Escribe Guido Poletti

Se acaban de abrir los sobres para la licitación de las obras de diez corredores viales (mejora de rutas y construcción de tramos de autopistas). Están en juego negocios donde el Estado nacional terminará poniendo 6.000 millones de dólares en los próximos dos años y 15.000 millones en los siguientes.

Se presentaron “los conocidos de siempre” de la obra pública. Los que, durante décadas, hicieron sus ganancias de cobrarle de más al Estado y dejar las obras a medio hacer. Esta vez lo hacen formando 10 consorcios donde confluyen 19 empresas locales con 7 empresas extranjeras. Así tenemos a Techint, Roggio, Mindlin (a cargo de la ex Iecsa, la empresa de Calcaterra, el primo de Macri) y otros.

Pero lo novedoso es la forma de contratación. Por primera vez se pone en práctica el esquema de “participación público-privada” (PPP) promulgado en 2016 por el gobierno de Macri. El esquema fue copiado de uno similar inventado hace décadas en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, y luego replicado en otros países. En todos los casos terminó siendo abandonado luego de dar lugar a escándalos y negociados de corrupción, como en España y Grecia. Es que en este esquema, como pasa a ser una “obra privada” nadie controla los costos ni la calidad de su realización.

El PPP consiste en que las empresas privadas contratistas tienen que conseguir ellas mismas el financiamiento de la obra. Claro que el Estado les otorga un certificado de garantía. En concreto, las empresas se endeudan y eso figurará como deuda privada, pero el “garante en última instancia” es el Estado argentino, que será quien finalmente le pague a la empresa al finalizar la obra con la recaudación del impuesto a los combustibles.

En las semanas previas, las empresas participantes de la licitación hicieron lobby hasta que lograron innumerables privilegios: eximición del IVA, libertad para importar insumos y decenas de prebendas más.

Pero ahí no termina la cuestión. Las empresas concesionarias quedarán cobrando los peajes de las obras realizadas y cualquier otro beneficio que surja de las mismas. En realidad no se trata de algo novedoso en la historia argentina: el esquema es similar a lo que sucedió a fines del siglo XIX con las firmas extranjeras que se dedicaron a la construcción de ferrocarriles: la obra se la pagaba el Estado argentino y las compañías ferroviarias se quedaban con el producido de las tarifas y varios kilómetros a la vera de las vías.

El gobierno de Macri privatiza la obra pública en beneficio de mayores ganancias para los grandes grupos económicos. “Legaliza” e “institucionaliza” con la PPP lo que hasta ahora se hizo vía coimas y negociados oscuros, como en la época kirchnerista. Pero los actores son los mismos.

La obra pública es estratégica en cualquier programa económico de desarrollo. Primero y principal porque se trata de poner los recursos del Estado para hacer aquello que las empresas privadas nunca harían por sí mismas. Así se plantea la construcción de rutas, autopistas y caminos, pero también la de redes ferroviarias, puentes, obras de infraestructura para prevenir inundaciones, viviendas populares, hospitales y escuelas. Pero además porque es un recurso privilegiado para crear trabajo genuino en la construcción y así resolver el flagelo del desempleo. Desde Izquierda Socialista rechazamos tajantemente la PPP y exigimos su derogación. Proponiendo en cambio aquello en lo que siempre insistimos: todo lo que se podría avanzar en este sentido si se lanzara un gran plan de obras públicas, financiada con los recursos que se obtendrían de dejar de pagar la deuda externa.

Escribe Claudio Funes

La red de corrupción de Odebrecht tiene alcance continental. Incluye al PT y a Lula en Brasil, a Ollanta Humala y Kuczynski en Perú, a Maduro en Venezuela y tanto a Cristina como a Macri en la Argentina. Con distinto ropaje, todos los gobiernos patronales avalan los negociados corruptos capitalistas.

 En 2007 Calcaterra, el primo del presidente, “compró” la constructora Iecsa a la familia Macri. La firma es parte del grupo Obras, Desarrollos y Servicios (ODS) junto con otras empresas. La italiana Ghella S.P.A. participa de su paquete accionario.

El 23 de enero de 2008 el gobierno de Cristina Fernández adjudicó a Iecsa, Odebrecht, Ghella y Comsa el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. En la actualidad, tras el escándalo Odebrecht, Ghella es la dueña mayoritaria de las obras.

