna “pobreza cero”.

Escribe Guido Poletti

Lo de Carrió ya es desopilante. Se podría hacer un programa cómico si no fuera que se está refiriendo con el más absoluto desprecio a la tragedia del hambre de millones de argentinos.

Ahora pasó todos los límites: “Les pido a las clases medias que no supriman las propinas ni las changas. Hay mucha gente que vive de cortar el pasto”. Increíble. Indignante. El gobierno de Cambiemos pasó de prometer la “lluvia de inversiones” a pedir a parte de los propios castigados por el ajuste que “dejen propinas”. Después quiso “aclarar los dichos” en la propia sesión de la Cámara de Diputados, y fue para peor: “quería aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y las coimas”. Entre las risas de todos los presentes, precisó que lo de las coimas había sido un “furcio”. Posiblemente la traicionó el inconsciente, ya que la que se presentó alguna vez como la fiscal anticorrupción hoy justifica o hace la vista gorda ante todos los hechos de corrupción del gobierno de Macri, empezando por los Panama Papers y siguiendo por los negociados del Correo de la familia presidencial.

Esta es la máxima dirigente de la Coalición Cívica, pata vital de la coalición Cambiemos, de diálogo permanente con el presidente y quien encabezó la lista oficialista el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires. No se trata de un simple “personaje pintoresco”. Carrió, con todo su desprecio para con el pueblo trabajador, dice en voz alta lo que algunos dirigentes del gobierno no se animan a plantear. Este plan económico garantiza ganancias y privilegios para los ricos. Para el resto, la única política de redistribución de la riqueza que se les ocurre es dejar caer algunas monedas de la mesa, como “propina”.

Escribe José Castillo

Muy lejos quedó la promesa de “la pobreza cero”. Los salarios siguen perdiendo frente a la inflación. Una familia tipo necesita 18.000 pesos para comer saludablemente. Una cifra inalcanzable para la mayoría de los trabajadores y sectores populares.

El ajuste de Macri pega en todo el espectro de la clase trabajadora. Muchos han sido despedidos. Otros tantos cobran menos a causa de suspensiones. Los que tienen salarios en blanco ven cómo se los come la inflación. Peor aún están los tercerizados, precarizados o con sueldos en negro. Los jubilados reciben una miseria y los incrementos, después del robo de la reforma de diciembre, no cubren ni de lejos la suba de los precios.

Un dato nos permite ilustrar la situación: el aumento salarial promedio desde que asumió Macri fue del 69%, mientras que las tarifas crecieron un 1.400%. Cada vez son más los que destinan un 10% de sus ingresos solamente a pagar boletas (luz, gas, o transporte público). Se multiplican las anécdotas de jubilados a los que vinieron a cortarles el gas o la electricidad. Y todo esto será mucho peor, ya que recién estamos viendo los primeros efectos de la devaluación que arrancó a fines de abril. La inflación de junio, que se conocerá en estos días, orillará entre el 3,5 y el 4%, el valor más alto desde que comenzó este gobierno.

Esta semana apareció el dato de que comer saludablemente (con la correcta proporción de frutas, verduras y carne) le cuesta a una familia tipo 18.000 pesos, mucho, muchísimo más que el valor de la canasta alimentaria fijada por el Indec. ¿Cuál termina siendo la salida? Familias enteras alimentadas a base de arroz y fideos (hoy incluso el pan se tornó un artículo prohibitivo). Vemos el pasaje desesperado de las primeras a las segundas marcas y de estas a las terceras. Cada vez es más común encontrar trabajadores financiando con su tarjeta de crédito las compras de alimentos (pagando el mínimo y cargándose de intereses astronómicos).

