Escribe Mariano Barba
 
Tras el atentado contra Cristina, los tres diputados del Frente Patria Grande, Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, decidieron permanecer en el bloque oficialista del Frente de Todos. Hace menos de un mes habían resuelto retirarse al criticar los anuncios del recién asumido Sergio Massa como superministro.
 
 Juan Grabois, abogado y dirigente social, es el fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Su política siempre estuvo vinculada a los dictados del clero. Es miembro del Pontificio Consejo de Defensa y Paz, un organismo de la Iglesia Católica. Por su rol y amistad con el Papa Francisco, se lo señala como consultor del Vaticano en  Argentina. Su amistad con Bergoglio proviene de acompañar a su padre, Roberto “Pajarito” Grabois, a las reuniones del peronismo ortodoxo de “Guardia de Hierro”, una corriente de centroderecha del movimiento justicialista creada por Juan Domingo Perón a la que asistía el actual Papa.

A principios del mes de agosto el agrupamiento de Grabois tomó distancia de los anuncios del ministro Massa. Empezaron a dar pasos en el sentido de retirar del bloque oficialista no solo a los tres diputados nacionales sino también a diputados provinciales y concejales. Fundamentaban su retiro en que Massa hizo “anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, exportadores, la mega minería y las petroleras, así como la continuidad sin cambios del acuerdo ‘antipopular’ suscrito con el FMI”. A su vez, ratificaban el reclamo por “un salario básico universal”, en consonancia con el proyecto fogoneado por Cristina Kirchner en el Senado, con el objetivo de desplazar a los movimientos sociales del control del padrón de los subsidiados en el “Potenciar Trabajo” y pasarle ese control a los intendentes del conurbano, de cara a las elecciones del próximo año. En realidad, esta propuesta que respalda Grabois es más un motivo de propaganda que de soluciones reales para los supuestos beneficiarios, ya que el monto solicitado para ese ingreso mínimo asciende solo a 15.000 pesos. Una lamentable miseria anunciada como ingreso. No obstante, y para confirmar su ruptura con el bloque del Frente de Todos, el Frente Patria Grande convocó a su congreso de este domingo 4 de septiembre en el Centro Cultural Paco Urondo.
 
Incondicional a Cristina

Una voltereta de 180 grados terminó definiendo ese congreso. A partir del atentado contra Cristina Kirchner, el agrupamiento de Juan Grabois dejó de lado sus reclamos a Massa y decidió no retirarse del bloque oficialista. Mediante un comunicado sostuvieron que “no hay casualidades, ni loquitos, ni ineptos, sino causalidades, asesinos y responsables” y le pidieron al Ejecutivo que cuide a su “máxima dirigente”. Una vez más Grabois demuestra su adhesión incondicional a Cristina y a su política.

Decidieron continuar dentro del Frente de Todos con otros argumentos adicionales: “el Frente Patria Grande se propone trabajar para desescalar la violencia […] promoviendo un pliego de consensos mínimos con los actores democráticos de la oposición política”. Recibieron, como concesión de Massa, el pago de un subsidio de 16.000 pesos solo por tres meses para unas 2.100.000 personas. De esta manera, continúan acompañando desde adentro del bloque al gobierno de Cristina y Massa, demostrando una vez más que sus declaraciones amenazantes solo quedaron en una proclama. Muy lejos de impulsar una política de enfrentamiento contra el plan de ajuste del gobierno peronista del Frente de Todos, que cada día toma más medidas en beneficio de las grandes patronales. Como la de este fin de semana, devaluando el peso argentino en un 40% solo para que los pulpos exportadores de la soja hagan una gran negocio. No es casual la reunión realizada hace un tiempo atrás entre Grabois y Gustavo Grobocopatel, presidente de una empresa argentina de agronegocios que factura 800 millones de dólares al año y administra 150.000 hectáreas, la mayoría de soja.

 Grabois acuñó la frase de que vuelva Cristina pero sin los chorros. Esto le valió un repudio de uno de ellos, el ex ministro de Planificación kirchnerista, Julio De Vido, quien le respondió: “El viejo truco de los malos delincuentes: ser vigilante. Anda a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, BASURA”.

Con esto Grabois trata de esconder que los negocios corruptos son intrínsecos al sistema capitalista que el peronismo defiende. Por eso hace falta luchar por una Argentina socialista, como proponemos desde Izquierda Socialista.

