Escribe José Castillo

Entre el gobierno nacional de Macri, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, las empresas que operan en Vaca Muerta, los gremios de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, conducidos por Guillermo Pereyra, y el del Personal Jerárquico que dirige Manuel Arévalo, acaban de acordar el “segundo convenio” de Vaca Muerta, declarándola “política de Estado”, restringiendo hasta el extremo el derecho de huelga en el sector. 

Esto se suma al primer convenio firmado por los mismos actores en enero de 2017 que barrió con conquistas históricas de los trabajadores del petróleo. Se eliminaban las horas extras, se dejaban de cobrar los tiempos de traslado a los pozos, se achicaban las dotaciones mínimas por cada pozo y se incorporaba el trabajo nocturno de montaje y la posibilidad de trabajar con viento (ambas cosas prohibidas por razones de seguridad). Se trataba, en síntesis, de todo un modelo de flexibilización laboral y superexplotación.

No fue casualidad, entonces, que a partir de ese momento, tanto el gobierno de Cambiemos como el conjunto de las patronales mostraran el ejemplo del “convenio de Vaca Muerta” como el paradigma de flexibilización laboral a imponer a escala nacional.

Una vez más, el modelo laboral de Vaca Muerta será usado como globo de ensayo para generalizarlo a nivel nacional. Así un burócrata sindical vinculado al gremio nacional de los petroleros adelantó, preservando su anonimato: “Vaca Muerta es un recurso estratégico para la economía del país. Lo que firmó Pereyra, para que no haya paros, está bien y lo acompañamos”.

Escribe José Castillo

El 19 de octubre se produjo un derrame en el yacimiento de Bandurria Sur, parte del complejo de Vaca Muerta. Se tardó más de una semana en dar a conocer un informe oficial sobre el tema. Fue un desastre ambiental grave: hubo un serio riesgo de que se desatara un incendio de proporciones inusitadas e incluso todavía no puede descartarse que el fluido que quedó “rociando” la zona no genere algún peligro de accidente.

Según denuncias de organizaciones ambientalistas, el derrame cubrió 8,5 hectáreas con otras 77 parcialmente afectadas. Se calcula que la limpieza del desastre requerirá un trabajo de al menos ocho meses.

El gobierno de Neuquén, hipócritamente, salió a anunciar que impondrá a YPF una “multa histórica” que podría llegar a 28 millones de pesos. La realidad es que este monto es trece veces menor que lo que se le impuso en San Juan a la Barrick en 2016 ante el derrame de cianuro sobre el río Jáchal (145 millones de pesos).

Los riesgos de la explotación no convencional no son sólo ambientales: en los últimos meses se han producido las muertes de dos operarios, uno en un pozo de San Francisco del Chañar, golpeado por una maquinaria de gran tamaño, y otro en el bloque La Ribera, envuelto en un incendio desatado en el lugar.

Se verifica, una vez más, el carácter contaminante y altamente riesgoso de la explotación vía fracking, así como la negligencia de controles y sanciones por parte de los gobiernos de Neuquén y el nacional.

Escribe Gabriel Massa

Juan Grabois, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), estrechamente vinculado al Papa Francisco, encabezó el 27 de octubre en Mar del Plata el lanzamiento del Frente Patria Grande, que tiene como objetivo enfrentar el “neoliberalismo”, derrotando a Macri en las elecciones de 2019. Para ello llama a constituir una amplia alianza encabezada por la candidatura presidencial de Cristina Kirchner pero, “sin corruptos”, junto con otros políticos patronales del peronismo. ¿Esto es una salida para los trabajadores, las mujeres y la juventud?

La idea de un frente “contra el neoliberalismo” para enfrentar a Macri puede resultar atractiva a muchos compañeros. Pero veamos en concreto lo que significa esta propuesta de Grabois.

