Escribe Agustin Gigli, dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad Esquel
 
El 21 de noviembre, en horas de la tarde, jóvenes de la comunidad mapuche se encontraban en el interior de la Lof Quemquemtrew, en la zona Cuesta del Ternero, cercana a El Bolsón, provincia de Rio Negro, cuando fueron abordados por dos personas de civil armadas que dijeron “estar cazando” en el territorio. Los peñi lamuen (hermanos de la comunidad) Elías Garay y Gonzalo Cabrera, desarmados, les pidieron que bajen las armas y en ese momento fueron acribillados a balazos a quemarropa. Los asesinos están ligados a terratenientes y mineras de la zona.
 
Elías Garay falleció en el lugar y Cabrera fue herido y permanece aún internado.  La comunidad permanecía rodeada por fuerzas de seguridad como la COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate, creada por la policía de Rio Negro en el 2012) y la Gendarmería Nacional.

Los miembros de la COER reciben instrucción extrema para combatir “acciones de alta peligrosidad”, según serían sus objetivos, esto incluye, atacar distintas acciones del pueblo que lucha.  Este cuerpo de especialistas fue instalado por la gobernadora Arabela Carreras (Juntos Somos Rio Negro) hace dos meses en la ruta de acceso a la comunidad para custodiar los intereses de los hermanos Rocco (ver columna). Nadie podía superar ese control sin autorización policial, creando de hecho un sitio a la comunidad que no recibía ni alimentos. Un tiempo después también aterrizó la Gendarmería Nacional enviada por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández. O sea, el asesinato se llevó a cabo en una comunidad cercada por las fuerzas represivas provinciales y nacionales, y con controles aéreos por drones. Nada de lo que ocurría en su interior era ignorado por esas fuerzas, que “permitieron” el ingreso de “cazadores”. Es fácil inferir que liberaron el movimiento de los asesinos. Querían escarmentar el reclamo de los pueblos mapuches sobre el territotio que les pertenece y que nunca fue relevado por la gobernadora (ver recuadro) para no afectar los intereses de los empresarios.

Todos los partidos políticos tradicionales, tanto nacionales como provinciales, difunden lemas y consignas que estigmatizan a las comunidades originarias, tildándolos de “terroristas” y “violentos”. Entre los más perseguidos, reprimidos y abandonados se encuentran Los Tobas (Qom) y los Wichí en el norte, y las distintas comunidades mapuches en la Patagonia. Los conflictos más fuertes se vienen desarrollando en la zona de Vaca Muerta en Neuquén; en cercanía del Lago Mascardi (próximo a Bariloche) donde el grupo Albatros de la Prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel; en el Pu Lof Cushamen en Chubut donde la gendarmería desapareció a Santiago Maldonado en 2017; y en los últimos meses en las cercanías del Bolsón (Río Negro) donde mataron a Garay. Todas estas acciones represivas, ordenadas por los gobiernos de distinto signo, buscan disciplinar a pueblos originarios y evitar entregarles las tierras que les pertenecen (según la Ley 26.160) para poder desarrollar su economía, alimentarse y vivir según su cultura ancestral. Estas tierras son avasalladas por los grandes empresarios beneficiados para que sigan con la deforestación y la mega minería de oro ,plata y litio, liquidando los reservorios de agua dulce, para negocios inmobiliarios y emprendimientos turísticos para los ricos. Es una pelea a muerte por la tierra y sus riquezas. Los gobiernos y sus fuerzas represivas cuidan los intereses de los Benetton, Lewis, Zorreguieta, Emiratos Árabes, Roemmers, Burco, el Arzobispado de San Isidro y muchos más. Todos los gobiernos son los principales responsables de este hostigamiento.
 
Juicio y castigo a los asesinos

A solo cuatro días del crimen de Elías Garay, tanta fue la conmoción, el repudio y las acciones que se realizaban y preparaban en distintos puntos del país que el gobierno de Rio Negro decidió “encontrar” a los autores. Se trata de dos asesinos vinculados a la explotación maderera de la familia Rocco y a empresas mineras. Es decir, los grandes empresarios se quedan con las mejores tierras y luego asesinan a sangre fría con total impunidad a quienes pelean por un pedazo de tierra para sobrevivir.

