Escribe Guido Poletti

El jueves anterior a las elecciones se conoció el índice de precios al consumidor del mes de octubre: volvió a dar 3,5%, igual que el mes anterior. Ya es una realidad, la inflación de 2021 terminará cerca o arriba de 50%. Y estamos hablando del indicador promedio, ya que sabemos que muchísimos productos de la canasta básica de consumo popular subieron mucho más. La carne, por ejemplo, está arriba de 60%. Lo mismo las frutas, verduras y el pan. Ni que hablar de los medicamentos, donde recién ahora el gobierno toma nota e incorpora a aquellos “con receta” dentro del listado de productos congelados hasta enero. Por supuesto que nada se hace con los muchísimos remedios de venta libre que llevan subas escandalosas en el último año.

Los precios congelados, anunciados con bombos y platillos a principios de octubre por el secretario de Comercio Roberto Feletti, evidentemente no tuvieron efecto: la suba de precios continúa. Lo más grave es que, terminadas las elecciones, es un secreto a voces lo que se viene, en el marco de las exigencias del FMI: tarifazos de los servicios públicos, nuevas subas de los combustibles y la más que cercana posibilidad de un salto devaluatorio que, como todos sabemos, termina casi enseguida trasladado a precios.

Frente a esta realidad, ¿qué pasa con los salarios? Increíblemente, desde el gobierno de Alberto Fernández hay quiénes quieren hacernos creer que en estos últimos meses “se le ganó a la inflación”. Para esto, hacen algunas cuentas estrafalarias sumando algunos incrementos en cuotas y tratando de compararlo con tal o cual inflación mensual. La realidad es muy distinta: los aumentos negociados en las paritarias, por las burocracias de los distintos gremios del sector privado, no recuperaron ni de lejos lo que se perdió el año pasado y los incrementos son en cómodas cuotas. En muchos casos recién se “empataría” la inflación que ya lleva este año en marzo o abril de 2022 (cuando obviamente, los precios habrán pegado un nuevo salto y otra vez estaremos perdiendo). Mucho peor es el panorama en los trabajadores del sector público (incluyendo en esto al conjunto de los estatales, nacionales, provinciales y municipales, a los docentes y a los trabajadores de la salud) que firmaron paritarias escandalosamente a la baja. Y ni que hablar de los tercerizados o directamente informales (mal llamados trabajadores “en negro”) que directamente cobran salarios cercanos a la indigencia.
Como muestra, mientras los trabajadores de ATE Indec calculan que la canasta básica para no ser pobre es de 112.243 pesos, el promedio salarial en nuestro país supera apenas los 50.000.

Es urgente exigir un aumento generalizado, de emergencia, para que nadie gane menos que el valor de dicha canasta, que debe actualizarse mensualmente de acuerdo a la inflación. Al mismo tiempo, es necesario que se reabran inmediatamente todas las paritarias, sin techo ni restricción alguna. Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad y desde el sindicalismo combativo le exigimos a la CGT recientemente reunificada y a las CTA que rompan su tregua con el gobierno y llamen a un plan de lucha por estos reclamos.

Escribe Pablo Almeida, legislador porteño por Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegado general ATE Ministerio de Economía

La semana pasada, días antes de las elecciones legislativas, Parque Norte fue escenario del Congreso Nacional de la CGT, en donde se terminó de erigir un nuevo triunvirato. Unificada y con los sectores de mayor peso a la cabeza, el gobierno y los empresarios tienen una nueva conducción sindical alineada a las necesidades de profundizar las políticas de ajuste y el postergado acuerdo con el FMI.

Luego de idas y vueltas, y de una cuota de cacareo entre los caciques sindicales de diferentes orientaciones políticas, todos ellos burócratas de pura cepa, se definió que Hector Daer de Sanidad, Carlos Acuña de Estaciones de Servicio y Pablo Moyano de Camioneros encabezan la nueva conducción tripartita de la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta nueva conducción buscará apuntalar al gobierno, golpeado y en crisis, que tiene por delante dos años más de gestión en medio de la crisis económica y social que sacude a la mayoría de los trabajadores, con salarios a la baja y la carestía generalizada.

