Franco Macri fue citado a declarar. También su hijo Gianfranco Macri, el hermano del presidente. Es por el pago de coimas al gobierno de Néstor Kirchner para quedarse con la concesión de Autopistas del Sol. En la misma causa ya está procesado el primo de Mauricio, Angelo Calcaterra, involucrado en las coimas de Odebrecht para quedarse con el soterramiento del Sarmiento. Y si el presidente Macri ha sido sobreseído en algunas causas (cuentas offshore en paraísos fiscales, por ejemplo) no es porque no sea corrupto, sino porque ahora la justicia actúa para él. Por ahora.

Lo cierto es que la familia presidencial está en problemas. “Mauricio no es Franco”, dicen desde la Casa Rosada. Y agregan: “Esto demuestra que en el gobierno no hay impunidad para nadie”. Una risa.

El gobierno habla de terminar con la decadencia de hace 70 años para encubrir que la familia Macri viene haciendo grandes negociados, en especial con la dictadura del 76 y luego con todos los gobiernos “constitucionales”.

El “Mauricio que no es Franco”, siendo presidente, le perdonó la deuda millonaria que mantenía su padre con el Correo. Y van… Esto prueba que los negocios capitalistas corruptos se dieron tanto con el kirchnerismo como ahora con este gobierno “de la transparencia”. Para los responsables pedimos cárcel ya, mientras seguimos luchando contra este sistema capitalista corrupto al servicio de las ganancias mafiosas de los gobiernos patronales.

Escribe José Castillo

La ministra de Seguridad puso en vigencia una nueva reglamentación para la policía que le permite disparar sin necesidad de identificarse ni dar la voz de alto. Manos libres para matar a los pibes de los barrios o para represiones como la que terminaron con la vida de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel.

El gobierno de Macri ha establecido un nuevo “protocolo de actuación” para las fuerzas de represión federales (policía, gendarmería, prefectura), a la vez que llama a refrendarlo en las provincias para que también pueda ser aplicado por su sus policías. A partir de ahora, las fuerzas represivas podrán disparar sin identificarse previamente (la conocida “voz de alto”) y hacerlo sin necesidad de que se verifique que la otra persona está armada, e incluso tendrán permitido dispararle si la otra persona está corriendo (presumiendo que estuviera “huyendo” de un delito). El protocolo llega incluso a permitir el uso del arma “si el número de los agresores impide materialmente el cumplimiento del deber”. Como se ve, se le da prácticamente vía libre a la policía y otros aparatos represivos para que puedan disparar y, en todo caso, tengan todos los justificativos posteriores que los libre de cualquier consecuencia legal.

El planteo no es aislado. Lo hace la misma ministra que se jugó a fondo para defender a la gendarmería en la represión que terminó con la muerte de Santiago Maldonado, en la justificación a la prefectura ante el asesinato de Rafael Nahuel y en la defensa del policía Chocobar, caso emblemático de gatillo fácil. La misma Patricia Bullrich que a lo largo del gobierno de Macri siempre fue la primera en salir a defender todas las represiones que se dieron contra las protestas populares.

El gobierno intenta con esto hacer desaparecer de las noticias el tema del feroz ajuste económico, el crecimiento de la miseria y el desempleo y los salarios y jubilaciones que cada día alcanzan para menos, y reemplazarlo por la cuestión de la “seguridad”. Es una vil maniobra para entrar al próximo año electoral.

Obviamente que a los trabajadores y los sectores populares les preocupan el aumento de los robos y la violencia que cotidianamente se sufre en las calles. Ellos son los principales afectados, y no los ricos, cuidadosamente pertrechados en sus barrios privados con su propia seguridad. Pero son los mismos trabajadores y vecinos de las barriadas que ven cómo se persigue, e incluso se mata, a los pibes jóvenes, por el solo “delito” de ir con una gorra, estar en una esquina tomando una cerveza o directamente por “portación de cara”. A la vez que la policía, la gendarmería y la prefectura aparecen involucrados todo el tiempo en el negocio de las “zonas liberadas” para robar, en el negocio de los desarmaderos, la trata, la prostitución y la venta ilegal de drogas.