Aquellos trabajadores y jóvenes que siguen con atención los pasos de Grabois no encontrarán ninguna solución de fondo. Desde el Frente de Izquierda proponemos lo opuesto de Grabois. Porque solo podremos superar la pobreza y recuperar el salario, la salud y la educación si rompemos con el FMI, recuperamos todas las empresas privatizadas por Menem, nacionalizamos la explotación e industrialización de los hidrocarburos y el litio y hacemos una verdadera reforma agraria.

Escribe José Castillo

El superministro de Economía intentará que le aprueben los “deberes”: el mayor ajuste sobre educación, salud y obras públicas y el tarifazo en curso. Se reunirá también con transnacionales del gas y el petróleo para ofrecerles más privilegios.

Sergio Massa se sumará al resto del equipo económico que, con el viceministro Gabriel Rubinstein a la cabeza, hace ya varios días que está rindiendo exámen ante los funcionarios del FMI. Ahí está lo central del viaje: el gobierno argentino en marzo pasado, cuando firmó el acuerdo con el Fondo, cedió todas las decisiones de política económica al organismo, y ahora deberá dar cuenta de si cumplió o no con el superajuste exigido por éste. Del resultado de esta reunión dependerá si se aprueba o no el desembolso de 4.000 millones de dólares al que corresponde llegar este mes. Aclaremos que, en caso de respuesta positiva, este dinero en ningún caso se tratará de “dinero fresco” que podrá ser utilizado para resolver necesidades populares, sino simplemente de lo necesario para poder pagar los vencimientos de deuda con el propio Fondo. O sea un simple “pasamanos” para demostrar que sigue moviéndose e incrementándose la bola de nieve de la deuda mientras continúa el ajuste.

Massa lleva como tributo al FMI las medidas de ajuste implementadas en los últimos días. Podrá mostrarle al Fondo que cumplió con lo prometido por Silvina Batakis en su visita anterior (cuándo ésta aún era ministra) de congelar todas las vacantes en el sector público. Le ofrecerá que se sigue ajustando a los jubilados y empleados públicos (ya que la inflación corre por arriba de los aumentos), que se pusieron en marcha los tarifazos del gas, electricidad y agua y que se achicaron las partidas en educación, salud y obras públicas. Un ajuste que, sumado, es de casi 300.000 millones de pesos.
¿Alcanza para llegar a fin de año con la meta de reducir el déficit a 2,5% del PBI? Es evidente que no, y esa será la primera respuesta del staff del FMI, que le exigirá mayores medidas de ajuste para el último trimestre del año.

El otro gran tema son las reservas del Banco Central. Es que el gobierno del Frente de Todos se comprometió a terminar el año pudiendo mostrar en que tenía al menos 5.800 millones de dólares de reservas disponibles, como señal de que ahí se estaba juntando la plata para cumplir con los vencimientos de deuda. Y el gobierno hasta ahora no lo está logrando. Massa mostrará el acuerdo recientemente ofrecido a los monopolios agroexportadores y grandes terratenientes sojeros, así como a las automotrices y megamineras, donde a cambio de grandes privilegios tiene promesas de pronta entrada de divisas.

Las reuniones con las transnacionales

En su desesperación por conseguir divisas, Massa se reunirá también con varios actores del establishment económico yanqui. Lo más novedoso será su encuentro con las grandes transnacionales del gas y la energía, a las que les ofrecerá mayores privilegios si aumentan sus inversiones en Vaca Muerta. Se habla de un nuevo “Plan Houston”, refiriéndose a una propuesta hecha en su momento por Alfonsín en 1988, todo un preludio de lo que terminó siendo la privatización del gas y el petróleo años después. Pero lo concreto, más allá de lo que se defina en esta reunión, es que todo el programa de Massa es ofrecer más y más privilegios para que los monopolios vengan a saquear nuestros recursos y ambiente. Todo a cambio de algunos dólares más para poder cumplir con los pagos de deuda externa.

La salida está en otra parte

Nada puede esperar el pueblo trabajador de este viaje, que nos muestra el corazón del programa económico del actual gobierno: ajustar y ajustar, monitoreado por el FMI, mientras se ofrecen nuestras riquezas a quién quiera venir a saquearlas. Todo con el horizonte de poder cumplir con los futuros pagos de una deuda ilegal, inmoral, y encima impagable.

