Escribe Guido Poletti

Sigue dando vueltas por el Congreso el proyecto presentado por el kirchnerismo que supuestamente tiene como objetivo cobrarle a los que fugaron capitales.

Tenemos varias cosas para decir al respecto. La primera es la seria sospecha de que se trata de la misma “sarasa” con la que Cristina Kirchner acusa a Martín Guzmán, cuando dice que la presentación del impuesto a la renta inesperada es “para la tribuna”, porque no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Siguiendo el mismo razonamiento, este proyecto presentado por los K tampoco. Entonces, ¿para qué se presentó? ¿No formará parte de la cortina de humo con la que el kirchnerismo busca despegarse del ajuste acordado con el FMI?

Pero vamos al proyecto en sí mismo. Alguien podría pensar que si existiera un auténtico proyecto a los evasores que fugaron sus capitales y la recaudación se volcara a resolver las necesidades populares, sería una buena idea. Correcto. Pero lamentablemente no es así. Ya desde el comienzo, el propio kirchnerismo se encargó de decir que la eventual recaudación tendrá como objetivo pagarle al FMI. Lo de siempre, y vale la pena aclararlo: cualquier nuevo impuesto que se cree se hará con el objetivo de pagarle a este organismo. Por eso el propio Fondo no se opone a que se creen nuevos tributos, ya que, de última, va a ir a parar a sus arcas.

Avancemos ahora sobre el propio proyecto. Es mentira que se trata de cobrar un nuevo impuesto a los grandes especuladores que fugaron capitales. En realidad se trata de ofrecerles un puente de plata, la posibilidad de un nuevo y gigantesco blanqueo de capitales. De hecho la tasa que se plantea cobrarles a los que se presenten o sean “descubiertos como fugadores” es menor a la que les correspondería pagar según la propia legislación actual de la AFIP. ¡Si la AFIP hoy los descubre tendrían que pagar más que si se aprueba esta nueva ley! Por otra parte, a los mismos fugadores se les ofrece la posibilidad de pagar aún menos si demuestran que traen la plata al país para “nuevas inversiones”. Hecha la ley, hecha la trampa.

Pero, aún a pesar de todo esto, la ley contiene una mentira más grande. ¿Cómo se descubrirá a los que fugaron? Supuestamente por medio de convenios internacionales de cooperación ya firmados entre la AFIP y organismos similares de otros países. No se entiende, si estos acuerdos ya existen, porqué la AFIP no está ya sancionando a los evasores qué conoce (por ejemplo los que están o han fijado domicilio en Uruguay, como el dueño de Mercado Libre). Se sabe que el grueso está en los Estados Unidos, que “casualmente” no tiene acuerdos para compartir información con nuestro país. Los defensores del proyecto afirman, increíblemente, que los yanquis “nos van a ayudar” a identificar a los evasores, porque a ellos les convendría. No se entiende porqué sería así.

En síntesis, estamos frente a un proyecto mentiroso, que explícitamente tiene como objetivo que cualquier moneda que se recaude vaya para el FMI, que no va a tocarle ni un pelo a la riqueza de ningún evasor, y que ni siquiera tiene posibilidades serias de ser aprobado. Una auténtica muestra del doble discurso kirchnerista.

Por supuesto que habría que cobrarles fuertes impuestos a los especuladores que fugan capitales. Para eso bastaría con obligarlos a pagar, con la amenaza de que si no lo hacen se les cobrará con sus capitales, empresas o depósitos en el país. Y con una alícuota superior a la que actualmente les exige la AFIP. Y, por sobre todas las cosas, cualquier impuesto a los ricos y a las grandes empresas tiene que tener un destino claro: plata para salud, educación, vivienda, trabajo y salario, no para el FMI.

Escribe Mariano Barba

¿Por qué están tan apurados por la construcción del gasoducto Néstor Kirchner? Porque la creciente producción de gas y petróleo no tiene cómo salir de la zona de producción, ya que no hay suficientes conductos para que sea transportada.
La producción de petróleo y gas en Vaca Muerta crece rápidamente y tiene perspectivas de mantenerse varios años por la aplicación de la técnica del fracking, que va extrayendo los hidrocarburos bombardeando los poros de la roca y de las arcillas a miles de metros de profundidad.

El precio internacional del petróleo y el gas es visto por las multinacionales de las energías como una oportunidad de obtener superganancias. Por tal razón hace diez días Omar Gutierrez, gobernador de Neuquén, entregó en una reunión en Houston, Estados Unidos, un área preferencial a la empresa Chevron por veinte años para la hidrofractura; la misma empresa que inició durante la presidencia de Cristina la era del fracking en nuestro país. Al mismo tiempo, el gobierno decidió prorrogar por otros veinte años más todas las concesiones que vencen en 2022.

