Con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, Ismael Jalil, de la Correpi y activista de la causa palestina, el “Pollo” Sobrero, organismos de derechos humanos, sindicales y políticos.

27 de agosto, 15hs, en la seccional Gran Buenos Aires - Oeste (Constitución 218 - Haedo)

Escribe José Castillo

El astronómico incremento del boleto de transporte en el AMBA es un auténtico mazazo al ya castigado salario de las y los trabajadores. A eso se suma los anuncios de nuevos aumentos para el mes que viene.

La escena se repite a cada rato: pasajeros que, desesperadamente, tratan de saltar molinetes porque no tienen más crédito en la tarjeta SUBE, gente que en el colectivo pide por favor si alguien le puede pagar el pasaje (o a veces que el chofer los lleve gratis). Y también la contrapartida: extraños personajes vestidos “de negro”, con saco y corbata, parados sin identificación en casi todas las estaciones del Subte, contratados ilegalmente por EMOVA, con el objetivo de evitar que alguien se cuele.

¿Qué hay detrás de todo esto? Las consecuencias de un nuevo tarifazo en el transporte público (tren, colectivos y subte) de Capital y Gran Buenos Aires. Para medir sus consecuencias, recordemos que la inmensa mayoría de las y los trabajadores toman dos medios de transporte para llegar a su lugar de trabajo o estudio (o sea, cuatro por día), un presupuesto imposible de solventar. Ya se escuchan testimonios de personas que, con trabajos informales, hacen cuentas y dicen que ni siquiera les conviene ir a trabajar, ya que gastan más de lo que ganan. Que hoy nos refiramos a este hecho que afecta al AMBA no quiere decir que el resto del país esté mejor, simplemente allí los tarifazos se dieron antes y el boleto es igualmente impagable.

En el caso del AMBA, desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, el costo del boleto mínimo aumentó un 600% en sólo ocho meses de gestión.

El último aumento, vigente desde el 12 de agosto, fue del 37%. Un auténtico mentís a la propaganda del gobierno de que “se acabó la inflación”. A todo esto se suma el anuncio del gobierno de Milei de que, a partir de septiembre, dejará de subsidiar totalmente el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires (lo que anticipa un nuevo aumento). El gobierno también informó que en breve se podrá pagar el boleto con cualquier medio de pago (billetera virtual, tarjeta de débito o crédito), lo que implica, al quitarle ese rol a la tarjeta Sube, que desaparecerán los descuentos por combinar dos o más viajes consecutivos, otro golpe al bolsillo.

¿Hasta dónde llegará el ajuste?

El gobierno ultraderechista de Milei avanza con su superajuste al servicio de incrementar las ganancias de las grandes patronales, los especuladores financieros, los buitres de la deuda y el FMI. Ya pulverizó los salarios y las jubilaciones. Provocó medio millón de despidos. Generó una recesión que liquidó los ingresos de los que viven de changas o de ocupaciones informales. Ahora se apresta a reglamentar una flexibilización laboral furiosamente antiobrera. Les aumentó los impuestos a las y los trabajadores (con la restitución a descuentos por “ganancias” para los salarios) y se los bajó a los ricos y a las empresas. Liberó los alquileres, que pegaron saltos astronómicos, al igual que las prepagas y los medicamentos. Todo esto mientras desfinancia a límites extremos la salud y la educación públicas y habilita el saqueo de los recursos naturales con el RIGI.

No hay salida con este programa. Es mentira que, en algún momento, más cercano o más lejano, vendrá una recuperación que favorecerá al pueblo trabajador. Si dejamos que avance, la realidad será cada vez peor.

Por eso, al mismo tiempo que salimos a pelear contra todas y cada una de las medidas de este ajuste, reclamando a la CGT que rompa su pacto desmovilizador y llame a un nuevo paro general y un plan de lucha, tenemos que oponer otro programa económico, como el que proponemos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Que sea realmente alternativo, obrero y popular, opuesto por el vértice al actual. Que empiece por suspender inmediatamente todos los pagos de deuda externa, que rompa con el FMI, que les cobre fuertes impuestos a los ricos y las grandes empresas, que nacionalice la banca y el comercio exterior y reestatice las privatizadas. Para así, con todos esos recursos en nuestras manos, ponerlos en marcha para resolver las más urgentes necesidades populares: salarios y jubilaciones dignas, trabajo genuino para todos y fondos para salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El dato de Unicef es aterrador: en nuestro país 1,5 millones de niñas y niños se saltean una comida al día porque sus padres y madres no tienen dinero para comprar alimentos.