Exigimos para ellos juicio y castigo con cárcel perpetua. Exigimos también que se investigue la cadena de responsabilidades políticas de alto nivel que permitieron el ingreso de estos asesinos y los fines “aleccionadores” que perseguían. Reclamamos el cese de las campañas de odio racista, que intentan crear un “enemigo interno” y militarizar la región de un lado y el otro de la cordillera para seguir saqueando y explotando el territorio en beneficio de un grupo minoritario de ricos y multinacionales.

Apoyamos incondicionalmente la lucha de los pueblos originarios por sus tierras, y seguiremos siendo impulsores de las acciones de solidaridad con esa justa lucha porque es parte de defender las riquezas para que sean usufructuadas por el pueblo trabajador y los pueblos originarios.

Escribe Atilio Salusso
 
La familia Rocco está usufructuando las tierras donde fusilaron al joven mapuche Elías Garay. Fue beneficiada por una concesión a noventa años. ¡Sí! noventa años. Es decir, se quedan por décadas con tierras fiscales (del Estado) para hacer sus negocios.

Rocco es un empresario local beneficiado a su vez por condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables. En 1999 el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos aprobó las solicitudes de Plantación Forestal donde aparecen 100 hectáreas para Rocco, 200 para Héctor Magnetto (Papel Prensa), 362 para Luciano Benetton (Tierras Sud) y 1.000 para Federico Ochoa (Tierras Tecka).

Rocco inició ese negocio con un capital de doce mil pesos. En 2012 recibió apoyos económicos no reintegrables enmarcados en la Ley 25.08 de Inversiones para Bosques Cultivados, y se le condonaron deudas por los períodos anteriores al 2021, es decir, nunca pagó nada desde 1999 hasta ahora. También Rocco fue exceptuado del pago de la Tasa de Servicios Municipales en un 100% en 2021, dibujando en la cara de los ciudadanos de El Bolsón y Río Negro lo que representa y significa tener una “sociedad de responsabilidad limitada”.

Estos datos son oficiales y reproducidos por el periodista Gustavo Figueroa (Pressenza, 26/09/21, Neuquén), el cual se pregunta: “¿Qué objetivos persigue la explotación del territorio en manos de familias que son beneficiadas ininterrumpidamente por el Estado y que retribuyen de forma miserable a la sociedad y al espacio territorial que explotan? ¿Qué consecuencias produce la plantación de árboles foráneos sobre el territorio, pasando por encima inclusive de los elementos de la naturaleza circundantes (ríos, lagos, valles, cerros, cascadas, montañas)? ¿Cuánta agua consume un “bosque” de pinos o eucaliptos? ¿Tendrán la misma suerte las familias preexistentes que habitan el territorio hace cientos de años? ¿Por qué en esas listas de beneficiarios aparecen tan pocos nombres de familias originarias?”

Escribe Juan Carlos Giordano, Diputado Nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Los resultados del 14 de noviembre volvieron a confirmar la derrota del gobierno, aunque la quiera disfrazar de “triunfo”. Juntos por el Cambio ganó, pero esperaba más. Se produjo un repunte de los neofascistas Milei y Espert. Y la izquierda logró una votación histórica. El FIT Unidad obtuvo 1.264.238 sufragios en todo el país, conquistando la mayor bancada de la izquierda en el Congreso con cuatro diputadas y diputados nacionales. Y otro hecho inédito, el logro de varios concejales en el conurbano bonaerense, mostrando que la izquierda crece paralelamente a la ruptura obrera y popular con el peronismo.
 
El gobierno peronista del Frente de Todos fue el gran derrotado. Bajó al 33% actual, su porcentaje más bajo de todas las legislativas desde 1983. “Se pasó de un peronismo unido que le permitió ganar las elecciones en 2019 a una derrota estrepitosa en tan solo dos años, mostrando su crisis y a una base obrera y popular que en gran parte le dio la espalda”, decíamos en el balance de las PASO. Ese quiebre con el peronismo se ratificó el 14 de noviembre. La desazón y el descontento con el gobierno se transformaron directamente en ruptura, yendo una parte muy importante a engrosar los votos de la izquierda.

