La noticia de los últimos días fue el aumento récord de la inflación, el valor mensual más alto desde abril de 2002. Con el astronómico 6,7%, se acumula ya un 16,1% en el primer trimestre del año. Los aumentos de alimentos y otros productos de la canasta familiar fueron mayores aún.

El gobierno peronista de Alberto Fernández, en crisis y cruzado por las internas, trata de disimular la situación con medidas cosméticas y totalmente insuficientes. Aprovechando para confirmar en su puesto al ministro de Economía Martín Guzmán, anunciaron un bono de 9.000 pesos mensuales (a cobrarse durante sólo un bimestre), en lo que ellos mismos definieron como un “IFE acotado” que cobrarán los monotributistas de las categorías A y B, las y los trabajadores en negro y las empleadas domésticas. Estos montos no cubren ni de lejos la canasta de indigencia que supera los 40.000 pesos. Por otra parte, como muestra de donde están las prioridades de este gobierno, el costo fiscal total de estos bonos más el de 12.000 pesos que se le otorga a las y los jubilados que perciben hasta dos haberes mínimos, ascenderá a 200.000 millones de pesos. ¡Una migaja al lado de la plata que se está poniendo para pagar cada vencimiento de deuda externa, sea al FMI o a los acreedores privados!

Los anuncios de Alberto Fernández también incluyen un nuevo impuesto llamado “a la renta inesperada”, que supuestamente deberían abonar aquellas empresas que facturen más de 1.000 millones de pesos por año. Claro que, como ya nos tiene acostumbrado el gobierno del Frente de Todos, está medida entrará “en estudio” convocando “las fuerzas laborales, productivas y políticas” para “construir ese mecanismo”. Traducido: eso va a una mesa de debate donde lo más probable es que no salga nada. Hasta la propia vicepresidente Cristina Fernández, sin duda tratando de echar leña al fuego a su propia interna con Alberto Fernández, sostuvo que este impuesto nunca saldría: “es pura saraza” afirmó (Infobae, 19/4). Se olvidó de decir que otra expresión del doble discurso es su propio proyecto de blanqueo para los capitales fugados al exterior. Es que el peronismo kirchnerista solo busca despegarse discursivamente de las consecuencias del ajuste, mientras sigue diciendo que hay que pagar la deuda y arreglar con el FMI, sólo que ellos “lo hubieran hecho distinto”.

Terminada la puesta en escena con estos anuncios en el salón Blanco de la Casa de Gobierno, el ministro Guzmán salió raudamente hacia Washington para dirigirse a cumplir la verdadera tarea, la que realmente le importa al gobierno: una nueva reunión con el Fondo Monetario. Un paso más en el camino de monitoreo del ajuste que lleva adelante el organismo. Orgullosamente, Guzmán le lleva como trofeo el cumplimiento de las metas de ajuste del primer trimestre del año. Por supuesto, a costa de jubilaciones y salarios estatales a la baja, reducción del gasto, aumentos de tarifa y congelamiento de los planes sociales.

Si cada vez son más los sectores del pueblo trabajador que se sienten desilusionados con el gobierno del Frente de Todos, nada bueno puede surgir tampoco de la oposición patronal de Juntos por el Cambio. Macri, Larreta, Patricia Bullrich, Morales, Manes, debaten inmersos en su propia crisis para dirimir las futuras candidaturas. Pero hay un punto donde todos coinciden: si llegan al gobierno avanzarán en un ajuste “mucho más veloz y profundo” que el que llevaron adelante cuando gobernaron entre 2015 y 2019. Que incluirá, por supuesto, las reformas laboral y previsional.

Ni gobierno ni oposición patronal ofrecen ninguna salida favorable para el pueblo trabajador. Mucho menos Milei, que ahora se despachó con “cerrar el ministerio de Educación” y lanzó un ataque desaforado contra las universidades públicas. Por eso es necesario y urgente el fortalecimiento de una alternativa política que plantee un programa de emergencia, obrero y popular que, arrancando de romper con el FMI y dejar de pagar la deuda, resuelva las más urgentes necesidades de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Esa alternativa es la que venimos construyendo desde el Frente de Izquierda Unidad, planteando que deben gobernar los que nunca lo han hecho, los que no tienen complicidades con el ajuste que vinieron llevando adelante durante décadas peronistas, radicales y macristas. En suma, sosteniendo que quienes deben gobernar son las y los trabajadores. Para postular todo esto, el próximo 1° de Mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, realizaremos un gran acto en Plaza de Mayo, que replicaremos en las principales plazas de las provincias. Desde Izquierda Socialista te invitamos a participar. Vení con tus compañeras y compañeros de trabajo, estudio, con tus vecinos, amigas, amigos y familiares. Te esperamos.  