Para llevar adelante la lucha “contra el neoliberalismo”, Grabois propone una amplia alianza con todos los que quieran enfrentar a Macri, incluyendo al gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el jefe de la bancada peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa con su Frente Renovador, el ex gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, etcétera. Los diputados y senadores que responden a estos políticos peronistas le han votado más de doscientas leyes a Macri, incluyendo, en el caso de muchos de ellos, la reforma de las jubilaciones y el presupuesto 2019 del FMI.
El peronismo, de donde provienen todos los dirigentes que entrarían en la alianza antineoliberal que propone Grabois, tiene el triste “honor” de ser quien impuso la política “neoliberal” en la Argentina en la década de 1990 con Menem a la cabeza, con privatizaciones, despidos masivos y un endeudamiento feroz.

No podemos olvidarnos que Néstor y Cristina Kirchner fueron puntales de esas políticas neoliberales en los “90 desde la gobernación de Santa Cruz, siendo los abanderados de la privatización de YPF y la entrega del petróleo y la minería a las multinacionales. Política que continuó bajo los gobiernos de Néstor y Cristina con los acuerdos con la Barrick Gold y el pacto secreto con Chevron por Vaca Muerta, mantenido y profundizado hoy por Macri.

En debate con Grabois decimos: el problema de fondo es el capitalismo, en su versión “neoliberal” o en su versión de gobiernos “progresistas” de doble discurso que terminan gobernando para los de arriba. Basta ver el desastre que han hecho en Brasil los gobiernos del PT de Lula y Dilma, Maduro y el chavismo en Venezuela, o el kirchnerismo, dejando 30% de pobres y 40% de trabajadores en negro en la Argentina.

¿Cristina sin corruptos?

La propuesta de “Cristina sin corruptos” puede despertar simpatía. A Grabois le valió una durísima crítica de la propia ex presidenta, La Cámpora y Julio De Vido, que desde la cárcel lo acusó de “ortiva” del gobierno. No es casualidad que Cristina y los suyos reaccionen así.
El kirchnerismo, con la ex presidenta a la cabeza, está metido en el barro de la corrupción. Hasta Grabois lo reconoce.

“El kirchnerismo sin corruptos” no existe. No hay ningún partido ni gobierno patronal capitalista que esté libre de corrupción. Pensemos tan sólo en los negociados con los ferrocarriles encabezados por Cristina y De Vido que terminaron en la masacre de Once, los Panama Papers de Macri o la tremenda corrupción capitalista en Brasil por los contratos entre Lula y Odebrecht. Así es el capitalismo y sus gobiernos en todo el mundo.

Lo que hace Grabois con su propuesta es difundir la falsa y reaccionaria ilusión de que puede haber un capitalismo “bueno”, sin corrupción, cuando la versión que propone es la utopía de “un capitalismo más humano” al servicio de seguir gobernando para las multinacionales, los bancos y los pagos de la deuda, sin que esto toque la estructura semicolonial del país.

Una salida obrera a la crisis

Grabois -que además sigue la política reaccionaria del Papa contra el aborto (ver nota en esta página)-, se apoya en la CTEP y sus cientos de activistas para impulsar el proyecto de una amplia alianza electoral peronista que inevitablemente, si llega al gobierno, será otra experiencia frustrante de ajuste, corrupción y entrega.

El kirchnerismo dice que en caso de ser gobierno no anulará el pacto con el FMI, renegociará la deuda y la seguirá pagando. Tampoco dice que hay que terminar con las privatizaciones, ni que hay que nacionalizar la banca y el comercio exterior, ni nacionalizar el petróleo y el gas. ¿Cómo va a haber entonces salario, trabajo, independencia nacional y combate a las corporaciones? Imposible.

Lo que necesitamos los trabajadores y el pueblo es una salida opuesta al capitalismo. Que gobiernen los trabajadores y la izquierda. Con un plan económico alternativo para sacar a millones de la pobreza. Para esto necesitamos la unidad, pero de la izquierda y de los trabajadores, no la “unidad del peronismo”. Por eso llamamos a fortalecer la construcción del Frente de Izquierda como alternativa política que pelee por las transformaciones de fondo que los trabajadores, las mujeres y la juventud necesitan.