Carlos Melconián, un economista amigo del gobierno, graficó el ajuste diciendo que se viene una temporada a “pechuguita y puré de calabaza”. Seguramente este ex funcionario del gobierno hace mucho que no ve un pobre (si alguna vez vio alguno): en los barrios populares las madres saltarían de alegría si pudieran darle a sus hijos todos los días esa famosa “pechuguita”. En las escuelas públicas cada vez se ven más chicos que llegan sin comer y dependen de las magras raciones de los comedores.

Esto es lo que nos ofrece el ajuste de Macri y el FMI, que recién comienza. Hay que pararlo si no queremos que esto termine en una hambruna generalizada. Por eso hoy es más urgente que nunca reclamar el paro de 36 horas y un plan de lucha para enfrentarlo. Mientras le oponemos a los que nos dicen que “no hay otra alternativa”, una salida distinta, obrera y popular, que arranca del no pago de la deuda externa y de priorizar así las necesidades populares.


La postal de la crisis, la pobreza en la niñez

El 48% de los niños en nuestro país son pobres. Todos los testimonios refieren que está creciendo aceleradamente la asistencia a comedores populares. Toda una postal de la crisis.

Esta realidad es el espejo de los despidos y de los salarios que no alcanzan, en particular en los sectores más postergados, donde la inmensa mayoría está en negro, con innumerables “changas” que se cortan porque nadie puede darse el lujo de tomar un remis, llamar a un plomero o a un herrero para arreglar algo en su casa.

Pero también es el reflejo de la caída vertical del poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH): en junio de 2017 permitía adquirir apenas el 64% de la canasta básica alimentaria y el 26% de la canasta básica total. Se calcula que, desde su implementación en 2009, los valores de la AUH se han reducido en un 10%.

Los sectores más pobres de la sociedad, donde está la masa de la desocupación estructural y las carencias más extremas, se ven así sometidos a las consecuencias de la inflación y el ajuste. Exigimos un inmediato aumento de la AUH, mientras seguimos reclamando trabajo genuino para todos, y acceso a la educación, salud y vivienda como un derecho humano básico y fundamental.

Se profundiza la crisis en el gobierno. El propio Macri tuvo que reconocer que “se hicieron algunas cosas mal” en su discurso en Tucumán por el Día de la Independencia. Claro que ratificando el rumbo del ajuste. A la vez se acentúan las divisiones entre los integrantes de Cambiemos: Carrió se pelea con la UCR (“yo los dirijo”, llegó a decir provocativamente), generando una solicitada en respuesta de los radicales que a la vez se quejaron ante el propio Macri por la “poca participación en las decisiones”. De fondo, lo que todo esto expresa es la preocupación de estos sectores ante la caída en picada de la consideración del gobierno y sus principales figuras.

No es simplemente un problema de imagen, solucionable por algún “Durán Barba”. Es la consecuencia del aumento de la bronca que recorre a todo el pueblo trabajador. Cada vez es más común encontrar compañeros de trabajo o estudio que habiendo votado equivocadamente a Cambiemos, confiesan: “lo voté y me equivoqué”. La bronca tiene un motivo clarísimo: el ajuste y la recesión que recorre todo el país. Y que se percibe que va a ser cada día peor, de la mano del pacto Macri-FMI. La carestía se come salarios y jubilaciones. Ahora llegamos al record de que suba la nafta dos veces en una semana. A la inflación se le suma la cada vez mayor cantidad de despidos, tanto en el sector público como en el privado.

La crisis rebota hasta en las Fuerzas Armadas. A la crisis latente desde la desaparición del submarino ARA San Juan se le suman ahora fuertes reclamos por los ajustes salariales en el sector. El descontento llevó a que se terminara suspendiendo el desfile militar del 9 de julio, que Macri se había jactado de reponer en 2016, intentando desarrollar una política de “reconciliación” con los militares, que escondía avanzando con la impunidad a los genocidas.