El recién estrenado triunvirato fue gestado para representar a los sectores más atornillados de la CGT y del entramado peronista: “los gordos”, representados por Daer; Acuña alineado al gastronómico Barrionuevo; y Pablo Moyano en representación de Camioneros y otros gremios cercanos a Hugo Moyano. Antonio Caló de la UOM, fuera del encabezado principal, quedó al frente de una de las secretarías que fueron repartidas entre los gremios con más peso: Smata, Comercio, Upcn, entre otros. Como deslizó por debajo de la mesa el vocero de la CGT, “es preciso contener a todos los sectores del movimiento obrero en el contexto de una unidad integral, en especial ante el difícil momento de la vida nacional” (Ambito Financiero, 11 de noviembre).

Todos ellos son viejos conocidos de los trabajadores, porque son quienes vienen firmando paritarias a la baja, mirando para otro lado cuando se votan leyes antiobreras o haciéndose los desentendidos frente a los despidos. Como triunvirato, entre sus miembros suman años de experiencia en darle la espalda a los laburantes, y estar pegados a los gobiernos de turno y sus políticas a favor de los empresarios y las multinacionales. En esta oportunidad, serán los escuderos que el gobierno y las patronales necesitan para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y así pagar los compromisos con el organismo, a costa de más hambre y saqueo, descargando más ajuste sobre los trabajadores y sectores populares. Ya lo han hecho durante el gobierno de Macri, reforma previsional de por medio, entregando el salario y derechos laborales, por dar algunos ejemplos. La posibilidad de una futura reforma laboral, pedida por gran parte de la oposición patronal y de los empresarios, encontrará seguramente en este triunvirato “renovado” un aliado a la hora de plasmar una nueva ley de trabajo que contenga todas las demandas de las patronales. Por eso somos claros: nada nuevo y bueno para los trabajadores desembarca  con esta CGT. La bronca contra estas direcciones sindicales viene aumentando, y se refleja parcialmente en la derrota electoral del gobierno y en el surgimiento de nuevas conducciones sindicales.
Por ello es necesario seguir apostando y desarrollando estas nuevas experiencias sindicales democráticas y combativas, con dirigentes elegidos por voto directo y que encabecen cada una de las luchas por venir. Este nuevo e incipiente modelo sindical, como el caso de ATEN Neuquén con Angélica Lagunas, el Sutna con Crespo, los ferroviarios del Sarmiento con el “Pollo” Sobrero, la Multicolor de Suteba, entre otros, muestran que es posible y necesario. Desarrollemos un nuevo polo de organización sindical antipatronal y antiburocrática, apostando a fortalecer el sindicalismo combativo y el Plenario Sindical Combativo, como experiencias de organización opuestas a la vieja y entregadora burocracia sindical peronista. Bregamos por una organización sindical al servicio de las luchas, como una herramienta para que las mismas triunfen, no como un privilegio.

Escribe Mónica Schlotthauer, diputada nacional, por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Entre los días 7 y 10 de noviembre estuve en Tierra del Fuego. El objetivo de mi viaje fue llevar apoyo y solidaridad a varios sectores de trabajadores que luchan por sus derechos, y respaldar a los compañeros del Frente de Izquierda Unidad en el final de la campaña.

Mi primera conclusión es que en nuestro país, de norte a sur, los problemas de los trabajadores y los sectores populares se repiten con la misma intensidad. La pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la precarización laboral y las jubilaciones de miseria son una constante, con gobiernos que atienden prioritariamente los intereses de los grandes empresarios y el FMI.

El domingo 7, apenas arribada a Ushuaia y junto con mis compañeros de Izquierda Socialista, almorzamos en la planta Ambassador Fueguina con los trabajadores de esa fábrica y los dirigentes portuarios de la Lista Naranja, que luchan por la recuperación del sindicato, y Joana Reta del Programa de Educación Laboral (PEL), que reclaman por el pase a planta permanente. Ambassador está ocupada por sus trabajadores que llevan veintidós meses sin cobrar. Los compañeros denunciaron el rol traidor de la dirigencia de la UOM de Ushuaia, que públicamente tildó de ilegítima la ocupación, y agradecieron el apoyo brindado por Izquierda Socialista.

