Escribe Claudio Funes

El pasado 30 de marzo, el Indec reveló que la pobreza alcanzó al 37,3% de la población en el segundo semestre del 2021.

Si bien hay una baja de la pobreza con respecto al mismo período del 2020, año en el que más impactó la pandemia, hay 17 millones de pobres y 3,8 millones de indigentes en todo el país.
Pero las cifras son aún más críticas en partidos del Gran Buenos Aires, donde el nivel de pobreza llegó al 42,3 %.

Otro dato estremecedor es la pobreza infantil: 51,4%. La mayoría menores de catorce años viven en hogares pobres, mal alimentados y privados de salud y educación. Una hipoteca para nuestro futuro como país.

El acuerdo con el FMI producirá mayor inflación por el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, y por la devaluación del peso a un ritmo mayor que el año pasado y que se trasladará a los precios de los alimentos que se venden a valor del dólar.

Con una inflación para 2022 que ya se calcula de 60%, esa baja anunciada por el Indec es transitoria. El horizonte es oscuro: la pobreza volverá a superar el 40% por efecto de la inflación.  
El gobierno de Alberto Fernández es reproductor de pobreza, el bono de 6.000 pesos para el sector de jubilados que cobra la prestación mínima (32.630 pesos) confirma que su fórmula de movilidad está diseñada para ajustar a los adultos mayores.

La imposición del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (47.850 pesos, recién en diciembre) también va en ese mismo sentido, al igual que las paritarias a la baja.

Alberto Fernández también serruchó las prestaciones sociales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso estas cayeron un 9,9% en 2021 en relación al 2020 en términos reales. Y continuarán cayendo; es una de las exigencias del Fondo que el presidente aceptó.

Los acuerdos con el FMI, llevados adelante por los distintos gobiernos patronales, nos han arrastrado a esta situación de pobreza. La forma de revertirla es romper con el FMI, no pagar la deuda externa y poner todo ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.
                                     

 
 

Escribe Adolfo Santos

Fortalecido por el amplio espacio que le conceden los medios patronales, el grupo político que encabeza Javier Milei, Avanza Libertad, aprovecha la crisis para avanzar contra los derechos y las libertades democráticas. El legislador porteño Ramiro Marra, de ese partido, acaba de presentar un proyecto para prohibir las manifestaciones populares. Junto con eso, crearon el “Movimiento Antipiquetero Argentino”, una especie de tropa de choque contra los movimientos sociales. “No les tenemos miedo” bravuconeó el hombre de Milei en una clara amenaza de que están dispuestos a enfrentarlos en las calles, un planteo de corte netamente fascista.

El proyecto pretende regular, regimentar y prohibir las manifestaciones y los piquetes. De ahí a atacar el derecho de huelga y otras libertades democráticas hay apenas un paso. No es casual que estas propuestas represivas tomen fuerza en medio de una de las mayores crisis económicas y sociales del país y de la firma del acuerdo con el FMI. Saben que los ajustes que se vienen serán resistidos y las tensiones sociales continuarán aumentando. Por eso, el proyecto de Marra y Milei, es funcional al gobierno de los Fernández y le abre camino a la represión estatal.

Coincidentes con estas políticas de criminalizar las luchas se han manifestado tanto dirigentes del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, amenazó con no recibir más a los que se movilicen y declaró a Radio Mitre: “Basta de aprietes […] hay un Gobierno que hace un esfuerzo enorme, que está saliendo de una situación muy complicada con el acuerdo”. Queda claro, se gobierna al servicio del ajuste para cumplir el acuerdo con el Fondo. En el mismo sentido se pronunció el ministro de seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. “Hay muy poco para hacer sin ejercer la violencia” dijo, y apoyó la propuesta de su jefe Rodríguez Larreta, quien pidió que el gobierno nacional le quite los planes sociales a los que cortan las calles.

Con esas declaraciones a favor de castigar y reprimir con más rigor a los que sufren las terribles consecuencias de las políticas económicas de los partidos patronales, se fortalece a Milei y sus propuestas fascistas. Claro que se trata de un castigo selectivo, direccionado a los sectores más vulnerables, ya que cuando Milei se reunió con la cúpula de las patronales agrarias que reclaman por una miserable suba de las retenciones les recomendó que salgan a cortar las rutas como hicieron en 2008, algo con lo que van a acordar D’Alessandro y Rodríguez Larreta. Tanto el Frente de Todos, a través de los dichos de Zabaleta, como Juntos por el Cambio, terminan criminalizando, de una forma u otra, a quiénes son las víctimas del ajuste, los sectores más pobres de la sociedad.

