La compañera Carmen Metrovich, referente de la Comisión Ana María Martínez (militante del PST, partido antecesor de Izquierda Socialista, secuestrada y asesinada por la dictadura) escuchó en su contestador telefónico una marcha nazi a modo de intimidación. Desde Izquierda Socialista y como integrantes de la misma comisión repudiamos esta amenaza contra Carmen Metrovich y el trabajo que realiza en la comisión y llamamos a las demás organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos a rodear de solidaridad a la compañera. Hacemos responsable al gobierno nacional y a la Justicia por la seguridad de Carmen y los integrantes de la comisión. ¡Ninguna amenaza hará cesar la lucha y el pedido de justicia para que todos los genocidas se pudran en la cárcel!

Escribe Juan Carlos Giordano

Pablo Moyano conformó la llamada Corriente Sindical Federal y Popular. La integran Camioneros, la kirchnerista CTA-Yasky, Micheli (ahora pro-K), Baradel (Suteba), Canillitas (Plaini), Curtidores y otras organizaciones como La Alameda, liderada por Gustavo Vera, ligado al papa Francisco. La Bancaria, conducida por el radical pro-K Sergio Palazzo, finalmente no la integró. Tampoco Juan Carlos Schmidt, el hombre de Hugo Moyano en el ya desaparecido triunvirato de la CGT. Por su parte, los medios informaron erróneamente que la Unión Ferroviaria del Sarmiento encabezada por el Pollo Sobrero es parte de la misma, cuando no es cierto.

Ante la traición de la CGT de los Gordos y los burócratas llamados “Independientes” (Héctor Daer, Gerardo Martínez, Cavalieri, Sasia, Pignanelli, Andrés Rodríguez y otros amigos del ministro Triaca), cualquier trabajador podría preguntarse si esta corriente va a enfrentar de verdad el ajuste de Macri. Los hechos están mostrando que no.

La declaración de fundación de la corriente “político, sindical y social” de Moyano denuncia correctamente “la actitud encubridora de la conducción de la CGT ante la alarmante situación del país”. A su vez, levanta tres principios: “Actuar de acuerdo a las necesidades obreras y populares; identidad para enfrentar en mejores condiciones al gobierno antiobrero y a las patronales, y asambleas de base y paros activos” y convocarían a un acto el 1º de Mayo. (Página12, 8/3). Pero miremos lo que pasó en la gran marcha del 21F: Hugo Moyano nunca mencionó las palabras “continuidad”, “paro general” (como se reclama desde las calles) ni “plan de lucha”. Lamentablemente Hugo y Pablo Moyano dejaron pasar una gran oportunidad el 21F al no convocar a nada. Por eso el sindicalismo combativo marchó con una columna independiente exigiendo paro general y plan de lucha.

Tampoco dijo nada de eso el kirchnerista Yasky. Baradel, del Suteba, después de 48 horas de paro docente no fijó ninguna medida de fuerza, mientras Vidal y Macri siguen con el robo salarial y la campaña contra los maestros.

La nueva corriente encabezada por Pablo Moyano es un reagrupamiento sindical ante el estallido de la cúpula de la CGT para intentar canalizar la bronca contra los dirigentes traidores y el ajuste de Macri. También se explica como parte de los reacomodamientos políticos de dirigentes sindicales que responden a un peronismo en crisis. Pablo Moyano es parte de las autoridades del PJ bonaerense, y el propio Hugo Moyano el 21F insinuó en que hay que votar en 2019 a alguna variante del peronismo, generando ilusiones en que un posible gobierno patronal peronista podría ser la solución.

No depositamos ninguna confianza en estos dirigentes ni en sus discursos antimacristas. Pero como dicen que se oponen a la CGT de los Gordos y que van a “movilizar” contra “el gobierno antiobrero”, les exigimos que pasen de las palabras a los hechos y que convoquen a un plan de movilizaciones y a la preparación de un paro nacional, consultando a los trabajadores en asambleas y plenarios de delegados.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, Coordinador nacional de Docentes en Marcha

Macri y los gobernadores mantienen firme su política de achicar la inversión en la educación pública y en los salarios docentes. El ministro Finocchiaro insiste en que Nación no debe poner un solo peso en educación. Y los gobernadores proponen profundizar la baja del salario. Además, avanzan en cierres de cursos, modalidades y escuelas y en los despidos. Ctera debe darle continuidad al plan de lucha.

