Finalmente, el pasado viernes 25 de marzo el directorio del FMI aprobó el acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández. Paradójicamente, mientras decenas de miles llenábamos todas las plazas del país repudiando el golpe genocida, se aprobaba en Washington el pacto número 22 entre el Fondo y nuestro país. Ya en los capítulos previos de la negociación se había ido corriendo el velo del doble discurso del gobierno. Lejos, lejísimos quedó la famosa argumentación de que el FMI nos iba a aceptar un acuerdo “progresista”, y con “redistribución de la riqueza”. El acuerdo no será “a veinte años”, ni con “reducción de tasas de interés”, como se nos decía. Terminó siendo un estricto programa del Fondo: a diez años, con una montaña de vencimientos que, sumados a los que hay que pagar a los acreedores privados, llega a la imposible cifra de 210.464 millones de dólares de acá a 2034. No nos perdonaron ni un centavo de intereses.

A fines de enero, el propio ministro Martín Guzmán había explicado el ajuste que se nos exigiría con el acuerdo: bajar velozmente el déficit fiscal (léase, el gasto público), empezando este año, hasta llevarlo a cero a comienzos de 2025. A tarifazo limpio, y con jubilaciones, salarios y partidas sociales que se licuan (bajando en términos reales) producto de subir menos que la inflación. A mediados de febrero se “filtró” lo que ahora el Fondo confirma y el gobierno se la pasó negando: habrá reformas estructurales, principalmente jubilatoria, pero también algún tipo de flexibilización laboral.

El directorio del FMI (integrado por el voto decisivo de todos los países imperialistas) se dio el gusto de decir que aprobaba el acuerdo, pero que este contaba con “riesgos excepcionalmente altos”. En otras palabras, se lava las manos por si todo termina en una nueva crisis, señalando increíblemente que esto es lo más probable. En el comunicado que acompañó la aprobación se afirma textualmente que “en este contexto el recalibramiento temprano del programa, incluída la identificación y adopción de medidas apropiadas, según sea necesario, será fundamental para lograr los objetivos del programa”. ¡El programa no empezó y ya se habla de cambiar los números del ajuste exigido! Es que el propio FMI nota que, con la crisis mundial generada por la invasión de Rusia a Ucrania y la consiguiente suba de los precios de los combustibles, el tarifazo programado no alcanza, no ya para bajar los subsidios (una de las exigencias del Fondo) sino ni siquiera para evitar que no suban. ¿Cómo se resuelve esto? Muy simple: el FMI adelantó su primera visita de inspección al próximo mes de mayo, apenas en dos meses. Serán once en vez de las diez programadas para los próximos dos años y medio. Queda clara la “marca personal” que los funcionarios del FMI piensan llevar adelante para exigir que se cumplan todas y cada una de sus exigencias. Prácticamente los tendremos instalados permanentemente diciendo qué se puede y, fundamentalmente, qué no se puede hacer con nuestra economía.

Mientras tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández y su sector del peronismo se despachó con una nueva jugada. No llama la atención: es parte del reacomodamiento dentro de la interna peronista del kirchnerismo que busca no quedar pegado al mayor ajuste que se viene, pero a la vez sin sacar los piés del plato del gobierno. Ahora Cristina, a través de un proyecto presentado por los senadores que le responden dentro de su bloque, propone cobrarle un impuesto (de un 20%) a aquellos que fugaron capitales en los últimos años, para, con ese dinero, pagarle al FMI. Digámoslo con todas las letras: es una maniobra para quedar bien con su base, que no tiene la más mínima posibilidad de ser implementada. ¡Hasta le pidió ayuda al embajador de Estados Unidos para que se pueda “identificar” a quiénes deben pagarlo! Sabiendo que justamente el imperialismo yanqui es uno de los principales países que se negó sistemáticamente a firmar los acuerdos de cooperación de información tributaria (que permite que, en nuestro caso, la AFIP solicite datos a entidades similares de otros países). El proyecto presentado por el kirchnerismo, ni siquiera establece que, una vez identificada la persona o empresa que fugó sus capitales, se les pueda cobrar el impuesto embargando sus bienes locales. Se acude siempre a la “buena voluntad” de los otros gobiernos, y hasta… ¡del propio FMI!, como explicó la senadora Juliana Di Tulio en C5N al señalar que “el propio Fondo será el principal interesado en cobrar y va a ayudarnos a recaudar”.