El lunes, después de una conferencia de prensa en Río Grande junto a los militantes del FIT Unidad que integran la lista de candidatos del PO, visitamos la Planta de Digital Fueguina ocupada por sus trabajadores (patronal del Grupo Garbarino, a cuyos trabajadores en conflicto también estamos acompañando en Buenos Aires). El relato de uno de los operarios fue conmovedor: “hace ocho meses que no cobramos y, a pesar de las gestiones ante el Ministerio de Trabajo y la audiencia con el gobernador, continuamos sin respuestas”.

El martes 9 realizamos otra conferencia de prensa en Ushuaia, y por la tarde nos reunimos con dirigentes del Sindicato Municipal Suoem, con la participación de trabajadores de Ambassador. Se debatió sobre la situación de la provincia, las luchas en curso de Ambassador, Digital Fueguina, Brightstar del Grupo Mirgor de Caputo, y la flexibilización laboral impulsada desde el oligopolio Newsan que chantajea con rebajar las condiciones de trabajo, salario y derechos si quieren seguir trabajando. Otro escarnio es la precarización impuesta por el programa de gobierno PEL, donde los y las trabajadoras cobran 4.000 pesos por cuatro horas de trabajo en una provincia cuya canasta básica supera los 160 mil pesos. Discutimos el saqueo de los recursos naturales por parte de las multinacionales, principalmente de la pesca y el petróleo, y la necesidad de estatizar el puerto. También sobre la crisis de la salud pública y de la lucha por recuperar OSEF, la Obra Social de los estatales que actualmente se encuentra intervenida por el gobierno, en estado crítico por el uso de los recursos para otros fines.

El último día nos reunimos con el Secretario General del Sindicato de Oficiales y Capitanes Navales, quienes reclaman la instalación de una escuela de capacitación para marinos  en todas las especialidades. Una reivindicación correcta, porque como no hay mano de obra capacitada, se cubren las vacantes con mano de obra extranjera. Mientras tanto, miles de desocupados reclaman poder trabajar.

Un cúmulo de problemas, en una provincia con una promoción industrial que beneficia a las patronales con el recorte de impuestos y regalías, que se van cuando quieren dejando una altísima desocupación y una gran crisis social como demuestran el 40% de pobreza y 54% de desocupados. Sin embargo, regresé llena de optimismo. Por un lado, por la incansable lucha de los trabajadores de esa región, que demuestra que la movilización es la mejor herramienta para defender sus derechos, por otro, por las posibilidades que se le abren al Frente de Izquierda y en especial a nuestro partido para construirse alrededor de esas luchas.

La Isla Grande desmiente la propaganda de los partidos patronales de que tenemos que traer capitales de afuera y flexibilizar las leyes laborales para crear más puestos de trabajo. Tierra del Fuego es un emblema de esas políticas. Sin embargo, nos encontramos con los mismos problemas de todo el país. No hay salida con estos gobiernos patronales. Tenemos que apostar con todo a la lucha y a una alternativa de los trabajadores y el pueblo pobre para salir de esta crisis. Esa es la propuesta del FIT Unidad, y por eso se consolida como la tercera fuerza nacional.

Escribe Martín Fu

En un fallo repudiable y antiobrero, el Tribunal Oral en lo Criminal 3, a cargo del juez Javier Ríos, condenó a los compañeros Cesar Arakaki, del Partido Obrero, y Daniel Ruiz, del PSTU, a penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por haber incurrido en los delitos de lesiones “en ocasión de agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, agravado por mano armada e intervención de más de tres personas” hechos imputados durante las jornadas de rebelión popular del 14 y 18 de diciembre de 2017.

Esos días, miles nos volcamos y movilizamos para repudiar la reforma previsional pactada entre el gobierno de Macri, el peronismo y la burocracia sindical de la CGT. Una ley que salió con la complicidad y ayuda del circo que montaron los diputados peronistas “opositores”dentro del Congreso, mientras afuera decenas de miles repudiábamos y éramos blanco de gases y hasta embestidas de la policía en sus motocicletas contra trabajadores, como lo han mostrado diversos medios en esos días. Varias compañeras y compañeros resultaron heridos, detenidos y judicializados, todo para garantizar el saqueo de 100.000 millones de pesos a los jubilados.