El gobierno perdió por nueve puntos en el país. Fue derrotado en las provincias con mayor caudal electoral, empezando por la estratégica Provincia de Buenos Aires (contra Santilli que hasta hace poco era vicejefe de gobierno porteño), CABA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza. Ganó solo en provincias pequeñas. El dato de color fue en la Santa Cruz “de los Kirchner”, donde gobierna Alicia: el Frente de Todos salió tercero. A esto hay que sumarle que Cristina perdió el quórum propio en el Senado, una catástrofe directa contra el kirchnerismo puro.

El gobierno quiere transformar la derrota en triunfo por haber acortado unos puntos en Buenos Aires (del 33 al 38%) y haber revertido los resultados en Chaco y Tierra del Fuego. En todo caso, estos datos impidieron un mayor desbarranque político, al no evitar su traspié.

El gobierno apeló al aparato tradicional y presionó a sectores que no habían votado en septiembre. El macrismo de Juntos, aunque volvió a ganar, no logró superar su porcentaje de las PASO. El gobierno podría mantener la primera minoría en Diputados, y aunque Cristina y el Frente de Todos perdieron el quórum propio en el Senado, al macrismo no le alcanza para controlarlo. Ante esto el gobierno “festeja”, pero el proceso de crisis del peronismo sigue vigente.
La nueva derrota electoral se da por la pérdida de amplios sectores obreros y populares, que le volvieron a dar la espalda al peronismo de Alberto, Cristina, Massa, a la CGT-CTA y a los referentes de los movimientos sociales afines. Rompieron con un falso discurso “contra la derecha” que encubre un ajuste al servicio del FMI.

Mientras el gobierno pedía el voto para frenar al macrismo, les robó a los jubilados y es el responsable del crecimiento de la indigencia, de una inflación que llegó al 52% interanual y la permanencia del robo salarial y jubilatorio. En esto no hay diferencias entre Alberto y Cristina, más allá de los desplantes públicos entre ellos. Cristina acaba de dar la orden para avanzar en el acuerdo con el FMI que representará un mayor ajuste.

El discurso de Cristina a los jóvenes de La Cámpora el día anterior al 17 de octubre pasado, recordándoles los años excepcionales de 1945 donde hubo enormes conquistas sociales, que no volverán, diciéndoles “el peronismo está más vigente que nunca”, fue un intento para evitar que una parte de los votos se le vayan a la izquierda. No le funcionó. La histórica votación del FIT Unidad servirá de acá en más para redoblar la pelea por superar al peronismo, por una alternativa obrera y socialista que combata los males capitalistas, no que conviva con ellos.

El macrismo y la UCR de Juntos ganaron, pero…

El PRO y la UCR de Juntos fueron ganadores, aunque no era el resultado que esperaban. Se reflejó en las caras largas del domingo, en especial en el búnker de la  Provincia de Buenos Aires. Esperaban una mayor diferencia y se quedaron solo un punto arriba del Frente de Todos (39,81% a 38,53%). En todo el país no lograron el número de diputados que necesitaban para controlar solos la Cámara. No obstante, lograron resultados muy elevados en algunas provincias, como el 54% en Córdoba y Entre Ríos. Juntos por el Cambio se postula ahora como posible recambio electoral para 2023, ante una mayor debacle peronista.

Parte de la ruptura y descontento lo capitaliza electoralmente esta oposición patronal, aunque el porcentaje del 42% que sacó es similar a elecciones pasadas, con el dato de que bajó en CABA con Vidal. Fue beneficiado por “un voto dirigido a castigar al gobierno más que a beneficiar a la oposición”, según describió muy bien en su editorial del pasado lunes 15 el director de Clarín, Ricardo Kirschbaum. Es decir, se usó al macrismo de Juntos para repudiar al gobierno, más que por apoyar su programa, sin generar entusiasmo en su electorado ante una coalición que cuando gobernó lo hizo a tarifazo limpio y endeudamiento serial. No hubo giro a la derecha sino voto castigo.