Pero vamos a suponer por un instante que este proyecto sea algo más que fuegos de artificio y efectivamente llegara a aprobarse. La idea es que el dinero recaudado se destine, no a resolver las más urgentes necesidades populares, sino a pagar deuda. O sea, al barril sin fondo de una deuda que seguirá creciendo, porque no existe ninguna posibilidad que se recaude ni de lejos la suma de vencimientos de los próximos años.

La única realidad es que el gobierno peronista del Frente de Todos se apresta a cumplir con el ajuste exigido por el FMI, y este a inspeccionar que esto se realice “en tiempo y forma”. Cristina y el kirchnerismo juegan a su propia interna, buscando no quedar pegados al ajuste, mientras no piensan mover un dedo para salir a pelear por las consecuencias concretas que este va a generar, en términos de peleas salariales, ante el congelamiento de los planes sociales o las reducciones hasta niveles de indigencia de las jubilaciones. Es que se trata del mismo kirchnerismo que votó la reforma jubilatoria de fines de 2019, o, en boca de la propia Cristina, avaló todos y cada uno de los pagos al Fondo de estos años.

Frente a esta realidad, el FIT Unidad se reafirma como el sector que, desde el primer día, dijo que había que dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, que presentó un proyecto en el Congreso al respecto, que se movilizó no una, sino cuatro veces, coordinado un movimiento amplio y multitudinario contra el pacto con el Fondo. Y que, como estuvo siempre, va a estar en todas las luchas que se den de ahora en adelante, cuando el gobierno pretenda llevar a cabo el ajuste exigido por el Fondo.

Escribe Mariano Barba

Varios analistas económicos patronales anticipan que la inflación de marzo rondará un 6 % en el índice general de precios  porque estamos llegando a fin de mes sin que los precios se calmen. Mientras tanto el gobierno, que declaró la “guerra a la inflación”, culpa a los empresarios y supermercadistas de los incrementos, pero sigue sin sancionarlos.

La harina, que es un insumo masivo presente en varios productos alimenticios, ha subido su precio en un 40 % en las últimas semanas con el argumento de que la cotización internacional del trigo se disparó por la invasión rusa a Ucrania. El kilo de pan supera los 300 pesos. La leche larga vida subió de 91 a 116 pesos, un 27% en veinte días. Y así otros productos básicos de la canasta familiar como las verduras y el arroz que en los últimos días vuelan. Siempre encuentran una razón para justificar que el costo de vida sube. Es la lógica de la actual política económica del gobierno.

El gobierno del Frente de Todos que posa como un guerrero antiinflacionario ahora pide a los grandes empresarios que retrotraigan los precios a los existentes el 10 de marzo. Por esta razón, aprovechó este martes 29 una reunión en el Centro Cultural Kirchner adonde asistieron los principales dirigentes empresariales, sindicales y sociales en el marco del Consejo Económico y Social (CES). El propio Alberto Fernández les planteó a estos capitostes que hay que preparar “un acuerdo voluntario en base al diálogo nacional bajo la idea de terapia de grupo”. Es otra de las tantas poses antiinflacionarias del gobierno donde “dialogará” sin tomar ninguna medida de fondo para frenar la inflación. Es más, todos ellos apoyaban efusivamente el acuerdo con el Fondo y sostienen la actual política  económica. Al mismo tiempo el ministro Guzmán está fogoneando un  acuerdo en el Congreso Nacional consensuado con el Consejo Agroindustrial Argentino para facilitar las inversiones de los pulpos cerealeros y exportadores agropecuarios; los mismos que suben los precios a su antojo. O sea que de la “guerra” sólo existirán buenos modales y algunos tirones de orejas. Así es mentira que se combate la inflación.
 
Es posible combatir la inflación

El presidente Fernández, luego de la votación en el congreso del acuerdo con el FMI, anunció la “guerra a la inflación”. Es como si el gato, un día antes, le avisa al ratón que saldrá a cazarlo. Los empresarios subieron los precios, hicieron el colchón y esperan el tirón de orejas.

