Escribe Diego Martínez

Una vez más, a raíz de las copiosas lluvias, cientos de miles de trabajadores a lo largo y ancho del país se encontraron con sus hogares anegados y algunos de ellos en situación de evacuación. La falta de inversión y la desidia del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales hace estragos destrozando nuestros barrios, nuestras casas, nuestras pertenencias y hasta nuestras vidas. Así sucedió en Virrey del Pino, en La Matanza, donde un bebé de tan solo 8 meses falleció.

Buenos Aires, con 2.200 evacuados, fue una de las provincias más afectadas, y La Matanza uno de los distritos que más sufrieron el temporal. No es casualidad que esto sea así porque se trata del distrito más pobre del conurbano, en el que hace 35 años que gobierna el peronismo sin dar respuesta a los graves problemas de infraestructura que existen. Frente a este temporal, la intendenta K Verónica Magario puso en marcha un “comité de emergencia” que se limitó a dar consejos a los vecinos. Una burla. Frente a la desidia del gobierno municipal, desde Izquierda Socialista impulsamos junto a los docentes de Suteba, con la secretaria adjunta del sindicato Graciela Calderón a la cabeza, y con los centros de estudiantes de la Escuela Media 20 y de la 23 una campaña de donaciones que luego repartimos en los barrios más afectados por la tormenta, a la vez que instamos a los vecinos a organizarse para llevar sus reclamos al municipio.

De parte del gobierno nacional no se demuestra ningún interés en evitar este tipo de situaciones. En el presupuesto 2019, hecho a medida del FMI, y votado con la complicidad del peronismo, se reducen drásticamente las partidas de infraestructura. Con lo que los problemas edilicios, que ya sufrimos trágicamente este año con la muerte de los docentes Sandra y Rubén, de Moreno, se agravarán.

Exigimos al gobierno nacional una inmediata respuesta y asistencia a todos los damnificados por el temporal, a la vez que exigimos el no pago de la deuda externa al FMI para utilizar esa plata para salud, educación, vivienda e infraestructura para que de una vez por todas dejen de ocurrir muertes evitables, provocadas por la desidia de los gobiernos de uno u otro signo político, y los trabajadores no estemos expuestos a perder ante cada temporal lo que nos cuesta años de trabajo construir con nuestro esfuerzo.

Este miércoles 14 se terminará votando en el Congreso el presupuesto 2019. Tal como sucedió en su momento en Diputados, el peronismo termina aportando los votos necesarios para su aprobación, ahora en el Senado. Fue hecho a medida de las exigencias del FMI, que lo consideraba la “señal” de compromiso tanto del gobierno de Macri como de los gobernadores y la oposición peronista para sostener el ajuste. De ahí el apuro que mostró el gobierno en que se terminara aprobando antes de la cumbre del G20.

El presupuesto es un muestrario del superajuste que se viene, mayor aún que el que ya está en curso. Todas las partidas se achican en forma impresionante. Miles de trabajadores del Estado corren serio peligro de ser despedidos. El aumento salarial pautado para todo el año próximo es de 8%, con una inflación proyectada de 34%. Los trabajadores pagarán más impuesto a las ganancias y los empresarios cada vez menos. Los pulpos del gas y el petróleo recibirán enormes subsidios para seguir saqueando Vaca Muerta. Es un auténtico regalo a los empresarios y usureros internacionales al servicio de perjudicar al pueblo trabajador.

Esto tiene un único destino que se destaca en la única partida que crece: 750.000 millones de pesos serán destinados al pago de la deuda externa, un 50% de incremento con respecto al año pasado. Será casi el doble de lo que se destinará a salud, educación, protección social, redes de agua potable y trabajo juntos. No es otra cosa que la consecuencia lógica de una deuda que viene creciendo cual bola de nieve a lo largo de todo el gobierno de Macri. Subió en este período 150.000 millones de dólares, y va camino a terminar el año superando largamente los 400.000 millones de dólares. Los vencimientos para los próximos años son siderales. Se repite lo que viene sucediendo desde hace más de cuarenta años: más pagamos, más debemos.

Todo esto recaerá sobre el bolsillo de los trabajadores, ya enflaquecido por las consecuencias de la devaluación de este año, aumentando la pobreza y la desigualdad social. La pérdida salarial en 2018 es superior al 15% y todavía falta la inflación del último trimestre del año. Esto no se compensa, ni de lejos, con el miserable bono pactado entre el gobierno, las patronales y la burocracia de la CGT. En los lugares de trabajo la discusión de todos los días es que la plata no alcanza ni para llegar a la mitad del mes, que los precios siguen aumentando, que los tarifazos no paran (ahora le tocó al subte) y que crecen los despidos y suspensiones por todos lados. A ello se le suma que, otra vez, la desidia de los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires (de Cambiemos) y de las intendencias (la mayoría de peronistas) hizo que una tormenta se transformara en un drama para miles de inundados.