También se profundiza la crisis al interior de Cambiemos en relación a la votación en el Senado por la legalización del aborto el próximo 8 de agosto. Hay muy fuerte apriete por parte de la Iglesia Católica, empezando por el propio Papa Francisco, para que se vote en contra. Se dieron declaraciones de los principales obispos, incluso en las misas del 9 de julio delante de los funcionarios oficiales, llegando algunos de ellos a reclamar que, si sale la ley, Macri debe vetarla. La Iglesia está haciendo un esfuerzo para incrementar la movilización de los sectores “celestes”, como se vio en la convocatoria del domingo pasado en Luján. Debido a toda esta presión, el propio Macri tuvo que decir que él “defendía las dos vidas”. Pesos pesados del gobierno salieron a jugar con todo por el rechazo del proyecto, como la vicepresidente Gabriela Michetti, Federico Pinedo o la gobernadora María Eugenia Vidal, que hasta se sacó una foto con el pañuelo celeste. Es evidente que vamos a una pulseada, donde todo se definirá por el poder de una movilización popular fuertísima que, hasta ahora el gobierno no pudo parar, que sigue creciendo día a día y que será la que terminará de definir lo que suceda el 8 de agosto, tal como pasó en su momento en la votación de Diputados.

La contrapartida a la debilidad del gobierno, es el salvavidas en aras de la “gobernabilidad” que le tira la oposición peronista. Tanto los gobernadores como el bloque del peronismo federal y el Frente Renovador en el Congreso están jugados a pactar con el gobierno, negociando las condiciones del ajuste con el FMI. A lo sumo la discusión es que mayor o menor parte del ajuste le toca a cada uno. El propio Pichetto declaró que “estaría mal” dejar sin presupuesto al gobierno, anticipando que, tras la pulseada de negociaciones, la mayoría de los bloques peronistas se aprestan a votar a favor el presupuesto 2019, a la medida del ajuste exigido por el FMI.

La CGT, por su parte, sigue sin dar la más mínima señal de plantear alguna medida a posteriori del parazo del 25 de junio pasado. Le vuelve a dar tregua al gobierno, dejando pasar el ajuste y enfrascándose en la enésima discusión acerca de quién será la nueva conducción. Ahora ya ni siquiera se sabe si se realizará el Comité Central Confederal convocado para el 22 de agosto. En otro nivel, sumidas en las propias crisis de sus proyectos de centroizquierda, las CTA, divididas, están metidas en sus respectivas elecciones, amañadas y con padrones truchos. Todas las burocracias sindicales, como vemos, están muy lejos de las necesidades reales de los trabajadores. Tanto de los que están en conflicto, como los despedidos de Telam, como de los que reclaman la reapertura de las paritarias ante el miserable 15% en cuotas que hoy queda más claro que nunca que ya no alcanza para nada.

El gobierno está en problemas, sin duda. Se le ven las resquebrajaduras por todos lados. Es el momento de salir a pelear todos, coordinando las distintas luchas y poniéndole la fortaleza que se puede lograr cuando interviene la clase trabajadora de conjunto. Necesitamos darle continuidad al paro del 25 de junio, reclamado a la CGT y las CTA otra medida de fuerza, ahora de 36 horas, con movilización a Plaza de Mayo y a todas las plazas del país. Que sea, a la vez, el primer paso de un plan de lucha que dé pelea de verdad al ajuste de Macri y el FMI. Esta fue la resolución principal que se acordó en el plenario nacional del sindicalismo combativo de Lanús. Para reforzar esta exigencia, este jueves 12 marcharemos del Congreso a Plaza Mayo (ver nota abajo). Todo como parte de la pelea por una nueva dirección sindical y política para la clase trabajadora, tarea para la que seguimos fortaleciendo el Frente de Izquierda e impulsando medidas de fondo para que la actual crisis no la paguen los trabajadores, sino quienes la provocaron, los capitalistas y grandes empresarios para los que gobierna Macri.