Sale beneficiado el tándem Larreta-Vidal-Santilli versus Macri-Bullrich. Y los radicales con Morales o Cornejo darán pelea en la interna presidencial. Este triunfo no puede ocultar su crisis, como se vio en el propio anuncio de los resultados con caras largas y sin festejos. Siguen las peleas internas que vienen desde la derrota de 2019.

El voto a Juntos no significa una salida favorable para el pueblo trabajador. Por eso seguiremos insistiendo a los trabajadores y jóvenes con que, para enfrentar al peronismo, no va el macrismo. Uno de sus slogans de campaña fue “hay que frenar” al Frente de Todos en el Congreso. Pero sabemos que en muchos temas cruciales “no hay grieta”, ya que cuando se trata de votar leyes para garantizar los pagos de la deuda, por ejemplo, o salvar las ganancias capitalistas de multinacionales, petroleras, el Biodiésel o al “productor de ovejas” Benetton, votan juntos, tanto macristas como peronistas.
 
El voto a Milei y Espert

Milei creció del 13 al 17% en CABA, logrando dos diputados nacionales (310.000 votos), y Espert sacó 656.498 sufragios y tres diputados al Congreso. Este es un resultado muy negativo porque se trata del crecimiento de figuras neofascistas en el país. Lamentablemente, canalizan el voto equivocado de sectores juveniles y populares que rechazan la corrupción y la miseria que provoca el sistema capitalista y sus políticos patronales tradicionales.

Se denominan “economistas no políticos” y levantan propuestas ultraderechistas, antiobreras y retrógradas. La escena del patotero armado que apuntó al público en el acto de Milei lo muestra de cuerpo entero. Lo mismo la reivindicación por los ataques vandálicos a locales de partidos de izquierda. Espert llegó a decir que hay que meter bala tipo pena de muerte a los delincuentes (queso gruyere), y defiende a rajatabla a la policía bonaerense. Milei y Espert se dicen “antisistema” pero defienden lo peor del sistema capitalista, desconociendo incluso el cambio climático.

Milei recoge el voto más de derecha de los halcones macristas, que quedaron con la sangre en el ojo por no aplicar un mayor ajuste cuando gobernaron. Por eso Milei le comió bancas al macrismo, tildando de tibio a Larreta y hasta de “comunista”. También los apoya un sector juvenil de derecha que odia a “la política”, a las conquistas de derechos de las mujeres, o dice que el encierro en la cuarentena fue criminal, muchos de ellos antivacunas como Milei. Espert, quien hasta último momento negoció ir en las listas de Juntos, recibió el voto de sectores derechistas o de listas evangelistas que no pasaron las PASO, y de algunos sectores fundamentalistas anti K. Otros son atraídos por el discurso contra la “casta política”, pero se les está cayendo la careta. Milei se reunió con Macri diciendo que no era parte de la casta y que con Bullrich podrían ir juntos en 2023.

Milei y Espert copian a Trump, Bolsonaro y a la ultraderecha de Vox del Estado Español.  Habrá que ver si estos personajes crecen por fuera de sus distritos. Algunas listas provinciales se han referenciado en Milei, quien fue a hacer un acto en La Rioja. No son una expresión nacional organizada. Se verá más en concreto hacia las masas su verdadero rostro en su actuación como diputados. Estos son políticos que hay que combatir, llamando a la juventud trabajadora y estudiantil a no dejarse engañar por sus frases rimbombantes.

Elección histórica del Frente de Izquierda Unidad

El FIT Unidad otra vez volvió a ser noticia nacional, generando un alto impacto y reconocimiento entre los luchadores no solo de Argentina sino también de otros países. Nunca la izquierda logró cuatro bancas nacionales en una misma elección. Tampoco había logrado concejales en el conurbano bonaerense, mostrando su inserción en las barriadas obreras y populares. Lo mismo podemos decir del diputado nacional conquistado desde Jujuy. Y en CABA conquistó una diputación nacional que no lograba desde hace veinte años con Zamora, aunque ahora lo hace la izquierda unitaria y revolucionaria. Si a esto le sumamos que obtuvimos 1.264.238 votos, siendo tercera fuerza nacional, ya no estamos hablando sólo de una gran elección sino de registros históricos que nunca se dieron.