Mientras la burocracia de la CGT, por enésima vez, le garantiza la paz social al gobierno, el Frente Sindical para el Modelo Nacional de Moyano, Palazzo y Pignanelli y las CTA posan de opositoras de palabra, pero no mueven un dedo, planteando que hay que apostar a “votar bien en 2019”, lo que significa, en concreto, no hacer nada, dejar pasar el ajuste y llamar a confiar en el peronismo para las elecciones del año próximo. Por eso no hicieron nada cuando se votó el presupuesto.

La izquierda y el sindicalismo combativo sostenemos lo opuesto: hay que pelear ahora contra el ajuste, reclamando un real aumento de emergencia para recuperar lo perdido y la inmediata reapertura de las paritarias. Exigiendo que, para lograrlo, se convoque a un paro general de 48 horas y un plan de lucha contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI. Sosteniendo además que la única salida pasa por romper con el FMI y dejar inmediatamente de pagar la deuda. Este planteo lo lleva adelante sólo la izquierda. El kirchnerismo que posa de opositor para capitalizar la bronca contra Macri hacia el 2019, se cuida muy bien de aclarar que va a “renegociar el acuerdo con el Fondo” (tal lo planteado por Agustín Rossi en su momento) o “reestructurar la deuda” como reconoce La Cámpora. Revelando que ahora es Cristina quien llama a la unidad del peronismo con los cómplices del ajuste de Macri, es decir, con Pichetto, Urtubey y Massa.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda somos claros: no hay salida si la política económica está al servicio de pagar la deuda y la sigue dictando el FMI. Solo dejando de pagar y romper los lazos con ese organismo explotador habrá recursos suficientes para dar trabajo, salario, salud, educación y vivienda. Al servicio de esta salida haremos el acto del 8 de diciembre en Ferro.

Arribó a la Argentina una nueva misión del Fondo Monetario Internacional, encabezada por el responsable para el Hemisferio Occidental del organismo, el italiano Roberto Cardarelli, más el flamante representante del FMI en la Argentina, el jamaiquino Trevor Alleyne. Estarán una semana y se reunirán con los funcionarios del Banco Central. También anunciaron que tendrán reuniones con representantes sindicales y “sociales”. Esta misión es la inspección previa para autorizar el desembolso del tercer tramo del préstamo del Fondo en diciembre, por 7.700 millones de dólares.

Los funcionarios del FMI ya ni siquiera cuidan las formas, dan órdenes como si efectivamente fueran los verdaderos “ministros de economía” del país: “Algo que llamó la atención es que los comentarios de Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne no parecían los de alguien que opina desde afuera, sino el de una persona involucrada con la toma de decisiones” (Cronista, lunes 12 de noviembre).

Así afirmaron que ellos van a decidir cuándo corresponde bajar las astronómicas tasas de interés: “Las tasas van a ir bajando gradualmente a medida que veamos una disminución de la inflación”. Y dejaron en claro que el presupuesto votado en Diputados (y a punto de aprobarse en el Senado) fue diseñado a medida del Fondo: “Es cuestión de lograr las metas que el presupuesto fijó”. Como vemos, el FMI manda, y los funcionarios del gobierno de Macri obedecen.

Escribe José Castillo

Dos cuotas de 2.500 pesos, y ni siquiera para todos. Con esta migaja, el gobierno de Macri logró que la burocracia de la CGT termine de levantar el paro nacional con que había amenazado. Nada más lejos de las reales necesidades de los trabajadores.

El objetivo del gobierno de Macri era clarísimo: hacer desaparecer cualquier posibilidad de paro general o movilización ante la inminente reunión del G20. Las patronales le agregaban el planteo de que se pusiera un freno a la reapertura de las paritarias, temerosas de que se generalizara reclamos similares a lo que conquistaron camioneros, bancarios o petroleros, con aumentos cercanos a 40%. 

El ministro Dante Sica, encargado de la negociación, terminó acordando con la directiva de la CGT un bono de 5.000 pesos. Las patronales presionaron, adujeron que “muchos no lo iban a poder pagar” y lograron que incluso ese monto miserable sea dividido en cuotas y que se lo pueda diluir por diversos artilugios, de tal modo que ni siquiera lo cobrarán entero todos los trabajadores.