Ahora el juez federal Martínez De Giorgi resolvió citar a declaración indagatoria a más de cuarenta empresarios, intermediarios y ex funcionarios kirchneristas acusados de pagar y recibir sobornos para adjudicar la mencionada obra. Un gigantesco túnel de corrupción.

Entre los 49 imputados se destacan Angelo Calcaterra; Javier Sánchez Caballero, gerente de Iecsa; el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; el ex secretario de Obras Públicas José “Bolso” López y el intermediario Jorge “Corcho” Rodríguez.

Según mails obtenidos por la policía de Brasil de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, director de Odebrecht, en junio de 2010 mantuvo reuniones con Sánchez Caballero, de Iecsa, para negociar coimas que “excederían los 20 millones de dólares”. “Entre 2007 y 2014 Odebrecht ordenó que se realizaran pagos en concepto de sobornos por más de 35 millones de dólares a intermediarios, sabiendo que dichos desembolsos tenían como destino final a funcionarios públicos argentinos”, agregó el juez De Giorgi.

Luis Antonio Mameri, máximo ejecutivo de Odebrecht para América Latina, declaró que hubo dos etapas en los sobornos por el soterramiento. En la primera, entre abril de 2008 y agosto de 2013, el interlocutor para el pago de las coimas fue el gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, y eran destinadas a gente ligada al Ministerio de Planificación que comandaba Julio De Vido. Las coimas recibidas por los funcionarios argentinos son sólo una porción de los más de 700 millones de dólares que Odebrecht pagó en otros once países para obtener obras. Es tan grande la red de corrupción que salpica a diestra y siniestra a figuras políticas del continente. En Brasil, Lula está preso, y golpeados Michel Temer y Dilma Rousseff. El presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar; el ex presidente Alejandro Toledo, también de Perú, está acusado y prófugo, mientras que Ollanta Humala y su esposa estuvieron detenidos hasta hace pocos días. La lista continúa.

Como se puede apreciar los casos de corrupción no son aislados, ni son un vuelto. La obra pública y la corrupción conforman uno de los principales mecanismos por medio del cual los grandes empresarios, nacionales y extranjeros, obtienen sus superganancias en América latina. En estos días se conoció la noticia de que Techint, la empresa de la familia Rocca, montó una red offshore para la gestión de fondos negros y pago de sobornos.

Los gobiernos de turno, sean “progresistas”, “socialistas del siglo XXI”, “nacionales y populares” o de CEOs, junto a la Justicia y otras instituciones, son los garantes de la subsistencia de esta trama corrupta de negociados capitalistas. Con la obra pública no buscan resolver, por ejemplo, el déficit de viviendas, la mejora de la salud pública con la construcción de hospitales, ni evitar inundaciones con obras de infraestructura. Sólo aspiran al retorno y a beneficiar a las grandes patronales amigas. Así funciona el capitalismo, de la mano con la corrupción.

Tal como lo planteó Juan Carlos Giordano cuando presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda: todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado, que debe ser estatizado y utilizado para resolver las más urgentes necesidades populares.

Escrible José Castillo

La mayoría de la matriz energética argentina depende del gas y el petróleo. Así nos calefaccionamos y cocinamos. Pero también de esta forma se alimentan las centrales térmicas que proveen de electricidad a nuestro país.

En el mundo hay países que no tienen gas ni petróleo y que por lo tanto deben gastar gran parte de sus divisas en importarlos. Otros, los menos, están beneficiados por poseer en su territorio esos recursos. Así pueden autoabastecerse y, además, les sobra para exportar y hacerse de dólares. Por eso casi todos los países petrolíferos y gasíferos cuentan con empresas estatales a tal fin.

La Argentina está en el peor de los mundos: somos un país con gas y petróleo, entregados totalmente al saqueo de las multinacionales. A partir de las privatizaciones del peronismo menemista, se habilitó un esquema no tocado por ninguno de los gobiernos posteriores. Los grandes pulpos del petróleo y el gas se dedicaron a extraerlo, sin invertir un peso en nuevas exploraciones. Así, año a año, las reservas se fueron achicando.

Finalmente, tuvimos que empezar a importar gas y petróleo. Luego, cuando ya no le convenía más, Repsol terminó desentendiéndose de YPF, que fue reestatizada pagando a cambio millonadas a la multinacional española.

