Escribe Guido Poletti

Javier Milei realizó una buena elección el pasado noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Junto con José Luis Espert fueron agrandados por los medios de comunicación, presentando a ambos como las sorpresas ganadoras de esa elección cuando la realidad fue que habían sido superados a nivel nacional por los votos del Frente de Izquierda.

Más allá del origen mediático del “fenómeno Milei”, el ahora diputado autodenominado libertario siguió concitando adhesiones, en muchos casos en sectores juveniles hartos de la corrupción, las falsas promesas y el desastre a que nos han llevado los sucesivos partidos que nos gobernaron.

Ahora lanzó su candidatura presidencial. Las encuestas le dan un porcentaje relativamente alto, de alrededor del 15%. Frente a este hecho tenemos que ser clarísimos: la propuesta de La Libertad Avanza es reaccionaria, antiobrera y antipopular y empalma con otros fenómenos ultraderechistas que se vienen dando en otros países del mundo. Milei es admirador de Donald Trump, tiene lazos con Bolsonaro y es parte de una alianza internacional ultraderechista conformada nada menos que por el partido franquista Vox del Estado Español.

Su conformación local también expresa su carácter reaccionario. La votación del año pasado llevó a la cámara de Diputados como compañera a Victoria Villarruel, negacionista del genocidio de la dictadura y defensora de los militares enjuiciados. Él mismo comenzó sus vinculaciones políticas en la década del 90 como asesor del genocida tucumano Domingo Bussi, cuando este fue elegido diputado nacional. Que esa relación no fue fortuita se ve ahora, ya que, buscando construir un armado nacional para su candidatura presidencial, consiguió sus primeros respaldos en el conservador Partido Demócrata y en Fuerza Republicana, hoy dirigida por el hijo de Bussi.

Milei y La Libertad Avanza son un radiador de cuanta causa reaccionaria ande dando vuelta. Su partido y sus aliados son parte fundamental del movimiento “celeste” antiabortista. Sus legisladores porteños se opusieron a realizar un homenaje en repudio al golpe del ‘76. Más cerca en el tiempo, en las últimas semanas se los vió lanzar un “movimiento antipiquetero”, y prometieron denunciar penalmente a los dirigentes de las organizaciones sociales que osen movilizarse, además de reclamar sacarle los planes a los que participen de las marchas.

Javier Milei sigue despotricando contra lo que llama “la casta política”. Pero no incluye en ella a todos. Hay excepciones. Por ejemplo, no formarían parte de dicha casta ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri, a los que invita a romper con “las palomas” (léase los sectores más “moderados” del PRO) para que se sumen a La Libertad Avanza. Por otra parte, ha dicho reiteradas veces que la mejor presidencia de la historia fue la primera de Carlos Menem, casualmente cuando se realizaron todas las privatizaciones que consagraron la entrega de nuestro patrimonio y significaron centenares de miles de despidos.

Y en lo que respecta a lo económico (ya que, a fin de cuentas, se vende como un “experto en economía”) su referencia es justamente Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Menem y De la Rua que terminó echado por la rebelión popular de diciembre de 2001. Todas sus propuestas económicas, desde dolarizar y cerrar el Banco Central, echar miles de empleados públicos, terminar con los planes sociales, llevar al extremo la flexibilización laboral, o volver a un sistema privado de jubilaciones, implican en los hechos liquidar las conquistas de la clase trabajadora conseguidas durante décadas. Se trata de un plan de super-ajuste, muchísimo mayor al actual que, saben, sólo puede imponerse con una fortísima represión.

Llamamos a los jóvenes y otros sectores populares que pueden mirar con simpatía las denuncias y los gestos provocadores de Milei a no dejarse engañar: es el huevo de la serpiente de una política ultrarreaccionaria.
La única alternativa realmente rupturista y sin compromisos con el pasado es la que planteamos desde el Frente de Izquierda Unidad: que gobiernen los que nunca lo han hecho, las y los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

Macri dio dos conferencias en Washington. En vista a las elecciones de 2023, insistió que en la Argentina se deben imponer reformas estructurales, desde el primer día de gobierno y sin gradualismo alguno. Promete un plan de mayor ajuste.

La semana pasada el ex presidente Mauricio Macri pasó dos días en Washington, invitado a dar charlas en el Instituto para las Américas de la Universidad Georgetown. La organización estuvo a cargo de Alejandro Werner, director de la academia y el exfuncionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) que comandó el acuerdo con el gobierno macrista en 2018.