Sin ninguna prueba que acredite los delitos que se le imputan a Arakaki y Ruiz y en el contexto en el que fueron juzgados, en medio de una rebelión popular, el fallo constituye un antecedente aberrante contra los que luchan y particularmente la izquierda. El “delito” de los compañeros, para la justicia patronal es haber salido a luchar.

Usar pirotecnia no es usar “un arma”. Protestar no es delito. Repudiar frente al Congreso el saqueo a las jubilaciones no es “intimidación pública”.

Es así que este fallo llega antes de las elecciones, apuntando de lleno contra los luchadores y la izquierda que impidieron, con la protesta, que se vote la otra reforma contra los trabajadores: la reforma laboral. El gobierno del Frente de Todos intentarán hacer realidad esta ley, a pedido del FMI. Y con el apuntalamiento del macrismo, porque en esto los partidos patronales no tienen grieta. Un día después de las elecciones este acuerdo tiene continuidad no solo en no repudiar la condena sino en llamar a un “gran acuerdo nacional” para profundizar el ajuste y las políticas antiobreras. Este fallo cercena los más elementales derechos democráticos como el de la protesta, se adelanta a lo que va a venir: quieren amedrentar y criminalizar a los que luchan contra las políticas que buscan de rodillas pagarle al FMI. Repudiamos el fallo y seguimos reclamando la absolución de los compañeros César Arakaki y Daniel Ruiz.

Escribe Juan Carlos Giordano
Diputado Nacional y candidato por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los hechos de violencia en el conurbano bonaerense crecen día a día. El crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía fue la gota que rebalsó el vaso. Hubo una auténtica rebelión de los vecinos de La Matanza que repudiaron e insultaron al “rambo” Berni y a todos los funcionarios responsables, tanto del municipio como el intendente Espinoza, y al gobernador Kicillof de la Provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. El macrismo que gobernó varios años la provincia también es responsable. Por eso se gritó en la marcha “que se vayan todos”.

La inseguridad es un flagelo que sufre sobre todo el pueblo trabajador, el que se suma al drama cotidiano de la pobreza y la falta de trabajo. Arrebatos de celulares, aprietes de motochorros, asaltos a pequeños comercios en barrios populares, son cosas de todos los días. Y cada vez más la descomposición social y la marginalidad hacen que muchos de estos hechos terminen en situaciones de violencia e incluso asesinatos como lo sucedido esta semana en Ramos Mejía. Se trató de un hecho aberrante, donde fue asesinado un padre de familia. Nos solidarizamos con el dolor de la familia y la indignación de los vecinos.
El gobierno peronista del Frente de Todos, principal responsable con Alberto Fernández, Axel Kicillof y el intendente Fernando Espinoza oscila entre hacer como si la inseguridad “no existiera” (Aníbal Fernández dice que “suceden en todas partes del mundo”) a intervenciones espectaculares para la televisión como las de Berni. La oposición de Juntos por el Cambio y ni que hablar los ultraderechistas Milei y Espert aprovechan para exigir más “mano dura”, baja de la edad de imputabilidad, más policías y gendarmes en las calles e incluso, como llegó a decir José Luis Espert, aval para el gatillo fácil (habló de “ametrallar dejándolos como queso Gruyere” a los delincuentes). En el caso de Juntos, recordemos que María Eugenia Vidal ya gobernó durante cuatro años la provincia y la inseguridad no disminuyó, al contrario, siguió creciendo. Por eso es repudiable el uso electoral que le dan los candidatos del macrismo diciendo que con su gobierno “habían acorralado a los narcos”, u otras declaraciones de ese tipo, mientras Bullrich defendió el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en la Patagonia por apoyar los reclamos del pueblo mapuche.