Escribe Juan Carlos Giordano

El Fondo intenta hacer creer que “ha cambiado”. Macri y Dujovne hablan de un FMI bueno, que ahora se preocupa “por los más vulnerables”. La realidad devela la mentira. Donde se aplican los planes del FMI hay más crisis, pobreza y ajuste. Y por supuesto, rebeliones populares.

En Haití acaba de caer este sábado 13 el premier Jack Lafontant tras una gran marcha pidiendo su cabeza. El 6 y 7 de julio hubo huelgas generales y cortes de rutas ante el aumento aconsejado por el FMI de 38% en la gasolina y de 51% en el querosene, usado por las mayorías populares para tener luz. Un día después de anunciar el ajuste el aumentazo cayó y ahora la marea de protesta se llevó puesto al primer ministro. El acuerdo con el FMI se firmó en febrero. También se reclama la dimisión del presidente Jovenel Moise. El 60% de la población de Haití está en la pobreza y al FMI no se le ocurrió mejor idea, “para proteger a los más vulnerables”, que aumentar el combustible popular.

En Jordania (uno de los países más “estables” de Oriente Medio, al que no lo había “tocado” la primavera árabe rebelión que tiró abajo a varias dictaduras de la región), también fue obligado a renunciar en junio su primer ministro Hani al Mulki, tras implementar un programa de ajuste del FMI. A cambio de un préstamo de 723 millones de dólares (supuestamente para aliviar una deuda que insume el 94% del PBI) se obligó a ese país a bajar subsidios y a subir impuestos (aumentando el número de contribuyentes en un 6%). El Ramadán (día de ayuno) no impidió que las protestas fueran masivas. Las medidas del FMI dispararon el precio de la electricidad, el agua y los combustibles. Hubo una huelga inmediata y protestas diarias en todo el país. El presupuesto 2018 impuso impuestos a los productos básicos (antes subvencionados), así como la subida del transporte público. El precio del pan se duplicó. El rey Abdullah II está en problemas, 200.000 personas se concentraron frente a los edificios oficiales.

En Túnez (norte de Africa), enero de este año estuvo marcado por movilizaciones contra el ajuste presupuestario y reformas de austeridad impulsadas por el gobierno nacional y el FMI, por un acuerdo firmado en 2011. El pago de los intereses de la deuda implica el 22% del presupuesto nacional.

Grecia, años atrás, acordó un crédito stand by por 40.000 millones de dólares, algo similar a lo que hizo Macri, con el compromiso de reducir el déficit fiscal hasta 2060, es decir, un ajuste permanente por 42 años más. Esto ya provocó la peor recesión del siglo en tiempos de paz, con caídas del 40% del salario real, jubilaciones y planes sociales. La desocupación supera el 22% (50% entre los jóvenes), lo que repercutió en la tasa de suicidios que aumentó 40%.

En Nicaragua, el FMI recomendó aumentar la edad jubilatoria (de 60 a 65) e incrementar el aporte mensual de los trabajadores (de 6 a 15%). Esto desató una rebelión contra el gobierno ajustador de Ortega, encabezada por jóvenes universitarios, junto a trabajadores, campesinos y jubilados, que consiguió hacer retroceder los planes de Ortega que reprimió a más no poder (ver página 11).

La mayoría de los acuerdos desde 2008 están en la misma sintonía. Son iguales a todos los firmados en los nefastos años ´90. Nada ha cambiado. También fueron víctimas países como Bielorrusia (devaluó su moneda 25%), El Salvador (con tremendos tarifazos), México (con privatizaciones y recortes a los trabajadores), o Polonia (con un ataque a los jubilados y a la edad jubilatoria), entre otros.

El FMI y todos los gobiernos son socios en estos ajustes capitalistas provocando un alto costo social para los trabajadores, los jubilados, la juventud, las mujeres y los demás sectores populares. Por eso hay luchas y rebeliones.

El antecedente de diciembre, donde miles nos movilizamos contra el robo jubilatorio, es el espejo en que se tiene que mirar Macri.

 

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