Volvemos a insistir: la salida para nuestro país y su clase trabajadora está justamente en lo opuesto: hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, suspender inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa, reestatizar todos nuestros recursos gasíferos y energéticos, así como las empresas de servicios públicos, nacionalizar la banca y el comercio exterior. Y así, con todos esos recursos, aplicarlos a resolver las necesidades más urgentes del pueblo trabajador: salario, trabajo genuino, educación, salud y vivienda.

Escribe José Castillo

El gobierno de Alberto Fernández, por intermedio del ministro de Economía Sergio Massa, se ha lanzado a garantizarle super-ganancias a varios conglomerados de monopolios exportadores.
Lo más importante, sin duda, fueron los anuncios del domingo 4 por la noche. Allí, Sergio Massa anunció un dólar diferencial (más alto) para los exportadores del complejo sojero (porotos, harina, aceites, pellets y otros derivados). En concreto, el gobierno les asegurará durante todo el mes de septiembre un dólar a 200 pesos, en lugar de los 145 que vale el oficial, o sea una mejora del 38%. Como reconoció el propio Massa: “sería lo mismo que bajar las retenciones a cero”.

Massa anunció esto luego de negociaciones con los grandes exportadores y terratenientes. Se trata de una política “a medida” de estos sectores, como lo confirman dos hechos. El primero, los dichos del propio Massa, de que ya tenía garantizado el ingreso de 1.000 millones de dólares de liquidación en las primeras 72 horas de vigencia de la medida y 5.000 millones a lo largo del mes. Lo segundo, la presencia durante el anuncio de todo el arco del negocio agroexportador, con representantes de Dreyfus, Aceitera General Deheza, Viterra, Cofco, Bunge, Cargill, Molinos Agro, Sygenta, y las principales bolsas de cereales del país.

Por supuesto, Massa también dijo “para la tribuna” que los mayores ingresos permitirán fortalecer las economías regionales y atender a los sectores más vulnerables, vía el Anses. Cuando es un secreto a gritos que de lo que se trata es de aumentar las reservas para atender la demanda de los especuladores financieros, los fugadores de divisas y las exigencias del FMI.

Privilegios para automotrices

El jueves pasado fue aprobado también en el Senado (y hecho ley) el proyecto de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista. Tal como fue informado en los medios, se lo hizo por pedido especial del ministro Massa, que lo solicitó como parte de este paquete de “leyes productivas”.

El proyecto declara oficialmente como “estratégica” a la industria automotriz-autopartista y a todos los eslabones de esa cadena productiva. Por eso se le otorgan una serie de privilegios fiscales, el más importante de los cuales es que pagarán 0% de derechos de exportación (retenciones) de acá al 31 de diciembre de 2031. Además, las empresas accederán a una devolución anticipada del IVA y a poder contabilizar una “amortización acelerada por inversiones en bienes de capital y obras de infraestructura” en el Impuesto a las Ganancias. O sea, en la práctica pagarán cada vez menos de todos los impuestos hoy vigentes.

La excusa es “fomentar la industria nacional”. Pero se trata de una auténtica burla, ya que las transnacionales del sector podrán acceder a estos beneficios, debido a que el contenido mínimo nacional para hacerlo deberá ser de apenas 15% en los primeros tres años de producción y 20% en los dos siguientes. O sea, una empresa que fabrique automóviles con un 80% de contenidos importados será considerada “nacional”. En el caso de los motores que se produzcan, ese contenido nacional tendrá que ser del 10% durante los primeros tres años y 15% en los siguientes dos. Una auténtica farsa.

También beneficios para las megamineras

Massa tiene también en cartera, y muy probablemente se anunciará esta semana, un nuevo régimen de disponibilidad de divisas para el sector minero. Se tratará de facilidades en el acceso a las divisas al tipo de cambio oficial, de modo tal que las empresas puedan girar sin trabas dividendos a sus casas matrices ubicadas en diferentes partes del mundo. ¡Ni siquiera se les exigirá que reinviertan sus superganancias en el país!

En síntesis, todo para estos monopolios, y ni una sola medida a favor del pueblo trabajador.

Escribe Guido Poletti

Sin cubrir el requisito legal de pasar por audiencias públicas, y sin que cada usuarios tenga claridad de a cuánto se le está cobrando la luz que está utilizando, entró de hecho en vigencia el tarifazo eléctrico.