El jueves pasado, en la sede de YPF en Loma Campana (Vaca Muerta), se realizó una verdadera puesta en escena, bajo un viento muy fuerte, para anunciar la construcción del gasoducto Néstor Kirchner que nacerá en Tratayen y recorrerá 563 kilómetros, a través de cuatro provincias, para llegar a la localidad bonaerense de Salliqueló. Estuvieron presentes junto a Alberto Fernández, la directora de la Fundación YPF, Ofelia Cédola; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el director de YPF, Pablo González y el secretario de energía de la Nación, Darío Martínez. Además, en una conexión por video, también participó el ministro de economía Martín Guzmán.

La obra tendrá un costo de 1.566 millones de dólares. Prometieron que estará terminada para el invierno del 2023. Este objetivo es muy difícil de alcanzar, dado que todavía no lanzaron ni la licitación de la obra. Techint, un amigo de todos los gobiernos, seguro será el proveedor de los tubos.

Además tendrán que sortear otro escollo, que es el justo reclamo de la comunidad mapuche Fvta Xayen (Paraje Tratayen), asentada en el comienzo del gasoducto, quienes abordaron al presidente en el aeropuerto y le entregaron un petitorio con dos exigencias. Primero, que antes de empezar la obra se aplique la consulta previa, libre e informada, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece los derechos de los pueblos originarios. Y segundo, que se realice el relevamiento territorial (ley 26.160) que recién estaría por comenzar.

Por otro lado, como el crecimiento en la producción de petróleo tampoco puede sacarse de la zona por falta de oleoductos, el gobernador Gutierrez está tramitando un acuerdo con Oldelval para que se construya uno nuevo capaz de trasladar 220.00 barriles extras a Bahía Blanca.

Todas estas obras serán para garantizar las ganancias de las multinacionales. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad exigimos que el abastecimiento y la exportación sean para beneficio del país vía la creación de una YPF 100% estatal que concentre todo el negocio hidrocarburífero y la reconstitución de una Gas del Estado que también monopolice todas las actividades del sector.

Escribe Mariano Barba
 
Nada indica que la inflación aflojará en los próximos meses y seguirá acAhicando el poder adquisitivo de las y los trabajadores, jubilados y desocupados. Ante la creciente bronca, el gobierno habilitó la reapertura de las paritarias mediante la resolución 388/22 del Ministerio de Trabajo. La burocracia sindical de la Confederación General del Trabajo (CGT) se apresuró a dialogar con las patronales de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el gobierno nacional.
 
El apuro de la dirigencia burocrática por reunirse en las paritarias estuvo motorizado por la gran bronca de los trabajadores de todos gremios ante la altísima inflación. El índice de marzo del 6,7 % generó un recorte importante en el poder de compra, más si tenemos en cuenta que el aumento de precios de los productos alimenticios se acercó en un mes al 10 %, por ejemplo, en el conurbano bonaerense.

En esta movida la burocracia sindical fue firmando los convenios de los principales sindicatos, y lo hace fijando porcentajes que al final del año quedarán lejos de superar la inflación, sobre todo de la canasta alimenticia, que es la que más se encarece.

Veamos algunos ejemplos. Empleados de Comercio, el más grande del país, encabezado por el eterno Armando Cavalieri, acordó un incremento del 59,5 % hasta marzo de 2023 que se pagará en cómodas cuotas a lo largo del año. La Federación de la Industria de la Carne recién arregló la paritaria hasta marzo de este año en un 50%, pero con una suma fija de 20.000 pesos. O sea muy tarde y debajo de la inflación, y poco se sabe sobre los salarios del resto del año. Los sindicatos UPCN y ATE agregaron un 10% para el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de Trabajadores estatales de la Nación y el período que va de junio del 2021 al 31 de mayo de 2022 cerró con un alza total de salarios del 64%, dejando de lado la pérdida cercana al 40% en relación a la inflación de los últimos ocho años que nunca se recuperará. Los Petroleros Privados, hoy en crecimiento laboral por la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta, recién firmaron por un 20 % para llegar al 55% en el último año. Todo muy atrasado para los niveles inflacionarios de los últimos meses. La UOM rama siderúrgica, ahora conducida por Abel Furlán (amigo de Máximo y de Alberto), tras la salida de Antonio Caló, cerró para el 2022 por el 45% al salario conformado, o sea, sobre todos los ítems del recibo. El gremio de los Panaderos acordó un 48% hasta febrero de 2023 que se pagará en cinco cuotas trimestrales.

Con la CGT y las CTA perdemos

Los burócratas nucleados en la CGT y las CTA están firmando estos acuerdos que detallamos sin ninguna consulta a la bases ni la elección democrática de los paritarios. Son acuerdos a la baja teniendo en cuenta que la inflación del 2023 puede superar un 60 %.