El desguace de YPF y Gas del Estado

Durante décadas existieron YPF y Gas del Estado, dos grandes empresas estatales. YPF exploraba, abría pozos, fundaba pueblos, extraía petróleo hasta alcanzar el autoabastecimiento y exportaba. Además refinaba el propio petróleo y tenía una inmensa red de comercialización vía estaciones de servicio que llegaban hasta los rincones más alejados del país. Gas del Estado, por su parte, cubría todo el proceso desde la extracción, el transporte vía gasoductos hasta la distribución domiciliaria. Llegó así a ser una de las compañías gasíferas más grandes del mundo, con gasoductos de un tamaño sólo superado por los soviéticos.

Menem con la privatización desguazó ambas empresas. El saqueo petrolero se garantizó regalando los pozos con concesiones prácticamente a perpetuidad, mientras se cerraban otros, se echaba a decenas de miles de trabajadores y se transformaba a ciudades enteras en prácticamente pueblos fantasmas.

En el caso de Gas del Estado se desarmó la empresa descuartizando el negocio. Para la extracción se recurrió a los mismos pulpos del negocio petrolero. Se crearon las “transportadoras” (Transportadora Gas del Norte y Transportadora Gas del Sur) y se subdividió en varias empresas la distribución final. Todo al servicio de “capturar subsidios” y hacer superganancias sin invertir un solo peso.

Vaca Muerta

El surgimiento de la extracción de gas y petróleo no convencional (por el método denominado fracking, prohibido en muchas partes del mundo por contaminante) puso de moda el yacimiento de Vaca Muerta. Se habla de la posibilidad de extraer recursos por valores superiores a todas las reservas existentes del país. Por eso todos los monopolios internacionales del sector pusieron el ojo en esa zona. El gobierno nacional (con Cristina Kirchner anteriormente y ahora con Macri) le dio vía libre al saqueo. Así, fue durante el peronismo kirchnerismo que se firmó el acuerdo secreto YPF-Chevron, que le daba privilegios absolutos a la multinacional yanqui. Macri, por su parte, en todos sus viajes y reuniones con funcionarios y empresarios extranjeros nunca deja de “ofrecer” los negocios que se pueden hacer con ese yacimiento. El gobierno provincial neuquino, a la vez, no dudó un segundo en pasar por encima de todos los derechos de los pueblos originarios de la zona para también tener “su tajada” en el negocio. Vaca Muerta, en síntesis, se presenta como el paradigma del saqueo para los años venideros.

¿Cómo recuperar la soberanía energética?

La conclusión es obvia: pagamos carísimo el gas y el petróleo, cada día tenemos menos reservas y gastamos millonadas en importaciones, mientras seguimos garantizándole el saqueo a todas las empresas monopólicas que se instalan en las distintas etapas del negocio.

Hay que terminar con el saqueo, rescindiendo todos los contratos existentes. Y construir una gran empresa estatal gasífero-petrolera que recupere lo mejor de la vieja tradición de YPF y Gas del Estado, que unifique todo el negocio, desde la exploración, pasando por la extracción, la refinación y la comercialización en el caso del petróleo, y la extracción, el transporte y la distribución en el gas. Esa gran empresa, gestionada por sus propios trabajadores y técnicos, será capaz así de recuperar nuestra soberanía energética y aportar a un programa de desarrollo de nuestros recursos al servicio de las necesidades de las mayorías populares. 

Escribe José Castillo

Después del aumento de las tarifas del gas y la electricidad de abril, mayo comienza con las subas del agua y el transporte. Macri quiere hacernos creer que el problema son los “altos impuestos”. Pero la gran tajada se la llevan las privatizadas, que siguen sumando superganancias.

En estos dos años de gobierno de Macri las tarifas del gas aumentaron hasta 1.300%, las eléctricas casi 1.500% de promedio y el servicio de agua corriente cerca de 1.000%. Sólo para comparar, el salario mínimo está en 9.500 pesos, la jubilación mínima en 7.600 y la mitad de los trabajadores cobran sueldos por debajo de los 11.000 pesos. Esta es la realidad que hace que cada vez más familias tengan que destinar hasta un 15% de sus ingresos simplemente para pagar facturas de servicios o el transporte.