Un dato de esta magnitud nunca se había reflejado en toda la historia argentina. Es la contracara de los números dados a conocer la semana pasada, que mostraba que  el 70% de les niñes aparecían bajo la línea de pobreza y el 30% bajo la de indigencia.

Todo esto resulta de una suma de factores, todos consecuencia obvia del superajuste de Milei. Primero y principal, la caída en picada de los salarios, que deja a millones de familias sin poder adquirir lo más básico de la canasta familiar. Agreguemos a esto que hay medio millón de personas que directamente perdieron sus ingresos al ser despedidas. La recesión hace que también quienes viven de changas o trabajos informales vean reducidos extremadamente sus ingresos.

Claro que a esta realidad le debemos sumar el desmantelamiento de todas las redes de ayuda social, empezando por el desfinanciamiento de miles de comedores populares, a los que desde la asunción del gobierno de Milei ya no les llega dinero ni comida.

El hambre y la desnutrición infantil son la peor cara, la más cruel, del plan que lleva adelante el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza. Otro motivo que hace más urgente que nunca que la CGT y las CTA rompan la tregua, lancen un nuevo paro general y un plan de lucha para enfrentarlo.

Escribe José Castillo

Se viene la reglamentación de la reforma laboral que fue votada en la Ley Bases. Se trata de una auténtica declaración de guerra contra la clase trabajadora. Su intencionalidad es clara: barrer con la legislación laboral que se ganó con décadas de lucha.

Todo, absolutamente todo, es a favor de las patronales y contra las y los asalariados. Veamos:

Se extiende el período de prueba a 6 meses (y a 8 para empresas de 6 a 100 trabajadores, e incluso hasta un año para patronales con entre uno y 5). Toda una invitación a emplear y despedir a los pocos meses sin pagarles un peso, como material descartable.  

Se eliminan las sanciones de todo tipo (infracciones, multas, acciones penales, intereses punitorios por sanciones anteriores no pagadas) a las patronales que violaron la ley teniendo trabajadores en negro.
A las y los trabajadores que estaban contratados en negro por sus patronales y ahora sean blanqueados, sólo se le considerarán hasta cinco años de aportes (si venían trabajando en esas condiciones desde más tiempo, pierden todo ese período). Peor aún, esos cinco años no se considerarán para el cálculo del haber inicial jubilatorio.

Se les da más herramientas a las patronales para desconocer la relación de dependencia y de esa manera evitar pagar indemnización por despidos. Así, quedan expresamente fuera de la ley de Contrato de Trabajo, los contratos de obra, de servicios y de agencias. Además, si el empresario está inscripto como monotributista, podrá contratar hasta tres empleados como “colaboradores”, sin que eso se considere relación de dependencia (y, obviamente, podrá despedirlos gratis cuando lo desee).

Se habilita además a que, en acuerdo con la burocracia sindical, se pueda cambiar el régimen de despidos de la ley de Contrato de Trabajo por el “fondo de cese laboral”, similar al que tiene la Uocra actualmente.

Se facilita despedir a trabajadoras y trabajadores por discriminación. Bastará pagar unos centavos más de indemnización, pero se deroga la legislación actual, donde en esas situaciones la justicia podía declarar nulo el despido y obligar a la reinstalación del trabajador en su puesto.

Se avanza con toda una legislación antisindical y de recorte del derecho a huelga, ya que se considerará justa causa de despido la participación en bloqueos o tomas de establecimientos.

En síntesis, el gobierno ultraderechista de Milei muestra, con esta reglamentación, su peor cara pro-patronal y a favor de la superexplotación. Habrá que salir a dar pelea para impedir que esto se ponga en marcha.

Escribe Marcela Almeida, delegada gremial de la junta interna ATE Indec

El miércoles 7 de agosto se conoció el fallo condenatorio en el juicio contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno por la manipulación de las estadísticas del Indec desde el año 2007.

Un poco de historia

Hace ya diecisiete años, en enero de 2007, se produjeron dos hechos que tuvieron consecuencias durante muchos de los años posteriores.