 Los días 5 y 6 de marzo la Ctera llamó al paro nacional y movilizó en Capital y varias provincias. Además, en la docencia fue grande el paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Más allá del intento de Macri de minimizar los porcentajes de adhesión, en la mayoría del país, particularmente en Buenos Aires y CABA, el paro se hizo sentir. Y seguramente continuarán las medidas de fuerza.
Salarios miserables y abandono a las provincias

Sobran motivos para la lucha docente. Salarialmente, la propuesta de 15% de aumento anual en tres cuotas (oferta promedio en la mayoría de las provincias) significa un incremento de $625 cada cuatro meses. ¡$20 pesos por día! ¡Lejísimos del aumento de luz, gas, transporte e impuestos! Vidal en campaña dijo que “el salario docente debería ser de $40.000”. ¡Hoy el inicial no llega a $12.000, lejos de la canasta familiar y por debajo del índice de pobreza! En muchas provincias la “oferta” es 3, 5, 7 o 12%. Macri está sacando el “incentivo docente”, profundizando la miseria y la diferenciación salarial entre las provincias.

Macri intenta liquidar y privatizar la escuela pública

La reforma educativa es un ataque al derecho a la educación pública y gratuita de nuestros hijos. Macri ahoga el presupuesto educativo, las escuelas públicas se caen a pedazos, cierran cursos y suspenden clases por problemas edilicios. Mientras se subsidia a centenares de escuelas privadas, que cubren las vacantes por las “deficiencias” a las que llevan a las públicas. En CABA hay 15.000 chicos que no tienen vacantes para estudiar en la escuela pública, obligando así a que sus padres paguen una privada o sus hijos no estudien. ¡Y faltan vacantes para 1.200.000 chicos en todo el país! En 2017 el gobierno reconocía que faltaba nombrar a 60.000 docentes para cubrir la demanda. Y este año comenzó despidiendo miles de suplentes y provisionales, agrandando ese faltante. Entonces, ¿quién es el que toma a los chicos de rehenes?
Macri y los gobernadores culpan de la crisis a los docentes y a los paros. ¡Pero en las provincias donde más paros realizamos en esta década, como Santa Cruz o Neuquén, es donde menos escuelas privadas hay, mientras que donde menos paros hubo, como CABA, con el gobierno de Cambiemos la matrícula privada creció 47% , más que en Chile! Esto es por la política privatista gubernamental, no por la lucha docente.
El Plan Maestro busca cerrar el 5° año de secundaria, convirtiéndolo en “pasantías gratuitas” en empresas. Recortan un año de escuela obligatoria, “ahorran plata” y terminan con el ingreso masivo a los estudios universitarios.

Cierran ramas, escuelas y cursos y despiden docentes

En 2018 el gobierno decidió liquidar la rama adultos y las escuelas especiales, dejando a miles de jóvenes en la calle y centenares de docentes sin trabajo. Achicaron los Planes Fines, complicando que los jóvenes puedan terminar su secundaria.

Para niños con discapacidades, con el argumento de “incluirlos”, les están cerrando las escuelas especiales, las inscripciones, obligándolos a ir sólo a escuelas comunes. ¡Y ni siquiera garantizan nombrar los docentes y auxiliares mínimamente necesarios para esa supuesta “inclusión”! ¡Desbordan de trabajo a las maestras y abandonan a su suerte a los chicos con discapacidades! Así también empujan a que los padres terminen pagando instituciones privadas para la educación e integración real de sus hijos.

Apoyemos la lucha de los docentes

El gobierno busca que la comunidad se oponga a nuestra lucha. Pero no le está yendo bien. Muchos padres y madres ven que, si no se unen a la lucha docente, cerrarán los cursos o escuelas de sus hijos y deberán cambiarlos, pagar o ver cómo quedan hacinadas las aulas con decenas de alumnos. El camino para defender el derecho a la educación es acercarnos a las escuelas, apoyar y movilizarnos junto a los docentes y enfrentar a Macri, los gobernadores y su política, exigiendo que inviertan plata en educación pública y salarios docentes dignos, nombrando los cargos faltantes, arreglando y construyendo nuevas escuelas. Que la plata salga de terminar con los subsidios a la escuela privada y de suspender los pagos de la fraudulenta deuda externa. Sólo con la lucha podremos derrotar el plan de ajuste del gobierno.