El objeto de estos descomunales tarifazos -que no han terminado, ya que habrá una nueva suba del gas en octubre/noviembre- es ajustar el gasto público reduciendo los subsidios que el Estado le otorga a las empresas privatizadas. Así, en estos dos años, esos subsidios se achicaron en 90.000 millones de pesos. Claro que esto no se reflejó en un descenso del déficit fiscal (lo que gasta de más el Estado en comparación con lo que recauda) ya que esos “menores gastos” fueron más que compensados con el aumento de lo que se paga en conceptos de intereses de deuda externa.

El gobierno de Macri comenzó diciendo que los subsidios eran un escándalo, ya que les permitían a los ricos “calentar las piletas de natación en invierno”. Claro que en vez de ponerle altos impuestos por ese derroche o cobrarles tasas diferenciales, lo que se hizo fue lanzar estos feroces tarifazos, que hacen que hoy los servicios esenciales como la calefacción o la luz pasen a ser un lujo.

Mientras tanto, las empresas de servicios públicos privatizadas nunca perdieron. En la época del peronismo menemista ganaron con las altísimas tarifas dolarizadas. Luego de 2001, cuando se congelaron o subieron por debajo de la inflación, siguieron embolsándose millonadas a través de los subsidios que les otorgaba el peronismo kirchnerista. Ahora Macri y Aranguren achican esos subsidios, pero a cambio les otorgan tarifas astronómicas. En síntesis, las empresas siempre ganan, mientras a cambio brindan servicios horribles. Como ejemplo recordemos a los continuos apagones de las empresas de electricidad, o que sigue sin invertirse en la red de gas natural, con millones de argentinos, justamente los más pobres, dependiendo de la garrafa, un servicio aún más caro.

Ante el crecimiento de la bronca por tarifas que ya son impagables, ahora el gobierno sale a buscar cambiar el eje del debate, diciendo que el problema son “los altos impuestos” que componen la boleta. Y planteando que parte de esos impuestos son provinciales, tirándoles así el “paquete” a los gobernadores. La realidad es que el impuesto que mayor peso tiene en las facturas es justamente el IVA, el único que Macri no quiere tocar.

Pero no debemos confundirnos: el problema central del alto costo de las tarifas no son los impuestos, sino los valores que se les garantizan a las empresas privatizadas para que sigan con sus negocios a costa de todos los usuarios.

Desde Izquierda Socialista somos claros: hay que retrotraer y suspender inmediatamente estos tarifazos, planteando una salida de fondo: la reestatización de todas las privatizadas y su puesta en funcionamiento bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.

Escribe Guido Polleti

En diciembre pasado, el gobierno de Macri se vio obligado a dar marcha atrás con el proyecto de reforma laboral, que buscaba ir a fondo con la flexibilización de las condiciones de trabajo y la liquidación de las conquistas de los convenios colectivos. A pesar de que contaba con el apoyo de los burócratas del entonces reinante “triunvirato” de la CGT (que hasta se disponía a sacar una solicitada apoyándola), la inmensa movilización contra la reforma jubilatoria y las jornadas multitudinarias de diciembre obligaron al gobierno a archivar el proyecto.

Ahora, más silenciosamente y buscando no levantar demasiada polvareda, vuelven a intentar meterlo en el Congreso para que se trate. Lo hacen planteando los mismos ejes centrales. Primero el llamado “blanqueo laboral”, que en concreto es el perdón para los empresarios que tienen trabajadores en negro, con menos aportes patronales (y la consiguiente desfinanciación para la Anses) y haciendo que a los trabajadores sólo se le reconozcan la mitad de los años de aporte mientras estuvieron en negro. Segundo, la legalización del sistema de pasantías, que significa la promoción de puestos de trabajo “basura” para los jóvenes, donde se los superexplota con la excusa de que se los está “formando”. Tercero, la creación de una “agencia de evaluación de tecnologías de la salud”, con el objetivo de que las obras sociales y sanatorios puedan negar al trabajador el acceso a tratamientos complejos en un verdadero guiño a los negocios de la salud privada. A ello se le agrega la reducción de la indemnización por despidos no computándose aguinaldo, horas extras ni otros adicionales, abaratando el despido del trabajador. Todo este paquete de reforma laboral acompaña, por supuesto, todas las “flexibilizaciones gremio por gremio” que acuerdan las patronales, la burocracia sindical y el gobierno, con el caso Vaca Muerta como máximo estandarte.

Tal como dijimos a fines del año pasado, estamos atentos ante este nuevo embate y volvemos a decir ¡no a la reforma laboral!