Por un lado, el gobierno peronista de Néstor Kirchner, a través de Guillermo Moreno decide empezar a falsear las estadísticas que tienen que ver con la inflación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una inflación de más del 2 % era inaceptable. Y, en vez de enfrentar de verdad a los grandes empresarios formadores de precios, decidieron cambiar el indicador que medía el Indec.

Por otro lado, las y los trabajadores nucleados en ATE-Indec, decidimos denunciar esta intromisión en un organismo técnico y contarle a la clase trabajadora y sectores populares la cantidad de consecuencias que iba a tener esta manipulación. El IPC sirve como referencia para actualizar los salarios en paritarias e, indirectamente, como insumo para las mediciones de pobreza, por ejemplo, entre otras cuestiones.

Organizados democráticamente en asambleas y nucleados en ATE, fuimos llevando adelante las denuncias públicas cada vez que se publicaba la inflación cada vez más manipulada, imponiendo que todos los meses había un “abrazo al Indec” de sus trabajadores y trabajadoras, defendiendo las estadísticas públicas como patrimonio de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo trabajador.

La intervención de Moreno se vio sorprendida por la reacción de gran parte de las y los trabajadores y encaró una ofensiva a través de una patota más ligada a los barrabravas y a la burocracia sindical peronista que a los institutos de estadísticas. Además de los funcionarios y directores que se opusieron a la manipulación se instaló un clima de violencia, aprietes y persecución hacia las y los trabajadores que denunciaban mes a mes la falsificación de las cifras. Hubo despidos, amenazas y hasta violencia física.

Mientras tanto, desde ATE-Indec, nos rodeamos de la más amplia solidaridad de distintos sectores gremiales y políticos. Tuvimos que discutir con muchos de nuestros propios compañeros porque el peronismo kirchnerista había instalado una especie de finalidad “patriótica” en la falsificación de las cifras, decían que era para pagar menos deuda externa ya que había bonos atados a la inflación inventados por el mismo gobierno. Todo falso. Nos acusaban de ser cómplices de los bonistas, de hacerle el juego a la derecha y, pacientemente, explicamos con palabras y con acciones que lo nuestro era la defensa desde las y los estatales de nuestro trabajo y de estadísticas públicas confiables. Justamente quienes nos acusaban fueron los mismos que una vez que volvieron al gobierno peronista con Alberto Fernández en 2019 convalidaron y pagaron los exorbitantes incrementos de deuda externa contraídos por Caputo en el gobierno de Mauricio Macri.

Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad, estuvimos desde el primer día en esta lucha que duró más de ocho años, siendo parte e impulsando todas las iniciativas. Integramos la Junta Interna de ATE-Indec y enfrentamos junto a centenares de trabajadoras y trabajadores colectivamente el hostigamiento de Moreno y su patota.

Con la lucha inclaudicable de años impusimos no solo el final de la manipulación de las estadísticas públicas, sino que también instalamos que las mismas constituyen una herramienta para el pueblo trabajador y como tal debían ser defendidas. Ninguno de los gobiernos posteriores se atrevió a echar mano de la manipulación para ocultar ni la inflación ni la pobreza ni ningún otro índice.

Llama la atención en ese sentido que el máximo responsable directo de la intervención del Indec, Guillermo Moreno, se postule como figura para la reorganización del peronismo y que sectores de dicho partido intenten levantarlo como una nueva figura emergente.

Moreno lejos de ser una figura “progresiva” que traiga soluciones a los problemas que hoy aquejan a las y los trabajadores es un dirigente peronista que jugó un rol nefasto en los gobiernos peronistas kirchneristas y que hoy se presenta como algo nuevo cuando no lo es.

Después de este fallo es muy importante remarcar el rol que juega la organización democrática de las y los trabajadores a la hora de defender nuestros derechos y los del pueblo trabajador. Y también recordar que estos personajes que ahora intentan reciclarse con apariciones mediáticas como Moreno no pueden traer nada bueno porque representa lo peor de los gobiernos peronistas de los últimos años.

La única salida real para las y los trabajadores son los cambios de fondo que proponemos desde el Frente de Izquierda que empiezan por romper con el FMI y que la plata que hoy se destina a pagar la deuda externa fraudulenta vaya a salario, trabajo, salud y educación. Seguiremos peleando en las calles y en cada sector de trabajo por esa perspectiva.