¿De qué se trata?

Será una “asignación no remunerativa”, o sea un pago en negro, que se pagará por única vez y no se tendrá en cuenta para el aguinaldo ni sumará aportes jubilatorios. Las empresas deberán abonarlo en dos cuotas de 2.500 pesos, una en diciembre y otra en febrero. Ya eso sólo, de por sí, refleja lo miserable del monto. Para compensar en un solo pago todo lo que perdió un trabajador del sector privado en promedio, el bono tendría que ser de 75.186 pesos (según un estudio del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de la CTA). En el caso de los trabajadores del Estado, con salarios promedio menores, debería alcanzar los 57.470 pesos.

Pero eso no es lo peor. Una enorme masa de trabajadores ni siquiera llegará a cobrar los 5.000 pesos. El decreto del gobierno se encarga de precisarlo en detalle: para los trabajadores con una jornada de trabajo “inferior a la legal y convencional”, la asignación se abonará en forma proporcional. ¡O sea que aquellos que viven el drama de la subocupación y trabajan menos horas de las que les permitiría tener un sueldo completo, se verán castigados recibiendo apenas una parte del bono!

El decreto también señala que las empresas “en crisis o con declinación productiva” podrán pagar una suma menor y en mayor cantidad de cuotas. ¡Deja abierto a que montones de patronales aduzcan “que tienen problemas” para negarse a pagar el bono completo o dividirlo en infinitas cuotas que se comerá la inflación!

También podrá ser tomado a cuenta de futuros aumentos o incluido dentro de las cláusulas de revisión de las paritarias 2018. Esto quiere decir en concreto que, en el caso de las paritarias que se reabrieron, los aumentos otorgados “absorberán” partes del bono. Así, por ejemplo, en el gremio de Comercio, donde el salario inicial pasó en octubre de 19.747 a 21.464 pesos, este aumento se descontará del bono. Así, ese trabajador cobrará dos cuotas de apenas 783 pesos en diciembre y febrero respectivamente.

Con respecto a los estatales, no lo percibirán los trabajadores de las empresas o entes públicos (como YPF, Aerolíneas o Telam) ni los docentes y no docentes de las universidades nacionales, el personal de seguridad y defensa, los judiciales y los trabajadores del Congreso. Quedarían por fuera también, dependiendo de negociaciones en cada distrito, todos los empleados de las provincias y municipios. Los trabajadores rurales, uno de los gremios peor pagos del país, no lo cobrarán, como tampoco el servicio doméstico. A esto hay que sumarle que no recibirán un peso los casi dos millones de trabajadores públicos y privados que figuran como “monotributistas” y autónomos. Y, por supuesto, los cuatro millones de trabajadores en negro.

Los salarios pierden por goleada frente a la inflación

Apenas un puñado de gremios (como los ya citados camioneros, bancarios y petroleros) llegará con la reapertura de paritarias a un aumento de 40% en todo 2018. Aún ellos perderán más de un 5% con respecto a la inflación. Pero el 75% de los gremios no actualizó paritarias. Muchos de ellos están con aumentos que alcanzan apenas al 25%. Y todavía hay algunos que siguen con el 15% negociado a principios de año.

La inflación pulverizó los salarios. El bono negociado entre el gobierno nacional, la CGT y las patronales no sirve para nada. Es una auténtica burla. Hay que exigir un real aumento de emergencia para recuperar lo perdido y la reapertura inmediata de todas las paritarias, para que se establezca aumentos que se reajusten mensualmente por la inflación. Llevar adelante este reclamo requiere, más que nunca, que exijamos la realización de un paro nacional de 48 horas, con movilización a Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha contra el ajuste de Macri, el FMI y los gobernadores.

Escribe José Castillo

El mismo decreto que instaura el bono, establece que las empresas que despidan sin causa hasta el 31 de marzo de 2019 deberán comunicarlo al Ministerio de Producción 10 días antes. Que quede claro: no se suspende o deja sin efecto el despido, sino simplemente se pasa a “considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”. Es menos incluso que el compromiso de no despedir firmado con las empresas, y que estas incumplieron en 2016. Un auténtico “saludo a la bandera”. Volvemos a insistir con el proyecto que el Frente de Izquierda presentó repetidamente en el Congreso Nacional y en varias legislaturas provinciales: hay que prohibir por ley los despidos y suspensiones, y establecer que toda empresa que viole esta disposición será inmediatamente expropiada y pasará a ser gestionada por sus propios trabajadores.