Desde Izquierda Socialista y el FIT-Unidad repudiamos y nos opondremos con todas las fuerzas a estos proyectos y políticas reaccionarias y represivas contra los movimientos sociales, y defenderemos de forma irrestricta las libertades democráticas que conquistamos con la lucha. Basta de hipocresía, el derecho a la protesta y la lucha contra la pobreza, la indigencia y la marginalización social de millones, está por encima de cualquier inconveniente que pueda ocasionar el corte circunstancial de una calle.

Con esta exigencia marchó la oposición antiburocrática, encabezada por ATEN Capital, en la gigantesca movilización popular que recorrió las calles neuquinas.

Los partidos patronales y el aparato judicial han jugado un papel central para sostener la impunidad de los responsables políticos. El gobernador Omar Gutiérrez designó como ministro a Osvaldo Llancafilo, un hombre del ex gobernador Sobisch. Y la política de la burocracia del TEP y la Celeste conducción de Ctera, la facilitó, al desmovilizar e impulsar en la justicia la división en dos de la causa Fuentealba.

En todo el país la docencia rindió homenaje a Carlos Fuentealba, símbolo de la lucha y coherencia docente. La conducción de Ctera, una vez más, se negó a llamar a una movilización y medida de fuerza, para lograr el fin de la impunidad. ¡Compañero Carlos Fuentealba, presente!

Escribe Mariano Barba

El mundo vive, por la invasión rusa a Ucrania, un momento de importantes alzas en los precios del gas y el petróleo. Argentina tiene esos dos recursos, pero por el momento están bajo tierra y su extracción crece pero más lento que lo necesario. El gas es insuficiente para el mercado interno ante la proximidad del invierno. Y el gasoil escasea. Para terminar con estos problemas tenemos que estatizar toda la industria hidrocarburífera.

Vaca Muerta, el megayacimiento de gas y petróleo en Neuquén, que según los especialistas tiene recursos de gas para 200 años y de petróleo para varias decenas, fue entregado a las multinacionales en el 2013 bajo el gobierno de Cristina, a través del acuerdo Chevron. Dicho acuerdo tiene cláusulas secretas, sobre todo en lo concerniente a la repatriación de capitales sin condiciones durante treinta años y a la responsabilidad del gobierno de garantizar las ganancias en caso de caída de los precios.

Apañadas por YPF y por los gobiernos nacional y provincial crece la voracidad de las multinacionales con el fracking, usando más de 800 camiones diarios de arenas, millones de litros de agua y más de 600 químicos para extraer el petróleo y el gas de los poros de las rocas y las arcillas. Este crecimiento es alentado por la cotización del barril, cercano a los 115 dólares, y del gas, que cotiza a 35 dólares el millón de BTU (antes de la guerra cotizaba a 8 dólares). Las multinacionales que dominan el ranking del fracking junto a YPF en Vaca Muerta quieren avanzar lo más rápido posible en la producción, porque el excedente del petróleo que no se refina en el país va a la exportación.

El objetivo del gobierno del Frente de Todos y estas multinacionales es llegar a producir en cinco años un millón de barriles diarios de petróleo, casi el doble de los 570 mil barriles actuales a nivel nacional, para exportar unos 600 mil barriles diarios. Al ritmo de crecimiento actual esa meta es posible si se logra construir el oleoducto para transportarlo. El rendimiento de cada pozo supera en un 25% al fracking de Estados Unidos. En síntesis, el fracking avanza pero limitado por la baja capacidad de transportar lo producido.



Falta gas y gasoil

La producción actual está muy lejos de esos objetivos. A tal punto que en lo referido al gas, para afrontar el invierno, habrá que importar cerca del 30 % de lo que se consumirá. La Argentina que en el 2021 importó 57 buques de gas natural licuado (GNL), este año tendrá que importar unos 50 que luego en el puerto se regasifica para enviar a los hogares y a la industria. Esos buques se pagarán a razón de unos 35 dólares el millón de BTU según lo presupuestado por Integración Energética Argentina SA (IEASA), lo que significará el pago de unos 4.000 millones de dólares extras. Para bajar un poco esta sangría de dólares el gobierno está negociando con Bolivia la importación de unos 16 millones de metros cúbicos diarios de gas, y Argentina pagaría un precio extra de 18 dólares el millón de BTU sobre una parte de ese volumen. También  aparece Israel como uno de los posibles proveedores para el país.

Como un objetivo a un año y medio, el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), el peronista José Ignacio De Mendiguren, afirmó que “por orden del Gobierno” se está “apurando muchísimo” el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, el cual permitirá “no solamente que se deje de importar gas sino que, además, se pase a exportarlo”. Algo parecido ocurre con el transporte del petróleo que está muy limitado por la poca capacidad de los oleoductos, lo que lleva a limitar la capacidad exportadora de la Argentina.