La inflación trepó al 16,1% solo en los tres primeros meses. Ante esta disparada inflacionaria tenemos que reclamar un aumento de emergencia para todos los gremios que lleve a un salario de bolsillo igual a la canasta familiar. Por ello tenemos que impulsar asambleas allí donde se pueda, plenarios de delegados con mandato, reuniones de activistas o todo tipo de acciones para exigirles que rompan con la política de ajuste del gobierno nacional y llamen a un plan de acción.

Mientras, seguimos fortaleciendo al Plenario del Sindicalismo Combativo, totalmente opuesto a la burocracia sindical, cuyos sindicatos consultan todo con sus bases y exigen que el salario sea indexado según el avance del costo de vida, que se recupere lo perdido en estos años, y pelean por una nueva dirección combativa y democrática.

Escribe Mariano Barba

Se insiste en que una grieta irreconciliable separa al Frente de Todos y a Juntos por el Cambio. Intentan hacer creer a la población que sus proyectos políticos y económicos son opuestos. No lo son en realidad, es una lucha política por administrar el Estado, mientras generan el 40% de pobreza y más de tres millones de indigentes. Buscan ocultar la verdadera grieta existente entre el pueblo trabajador y los desocupados, por un lado, con los empresarios y los ricos, por el otro.

Horas y horas diarias de televisión y de espacios en las redes insisten en que la grieta inaugurada por el kirchnerismo posterior a la gran crisis del 2001 es el principal problema de la Argentina. Cristina versus Macri es la gran puesta en escena, buscando la polarización electoral para turnarse en el gobierno y que todo siga igual.

Algunos analistas prolongan esta grieta a la lucha política entre el radicalismo y el peronismo desde la década del ´50 del siglo pasado. Pero es una falsa dicotomía, ya que, en sus gobiernos, y ahora Alberto, aplican ajuste tras ajuste, pagan la deuda externa, mantienen los privilegios de las multinacionales y todas las empresas de servicios privatizadas.

La crisis actual tampoco tiene su origen en esta disputa. La responsabilidad hay que buscarla en la voracidad de empresarios industriales y comerciantes, banqueros, terratenientes y en los gobiernos, que fueron sus representantes a lo largo de la historia reciente. La verdadera grieta es el capitalismo, que se basa en la explotación de los trabajadores a mansalva.

Cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Si tomamos en cuenta los índices de los últimos 50 años vemos que en 1973, cuando gobernaba Perón, la pobreza era del 5%, y hoy, que también gobierna el peronismo, ronda el 40%, casi diez veces más. En el medio gobernaron los militares, radicales y peronistas. Todos ellos empeoraron los índices de pobreza.

En todo el mundo se da esta tendencia porque los gobiernos capitalistas con sus planes de ajuste y saqueo hacen que la diferenciación sea cada vez mayor. El Informe sobre la Riqueza Mundial (Global Wealth Report) del Banco Crédit Suisse, en su última edición, afirma que el 45% de la riqueza mundial está en manos del 1% más rico.

En estos datos (aterradores) a nivel mundial se observa la verdadera grieta, que genera luchas en cualquier momento y lugar del planeta.

Crece la desigualdad en Argentina

Alberto Fernández se jacta de que en el 2021 creció el Producto Bruto Interno (PBI) un 10,3%, recuperando lo perdido el año 2020, y que bajó la pobreza algunos puntos. Pero el presidente calla que esa recuperación en la economía no fue para los trabajadores, se amplió la desigualdad.

Según el Indec los trabajadores asalariados perdieron casi 5 puntos porcentuales (bajaron al 43,1%) en el reparto de la riqueza creada, mientras que los empresarios subieron casi ocho puntos, en el periódo 2017-2021. Algunas perlitas demuestran esta desigualdad en el reparto de la riqueza. Por ejemplo en el sector del campo, dominado por los terratenientes y sojeros, los trabajadores participaron con el 17,1% mientras que las empresas con el 66,9%.

En el rubro “exploración de minas y canteras”, los asalariados participaron con el 23,2% y los empresarios se apropiaron el 78%. Y en la industria manufacturera, donde están las multinacionales y grandes burgueses argentinos, las empresas se quedaron con el 45,5% del valor agregado bruto, frente al 29,3% de los asalariados.

A su vez, el gobierno festeja que creció la ocupación en el 2021, pero oculta que según el Indec el trabajo formal creció una ínfima parte respecto al informal y no registrado. O sea, crecieron los contratos basuras y la flexibilización laboral.
Otro dato fundamental son los niveles salariales de pobreza, ya que el promedio de los sueldos alcanza a 52.553 pesos mensuales, mientras que la canasta básica medida por los trabajadores del Indec asciende a 145.456 pesos. Con un agravante que según el Indec es la brecha de género, ya que el salario promedio de los varones fue un 25% más alto que el de las mujeres.

En definitiva, no pueden ocultar la verdadera grieta: entre trabajadores y patronales, entre ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Terminar con esta situación solo es posible aplicando medidas anticapitalistas de fondo, como las que proponemos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad.