Escribe Claudio Funes

El gobierno de Juntos por el Cambio de Larreta utilizó el sistema de reconocimiento facial, a través de las cámaras que saturan la ciudad, para llevar adelante actividades de espionaje ilegal sobre millones de personas. Una medida de persecución, no de seguridad.

La investigación judicial determinó que las tareas fueron ejecutadas en el marco del sistema de datos biométricos para la búsqueda de prófugos. Excediéndose en el acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), que solo le permitía abarcar un universo de 40.000 individuos con orden de captura judicial, el gobierno de Larreta lo extendió al monitoreo de más nueve millones de personas entre el 25 de marzo de 2019 y el 20 de diciembre de 2021, por fuera de la lista original de los buscados.

Las pericias sobre los equipos informáticos demuestran que se efectuó un seguimiento sobre dirigentes políticos opositores y personalidades de los medios de comunicación. La larguísima lista incluye, por ejemplo, a Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Berni, Estela de Carlotto, Patricia Bullrich, Elisa Carrió y al periodista Alejandro Bercovich, entre otros. Por supuesto no podían dejar de ser espiados los referentes del Frente de Izquierda Unidad. Ninguno de los nombrados, que sepamos, está prófugo.

Larreta repite una práctica común a todos los gobiernos patronales. Recordemos que Macri, con Arribas y Patricia Bullrich, espió a opositores, a periodistas, a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y de Santiago Maldonado, y al mismo Rodríguez Larreta. Tampoco debemos olvidar a la “Gestapo” antisindical durante el gobierno de María Eugenia Vidal. ¡Son muy PRO!

El peronismo kirchnerista lo hizo con su Proyecto X de Gendarmería, comandado por Aníbal Fernández y el genocida César Milani. El “espionaje estratégico”, como lo presentaron, destinó un enorme presupuesto a la persecución y criminalización de la protesta. Por su parte, Alberto Fernández, apenas asumió, puso un infiltrado en una asamblea de los trabajadores en lucha del INTI e implementó el “ciberpatrullaje” de la ex-ministra Frederic.

Ante esta situación, decimos que rápidamente tienen que avanzar la investigación, el esclarecimiento y el castigo a los responsables del espionaje ilegal. Basta de abusos policiales.
Sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste.

Escribe Claudio Funes

Sin las respuestas de fondo buscadas, las organizaciones sociales combativas declararon que retomarán la movilización tras la reunión que mantuvieron con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. El gobierno se mantiene firme en contra de incorporar más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo y aumentar sus montos, entre otros reclamos.

El acampe de 48 horas sobre la Avenida 9 de Julio, junto con diversas medidas de lucha, lograron que el Ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta se reuniera con las organizaciones sociales combativas el pasado 11 de abril.

Pero solo hubo un avance mínimo; se consensuó incrementar la calidad y entrega de alimentos a comedores barriales. No se logró destrabar la cuestión de fondo, el gobierno se mantiene firme en su postura de no incorporar más beneficiarios al plan Potenciar Trabajo, aumentar sus montos y nada propone sobre la creación de trabajo genuino que reclaman las organizaciones en lucha.

Es que Alberto Fernández y el Frente de Todos responden a las exigencias del Fondo Monetario Internacional y el achique del gasto social pactado, como parte de las “reformas estructurales” sobre trabajadores y sectores populares.
El ajuste, que viene desde que asumieron, ubica hoy al plan Potenciar Trabajo en un monto de 16.500 pesos mensuales (la mitad de un Salario Mínimo), dicho de otra manera, 550 pesos por día, una suma insignificante. Por otro lado, el Salario Mínimo Vital y Móvil, de 33.000 pesos, recibirá una recomposición del 45% y en cuatro cuotas, para llegar el 1° de abril a 38.940 y en diciembre a 47.850 pesos. Un aumento en dosis homeopáticas, mínimas.

Un lento progresar que promete 23.925 pesos en el plan Potenciar Trabajo de diciembre, 797,50 pesos por día. La diferencia a favor es de, tan solo, 247,50 pesos por día.

La política  del gobierno de Alberto Fernández es la de consolidar la pobreza. Los trabajadores de ATE-Indec calculan que al 31 de marzo de 2022, el salario mínimo para una pareja con dos hijos menores debería ser de, por lo menos, 145.456 pesos. El changuito de supermercado está muy lejos de las familias de trabajadores desocupados.

“Basta de apretar a los argentinos”, fueron las palabras del ministro peronista Zabaleta contra el acampe. En el mismo sentido, el jefe de gobierno de CABA y dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta, los quiere castigar. Se indigna porque interrumpen la circulación del Metrobús. Calificó de “extorsionadores” y “cobardes” a quienes realizan manifestaciones y acampes en la ciudad. Mientras afirma, con odio, que por ello habría que “sacarles los planes sociales”.

Los extorsionadores, apretadores y mentirosos son ellos, el gobierno del Frente de Todos y la oposición patronal, que aplican los dictados del FMI. Quieren hacernos creer que ellos no son responsables de nada y que los movimientos sociales en lucha son los culpables de todo.

La falta de respuestas llevó a la Unidad Piquetera a retomar la movilización. En el contexto de un plan de lucha nacional, el miércoles 13 de abril miles marcharon a la Plaza de Mayo y, frente a la Casa Rosada, realizaron un acto. En el futuro, entre otras acciones, se prevé una marcha federal.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con el movimiento de desocupados combativo. Proponemos como salida de fondo la generación de trabajo genuino a partir de un plan de construcción de viviendas populares, financiado con los fondos que se destinan al pago de la deuda externa.

Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci):

En la provincia de Buenos Aires, los alimentos aumentaron 20% en el primer trimestre.
La alimentación básica se encareció 158% desde que asumió Alberto Fernández.

El Socialista entrevistó a Fernanda López, dirigenta de Unión y Lucha Barrial, agrupación nacional independiente de desocupados.
Esto nos dijo:

ES.- ¿Cómo está la situación social en los barrios?

Fernanda López: Cada vez peor. Lo más complicado es el aumento de los precios. Nosotros vemos cómo se refleja eso en nuestros comedores y merenderos. Hay gente que va al comedor a buscar la vianda para ahorrarse una comida. No vienen solamente los que no tienen trabajo sino también jubilados y otros que trabajan pero no les alcanza el sueldo. Hay quienes con su sueldo no les alcanza para pagar un alquiler, los medicamentos y además la comida.

Además de esa gente nueva que viene a los comedores están los que ya venían de antes, pero los recursos que recibimos son los mismos. Aumenta la cantidad de personas que asisten a los comedores pero no la mercadería que nos giran. Estamos trabajando con la misma cantidad de recursos que el año pasado. Encima hay veces que la mercadería no viene completa. Tanto Nación como Provincia como el Municipio (La Matanza) no cumplen con la entrega de la totalidad de los recursos. La mercadería no alcanza. Antes los vecinos colaboraban con un paquete de azúcar o leche en polvo pero ahora con la situación que estamos viviendo eso no se da más, porque estamos todos muy afectados.

Te repito. Antes atendíamos a la gente más humilde, pero ahora atendemos también a laburantes e inclusive a comerciantes como un mecánico o un almacenero. La situación es muy complicada. La plata no alcanza. Todo está carísimo. Incluidos los gastos que ellos tienen en sus trabajos.

ES.-¿Qué opinás de la decisión del gobierno de dar de baja los planes Potenciar?

FL: Para mi es algo que no tiene sentido. Todavía hay un montón de gente que no tiene trabajo y otra que se las rebusca como puede, haciendo changas o vendiendo en la calle. Supuestamente el plan Potenciar servía para que esas personas complementen su ingreso teniendo un ingreso fijo. Al haber cerrado el plan Potenciar muchos quedan en la lona. El mismo gobierno había creado el ReNaTEP (Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular) a nivel nacional, supuestamente con el fin de que todos los trabajadores de la economía popular cobraran el plan. Hay muchos trabajadores que se registraron pero nunca lo cobraron ni lo van a hacer. Me parece muy mal. El hecho de que el gobierno haya cerrado el plan Potenciar después de dos años de Pandemia y con la inflación que hay, demuestra que no es un gobierno popular como dice serlo.

ES.- ¿Y de los planes de emprendimientos productivos que el gobierno dice que van a dar trabajo genuino?

FL: El gobierno dice que va a crear “Bancos de Herramientas” para producir y dar trabajo. Nosotros, por ejemplo, queremos producir puertas y ventanas. Pero el tema es que nos ponen miles de trabas burocráticas para acceder al plan. Solo acceden las agrupaciones más grandes afines al gobierno. Y aun así, si logramos implementarlo, en esta situación con lo caro que está todo, incluyendo los insumos, ¿a quién le venderíamos lo que hagamos? Tenemos que enviar un presupuesto ahora pero recién lo aprobarían en cuatro meses. Cuando yo vaya a comprar los insumos en cuatro meses ese precio no existe. Yo no lo veo viable.

Entrevistaron Nahuel Páez y Diego Martínez

El gobierno intenta convencer, increíblemente, de que los datos económicos son optimistas. Incluso hace propaganda de que bajó la pobreza en el tercer trimestre del año pasado. Pero la realidad la comprueba cualquier trabajador o trabajadora yendo al supermercado: todo sube, y mucho, principalmente los alimentos y otros bienes de la canasta familiar. El propio gobierno peronista de Alberto Fernández ya no puede disimularlo, y no le queda otra cosa que reconocer que la inflación de marzo “va a volver a dar mal”, con números terroríficos cercanos al 6%. La burocracia sindical de la CGT y las CTA, por su parte, se dedica a reuniones del consejo económico y social, donde garantizan acuerdos salariales a la baja, a cambio de promesas empresarias de “no incrementar los precios”, que obviamente nunca se cumplen.  

Esta es la realidad. Con salarios, jubilaciones y montos de los planes sociales totalmente pulverizados. Con una cada vez mayor porción de la clase trabajadora que ya no puede sobrevivir ni con changas. Por eso son cada vez más grandes las protestas de las organizaciones de desocupados combativos, que reciben como respuesta que no hay más planes, que estos se encuentran congelados. El por qué es muy simple: el gobierno tiene que cumplir con el ajuste exigido por el FMI.  

Mientras el gobierno ajusta, la oposición patronal reclama represión. Empezó Javier Milei, que hasta creó un “movimiento antipiquetero”, con el objetivo directo de prohibir las acciones de las organizaciones de desocupados. Lo siguió Juntos por el Cambio, reclamando que se le saquen los planes a los que protestan y acampan. Esta agitación reaccionaria y de derecha, poniendo en cuestión algo tan elemental como el derecho a la protesta, le es funcional al gobierno, con un ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, que afirma que “no negociará con gente en la calle”, en una retroalimentación realmente perversa entre oficialismo y oposición patronal.  

Cristina Fernández, por su parte, sigue haciendo malabares para zafar de quedar pegada con el ajuste. Ahora le regaló a Alberto Fernández el libro “Conversaciones en el quinto piso”, de Juan Carlos Torre, donde este explica como testigo privilegiado el desastre en que terminó el gobierno de Alfonsín, justamente por seguir las recomendaciones e implementar los planes de ajuste exigidos por el Fondo. ¡Como si el peronismo kirchnerista no tuviera nada que ver! Cuando Máximo y todo su sector votaron la fórmula de reajuste a las jubilaciones que está haciendo que éstas pierdan sistemáticamente contra la inflación, y la propia Cristina avaló el año pasado cada uno de los pagos al FMI. Ahora, por si faltaran más demostraciones, presentan un proyecto de dudoso curso, donde plantean cobrar un impuesto a los capitales fugados (¡pidiendo apoyo para esto a Estados Unidos!), con el objetivo de recaudar para…pagarle al propio FMI.

¿Qué demuestra todo esto? Una profunda crisis política en el gobierno peronista. Que se expresa en la interna entre Alberto y Cristina, pero también en los movimientos de otros dirigentes que buscan despegarse y tener juego propio, como Massa y la mayoría de los gobernadores.

Por otro lado, los propios economistas del establishment y las patronales que apoyaron la firma del acuerdo con el Fondo, ahora dicen que este no resolverá nada, y que la crisis se seguirá profundizando. Por eso la multiplicación de “planes alternativos” por parte de dirigentes políticos y economistas pro-patronales, compitiendo entre ellos por ver quién presenta un mayor ajuste. Dolarización, promesas de terminar “inmediatamente con la inflación”, son algunos de los espejitos de colores que esconden lo que todos estos programas tienen en común: más ajuste, despidos de decenas de miles de trabajadores estatales, flexibilización laboral reventando derechos ganados durante décadas por la clase trabajadora, jubilaciones llevadas al extremo de la miseria liquidando cualquier régimen especial (como el docente) y extendiendo la edad jubilatoria, privatización y saqueo de nuestras riquezas.

Tenemos que ser claros: por supuesto que no va el plan de ajuste del gobierno del Frente de Todos pactado con el FMI y hay que salir a enfrentarlo ya mismo. Ni la oposición discursiva de Cristina y el kirchnerismo, que dice que “hubiera negociado de otra manera” sin romper con el Fondo. Pero tampoco son salida para el pueblo trabajador las propuestas que sale a vender la oposición patronal, sea de Juntos por el Cambio o de Milei y Espert.

Efectivamente, hace falta un programa alternativo. Pero tiene que ser obrero y popular, como el que plantea la izquierda. Que proponga en primera fila resolver las más urgentes necesidades populares: aumentos de emergencia de salarios, jubilaciones y planes sociales. Que ataque el flagelo del desempleo, creando trabajo genuino con un gran plan de construcción de viviendas que resuelva a la vez el drama del déficit habitacional. Es posible llevar a cabo todas estas cuestiones si se deja de pagar la deuda externa y se rompe el acuerdo con el FMI. ¡Ahí están las medidas de un verdadero plan alternativo al servicio de la clase trabajadora! Que vaya a fondo contra la carestía, con precios máximos que se cumplan, bajo pena de sanciones severísimas a las patronales especuladoras. Nacionalizando la banca y el comercio exterior para terminar con la bicicleta financiera y la fuga de capitales. Oponiendo a los tarifazos exigidos por el Fondo y a las superganancias de las privatizadas, la exigencia de su reestatización y puesta en funcionamiento bajo gestión de trabajadores y usuarios.

Estas son algunas medidas, las principales, del programa económico que hace falta. Para hacerlas realidad hay que postular, contra el peronismo gobernante y la oposición patronal, una alternativa política para que efectivamente gobiernen los trabajadores. Esto es lo que venimos construyendo y fortaleciendo desde hace más de diez años con el Frente de Izquierda Unidad. Desde Izquierda Socialista te invitamos a sumarte para que esta propuesta siga creciendo de cara a los desafíos que se vienen.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Senadoras y senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner presentaron un proyecto de ley titulado “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”. Más allá de las dudas sobre si se puede aprobar o no, o si es una típica jugada kirchnerista para simular que combaten a los evasores, el debate se debe centrar en si hay que recaudar tocando a los de arriba para pagarle al FMI, o para combatir el hambre, la pobreza y los tremendos males sociales, como sostenemos desde el Frente de Izquierda Unidad.
 
La noticia del proyecto cayó bien en las filas peronistas kirchneristas. Da la idea de que el kirchnerismo le ha declarado la guerra a los especuladores y evasores para que paguen ellos la deuda contraída por Macri. Pero consideramos incorrecto que se diga que hay que tomar medidas excepcionales para seguir engordando al FMI, no para combatir el hambre, los bajos salarios, construir miles de viviendas populares para dar trabajo genuino o terminar con décadas de postración como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Supongamos que el proyecto se apruebe. ¿Quién sale beneficiado? El FMI. Lo dicen los mismos redactores del proyecto. Hernán Arbizu, quien trabajó para el Morgan y el Citi como facilitador de negocios privados para los evasores, lo ratificó: “Es todo ganancia para el Fondo Monetario” (Página12, 4/8).