Escribe Martín Fú

Los jueves, en la localidad de San Martín, se sigue desarrollando el juicio por la desaparición y el posterior asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, nuestro partido antecesor durante los años de plomo de la Triple A y la dictadura. Próximamente vendrán los alegatos. ¡Juicio y castigo a los culpables!

Como lo declaró su cuñada, Carmen Metrovich, “Ana María era una supermilitante” que distribuía su tiempo entre el trabajo, el estudio y la militancia. Carmen remarcó nuevamente que el juicio es fruto de la lucha y las innumerables movilizaciones que venimos realizando desde hace años, lo que
logró, en esta instancia, que los genocidas ocupen el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal de San Martín integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral continúa tomando los testimonios de los numerosos testigos de la causa. Ex compañeros de Ana María trajeron sus relatos a los estrados judiciales, donde luego de 36 años del asesinato de nuestra compañera, rememoraron
las durísimas condiciones de militancia que llevaba adelante el PST durante la dictadura. Luis Zamora fue uno de ellos el pasado jueves, cuando brindó detalles de la gran campaña internacional que se realizó en organismos internacionales denunciando la desaparición de la compañera.
Izquierda Socialista, quien conforma y acompaña el trabajo realizado por la Comisión de Amigos, Familiares y Compañeros de Ana María Martínez, también estuvo presente el pasado jueves. Mercedes Trimarchi, diputada electa por Izquierda Socialista en el FIT y referente de la agrupación de mujeres Isadora, llevó la solidaridad a la comisión en una nueva jornada donde declararon varios testigos, como anteriormente lo hizo Juan Carlos Giordano. Trimarchi resaltó que Ana María “era obrera, feminista y socialista, un ejemplo para las mujeres que seguimos su lucha”.

Ana María escapó de Mar del Plata, su ciudad natal, luego de la durísima persecución y represión de la que fue objeto el PST en esa ciudad. Trabajadora fabril, se empleó en diversas fábricas marplatenses, entre ellas Havanna. En Buenos Aires se instaló en la zona norte, donde trabajó como operaria industrial en la empresa multinacional Sylvania y finalmente, hasta el día de su secuestro y posterior asesinato, en la autopartista DEA.
Militante revolucionaria y feminista, fue asesinada a los 31 años y con un embarazo en curso de tres meses.

El ex general de brigada Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y el ex teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, jefe de Departamento de Personal G1, son los acusados en el juicio. Ambos prestaban sus “servicios” en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo, donde tuvo sede el centro de detención y exterminio “El Campito” por donde pasaron más de 5.000 detenidos, la mayoría de ellos asesinados o actualmente desaparecidos. Apa y Muñoz están comprometidos por aparecer en el informe generado a finales de
1981 por la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), por facilitar los medios y logística necesarios para infiltrar al PST, con la posterior desaparición y asesinato de nuestra compañera. Seguiremos esta pelea por juicio y castigo para los asesinos de Ana María hasta el final, como parte de la pelea por un gobierno de los trabajadores y el socialismo por la cual nuestros caídos dieron su vida.

La Corte Suprema revocó el pedido efectuado por el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado a seis cadenas perpetuas por causas de lesa
humanidad. Con el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, y quien fue el mentor del 2x1 a genocidas, Etchecolatz deberá
cumplir su condena efectiva en una cárcel común a pesar de los intentos del gobierno de proteger a estos genocidas probados. En marzo pasado, y
fruto del repudio y la movilización popular, el genocida tuvo que volver al Penitenciario Federal de Ezeiza luego de pasar un tiempo con prisión domiciliaria en su casa del barrio Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. Ahora tendrá que seguir en cárcel común.