En la antigua universidad jesuita el expresidente ratificó el modelo económico de PRO y Juntos por el Cambio: “Más y más personas entienden que necesitamos impulsar reformas profundas” de cara a las elecciones presidenciales de 2023.
¿Qué quiso decir? Que de darse un segundo mandato impondría más y mayor ajuste, sin gradualismo. Refiriéndose a las reformas laboral, previsional, tributaria, privatizaciones y despidos masivos de empleados públicos desde el primer día.
Así jugaría Macri y el PRO su “segundo tiempo”, acompañado por medidas como la que propuso Larreta de quitar los planes a todas las y los desocupados que protesten. Junto a Patricia Bullrich, las distintas variantes del macrismo y del radicalismo pretenden volver para imponer mucho más ajuste que en su primer mandato.

El PRO y Juntos por el Cambio: un tremendo saqueo a los bolsillos populares

Repasemos algunos datos. El expresidente terminó su gestión con 40,8% de pobreza (16 millones de personas). En un año produjo 2,8 millones de nuevos pobres, la marca más alta de la década, según un informe de la UCA.
Durante su gobierno los salarios perdieron el 20% de su poder adquisitivo y 174 mil trabajadores del sector privado se quedaron sin empleo. Con la inflación no se quedó atrás, dejó la más alta en casi tres décadas: 53,8% en 2019.
Pero mientras Macri castigaba al pueblo trabajador y a los sectores populares, pactaba 45 mil millones de dólares con el FMI para dárselos a los “bancos que se querían ir del país por miedo a que volviera el kirchnerismo”. Así, la banca privada aumentó enormemente sus ganancias: Banco Galicia 356%, ICBC 314%, HSBC 258%, son algunos ejemplos.

Se postulan para 2023

Macri elevó su perfil mirando las disputas en su espacio. Se mostró con su amigo de toda la vida, Donald Trump, que también dice que peleará por la reelección. Abandona sus paseos turísticos y reaparece como una de las figuras políticas de Juntos por el Cambio.

Intenta morigerar la interna de presidenciables en su coalición, para contraponer una imagen de “sobriedad” ante el circo de la interna del gobierno peronista del Frente de Todos y también para confrontar al espacio de Milei.
Busca canalizar la bronca contra la inflación y la crisis social, flagelos que se profundizarán con el pago de la deuda tomada por el macrismo y reconocida por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Macri y Juntos por el Cambio siguen el camino del FMI

Macri se mostró junto a Werner para hacer “buena letra” ante el FMI, los grandes empresarios y multinacionales. Para ratificar que es un acérrimo defensor del sistema capitalista y todas las inequidades que le son propias.
La resolución de los graves problemas que afectan al pueblo trabajador, las mujeres, la juventud y otros sectores populares parte de tomar el camino opuesto, romper con el FMI e implementar un plan económico obrero y popular. Medidas que proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.

Escribe Adolfo Santos
 
La actual pelea por el manejo del Consejo de la Magistratura ocupa los principales titulares de los medios de comunicación. El Frente de Todos propone elevar el número de miembros de dicho Consejo de 13 a 19, para tener la posibilidad de designar más jueces y cambiar el mecanismo de decisión, desde una mayoría de dos tercios hacia una mayoría simple. Con eso, Cristina intenta hegemonizar el control de los jueces.

Pero no son serias las acusaciones de la oposición patronal de Juntos por el Cambio de que el gobierno quiere “avasallar la justicia”. Ellos defienden una justicia con rémoras de los peores momentos de nuestra historia reciente, con jueces que juraron por los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, que orientaba la dictadura.

Cristina Kirchner, Sergio Massa y Juntos por el Cambio se pelean para ver quién pone algún miembro más en el Consejo de la Magistratura. “Debaten” mientras millones sufren con la desocupación, y los salarios son devorados por la inflación. Es una disputa alejada de las necesidades obreras y populares y cuyo único fin es manipular la justicia y colocarla a su servicio.

La pelea entre la dirigencia política patronal pasa por cuidarse las espaldas y evitar que sean condenados funcionarios, tanto de este gobierno peronista como del anterior de Macri, por enormes causas de corrupción. Cualquiera que sea el resultado de este debate, no irá a beneficiar a los trabajadores y sectores populares.

Pero podemos sacar dos importantes conclusiones de esta puja: esta Justicia es el poder más antidemocrático y no es para nada independiente de los gobiernos de turno.

Sus miembros son designados a dedo por el poder político, hoy con la magistratura y antes con el método (previo a la reforma de 1994) de una terna propuesta por el ejecutivo y la votación en el Senado.

No existe una “justicia independiente” como pregonan algunos. En cualquier tiempo los jueces han sido instrumentos de los poderosos. Fallan siempre contra los trabajadores y sectores populares. Cuando, presionados por la movilización, fallan a favor de los trabajadores, después no hacen cumplir las sentencias.

Las escasas condenas a políticos patronales por casos de corrupción responden a intereses partidarios de los mismos jueces. Inmediatamente el oficialismo denuncia la influencia de la oposición patronal y viceversa en un claro oportunismo político. Pero son parte del mismo juego.

Por eso denunciamos la justicia de los ricos, donde el que roba por necesidad para comer va preso y los grandes corruptos gozan de libertad. Por eso, además, los distintos gobiernos los protegen y toleran que se asignen salarios fantásticos, que no paguen impuesto a las ganancias y que tengan beneficios jubilatorios que no tiene un trabajador común. Siempre constituyeron una élite privilegiada.

Con el nombramiento de los jueces a dedo por el presidente o designados por el Consejo de la Magistratura no se va a terminar con esta justicia elitista que avala los negocios de los grandes empresarios y multinacionales, el saqueo y la contaminación ambiental y este sistema capitalista-patriarcal.

Los jueces deben ser electos por el voto popular, sus cargos deben ser revocables (no vitalicios), deben ganar lo mismo que lo que gana un docente con diez años de servicio o un trabajador especializado y se tiene que implementar el juicio por jurados. Estos serían los primeros pasos para construir una justicia al servicio de los derechos de las mayorías populares.

Escribe Guido Poletti

El pasado sábado 23 se produjo el llamado “tractorazo”, organizado por los autodenominados “productores autoconvocados”. La marcha, en la que supuestamente “el campo” reclamaba bajar el gasto público y los impuestos al sector, no contó con el apoyo del oficialismo de las organizaciones más tradicionales del sector, la llamada Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria). Es que estas entidades están en plena negociación con el gobierno, y en los hechos logrando que el Frente de Todos no les aumente los impuestos a pesar de las superganancias que están realizando en esta cosecha vía los mayores precios de trigo, maíz y soja, producto de la invasión rusa a Ucrania. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández solo incrementó dos puntos las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja, dejando el resto sin tocar. La organización de la marcha, con la consigna “basta de gasto”, recayó entonces en sectores directamente vinculados a la oposición patronal, que obviamente trató de aprovecharla al máximo.

Al llegar a la Ciudad de Buenos Aires y en particular en el acto en Plaza de Mayo, concitó el apoyo de algunos miles de manifestantes, en su inmensa mayoría de clase media y media alta, claramente simpatizantes de las diversas opciones en que se encuentra dividida la oposición patronal. De hecho, estuvieron en el acto los principales dirigentes de Juntos por el Cambio (tanto del PRO como del radicalismo) y también los derechistas “libertarios”, presentes con José Luis Espert y la “juventud de Milei”.

A las consignas reaccionarias que se escucharon y se leyeron en los carteles, se le sumó al final un hecho sumamente peligroso y repudiable. Un grupo de participantes de la marcha colgaron muñecos “ahorcados” de diferentes referentes tanto del gobierno nacional como de organizaciones de derechos humanos (Hebe de Bonafini y Estela Carlotto), y también de dirigentes del Frente de Izquierda Unidad (Néstor Pitrola y Nicolás del Caño). Un hecho de tinte fascista que repudiamos enérgicamente.

En síntesis, se trató de un despliegue “federal” de sectores de la oposición patronal. Una marcha reaccionaria totalmente alejada de los intereses y necesidades del pueblo trabajador.                

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad

Mientras millones no tienen para comer ni llegan a fin de mes, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Juntos por el Cambio se pelean para ver quién pone algún miembro más en el Consejo de la Magistratura para manejar los jueces a su antojo. Una pelea alejada de las necesidades obreras y populares para intentar manipular a una justicia y así evitar que sean condenados funcionarios de este gobierno como del anterior de Macri por enormes causas de corrupción.

Con el nombramiento de los jueces a dedo por el presidente o designándolos por el Consejo de la Magistratura no se va a terminar con esta justicia elitista que avala los negocios de los grandes empresarios y multinacionales, el saqueo y la contaminación ambiental y este sistema capitalista-patriarcal. Los jueces deben ser electos por el voto popular, sus cargos debe ser revocables (no vitalicios), deben ganar lo mismo que una directora de escuela y se tiene que implementar el juicio por jurados.