Es que estamos hablando de “un fondo para pagarle al Fondo”. Lo dice la ley, “sus recursos serán exclusivamente destinados a este fin”. ¿Dónde está lo progre? ¿Dónde está la “pateada de tablero” kirchnerista como dicen algunos?
Los redactores del proyecto deberían explicar sus contrasentidos. Si en los fundamentos dicen que “a la deuda externa la toman unos pocos y se beneficia una minoría” y que “de los 44.500 millones de dólares desembolsados por el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri no quedó un solo dólar en la Argentina” ¿por qué en vez de convalidar el pacto con el FMI, como lo hace este proyecto, no llaman a enfrentarlo?

El kirchnerismo nunca se opuso a pactar con el Fondo Monetario, solo criticó que había que firmarlo bajo otras formas. Tampoco cuestionó los pagos de la deuda. Ahora, y después que el pacto fue ratificado en el Congreso, sale con este proyecto para recaudar, dicen, 20.000 millones de dólares, para a renglón seguido mandárselos a las arcas del FMI.

No es cierto que si esto se lograra se podría pagar la deuda y a su vez atender las urgentes necesidades populares. Esto nunca ocurrió en la vida del país, ni con los anteriores acuerdos, ni con el actual.  

El gobierno denuncia un hecho cierto. Hay más de 400.000 millones de dólares fugados en el exterior (el equivalente a un PBI anual -Producto Bruto Interno-). Son de empresas y capitalistas que esconden sus ganancias y fortunas en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Es decir, se llevan las riquezas que le roban al pueblo trabajador, mientras le hacen pagar el IVA del 21%, uno de los más onerosos e injustos del mundo.

Esos paraísos fiscales son patrocinados centralmente por Estados Unidos, Gran Bretaña y otras potencias a quienes se les pide apoyo (ver recuadro). Esto no es ninguna novedad, viene ocurriendo desde siempre con todos los gobiernos. Nos preguntamos: ¿por qué el kirchnerismo en los doce años que gobernó, cuando tenía mayorías parlamentarias, no impuso la política que ahora señala el proyecto? ¿Por qué ante la denuncia más reciente del Pandora Papers (2021) -donde se descubrió que muchos empresarios argentinos evadieron-, el gobierno no les incautó los bienes y empresas que tienen en Argentina para cobrarles lo que deben? El gobierno del Frente de Todos no lo hizo y Cristina nunca lo propuso. Tampoco lo dice el actual proyecto. Estos sectores siguen en la impunidad. Por otra parte, se van millones de dólares con el comercio exterior manejado por grandes multinacionales y la fuga al no existir la nacionalización de la banca.

Atajándose a las críticas de que es una jugada política, el diputado Carlos Heller y dueño del Banco Credicoop, dijo: “Aprobar esta ley no va a ser fácil. Pero el debate dejará claro quiénes están protegiendo a los que no han pagado los impuestos”. Es decir, aunque no se apruebe (algo muy probable), el proyecto le sirve al gobierno y al kirchnerismo en particular como bandera para posar de “nacional y popular” diciendo, en todo caso, que “quiso hacerlo pero no lo dejan”. Lo mismo hizo con el anuncio de la “expropiación” de Vicentín, que nunca llevó a cabo. O las actuales promesas de la “guerra contra la inflación”, sin que el kirchnerismo proponga nada alternativo.

La única política para decirle no al FMI y a los pagos de la deuda, es la del Frente de Izquierda Unidad. Con proyectos parlamentarios y fundamentalmente con marchas y actos políticos en todo este tiempo. Lo mismo hizo el FIT Unidad con el único proyecto que se presentó para atacar de verdad las ganancias de las grandes empresas, bancos, multinacionales y terratenientes, no con el aporte voluntario e insuficiente que propuso el gobierno y se terminó votando.

Desconocer el endeudamiento de Macri, decirle no al pacto con el FMI y a todo pago de deuda externa, junto a combatir a los evasores expropiándoles sus bienes, nacionalizando la banca y el comercio exterior, entre otras medidas de fondo, son parte de un plan económico alternativo, obrero y popular, que postulamos desde el FIT Unidad, para terminar de raíz con el hambre y la dependencia.