¿Cuál es el origen de la violencia callejera?
La inseguridad aumenta y sus principales víctimas son las y los trabajadores, mientras esperan un colectivo, al salir a la mañana temprano o al volver de noche. El pueblo trabajador, las mujeres y los jóvenes son los que sufren los arrebatos y aprietes de los motochorros, quienes viven en barrios “zona de nadie”, con colectivos que dejan de pasar de noche y bocas de lobo sin alumbrado público. Los pequeños kioscos, bares y heladerías son los asaltados, no obviamente los grandes supermercados o shoppings que cuentan con su propia seguridad.
Todo esto sucede por el incremento de la marginación social, el desempleo, la pobreza extrema y la indigencia. Este es el motivo de fondo, que todos los gobiernos buscan esconder, mientras protegen a los delincuentes de guante blanco. Pero evidentemente con esto no alcanza: ¿De dónde salen las armas? ¿Quién libera las zonas en las que opera el delito? ¿Por qué hay zonas enteras que todo el mundo sabe que están en manos de grandes mafias ligadas al narcotráfico y a la trata? ¿Quién deja que sigan existiendo los desarmaderos y múltiples puntos de venta donde se reduce lo robado?
La respuesta es simple. La raíz está en la connivencia de las fuerzas represivas con las mafias del delito organizado (Federal, Bonaerense, Gendarmería, Prefectura, Servicio Penitenciario, Policía de Seguridad Aeroportuaria) con los punteros políticos que sostienen los gobiernos. Entramado que termina usando como mano de obra barata y carne de cañón a las y los pibes de los barrios más vulnerables, a los que después descartan e incluso reprimen y asesinan cuando hay que mostrar “que se hace algo”.

La policía es parte del problema, no la solución.
En todos los delitos importantes hay comisarios involucrados, así como también los jueces. Narcotráfico, trata de personas, juego clandestino, salideras bancarias, piratas del asfalto, en síntesis, todo delito que requiera una cierta infraestructura requiere de zonas liberadas, provisión de armas y hasta de uniformes policiales para los delincuentes. Comisarías enteras viven de los “porcentajes” que obtienen de estos hechos.
Es la misma policía que después reprime, militarizando los barrios más carenciados, deteniendo y muchas veces asesinando a las y los pibes que viven en ellos, luego de instalar que “todos son chorros”. En La Matanza, el corazón de los hechos de inseguridad, sucedió en 2009 el asesinato y desaparición de Luciano Arruga por negarse a robar para la propia policía. Y no se trató de un hecho aislado. Durante la cuarentena se registraron 71 casos de gatillo fácil en todo el país, más de 20 de ellos en el conurbano. Y recordemos que la bonaerense estuvo directamente involucrada en la desaparición el año pasado de Facundo Castro.
Estas fuerzas de seguridad, las que “desaparecen” para liberar zonas o directamente participan de los hechos delictivos, son las que luego “aparecen” de a centenares cuando se trata de reprimir los reclamos de justicia como en Ramos, en Guernica, trabajadores en lucha o desalojar a vendedores ambulantes.

Hay que atacar el problema de fondo.
No habrá solución si no se ataca el problema de raíz: el aumento astronómico de la pobreza, la marginalidad y la desocupación. Y esto requiere imponer otro programa económico, obrero y popular, como planteamos desde Izquierda Socialista y el FIT Unidad, donde el dinero que hoy se está destinando a los usureros de la deuda y al FMI vaya efectivamente para generar trabajo, salarios y jubilaciones dignas, educación, salud y vivienda, para sacar a millones de la marginalidad, caldo de cultivo de la violencia.
Hay que terminar con las cúpulas policiales corruptas, cómplices de los grandes delincuentes, así como con sus jueces amigos, haciendo que los propios vecinos elijan con el voto popular a los comisarios en cada barrio, igual que los jueces.
Y apoyamos la autoorganización y movilización de los vecinos de las barriadas populares, debatiendo en forma asamblearia, tomando medidas para disuadir el delito y garantizar la seguridad de todas y todos, sin caer en las provocaciones de linchamientos ni la justicia por mano propia, y por sobre todas las cosas, controlando el accionar policial.
Mientras peleamos por esta salida, acompañamos hoy en su lucha por justicia a los familiares y vecinos de Roberto Sabo.