Escribe José Castillo

La inflación mensual de marzo, de 6,7%, fue la más alta desde abril de 2002. Un auténtico récord que tiene como contrapartida la virtual pulverización de salarios y jubilaciones. Es necesaria otra política, para resolver el drama que hoy vive el pueblo trabajador.

El número estadístico se terminó de conocer el pasado miércoles 13, pero no sorprendió a nadie. Primero y principal a los propios trabajadores, que ya veían la carestía desaforada en las góndolas, en particular en alimentos y bebidas. Pero incluso el propio gobierno del Frente de Todos, sabiendo que no se puede tapar el sol con las manos, empezó a atajarse en los días previos. El ministro de Economía Martín Guzmán, como si no fuera el responsable sino un mero comentarista, dijo en una entrevista televisiva que el número “iba a ser superior al 6%”. Y claro que lo fue, por lejos: 6,7%. Y, para peor, otra vez con alimentos y bebidas más por encima todavía: 7,2%. El primer tarifazo de gas y electricidad (del 20%) se hizo sentir en el rubro “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” con un incremento de 7,7%. La ropa también se fue a las nubes, subió un 10,9%. Y la canasta educativa, que pega con todo en el comienzo de clases, creció un 23,6%. Con todo esto, la inflación oficial anualizada da 55,1%. Solamente en este primer trimestre del año, ya  subió 16,1%.

No queremos abrumar con más números. Con estos basta y sobra para darse cuenta que están por encima de cualquier acuerdo paritario, y ni que hablar de lo que sucede con los trabajadores precarizados.

¿Y el gobierno?

El presidente Alberto Fernández hace más de un mes dijo que comenzaba “la guerra contra la inflación”. Puras palabras. Solo se anunciaron algunas “canastas” de supuestos precios cuidados, que luego casi ni se vieron en las góndolas; los anuncios de que las grandes empresas y supermercados iban a retrotraer los aumentos de marzo tampoco se hicieron realidad; y, a pesar de que se llegó a denunciar en los medios cuáles eran las empresas que abusaban e incrementaban los precios de sus productos, no se sancionó a nadie. Se habló de “desacoplar” los precios internos de los internacionales (particularmente el trigo y la carne), poniendo un impuesto a los exportadores (retenciones) para que estos se vieran obligados a vender en el mercado interno a un menor precio. Pero, incluso más allá de la dudosa efectividad de esta medida, ni siquiera se llevó adelante: apenas si se aumentaron mínimamente las retenciones a la harina y el aceite de soja.
Como si todo esto fuera poco, el gobierno del Frente de Todos, para cumplir con las exigencias del FMI, avanza con la segunda etapa de los tarifazos de luz y gas, que volverán a pegar sobre los bolsillos populares. E incluso viene subiendo mes a mes la tasa de interés, encareciendo los créditos y los pagos con tarjeta. Detrás de todo esto hay un secreto a voces: en definitiva al gobierno le conviene que haya inflación, ya que así va licuando salarios de trabajadores del estado, jubilaciones y gastos sociales, por el simple expediente de “aumentarlos” menos que la inflación. La receta ideal para cumplir las exigencias de ajuste del FMI.

Hace falta otro programa

Millones de trabajadores se preguntan casi desesperadamente que hacer frente a una situación que los hunde cada vez más en la pobreza, y varios miles incluso en la indigencia.

Primero y principal, hay que recomponer urgentemente los ingresos de las y los trabajadores. Se necesita un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar, hoy calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos. Y, a partir de ahí reabrir todas las paritarias, sin techo alguno, con cláusulas de reajuste mensual de acuerdo a la inflación. Del mismo modo, también hay que otorgar un incremento de emergencia para las jubilaciones, llevando la mínima al valor de la canasta de la tercera edad (90.720 pesos) y aplicar desde allí el 82% móvil. También es necesario el otorgamiento de un ingreso de emergencia mensual (al estilo IFE) para todo  el que lo necesite, que evidentemente no puede ser de 9.000 pesos mensuales (18.000 en dos meses) como se anunció, cuando la canasta de indigencia supera los 40.000 pesos.