El kirchnerista Roberto Feletti, Secretario de Comercio Interior, es quien posa de más “combativo” denunciando a las grandes empresas y cadenas de supermercados por los aumentos de los últimos días. Pero, en concreto ¿Qué está haciendo Feletti para bajar los precios? Ladra pero no muerde.  Este lunes por la tarde mantuvo una reunión con directivos de las principales empresas productoras de bienes de consumo masivo buscando fijar el compromiso de retrotraer el precio de 1.700 productos al 10 de marzo y “garantizar abastecimiento”, y al finalizar declaró (elDiarioAR 28/03/22) que “consiguió el compromiso de revisar en los próximos días entre todos los participantes cada caso puntual, considerar las excepciones y los casos en los que exista alguna justificación razonable”.  O sea sólo se fijarán “precios cuidados” para algunos productos que enseguida se terminan y desaparecen de las góndolas.

No existirá tal “guerra contra la inflación” porque la inflación es la gran herramienta que usa el gobierno para que avance el ajuste pactado con el FMI, caiga el valor de los salarios de trabajadores y jubilados, y se licuen los planes sociales que reciben los desocupados.

Para terminar con la inflación y sus efectos devastadores en la economía familiar desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos medidas de fondo, propias de un plan económico alternativo, obrero y popular: aumento salarial de emergencia para activos y jubilados y que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar; eliminación del IVA a los productos de mayor consumo familiar; control de precios máximos con la aplicación de la Ley de Abastecimiento a todo empresario que no lo respete; basta de tarifazos acordado con el FMI para los servicios públicos y reestatización de esas empresas, empezando por el petróleo y el gas que son la fuente de energía cuyos precios volaron en el mundo.

Terminar con el aumento en las materias primas básicas como harinas, maíz, aceites, carnes, desacoplándolos de los precios internacionales vía el control del comercio exterior y nacionalizando la banca para evitar la bicicleta financiera de los grandes exportadores y financistas.

Escribe Mariano Barba

La burocracia sindical está firmando rápidamente los nuevos acuerdos paritarios. Estos dirigentes actúan más como funcionarios del gobierno que como representantes de sus bases y delegados a la hora de firmar los acuerdos, les dicen que lo firmado es lo máximo que se puede conseguir. Siempre por debajo de la inflación.

La inflación, que según Indec en febrero alcanzó el 4,7% y en marzo rondará el 6%, deja a pérdida los porcentajes acordados hasta ahora. En los acuerdos, para cubrirse las espaldas, la burocracia sindical introduce la frase “con cláusula de revisión” a aplicar en meses posteriores. Una maniobra tramposa, porque cuando llegan a aplicar esa cláusula, si lo hacen, la caída del nivel de vida está consumada y es irrecuperable. Por eso, desde el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) exigimos la indexación automática del salario mensual o bimestral. Un ejemplo es la conquista lograda por los docentes neuquinos, que por la lucha impulsada desde ATEN Capital y las seccionales opositoras consiguieron la actualización trimestral acumulativa del salario según los índices del costo de vida, además de haber recuperado al menos el 20 % de lo perdido.

El gobierno ajusta cada vez más

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo a principio de año que “el salario va a estar por encima de la inflación y que en el 2021 se logró mantener el poder adquisitivo”. Un gran verso, porque en el 2020, con el argumento de la pandemia, la mayoría de las paritarias cerraron muy a la baja, lo que no se recuperó ni en el 2021 ni en los acuerdos del 2022. La política del gobierno queda expuesta en el salario mínimo vital y móvil, que fue fijado para todo este año sólo en el 45% (la inflación proyectada será del 60%) y alcanzará en diciembre apenas la cifra de 47.850 pesos. Para ese momento la canasta básica oficial superará los 120.000 pesos, y la canasta básica real se acercará a los 200.000 pesos.

Con una inflación que estará por encima del 60% a lo largo del 2022, vemos cómo los burócratas sindicales firman a la baja. Los mineros de AOMA firmaron por el 48% para todo el 2022. Los docentes con Baradel a la cabeza por el 45,45%. La UOM de los metalúrgicos firmó por el 45,5% en tres tramos hasta noviembre. Textiles acordó una paritaria anual del 47,3%; gastronómicos del 49% y comercio del 54%. Todos estos porcentajes son en cuotas.  El Smata  (automotrices) encabezados por Pignanelli, amigo de todas las patronales transnacionales, acordó para el primer trimestre del año sólo el 12,1%.