El único dato que existe para calcular los valores, fue el divulgado por la secretaría de Energía. Según este, aquellos que no se hayan inscripto en el registro, pertenezcan al nivel 1 (de “altos” ingresos) o consuman más de 400 kW por mes (o más de 550 kW si es una zona donde no llega la red de gas) sufrirán un aumento de 28% promedio. Un usuario de inscripto en el registro con nivel 2 (ingresos bajos), tendrá una suba de 15%. Claro que este no será el único incremento, ya que sufrirá otro en el mes de noviembre. Y luego otro en el próximo febrero, hasta “completar” el total del tarifazo.
Todo esto es lo que corresponde a las boletas que reciben los usuarios particulares. Pero a esto habrá que sumarle los aumentos que vengan en lo que se llama “usuarios generales”. Ahí el tarifazo se sentirá mucho más, e incluye desde la luz general de un edificio que forma parte de las expensas o lo que paga un kiosco o pequeño comercio.

En el caso del gas, donde también ya está corriendo el aumento, lo único que está claro es que las empresas Metrogas y Naturgy (que opera en la provincia de Buenos Aires) tienen cuadros tarifarios que autorizan aumentos de hasta el 100% entre este mes y el próximo febrero para el nivel 1, sin más datos de cómo ya está afectando al nivel 2 donde se encuentran la mayoría de los usuarios. Pero, sin que quepa ninguna duda, también habrá fuertes porcentajes de aumentos de tarifa sobre este sector.

En medio de una inflación por las nubes y la virtual pulverización de salarios y jubilaciones, esto es un nuevo ataque al bolsillo; con el doble objetivo de cumplir con el ajuste exigido por el FMI, pero a la vez seguir garantizando sus ganancias a las privatizadas. Por lo primero, la salida es romper con el Fondo y dejar de pagar la deuda. Por lo segundo, hay que reestatizar todas las empresas de servicios públicos privatizados y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus trabajadores y usuarios.

Escribe Laura Marrone, legisladora porteña (mc) Izquierda Socialista/FIT Unidad

La población con discapacidades de nuestro país, alrededor del 10%, sufre un nuevo ataque por parte del gobierno peronista del Frente de Todos. Aquellas personas que tienen obra social y acceso a prestaciones básicas ven peligrar su continuidad. Las y los profesionales que las atienden no cobran desde hace meses. Están tercerizadas con contratos basura, vía asociaciones particulares, precarizadas, con salarios inferiores a los nomencladores de sus profesiones. Y están sosteniendo sus servicios sin recibir nada, para no abandonar a las personas con discapacidades. Las familias están viviendo en la incertidumbre sobre qué pasará mañana. Estas semanas la situación explotó y decidieron realizar actos y movilizaciones en muchas provincias, para hacerse escuchar, junto a trabajadores, familiares y personas con discapacidades y un gran acompañamiento social.

El gobierno del Frente de Todos y las Obras Sociales se escudan, dicen que es un error de programas, que no hay recorte y que rápidamente se resolverá. Pero son los responsables de los fondos que sostienen estas prestaciones y, si no fuera por las movilizaciones, seguirían con el ajuste y sin pagar.

El gobierno prepara un DNU para crear un “Fondo Nacional para la cobertura de las prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad”, previstas en la Ley 24.901, donde se haría cargo de las prestaciones para toda la población, no solo aquellas que no tienen obra social. Aunque la propuesta pareciera responder a una necesidad imperiosa, los efectos prácticos de este decreto serán que las Obras Sociales se saquen de encima la responsabilidad de atender a las personas con discapacidad de las familias de sus afiliados y el Estado dé unos míseros pesos que no alcancen para cumplir con la atención debida.

Nosotros proponemos que, en primer lugar, las Obras Sociales garanticen ya el dinero para las prestaciones correspondientes a sus afiliados. Que el gobierno deje de confiscar los fondos de las Obras Sociales, que salen de los aportes de los trabajadores. Que  invierta los fondos necesarios para que nadie se quede sin prestación con un Fondo de Emergencia y que, al revés de lo que hace, ese dinero salga de los pagos de la fraudulenta deuda externa. La solución de fondo requiere la integración de las prestaciones a las personas con discapacidades, con y sin obra social, en un Sistema Único Nacional de Salud Gratuito. Que se integre al personal hoy tercerizado, al régimen laboral del Estado en igualdad de derechos que el resto del personal de la salud pública. Que no se reduzca ni un peso a los fondos para personas con discapacidades para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta y cumplir las metas con el FMI. Reclamamos el pago inmediato a todas las personas que prestan servicios a las personas con discapacidades, la equiparación salarial a las profesiones de los nomencladores del estado y el cumplimiento de la Ley 24.901.