Escribe Martín Fú

Los jueves, en la localidad de San Martín, se sigue desarrollando el juicio por la desaparición y el posterior asesinato de nuestra compañera Ana María Martínez, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, nuestro partido antecesor durante los años de plomo de la Triple A y la dictadura. Próximamente vendrán los alegatos. ¡Juicio y castigo a los culpables!

Como lo declaró su cuñada, Carmen Metrovich, “Ana María era una supermilitante” que distribuía su tiempo entre el trabajo, el estudio y la militancia. Carmen remarcó nuevamente que el juicio es fruto de la lucha y las innumerables movilizaciones que venimos realizando desde hace años, lo que
logró, en esta instancia, que los genocidas ocupen el banquillo de los acusados. El Tribunal Oral Federal de San Martín integrado por los jueces Silvina Mayorga, Daniel Gutiérrez y Marcelo Díaz Cabral continúa tomando los testimonios de los numerosos testigos de la causa. Ex compañeros de Ana María trajeron sus relatos a los estrados judiciales, donde luego de 36 años del asesinato de nuestra compañera, rememoraron
las durísimas condiciones de militancia que llevaba adelante el PST durante la dictadura. Luis Zamora fue uno de ellos el pasado jueves, cuando brindó detalles de la gran campaña internacional que se realizó en organismos internacionales denunciando la desaparición de la compañera.
Izquierda Socialista, quien conforma y acompaña el trabajo realizado por la Comisión de Amigos, Familiares y Compañeros de Ana María Martínez, también estuvo presente el pasado jueves. Mercedes Trimarchi, diputada electa por Izquierda Socialista en el FIT y referente de la agrupación de mujeres Isadora, llevó la solidaridad a la comisión en una nueva jornada donde declararon varios testigos, como anteriormente lo hizo Juan Carlos Giordano. Trimarchi resaltó que Ana María “era obrera, feminista y socialista, un ejemplo para las mujeres que seguimos su lucha”.

Ana María escapó de Mar del Plata, su ciudad natal, luego de la durísima persecución y represión de la que fue objeto el PST en esa ciudad. Trabajadora fabril, se empleó en diversas fábricas marplatenses, entre ellas Havanna. En Buenos Aires se instaló en la zona norte, donde trabajó como operaria industrial en la empresa multinacional Sylvania y finalmente, hasta el día de su secuestro y posterior asesinato, en la autopartista DEA.
Militante revolucionaria y feminista, fue asesinada a los 31 años y con un embarazo en curso de tres meses.

El ex general de brigada Jorge Norberto Apa, jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y el ex teniente coronel Raúl Guillermo Pascual Muñoz, jefe de Departamento de Personal G1, son los acusados en el juicio. Ambos prestaban sus “servicios” en el Estado Mayor del Comando de Institutos Militares con base en Campo de Mayo, donde tuvo sede el centro de detención y exterminio “El Campito” por donde pasaron más de 5.000 detenidos, la mayoría de ellos asesinados o actualmente desaparecidos. Apa y Muñoz están comprometidos por aparecer en el informe generado a finales de
1981 por la DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires), por facilitar los medios y logística necesarios para infiltrar al PST, con la posterior desaparición y asesinato de nuestra compañera. Seguiremos esta pelea por juicio y castigo para los asesinos de Ana María hasta el final, como parte de la pelea por un gobierno de los trabajadores y el socialismo por la cual nuestros caídos dieron su vida.

La Corte Suprema revocó el pedido efectuado por el ex comisario Miguel Etchecolatz, condenado a seis cadenas perpetuas por causas de lesa
humanidad. Con el voto en disidencia de Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, y quien fue el mentor del 2x1 a genocidas, Etchecolatz deberá
cumplir su condena efectiva en una cárcel común a pesar de los intentos del gobierno de proteger a estos genocidas probados. En marzo pasado, y
fruto del repudio y la movilización popular, el genocida tuvo que volver al Penitenciario Federal de Ezeiza luego de pasar un tiempo con prisión domiciliaria en su casa del barrio Bosque Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. Ahora tendrá que seguir en cárcel común.

La Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la defensa de Luis Chocobar, el policía que asesinó por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años. Desde un primer momento, Chocobar contó con el apoyo de los más altos funcionarios del gobierno, que defendieron su accionar. El presidente Mauricio Macri lo recibió en la Casa Rosada; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, tomó como ejemplo el accionar del matador y hasta llegó a instigar al resto de las fuerzas de seguridad para que lo tomaran como ejemplo, promoviendo aún más el gatillo fácil y la línea de “matar por la espalda”. Chocobar será juzgado, a pesar del apoyo del gobierno, por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber, calificación legal dictada por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y refrendada por
unanimidad por la Corte. Otro revés para la política de impunidad y represión de Macri y Bullrich

Editorial

Este miércoles 24 se volvió a mostrar un masivo repudio al gobierno de Macri y de Cambiemos frente al Congreso. Se dio con decenas de miles movilizados en las calles como parte de un rechazo mucho mayor aún, obrero y popular, ante un gobierno decidido a aplicar un ajuste sin fin, con un recorte de 400.000 millones de pesos para pagar la deuda externa a costa de seguir esquilmando partidas en salud, educación, vivienda, trabajo y tantos otros ítems sociales.

El país se sigue hundiendo de la mano de Macri, más con este presupuesto hecho al servicio de salvar a una minoría de banqueros, grandes empresarios, multinacionales y usureros de la deuda. Tal es el saqueo que aprobaron el dictamen sin que estén los cambios por escrito y se aprestaban a votarlo en Diputados a libro cerrado. Se trata de un gobierno y un Congreso puestos de rodillas ante los dictados del organismo imperialista, el FMI.
Desde Izquierda Socialista y el FIT venimos denunciando que este presupuesto dispone 750.000 millones de pesos sólo para pagar intereses de la deuda externa. Es casi el doble de lo que se va a destinar a salud, educación, ciencia y tecnología, protección social, agua potable y trabajo juntos. Es un brutal saqueo y entrega que nos llevará a un mayor caos social, al crecimiento de la pobreza y a la miseria para millones. Un ajuste que también afecta a la clase media, con tarifazos y una brutal inflación que superará el 45%, mientras los salarios, las jubilaciones y los planes sociales siguen en picada.

Pero si el repudio en las calles no fue mayor se debió al papel traidor de las conducciones sindicales peronistas. La CGT directamente se borró. Ante el brutal ajuste y la feroz represión, con casi treinta detenidos, no abrió la boca. Es una más de las defecciones de una burocracia cómplice directa del ajuste macrista. Frente a la pelea contra el presupuesto, dejaron a miles de trabajadores y activistas solos enfrentando el ajuste y la represión, al igual que docentes y estatales que pararon masivamente contra el ajuste. Esto no quita que, producto de la bronca y el repudio a la política de hambre contra el pueblo trabajador, estén obligados a hacer un llamado a alguna medida de fuerza, como ya lo vienen anticipando Daer y Acuña.

Por su parte, los dirigentes kirchneristas que integran el llamado Frente Sindical por el Modelo Nacional, encabezado por Hugo y Pablo Moyano y Ricardo Pignanelli, el burócrata del Smata, priorizaron el acto con la Iglesia en Luján en vez de llamar a marchar masivamente este 24. Ayudaron así al propio juego de la cúpula católica, donde el papa Francisco y los obispos se juegan a garantizar la gobernabilidad llamando al “diálogo” y poniendo paños fríos “para evitar un estallido social”, coincidiendo en esto con los planteos del peronismo, de “esperar las elecciones del año que viene”.
Estas conducciones del peronismo, tanto políticas como sindicales, no quieren derrotar hoy el presupuesto ni el ajuste de Macri y el FMI. Se volvió a mostrar el contraste entre la predisposición a la lucha de la clase trabajadora y el freno a la movilización por parte de estos dirigentes. Lo critican de palabra, pero no lo enfrentan. ¿Qué hubiera pasado si se paraba 48 horas, con movilización, como lo reclamamos desde la izquierda? Otro habría sido el panorama.