Desde el PSC impulsamos asambleas de base y plenarios de delegados con mandato para discutir el reclamo salarial a levantar en las paritarias, y le exigimos a la CGT y a las CTAs que rompan el acuerdo con el gobierno y organicen un plan de lucha para que el salario le gane de verdad a la inflación y se imponga la indexación mensual.      

Escribe José Castillo

El aumento cada día mayor de los precios se come los salarios y las jubilaciones. ¿Cómo hacer para recuperar el poder adquisitivo perdido y que este no se siga deteriorando?

El gobierno del Frente de Todos dice que está preocupado por la inflación y le “declara la guerra”. La oposición patronal de Juntos por el Cambio también declara que una de sus prioridades es combatir la inflación. Pero sus supuestas recetas “contra la suba de precios” terminan siendo justificaciones de mayores ajustes contra la clase trabajadora.

El gobierno habla de “las empresas formadoras de precios” y sus abusos. Pero no toma ninguna medida contra ellas y su única política pasa a ser “la concertación de precios y salarios”. Traducido: los empresarios se comprometen a no aumentar los precios (y después no cumplen, total nadie los sanciona), mientras la burocracia sindical sí les garantiza acuerdos salariales a la baja.

Juntos por el Cambio, al igual que los libertarios de Milei y Espert, dicen que  la inflación se debe exclusivamente a la emisión de dinero para financiar el gasto público. Su receta, entonces, pasa a ser ajustar echando a trabajadores estatales, bajar jubilaciones y achicar el gasto en salud, educación y vivienda.

En ambos casos, los precios siguen subiendo, pulverizando los ingresos de la clase trabajadora. Macri había prometido que iba a terminar con la inflación en cinco minutos, y terminó con índices superiores a los de los años kirchneristas. Ahora Alberto vuelve a batir el récord superando al macrismo.

¿Qué hacer?

Lo fundamental es preservar el poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, y recuperar lo que perdieron. Cualquier “lucha contra la inflación” que no empiece por esto no es más que una excusa para justificar un nuevo y mayor ajuste.
Por eso nuestra primera y fundamental medida es un aumento salarial de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos), ajustado automáticamente mes a mes de acuerdo a la inflación. Y la reapertura inmediata de todas las paritarias, sin techo de ningún tipo. Con respecto a las jubilaciones, también se debe otorgar un aumento de emergencia, para que nadie quede por debajo de la canasta de la Tercera Edad (85.000 pesos), y la aplicación inmediata del 82% móvil.

Otorgados estos aumentos, el desafío siguiente es cómo evitar que las patronales los transfieran a los precios. Para ello hay que imponer precios máximos a todos los productos de la canasta familiar. Acá no se trata de ninguna “concertación” ni “acuerdo voluntario” que después nadie cumple. Nuestro planteo es lo opuesto a los “precios cuidados” de Roberto Feletti. Si, como suele decir retóricamente el gobierno, están identificados los monopolios formadores de precios (Arcor, Molinos, Coca Cola, Pepsico, Mastellone, Unilever y unos pocos mas) y los abusos de las cadenas de hipermercados (Disco, Vea, Chango Más, Carrefour, La Anónima, Coto), lo que hay que hacer es sancionar fuertemente la violación de los controles de precios o el desabastecimiento. Alcanza con aplicar de verdad la Ley de Abastecimiento, que autoriza a multar, clausurar y hasta expropiar a los infractores.

A esto debemos complementarlo con otras medidas. Hay que eliminar el IVA a todos los productos de consumo popular. Así automáticamente los precios se reducirán un 21%. Con un control como el del párrafo anterior esto podría garantizarse evitando las “avivadas” de las patronales.

También contribuyen a la inflación los aumentos de aquellos precios que dependen directamente del gobierno: los combustibles y las tarifas de los servicios públicos. Tenemos que salir de la trampa de que, o se aumentan los subsidios a los monopolios privados que usufructúan del sector, o se pasa eso a tarifas que tiene que pagar el pueblo trabajador. En ambos casos se garantizan las superganancias de esos grupos económicos, la mayoría transnacionales. Por eso, la salida es la reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados, de todo el complejo gasífero-petrolero, la recreación de una YPF 100% estatal y una nueva Gas del Estado y la gestión de todas estas firmas nacionalizadas por sus propios trabajadores y usuarios. Así se garantizan tarifas sociales para quiénes efectivamente las necesitan.

Finalmente, tenemos aquellos productos que, formando parte de la canasta alimentaria popular, son a la vez productos de exportación. Tal el caso del trigo (materia prima de la harina y, por lo tanto, del pan y los fideos), el maíz (base de muchos comestibles) o el girasol (junto con el anterior, utilizado para el aceite). Lo mismo sucede con la carne. Los productores, al ver la suba de los precios internacionales en dólares, tratan de cobrar lo mismo en el mercado interno, obteniendo así una superganancia. Para ello, muchas veces acaparan, o generan escasez artificial de estos productos. Obviamente, hay que “desenganchar” los precios con que se vende en el mercado interno de los internacionales. Pero esto no se va a lograr con medidas tibias de medio camino, como hace el gobierno cuando sube sólo dos puntos de las retenciones a la harina y el aceite de soja, o crea “fideicomisos” de unos pocos productos. La salida debe ser de raíz: hay que nacionalizar el comercio exterior. Esta medida consiste en la creación de una ente estatal que compre toda la producción de esos bienes exportables, pagando en pesos, con precio sostén al pequeño productor y evitando los abusos del grande. Ese ente nacional volcará al mercado interno esos bienes, a precios populares, y luego de cubiertas estas necesidades, exportará el resto, quedándose con los dólares que podrán usar luego para financiar otros programas que atiendan urgencias populares. La nacionalización del comercio exterior, junto con la de la banca, evitará también las maniobras especulativas con el dólar y las bicicletas financieras, terminando con otra de las razones de la desestabilización que es utilizada como excusa para la suba de precios.

Todo este conjunto de medidas, que planteamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, son las que garantizan bajar la inflación y, lo más importante, la defensa de los  salarios y las jubilaciones.

Escribe José Castillo

Primero se escuchó como propuesta de los libertarios de Javier Milei. Ahora se empiezan a sumar sectores de Juntos por el Cambio, como el diputado radical alineado con Martín Lousteau, Alejandro Cacace. El planteo de “dolarizar” la economía consiste sencillamente en hacer desaparecer el peso argentino y que todas las operaciones económicas se hagan en la moneda norteamericana. Supuestamente esto terminaría con la inflación y generaría “confianza” y “estabilidad económica”.
Tenemos que decirlo con todas las letras: el planteo es una trampa extremadamente peligrosa para el pueblo trabajador. Con la promesa de “todos tendremos dólares”, se esconde lo primero y más importante: ¿a qué tipo de cambio se cambiarán todos los pesos existentes? Los que proponen la dolarización esconden la respuesta, contestando “a la que establezca el mercado”. Vamos a intentar develar la realidad: cambiar todos los pesos en circulación, más los depósitos en dólares, más todos los bonos y letras en pesos (la llamada “deuda interna”) contra las reservas existentes (aún suponiendo que estas crezcan un poco en los próximos meses) no podría hacerse a menos de 450 pesos por dólar. La dolarización estará precedida, entonces, por una devaluación catastrófica. Hoy el promedio salarial está en 40.000 pesos; serán 88 dólares. Una jubilación mínima pasará a ser de 72 dólares. De esto estamos hablando. De que los trabajadores argentinos cobren los salarios más bajos del mundo.

La “estabilidad a cualquier costo” no sirve. Recordemos lo que pasó en la época menemista. La convertibilidad, que era mucho menos que una dolarización, se hizo a costa de millones desocupados y una pobreza record. Y no evitó nuevas crisis, ya que la deuda externa siguió creciendo y nos llevó al desastre que dio origen a la rebelión popular del Argentinazo. Dicho sea de paso: en esos años, la propuesta de Menem era pasar directamente de la convertibilidad a la dolarización. Si no se avanzó en esa dirección, fue justamente por que el pueblo en la calle impuso el no pago de la deuda.  

Por último, no es cierto que la dolarización terminará con la inflación y las crisis. Como ejemplo tenemos a Ecuador, dolarizado desde 1998, y que siguió sometido a procesos inflacionarios y a los ajustes del FMI, como el de fines de 2019, que dio origen también a una enorme insurrección popular.

En síntesis, se trata de una propuesta que encubre un super-ajuste de salarios y jubilaciones, a la vez que nos somete aún más a la semicolonización por parte del imperialismo yanqui.