La frase de Macri “la gente tiene que aguantar” provocó la lógica bronca. Lo dijo en momentos que se conocía que, como resultado del ajuste pactado con el FMI, un tercio de la población está hundido en la pobreza y siguen creciendo la miseria y el desempleo. Aumenta absolutamente todo, menos los salarios y las jubilaciones. Como contrapartida, los bancos ganan tanto que el jefe del Banco Central, Guido Sandleris, les pidió que oculten las ganancias.

Escribe Gabriel Massa

El diario La Nación recordaba el domingo pasado que a principios de marzo Macri había dicho que el país “está mejor parado hacia el futuro que en 2015. El drama es que el mes que siguió fue una película de cifras oscuras: caída de empleo récord, la inflación que sigue sin detenerse, pobreza a 32%... y encima el dólar, que por poco llega a 45 pesos”. Es una síntesis muy parcial de lo que “la gente tiene que aguantar”.
Al mismo tiempo, esta frase provocadora del presidente dice más de lo que el propio jefe del gobierno quiere decir. No son los banqueros ni los fondos buitres que saquean el país los que tienen que “aguantar”. Ni son los dueños de las empresas de servicios privatizadas los que tienen que aguantar: en marzo las distribuidoras de electricidad ajustaron sus tarifas 14 por ciento (que se suma al 26% de aumento en febrero), a lo que hay que agregar el incremento de las compañías de telefonía móvil que va de 15 a 18 por ciento de acuerdo a la empresa. Ni tampoco las petroleras, que volvieron a aumentar el precio de la nafta y el gas.

Tampoco tienen que aguantar las compañías de colectivos: el pasaje mínimo pasó a costar 18 pesos en la Capital y vale mucho más en el resto del país.
No tienen que aguantar las mineras que se llevan el oro de la cordillera y el litio de Jujuy, prácticamente sin pagar impuestos.
No tienen que aguantar las patronales contratistas de las obras públicas que se continúan como el Paseo del Bajo en la Capital.
Y no tienen que “aguantar” los sojeros y las empresas aceiteras, que según se prevé tienen para liquidar 10.000 millones de dólares de sus exportaciones.

Es decir, no es que la política de Macri -con la complicidad de los gobernadores que aplican el ajuste en sus provincias y los diputados y senadores peronistas que votan todas las leyes de Cambiemos- está fallando.
Lo que el pueblo está “aguantando”, el aumento de la pobreza y la miseria, la desocupación, la destrucción de la salud y la educación pública, la caída del consumo hasta de los artículos de primerísima necesidad como la comida y los remedios, no es una “falla” de la política del gobierno. Es el resultado de una política cuya intención es transferir inmensas riquezas a los empresarios, banqueros y fondos buitres beneficiados a costa del saqueo del país y la miseria del pueblo. Es la política que impone el FMI a todos los países: ajustar para garantizar los pagos de deuda externa a los pulpos acreedores.

Por eso desde Izquierda Socialista y el FIT insistimos: el pueblo trabajador no tiene nada que aguantar. ¡Qué “aguanten” los ricos, los banqueros y todos los que se benefician con la crisis! Lo que hay que hacer es romper con el FMI y dejar de pagar la fraudulenta deuda externa para así poner en marcha un programa alternativo que resuelva las más urgentes necesidades populares. Reestatizar las empresas privatizadas, bajo control de los trabajadores y los usuarios. Nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y con todos esos recursos llevar adelante un plan de obras públicas que garantice trabajo para todos, con salarios que cubran el costo de la canasta y el 82% móvil para los jubilados. Y para imponer esas medidas hace falta que gobiernen los que nunca lo hicieron, los trabajadores y la izquierda.

Escribe Guido Poletti

Desde hace varias semanas se viene denunciando la ausencia en las góndolas de la única leche de segunda marca que figura en el listado de Precios cuidados. Se trata de La Armonía, producida por el Grupo Mastellone. Esta leche debería venderse a 30 pesos, pero es imposible encontrarla. En cambio, aparecen todas las variantes de La Serenísima (de la misma empresa) en valores arriba de 50 o 60 pesos. Y eso no es lo único: también se denunció que se está vendiendo un producto que figura como “alimento lácteo”, con precios más bajo, pero que tiene menos de la mitad del valor proteico que el yogur o la leche

En la desesperación ante la imposibilidad de comprar los lácteos indispensables para los niños, muchas personas recurren a este producto, sin saber que no están cubriendo las necesidades diarias y generando serios riesgos de subalimentación. También muchos pediatras han denunciado que, en los barrios populares, se está consumiendo leche en polvo, “estirándola” con agua, y por lo tanto reduciendo también su valor alimenticio.

Todo esto es consecuencia del absoluto descontrol generado por un sector, el lácteo, donde unas pocas empresas monopólicas hacen lo que quieren. Se apropian de toda la cadena, llevando a la quiebra a los pequeños tamberos, los que se les pagan monedas por el litro de ordeñe, que en muchos casos no cubren ni el costo. A posteriori utilizan la leche prioritariamente para los productos premium, como los quesos o las leches de más alta calidad, dejando “lo que sobra” para el consumo popular.

Se trata de un verdadero escándalo, legitimado por un Ministerio de Economía donde el encargado de todo esto es nada menos que Miguel Braun, a cuya familia pertenece La Anónima, una de las cadenas de hipermercados más importantes del país y con presencia preponderante en la Patagonia. Los monopolios lácteos, con La Serenísima a la cabeza y los hipermercados, son justamente quienes se reparten el negocio, que termina con precios astronómicos en las góndolas.