Macri se aprestaba a votar el presupuesto en Diputados con la complicidad de la oposición patronal, esencialmente del peronismo. En los próximos días la escena se repetirá en el Senado. En el caso de la Cámara baja, Cambiemos tiene 108 diputados. Para llegar a los 129 del quórum contó con los legisladores de Schiaretti y Urtubey y, fundamentalmente, con la nota de color de los diputados de San Luis, quienes, después de que su gobernador se opusiera a firmar el nuevo acuerdo del gobierno con las provincias, terminaron siendo quienes le garantizaron el número para sesionar. También aportaron los diputados del gobernador de Tucumán Manzur, el que compartió el acto peronista del 17 de octubre con Daniel Scioli. Por su parte, Kicillof y Rossi, por el kirchnerismo, y Graciela Camaño, por el massismo, hicieron encendidas intervenciones en el circo parlamentario mientras sus conducciones sindicales afines no movían un dedo en las calles. Esta es la realidad del peronismo, más allá de sus dobles discursos.

A pesar de las trabas sindicales y políticas que tiene la clase trabajadora, la bronca se expresó y va a seguir creciendo. Si hay ajuste y represión va a haber más lucha. En las próximas semanas se volverán a dar nuevos capítulos de esta pelea. Desde cada lugar de trabajo, de estudio o en los barrios sobran ganas para enfrentar estas políticas. Se avecinan nuevos choques contra este gobierno hambreador al ritmo de mayores ataques al nivel de vida de las masas.

Desde el sindicalismo combativo y la izquierda llamamos a la más amplia unidad para derrotar el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores. Hay que exigir el paro de 48 horas y una movilización a Plaza de Mayo, junto con un plan de lucha nacional contra el ajuste. Y, fundamentalmente, salir a dar pelea por medidas de emergencia: por salario, por la anulación de los tarifazos y, esencialmente, por romper el pacto con el FMI y dejar de pagar la deuda externa. Para todo esto hay que fortalecer al sindicalismo combativo contra la burocracia sindical y al Frente de Izquierda como alternativa política. Ante un pueblo trabajador que empieza a decir cada vez con más fuerza que esto no va más, hay que plantear que la salida es un gobierno de los trabajadores y la izquierda.
En lo inmediato, llamamos a seguir fortaleciendo las luchas contra el ajuste y por derrotar esta política antiobrera y entreguista de Macri y sus cómplices.

El acuerdo con el Fondo significa que el verdadero “ministro de Economía” del país pasará a ser el propio Fondo Monetario. Por supuesto que su titular, Christine Lagarde, no se ocupará directamente de esa tarea. Ni siquiera lo hará el responsable del “Hemisferio Occidental”, área geográfica del FMI en que está incluida la Argentina.

Para seguir el día a día y controlar rigurosamente que nuestro país cumpla con el ajuste exigido, ha designado al jamaiquino Trevor Alleyne. Este economista, con 25 años de antigüedad en el Fondo, ya tiene experiencia en la tarea, habiendo monitoreado ajustes anteriores en Nigeria y Zambia.
Ya desde que el gobierno de Macri decidió recurrir al organismo, en mayo pasado, puso a disposición del FMI unas cómodas oficinas en el interior del edificio del Banco Central. Trevor Alleyne aspira a que cuando llegue a instalarse en Buenos Aires ya pueda tener oficinas propias en otro edificio. Allí se dirigirán seguramente muchas de las manifestaciones de protestas que crecerán como hongos en los próximos tiempos.