Estamos en presencia de un giro a izquierda de una importante franja obrera y popular, del movimiento de mujeres y de la juventud, de vecinas y vecinos de los barrios populares, jubiladas y jubilados y de la simpatía que recoge el Frente de Izquierda con el sindicalismo combativo, que va en sus listas contra la burocracia sindical. Es un premio a la unidad de la izquierda que conquistamos desde el 2011, donde nuestro partido Izquierda Socialista ha sido el gran impulsor y defensor. Este gran paso se dio también por la coherencia en haber enfrentado consecuentemente a todos los gobiernos capitalistas, del color que sean. Y porque hemos postulado una salida de fondo, defendiendo el salario, las jubilaciones, enfrentando los despidos, contra la megaminería, el saqueo y la contaminación, y señalando que el país se sigue hundiendo por pagar la deuda externa y cumplir con el FMI. Somos los verdaderos antisistema, contra este capitalismo explotador y depredador del ambiente.

En provincia de Buenos Aires fue donde más crecimos, con un 33% más desde las PASO, logrando 596.723 votos y con excepcionales performances en el conurbano. Esto posibilitó conquistar dos bancas nacionales por Provincia de Buenos Aires, con Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO), que las compartirán con nuestros compañeros y actuales diputados nacionales por Izquierda Socialista, Mónica Schlotthauer y quien escribe esta nota, entre otros. Se conquistaron también dos legisladores por la Tercera Sección electoral, con Guillermo Kane (PO) y Graciela Calderón (directiva de Suteba La Matanza y dirigenta de Izquierda Socialista). Y se lograron dos concejales por La Matanza, Merlo, Moreno, José C. Paz y en Pringles, uno en Morón y en otros distritos se está peleando en el escrutinio definitivo (ver en este periódico).

También logramos una banca por CABA encabezada por Myriam Bregman (PTS), que compartirá con Vanina Biasi (PO) y Mercedes de Mendieta (Izquierda Socialista), y dos legisladores, con Gabriel Solano (PO) y Alejandrina Barry (PTS), quienes compartirán con Pablo Almeida y Mercedes Trimarchi respectivamente, ambos de Izquierda Socialista. Y otra banca nacional por Jujuy encabezada por Alejandro Vilca (PTS).
 
Resultados y perspectivas

La elección dejó huellas de preocupación. Distintos analistas han dicho que tanto el Frente de Todos como el macrismo “no enamoran”. Que ambas opciones patronales tienen un “límite” de crecimiento, y que tienden al declive. Hacen referencia a que en Argentina como en Latinoamérica hay un descontento “contra el sistema político” y que en particular el peronismo ya no es garante como “capitán de tormenta”. Esto refleja el hartazgo de amplias mayorías populares contra quienes vienen gobernando, que vienen siendo repudiados en las urnas y en las calles. Esta preocupación se liga al crecimiento de la izquierda. El famoso tercio del que habló Cristina, que perdieron el peronismo y el macrismo en estos años y del que, según sus dichos, una parte fue al “extremo” de la izquierda.

El gobierno queda más débil para aplicar el mayor ajuste que se viene. Por eso llama al consenso y al diálogo. Le quedan dos años de mandato mientras crecen la miseria y la marginalidad social, como se vio al grito “que se vayan todos” en la marcha de repudio al asesinato del kiosquero de La Matanza. Las luchas seguramente crecerán, augurando un 2022 caliente. Y allí daremos batalla por una nueva dirección sindical y política. En lo sindical, se acaba de ganar ATEN Capital y otras seccionales y el gremio docente de Chubut (Atech), ambos contra burocracias peronistas. Se ratificó la conducción del Sutna y se prepara para dar pelea el Sarmiento, con el “Pollo” Sobrero y la Bordó contra la Verde de los asesinos de Mariano Ferreyra. Y en lo político, surgió una esperanza con la histórica votación del FIT Unidad. Un gran aliciente que fortalece la pelea por una alternativa política, que luche por un gobierno de las y de los trabajadores y por otro sistema, el socialismo, con democracia obrera y popular. Saludamos a quienes lo hicieron posible, a toda nuestra militancia aguerrida y a los cientos de miles que nos votaron, invitando a sumarse a Izquierda Socialista para afrontar los desafíos venideros.