La segunda medida para combatir la suba desaforada de los precios debe ser la implementación efectiva de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Y, lo más importante, que se verifique su cumplimiento y se sancione a quiénes lo violen aplicando la ley de abastecimiento que permite multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores.

La tercera medida, para terminar con la especulación de los que exportan productos alimenticios (trigo, maíz y carne) y que, buscando beneficiarse de la suba de los precios internacionales, trasladan esos valores al mercado, es la nacionalización del comercio exterior. Así se terminará con las subas astronómicas de los cortes de carne y de los productos panificados (pan y fideos).

La cuarta medida, es no seguir alimentando la bicicleta financiera, con más subas de las tasas de interés, que encarecen el crédito popular y terminan en los bolsillos de los bancos. Para esto hay que nacionalizar la banca, y así generar crédito barato para quien lo necesite.

Por último, no hay lucha contra la inflación mientras estemos sometidos al plan de ajuste del FMI. Esto lo vemos estos días con la llegada del nuevo tarifazo, a la medida de las exigencias del Fondo. Romper con las cadenas que nos atan a este organismo es una parte sustancial de cualquier programa antiinflacionario.

Estas son las medidas reales que, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, planteamos para luchar contra la carestía y defender realmente los intereses populares.

Escribe Mariano Barba
 
La inflación achica el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y desocupados que reciben un plan. Ante la creciente bronca de la población, el gobierno habilita la reapertura de las paritarias, mientras otorga un bono, totalmente insuficiente, a los trabajadores informales, los monotributistas de categorías más bajas y las empleadas domésticas. El pronóstico es obvio: la pobreza crecerá.
 
Con la Resolución 388/22 el Ministerio de Trabajo habilitó la reapertura anticipada de las negociaciones salariales de este año, tanto a las que tuvieran acuerdos o convenios colectivos no vencidos como también a las que tienen convenios colectivos con término vencido y no tuvieran negociaciones en curso. Entre los gremios que concurrirán al Ministerio se encuentran la Uocra, Camioneros, Sanidad, Gastronómicos, Seguridad, Maestranza, Plástico, Pasteleros, Seguros, Alimentación, Textiles, Televisión, Mecánicos, Aguas Gaseosas, Vestido, Químicos, Gráficos, Molineros, Viajantes y Madereros, entre otros. Se suman a las negociaciones que se vienen desarrollando con los bancarios y el personal de casas particulares.

La iniciativa surgió de las últimas reuniones que el Ejecutivo mantuvo con los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de la Unión Industrial Argentina (UIA). Por la burocracia participaron el triunvirato que dirige la CGT, el camionero Pablo Moyano, Héctor Daer de Sanidad  y Carlos Acuña de estaciones de servicio. La burocracia sindical solicita este adelantamiento sabiendo que el impacto inflacionario demuele los salarios. Pero enseguida las expectativas que puede despertar entre los trabajadores esta reapertura de las paritarias se desvanecerán ,porque la burocracia anuncia que su objetivo es alcanzar apenas el 20 % para el primer cuatrimestre. Una vez más va a ser por debajo de la inflación que ya alcanzó el 16,1% solo en los tres primeros meses. No es casual que el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja, expresó la conformidad ante la reapertura de las paritarias: sabe que sus mejores socios son los propios dirigentes sindicales. Encima de toda esta movida, hasta el momento, quedan fuera de radar los millones de trabajadores públicos, docentes y de salud de todo el país.

Los burócratas firmarán estos acuerdos sin ninguna consulta a la bases, ya que en sus métodos no están presentes las asambleas ni la elección democrática de los paritarios. Hacen lo opuesto a lo que proponen los sindicatos que integran el Plenario del Sindicalismo Combativo, que consultan todo con sus bases y exigen que el salario sea indexado según el avance del costo de vida, empezando por recuperar un porcentaje lo que se perdió en el 2020.

El resultado de las paritarias será solo un parche teniendo en cuenta que la canasta familiar para una familia tipo según ATE-Indec ascendió a 145.456 pesos. Este debería ser el piso salarial, que nos permita vivir dignamente, al que se debería llegar por un aumento salarial de emergencia. Y, a partir de ese valor, que se reabra la negociación de todas las paritarias.

Los bonos consolidan la pobreza

 Para morigerar un poco el hambre, el gobierno decretó el pago de un bono de emergencia a los trabajadores informales, los monotributistas de categorías A y B y las empleadas domésticas. Son 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 pesos en mayo-junio. Muy lejos del costo de la canasta familiar. Concluidos los dos meses, esos sectores que en su mayoría están por debajo de la línea de pobreza, volverán a cobrar sus ingresos actuales. Mientras tanto la inflación crece y envía mes a mes a sectores populares hacia un nivel de vida indigente.