Escribe José Castillo

Macri y los gobernadores siguen ajustando: echan en el Estado y fijan sueldos de hambre para los maestros, los trabajadores de la salud y los estatales, mientras las escuelas y hospitales se caen a pedazos. Todo con la excusa de que “no hay plata” y que “hay que achicar el déficit fiscal”. ¡Mentira! Lo que pasa es que el dinero se usa para enriquecer los bolsillos de los especuladores internacionales

En enero de este año se pagaron 29.818 millones de pesos por intereses de la deuda (casi 1.600 millones de dólares). Es un aumento de 226% comparado con lo que se había abonado en igual mes de 2017.

El gobierno se jactó de haber obtenido ese mes un superávit fiscal (más recaudación de impuestos que gastos) de 3.929 millones de pesos, avanzando en su objetivo de “reducir el déficit fiscal anual”. Para lograrlo, baja el gasto, echando a empleados del Estado y pagando salarios de miseria a docentes y trabajadores de la salud o reduciendo subsidios a los servicios públicos a cambio de tarifazos. Pero todo ese “ahorro” (a costa del ajuste popular) desaparece, ya que como cada día nos endeudamos más, lógicamente tenemos que pagar más intereses. Así, el proclamado superávit fiscal de enero se torna en un déficit de 25.889 millones de pesos en cuanto contamos lo que se tuvo que pagar por intereses de la deuda.

¿Somos conscientes de lo que se podría hacer con casi 30.000 millones de pesos (1.500 millones de dólares), tirados en un solo mes a la alcantarilla del pago de la deuda? Construir un hospital de alta complejidad sale aproximadamente 130 millones de dólares: ¡con lo que se pagó de intereses solo en enero se podrían construir más de 10 hospitales o 5.000 viviendas populares! Alcanzaría de sobra para pagarle a los maestros, los trabajadores de la salud y al resto de los estatales aumentos que lleven sus salarios al valor de la canasta familiar.

Lo que pagamos de intereses de la deuda es una fortuna. Pero además, con el endeudamiento astronómico que está llevando adelante el gobierno de Macri, la situación empeora día a día: más debemos, más pagamos. En estos dos años se tomó deuda por 132.969 millones de dólares (datos del Observatorio de la Deuda de la UMET). Este año lo hará por otros 30.000 millones de dólares. Los intereses pagados, sólo en 2017, ascendieron a 17.500 millones de dólares. ¡Fue el doble del presupuesto educativo y tres veces el de salud! Este año será más aún, como ilustramos con los datos del mes de enero. Se trata de una inmensa masa de dinero que se destina a la bicicleta financiera y a financiar la fuga de capitales. Son muchísimos los economistas, incluso algunos simpatizantes del gobierno, que advierten que este nivel de endeudamiento es insostenible y que vamos hacia una crisis. La oposición peronista, en todas sus variantes, también lo viene denunciando. Sin embargo, nadie, salvo la izquierda, propone la única medida realista: suspender inmediatamente los pagos, como primer paso para lanzar un plan económico alternativo que destine todo ese dinero a resolver las urgentes necesidades populares de trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

A partir de abril, el PAMI bajará los precios de alrededor de mil de medicamentos un promedio de 5% respecto de los valores que tenían en diciembre. Así se lo comunicó a las tres cámaras que agrupan a los laboratorios nacionales y extranjeros, a las que el PAMI les compra el 40% del total de lo que producen.

De este hecho se desprenden varias conclusiones. Primero, los laboratorios usan su poder monopólico para fijar los precios, obteniendo superganancias a costa de quienes deben adquirir un medicamento determinado. Obviamente, ningún laboratorio se verá afectado en lo más mínimo por bajar un poco los precios. Segundo, queda demostrado que, si el gobierno quiere, puede establecer precios máximos e incluso hacer retroceder aumentos abusivos. Lo que se hizo con los medicamentos del PAMI se podría y debería hacer con todos los artículos de primera necesidad.

Pero hay todavía una tercera conclusión: ¿por qué el gobierno de Macri intervino en el negocio de los laboratorios? No hay puntada sin hilo: muchos ven la “mano negra” del vicejefe de gabinete Mario Quintana, ex presidente de Farmacity, que junto con Gustavo Lopetegui y Marcos Peña son los verdaderos dueños del poder detrás de Mauricio Macri.

Farmacity viene desde hace tiempo peleándose con los laboratorios por los márgenes de ganancia en el negocio farmacéutico. Precisamente esta medida favorece a una empresa que se expande (ya tiene más de 250 sucursales) destruyendo a las farmacias de barrio tradicionales.