La leche es un alimento vital, en especial para los niños. Hay que terminar con todo esto. A los pequeños tambos hay que garantizarles un precio mínimo sostén que les permita cubrir sus costos, pagado por los monopolios del sector. Las grandes empresas lácteas deben garantizarle y entregar las cantidades necesarias para que no falte en ningún comedor escolar o popular y esté al alcance de todos en las casas. Hay que imponer un precio máximo y exigir que esté presente en los comercios. Y si las empresas lácteas o los supermercados no cumplen, o esconden la mercadería, proceder a sancionarlos con toda la fuerza, con multas, clausuras o expropiaciones.

La ministra de Seguridad acaba de anunciar la creación de la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. Sería para “reparar los daños causados por agravios a los derechos humanos de los propios efectivos”.

Evidentemente este ente no tiene como objetivo defender a un eventual policía, gendarme o prefecto que se niegue a reprimir una protesta popular. O que quiera denunciar una coima, o a un comisario que maneja el narcotráfico, la prostitución o la trata. Todo lo contrario: está en la línea de protocolo que hace algunos meses envió el propio Ministerio de Seguridad habilitando a los efectivos a disparar a matar en cualquier circunstancia. O del programa “Restituir”, que permite la reincorporación de efectivos procesados por uso excesivo de la fuerza.

Los objetivos de la ministra Bullrich son clarísimos: habilitar más impunidad y más represión. Repudiamos la creación de este ente y exigimos una vez más, el desmantelamiento del aparato represivo, que no solo está a la orden del día contra la protesta popular, sino que también es parte fundamental del entramado del delito en nuestro país, como se acaba de ver en el enfrentamiento entre policías federales y bonaerenses la semana pasada.

El pasado miércoles 27 de marzo, el rey de España y el presidente Mauricio Macri dieron apertura al Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó en la ciudad de Córdoba. Desde Izquierda Socialista repudiamos su presencia por considerarlo un agente del imperialismo europeo que oprime a los pueblos del mundo, entre ellos al catalán, que lucha por su independencia, y aplica severos “planes de austeridad” contra los trabajadores del Estado Español y toda Europa.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador provincial Izquierda Socialista/FIT

Quienes hoy representan a la corona española son fieles herederos de la reaccionaria tradición franquista y lo peor de la Iglesia Católica que en su momento impuso a los pueblos del Estado Español una de las más feroces dictaduras fascistas. Hoy cuentan con la impunidad de la Constitución de 1978, que le garantizó al régimen monárquico una falsa legitimidad democrática escondiendo la continuidad del odiado franquismo. Para sellar estos pactos de impunidad la transición se montó sobre una ley de amnistía para los crímenes del régimen franquista y sus 150.000 asesinatos. A ello se le sumó a posteriori otras seiscientas muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales así como también las detenciones y represión contra las luchas independentistas en Cataluña y el País Vasco.

La corona española sostuvo estrechos lazos con la dictadura de Videla. El 26 de enero de 1978 visitaron nuestro país y tuvieron reuniones con el genocida Jorge Rafael Videla, que declaró al entonces rey Juan Carlos y a la reina Sofía como “huéspedes de honor”. En esa visita, el Estado Español reconoció a la dictadura, realizó negocios millonarios y antes de retirarse le entregaron a los dictadores el reconocimiento del “Collar de Isabel la Católica” poniéndose una vez mas del lado de los asesinos del pueblo trabajador.

En la actualidad el rey Felipe VI es el pilar de un régimen que, con distintos gobiernos (ayer del Partido Popular y hoy del PSOE) llevan adelante brutales ajustes y “planes de austeridad” contra los trabajadores, provocando miles de despidos, familias expulsadas de sus hogares, así como represión y persecuciones a los pueblos migrantes que llegan desde el Mediterráneo escapando de las crisis de las dictaduras del norte de África, como la del carnicero Bashar Al Assad en Siria, por solo nombrar una.

Por todo esto, en la sesión especial de la Legislatura en la que el gobierno de Schiaretti buscó homenajear a las autoridades de la Real Academia Española y de la corona española, desde el Frente de Izquierda presentamos un proyecto de repudio a la visita del rey de España. A su vez, participamos de una concentración en las inmediaciones del militarizado teatro San Martín ,donde junto con otras organizaciones nos plantamos bien fuertes para decir ¡Fuera el rey de España Felipe VI! ¡Libertad a los presos políticos catalanes! Abajo el ajuste de Macri, Schiaretti y el FMI!

Escribe: Gabriel Massa

Desde estas páginas venimos insistiendo en que la candidatura del ex ministro de Economía Eduardo Lavagna no tiene nada de positivo para los trabajadores y el pueblo. Lo primero que señalamos es su propuesta de mantener el acuerdo con el FMI y el pago de la deuda externa, que es la base del plan que hoy aplica Macri. Acaba de trascender, a través de declaraciones al diario La Nación del político lavagnista Rodolfo Gil, que parte fundamental de la política de Lavagna, en caso de llegar al gobierno, sería impulsar un acuerdo con las distintas iglesias, los empresarios y los burócratas sindicales.

“La Iglesia tendrá un rol central en la pacificación del país”, declaró Gil. ¿Para qué? Para que los trabajadores y los distintos sectores populares aceptemos “pacíficamente” lo que el FMI viene reclamando: la reforma laboral y la reforma de las jubilaciones, para imponernos más flexibilización en el trabajo y miseria. Y por supuesto que el acuerdo con las iglesias significaría el rechazo a la legalización del aborto y cualquier otra medida progresiva, como la separación de la Iglesia y el Estado.Es decir, las propuestas de Lavagna van en el sentido opuesto de todo lo que hoy reclaman los trabajadores, la juventud y las mujeres.