No solo está faltando gas sino también gasoil, indispensable en la industria y sobre todo en la siembra, cosecha y transporte de cereales y oleaginosos. Se está importando el 30 % de lo que se consume. La importación lleva a que el litro de gasoil de mayor calidad cueste 149 pesos, igual que en Estados Unidos (1,35 dólares al tipo de cambio oficial).  El gobierno está negociando con las multinacionales aumentar la producción de biodiesel para achicar las importaciones de gasoil. Algo parecido ocurre con las naftas, ya que su precio está cercano al de Estados Unidos, siendo que en nuestro país las refinerías pagan el “barril criollo” de petróleo a 57 dólares mientras en el mercado internacional está a 115. Para mantener este “barril criollo” el gobierno nacional sigue subsidiando a las empresas y exonerándolas de impuestos para garantizarles las ganancias.

Terminemos con esta fiesta de las petroleras

Las empresas petroleras están de gran fiesta con el precio mundial del petróleo, que en lo que va del 2022 ya aumentó un 42%, y el del gas que se multiplicó por cuatro. Veamos algunos ejemplos según la agencia Bloomberg LT. Chevron obtuvo una ganancia en el 2021 de 15.600 millones de dólares, y el valor de sus acciones creció el 30% en Wall Street en lo que va 2022. La empresa Vista Oil de Miguel Galuccio (que fuera presidente de YPF bajo Cristina Kirchner) obtuvo una ganancia en 2021 de 652 millones de dólares y actualmente el valor de sus acciones creció el 66%. Exxon, la otra yanqui, creció en su valor un 31% en lo que va del 2022. Por último YPF, con mayoría estatal y administrada en acuerdo con los privados, en el 2021 facturó 13.238 millones de dólares, un 41 % más que en el 2020.

Todas estas ganancias ultra-millonarias las terminamos pagando los trabajadores y sectores populares, que sufren los tarifazos en los servicios públicos, en el pan y en el resto de la canasta alimenticia, ya que los empresarios trasladan sus costos más las ganancias al precio final. Encima con el 21 % del IVA que recauda el gobierno.

En síntesis: se viene un invierno con escasez que generará dificultades para abastecerse de gas y en particular para conseguir la garrafa social para calefaccionar y cocinar en los hogares más humildes. Se sumará a la escasez del gasoil. Si queremos terminar con las exorbitantes ganancias de las multinacionales, con los faltantes de gas y con la carestía de los combustibles y servicios públicos, desde Izquierda Socialista/FIT Unidad proponemos terminar con el saqueo de las riquezas del subsuelo y llamamos a re-estatizar la totalidad de YPF y de toda la industria hidrocarburífera bajo control de los trabajadores y respetando las comunidades originarias. La salida es entonces una YPF 100% estatal y la recreación de una gran Gas del Estado, que controle la totalidad del negocio energético.

Escribe Mariano Barba

Bajo el gobierno de Macri, se firmó una nueva “adenda Petrolera” entre el sindicato, dirigido por el burócrata Guillermo Pereyra del MPN,  YPF y las multinacionales. Esta impuso una verdadera flexibilización laboral, a tal punto que se perdieron varias conquistas obreras a cambio de garantizar (según ellos) miles de puestos de trabajo. La producción pegó un salto, principalmente en gas, pero a un costo humano gigantesco, ya que diez obreros perdieron la vida en los últimos años por los ritmos y condiciones de trabajo, hasta que llegó la pandemia donde mandaron a la casa a 17.000 obreros con menos de la tercera parte de sus sueldos.

En la actualidad, con la producción normalizándose y con un alto crecimiento en el último año se empezó a discutir una nueva Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas entre el gobierno nacional, las empresas y las provincias. Por esta razón, los burócratas de los distintos sindicatos petroleros del país quieren ser parte de esa discusión y exigen al mismo tiempo la apertura de las paritarias el 5 de abril, usando como bandera los altos precios de los hidrocarburos. Para fortalecerse en el control de sus sindicatos y sentarse en la silla de las negociaciones, realizaron una multitudinaria reunión en Añelo, la ciudad corazón de Vaca Muerta. Hasta allí viajaron los secretarios generales de los Sindicatos Petroleros Privados, Jerárquicos y Químicos de todas las provincias y constituyeron, sin ningún mandato de sus bases, la Unión de Trabajadores Petroleros de Argentina (UTPA) un bloque gremial que jugará como sindicato nacional unificado, dejando de lado la vieja Federación de Petroleros.  Nada nuevo esperamos de esta nueva unión, ya que la conforman los mismos burócratas que hasta ahora han pactado con todos los gobiernos y empresas y permitido la superexplotación del trabajador petrolero facilitando utilidades extraordinarias para las empresas multinacionales. Necesitamos también en el gremio del gas y el petróleo una nueva conducción combativa y democrática que ponga en caja a las empresas y al gobierno que abusa de la extracción de esta riqueza natural para imponer convenios de super explotacion obrera.