Desde Izquierda Socialista sostenemos que los “bonos de emergencia” deberían transformarse en ingresos de emergencia permanentes y por montos que cubran la canasta familiar, al mismo tiempo que se avanza con trabajo genuino para todos los desocupados mediante un gran plan de construcción de viviendas populares financiada por el no pago de la deuda externa.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar un nuevo bono de 12.000 pesos destinado a los jubilados y jubiladas que perciben hasta dos haberes mínimos. O sea que lo percibirán quienes cobren hasta 65.260 pesos.
Esto, una vez más, no resuelve ni de lejos el drama de las jubilaciones de miseria. Y la constante pérdida del poder adquisitivo de todas y todos quienes las perciben.

Trimestre a trimestre, las y los jubilados vienen perdiendo frente a la inflación, porque en la fórmula jubilatoria, explícitamente, se obvió esta variable, para cumplir con el ajuste que terminó siendo firmado con el FMI. Además de continuar achatando la pirámide (para todos quienes perciben más de 65.260 pesos no hay nada), y de que estos bonos no se cuentan para los futuros aumentos trimestrales. Lo volvemos a repetir, hay que terminar con los bonos de miseria. Lo que se necesita es un aumento de emergencia, generalizado, para que la mínima pase a cubrir la canasta de la tercera edad, valuada en 97.238 pesos.  Y, a partir de ese valor para la jubilación mínima, aplicar el 82% móvil.

Escribe Adolfo Santos

El staff del Fondo Monetario Internacional que monitorea el acuerdo firmado con el gobierno del Frente de Todos, acaba de publicar un informe plagado de mentiras sobre la situación de las y los jubilados. Lo que dice el FMI es un disparate intencional para exigirle al gobierno más ajuste del que ya viene sufriendo el sector. Saben que el gobierno peronista es dócil con el poder económico y duro con los sectores más vulnerables, como demostró al cambiar la ley de movilidad jubilatoria por sumas fijas establecidas por debajo del índice inflacionario.

Los funcionarios fondomonetaristas dicen que en Argentina hay muchos jubilados en relación al total de adultos mayores, y que el sistema previsional paga haberes muy altos comparados con otros países. Sin pruebas que lo demuestren, el informe sostiene que el sistema previsional tiene una “amplia cobertura y beneficios generosos”, con haberes que representan el 90% de lo que el jubilado percibía en actividad. A partir de eso, sugiere “elevar la edad jubilatoria, achicar el número de beneficiarios, eliminar las moratorias y reducir los haberes jubilatorios”.

Es un informe insultante para los jubilados y jubiladas cuyo, haber promedio para quien aportó treinta o más años equivale apenas al 65% de lo que recibe un trabajador en actividad, y la mayoría de los seis millones de jubilados recibe el haber mínimo, muy lejos de las mentiras del FMI. ¿De qué “beneficios generosos” habla el Fondo cuando 4,5 millones de jubilados y jubiladas reciben miserables 32.630 pesos, apenas un tercio del costo de la canasta de necesidades básicas para ese sector, que es de 97.238 pesos según la Defensoría de la Tercera Edad?

El informe del FMI constituye un verdadero ataque a los jubilados y jubiladas para presionar por un ajuste mayor. Desmiente al gobierno peronista y al propio presidente Alberto Fernández, quienes repitieron hasta el cansancio que “el acuerdo con el Fondo no contempla ajustes ni reforma previsional o laboral” y que se trata de un “entendimiento inusual sin políticas de ajuste…”. Miente el FMI en su informe y miente el gobierno al decir que el acuerdo no traerá más ajustes y sufrimientos al pueblo trabajador.

La destrucción del haber jubilatorio y su reducción a niveles de miseria y de indigencia se ha ido consolidando en los últimos años. La política económica del gobierno, atada al acuerdo con el Fondo y con una inflación descontrolada, tenderá a profundizar esta penosa situación. Es necesario mantener una lucha consecuente y unitaria por la anulación de ese acuerdo y la suspensión del pago de la deuda para destinar esos fondos a pagar jubilaciones del 82% móvil, recomponer toda la escala jubilatoria y exigir que la jubilación mínima, sea igual al costo de la canasta básica del sector.