Escribe José Castillo

El mismo domingo a la noche, mientras se conocían los resultados electorales, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso Nacional, en los primeros días de diciembre, un programa económico para que sea acordado con las demás fuerzas políticas. La novedad: que su extensión sería de varios años y que contendría los números del ajuste exigido por el FMI. Ya lo anticipamos: el FIT Unidad se opondrá rotundamente.

Lo venimos denunciando durante toda la campaña electoral: apenas cerrados los comicios, el gobierno de Alberto Fernández se apresura a cerrar el acuerdo con el FMI, que significará un mayor ajuste por sobre el actual. Y ese acuerdo terminará siendo apoyado por Juntos por el Cambio y también por los nuevos diputados de ultraderecha de la bancada de Milei y Espert.

Todo esto empezó a tomar cuerpo el mismísimo domingo por la noche. Ahí el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso un “programa plurianual preacordado con el FMI”. Detengámonos sobre esto. Acá está la hoja de ruta del plan de ajuste que hambreará al pueblo trabajador y saqueará nuestras riquezas en el futuro inmediato. Primero: se trata de un programa “plurianual”, lo que quiere decir que no estamos hablando simplemente de un presupuesto de ajuste para el 2022. Por el contrario, es todo un programa que se extenderá por varios años, en concreto hasta 2025. Segundo: será, como ya lo confesó el propio presidente Fernández, un plan que seguirá las exigencias del Fondo. De ahí el eufemismo “preacordado con el FMI”.

No existe un plan del Fondo con “inclusión social”

Desde el Frente de Todos insisten en que el acuerdo con el Fondo será “preservando el crecimiento económico y la inclusión social”. Lo tenemos que decir con todas las letras: eso no será así. Es mentira.
No existe ninguna posibilidad de un acuerdo con el FMI que no sea de ajuste. Así lo certifica toda la historia del organismo. Los 22 acuerdos anteriores de gobiernos argentinos con el FMI, de 1956 a esta parte, han sido, sin excepción, durísimos planes de ajuste. Lo mismo sucede si miramos cualquiera de los planes del Fondo con cada país del planeta. Para muestra basta recordar uno sólo: el que se intentó imponer a Ecuador pocos meses antes de la pandemia, y que fue derrotado con una enorme insurrección popular.

El propio gobierno lo sabe, aunque esquiva cuidadosamente cualquier referencia a la palabra “ajuste”. Para eso utiliza otra expresión: “convergencia fiscal”. En concreto, con esto se quiere decir exactamente lo mismo: el FMI exige reducir el déficit fiscal a 1,5% del PBI el año próximo, a déficit cero en 2023 y a superávit en los años siguientes, todo para generar el “ahorro” en dólares suficiente para cumplir con los pagos al propio Fondo.
Esto tiene consecuencias concretas: reducción de las partidas en salud, educación y gasto social, tarifazos y devaluación (con la consecuente suba inflacionaria). Y la exigencia por parte del Fondo de avanzar en las llamadas “reformas estructurales”, léase flexibilización laboral, mayor ajuste en las jubilaciones (empezando por liquidar los regímenes especiales, como el docente) y reducción del gasto de las provincias.

¿Qué se busca con el “diálogo”?

La realidad es que al gobierno se le acaban los tiempos. El 20 de diciembre tiene que pagar 1.900 millones de dólares. Un nuevo desembolso que pone las pocas reservas que quedan en manos de los usureros internacionales, postergando las urgencias populares.

El problema es que la deuda externa es una bola de nieve sin fin. En 2022 hay vencimientos por 19.000 millones de dólares. De ellos, hay que pagar casi 4.000 millones antes de marzo. Y el gobierno del Frente de Todos, aunque quiera, ya no tendrá los dólares para afrontar esos vencimientos. Llegó la hora de la verdad: o acuerda, en el cortísimo plazo, con el Fondo, o rompe.

Al gobierno se le acaba también el doble discurso. Porque, y así lo han dejado claro el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina y el ministro de Economía Martín Guzmán, la única opción que evalúan es acordar con el FMI. Por eso se insiste en el programa “preacordado” con el organismo.