Con una supuesta “mayor mano dura”, y mucho menos con este protocolo que consagra la impunidad para que la policía mate, no se resolverá nada del drama de la inseguridad. Al contrario. Para hacerlo hay que desmantelar un aparato represivo que, además de estar metido en todos los negocios del delito, es fortalecido y pertrechado exclusivamente para reprimir la protesta popular. Los vecinos autoorganizados en los barrios y la elección popular de los comisarios, son las medidas reales que se necesitan si se quiere de verdad atacar el flagelo de la inseguridad. Unida, por supuesto, a dar trabajo, salud, educación y reales oportunidades en la vida a los pibes de los barrios, hoy puestos en la mira del gatillo fácil por el nuevo protocolo. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda lo rechazamos, como lo hemos expresado en las legislaturas provinciales de Córdoba y Neuquén, donde a iniciativa de nuestros legisladores Ezequiel Peressini y Angélica Lagunas, respectivamente, se votó el repudio a esta vía libre al gatillo fácil de Bullrich y Macri.

Escribe Martín Fú

El pasado 11 de diciembre el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a Santiago Omar Riveros, ex comandante del IV Cuerpo de Ejército, a 12 años de prisión y a los ex gerentes de Ford Motor Internacional Pedro Muller y Héctor Sibila a diez y doce años de prisión por el secuestro y posterior tortura de 24 trabajadores y delegados de la fábrica entre marzo y abril de 1976. Muchos de ellos fueron secuestrados y torturados en la misma planta, donde funcionó un centro de detención conocido como “El Quincho”, con plena complicidad de la multinacional yanqui. La misma empresa realizaba listas detalladas, que les eran entregadas a los militares.

Se trata de un fallo histórico ya que por primera vez altos jerarcas de una empresa multinacional son condenados, no sólo por cómplices de un plan genocida sino como partícipes y ejecutores de crímenes contra sus trabajadores. Las condenas fueron encuadradas como de lesa humanidad. La sala, colmada de familiares, amigos, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos comprometidos en la lucha contra la impunidad atestiguó la importancia del fallo. Nuestra compañera Laura Marrone, legisladora porteña de Izquierda Socialista/FIT, acompañó con su presencia la lectura de la sentencia.
Lamentablemente, con la excusa de “la edad de los condenados”, cumplirán la sentencia en su domicilio. Seguirá entonces la pelea para que estos genocidas vayan al lugar que les corresponde: la cárcel común y efectiva.

Escribe Rodolfo Sánchez

Tras ocho años de movilizaciones, reclamos de familiares y el impulso de la multisectorial contra la represión, logramos arrancar un juicio oral y público por los crímenes de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas durante la represión del 17 y el 18 de junio de 2010.

La policía de Río Negro tiene nefastos antecedentes de maltrato, violencia (Coco Garrido, “ahorcado” en la comisaría de El Bolsón), gatillo fácil (Diego Bonefoi), desapariciones (Daniel Solano, policías condenados a perpetua), secuestro y ejecución (policía Lucas Muñoz, Bariloche), droga, negocios espurios (menores prostituidas bajo guarda del Estado) y alarmantes cifras de mujeres desaparecidas (superando diez veces al total del resto de las provincias patagónicas). Fue un logro parcial la tibia condena por cuatro años de prisión por homicidio culposo y negligencia en el ejercicio de sus funciones a Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad y Justicia), a Jorge Villanova (ex jefe de la policía) y a Argentino Hermosa (ex titular de la Unidad Regional). Para los familiares no hubo justicia. Carmen (mamá de Nino) dijo: “Siento bronca, desilusión, tristeza”, Karina (viuda de Cárdenas): “… la causa estaba caratulada para que las condenas sean excarcelables”. Por la tarde también se leyó la absolución a los policías del caso Garrido. Desde Izquierda Socialista acompañamos la justa indignación de los familiares.

El pasado lunes 3 de diciembre la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal se negó a tratar el pedido de libertad de Daniel Ruiz, dirigente sindical petrolero de Chubut y militante del PSTU, quien está detenido desde el 12 de septiembre de este año por haber participado en la manifestación del 18 de diciembre de 2017 contra la reforma de la ley previsional. 

A pesar de que los delitos por los que se lo acusa son excarcelables (es decir que aun condenado podría estar en libertad), se lo mantiene detenido desde hace casi tres meses. Desde Izquierda Socialista exigimos su inmediata libertad.