La única salida: romper con el FMI y dejar de pagar la deuda

Todos los partidos patronales, los economistas del establishment, los voceros de las cámaras patronales, los burócratas sindicales de la “reunificada” CGT y también de la CTA, coinciden en un punto: que, “sí o sí”, hay que acordar con el FMI. Allí se acaban todas las grietas y las denuncias sobre “castas políticas”. Todos se someten al amo imperialista, en la figura todopoderosa del Fondo.

Una vez más, sólo el Frente de Izquierda Unidad dice que ese es un camino seguro para que se incremente la pobreza, la desocupación, la marginación social y el deterioro mayor aún de la educación y la salud pública. Por eso, somos categóricos: los diputados nacionales del FIT Unidad se opondrán al acuerdo con el Fondo y a este “programa plurianual”. También a cualquier “diálogo” o “acuerdo” que lo incluya, denunciando que esta es exactamente la exigencia del Fondo, que pide explícitamente un “amplio consenso político y social”.

Nos opondremos y nos pondremos a la cabeza de la movilización para enfrentar el ajuste, postulando una vez más que la única salida es otro programa, alternativo, obrero y popular. Programa que comienza justamente por dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI, para así poner todos esos recursos al servicio de atender las más urgentes necesidades populares de salario, trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe Guido Poletti

El jueves anterior a las elecciones se conoció el índice de precios al consumidor del mes de octubre: volvió a dar 3,5%, igual que el mes anterior. Ya es una realidad, la inflación de 2021 terminará cerca o arriba de 50%. Y estamos hablando del indicador promedio, ya que sabemos que muchísimos productos de la canasta básica de consumo popular subieron mucho más. La carne, por ejemplo, está arriba de 60%. Lo mismo las frutas, verduras y el pan. Ni que hablar de los medicamentos, donde recién ahora el gobierno toma nota e incorpora a aquellos “con receta” dentro del listado de productos congelados hasta enero. Por supuesto que nada se hace con los muchísimos remedios de venta libre que llevan subas escandalosas en el último año.

Los precios congelados, anunciados con bombos y platillos a principios de octubre por el secretario de Comercio Roberto Feletti, evidentemente no tuvieron efecto: la suba de precios continúa. Lo más grave es que, terminadas las elecciones, es un secreto a voces lo que se viene, en el marco de las exigencias del FMI: tarifazos de los servicios públicos, nuevas subas de los combustibles y la más que cercana posibilidad de un salto devaluatorio que, como todos sabemos, termina casi enseguida trasladado a precios.

Frente a esta realidad, ¿qué pasa con los salarios? Increíblemente, desde el gobierno de Alberto Fernández hay quiénes quieren hacernos creer que en estos últimos meses “se le ganó a la inflación”. Para esto, hacen algunas cuentas estrafalarias sumando algunos incrementos en cuotas y tratando de compararlo con tal o cual inflación mensual. La realidad es muy distinta: los aumentos negociados en las paritarias, por las burocracias de los distintos gremios del sector privado, no recuperaron ni de lejos lo que se perdió el año pasado y los incrementos son en cómodas cuotas. En muchos casos recién se “empataría” la inflación que ya lleva este año en marzo o abril de 2022 (cuando obviamente, los precios habrán pegado un nuevo salto y otra vez estaremos perdiendo). Mucho peor es el panorama en los trabajadores del sector público (incluyendo en esto al conjunto de los estatales, nacionales, provinciales y municipales, a los docentes y a los trabajadores de la salud) que firmaron paritarias escandalosamente a la baja. Y ni que hablar de los tercerizados o directamente informales (mal llamados trabajadores “en negro”) que directamente cobran salarios cercanos a la indigencia.
Como muestra, mientras los trabajadores de ATE Indec calculan que la canasta básica para no ser pobre es de 112.243 pesos, el promedio salarial en nuestro país supera apenas los 50.000.

Es urgente exigir un aumento generalizado, de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de dicha canasta, que debe actualizarse mensualmente de acuerdo a la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que se reabran inmediatamente todas las paritarias, sin techo ni restricción alguna. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y desde el sindicalismo combativo le exigimos a la CGT recientemente reunificada y a las CTA que rompan su tregua con el gobierno y llamen a un plan de lucha por estos reclamos.