Escribe Agustín Gigli

El gobierno del Frente de Todos de Chubut sigue con su embestida minera. Arcioni lo hace con el apoyo del gobierno nacional de Fernández, las grandes multinacionales de la minería (empezando por Pan American Silver) y las distintas facciones del justicialismo en la Legislatura.

Desde Ambiente en Lucha venimos impulsando la movilización para evitar la aprobación de la zonificación minera, que quiere entregar la meseta al saqueo. Lo hacemos junto con las distintas asambleas de Chubut y la coordinadora nacional Basta de Falsas Soluciones.

La megaminería es una nueva forma de colonización, como dijo nuestro diputado nacional de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, Juan Carlos Giordano, en la radio abierta que hizo esta semana la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel.

El proyecto Navidad no va a solucionar la crisis económica provincial

Navidad es un proyecto minero en la zona de Gastre donde hace años querían poner un basurero nuclear. La canadiense Pan American Silver, que quiere explotarlo, estima que pueden extraerse 16 millones de onzas de plata anuales durante diecisiete años. La minera se llevaría unos 6.000 millones de dólares.

El gobierno promete aumentar las regalías a las empresas con la conformación de un “bono de compensación minera”, un “fondo fiduciario de infraestructura económica” y otros. Dice que las aumentará más de 3%, que es el máximo que permite el código minero menemista. Los “expertos jurídicos” dicen que esto sería “ilegal” y las mineras le iniciarían juicios a la provincia si antes no se deroga la ley nacional, algo que no va a ocurrir, entre otras cosas porque el gobierno nacional está a fondo con el desarrollo de la megaminería en todo el país.

De todas maneras, el proyecto Navidad estaría aportando de regalías solo 11 millones de dólares por año. Esto significa apenas el 4% de las actuales regalías petroleras. De esta plata, 5% sería destinado exclusivamente a la autoridad de aplicación de la ley de zonificación y a la autoridad de control ambiental. Los nuevos “fondos” que ingresarían estarían dedicados a la construcción de infraestructura para la zona, es decir, para la actividad minera y no para los habitantes de la provincia o de la misma zona afectada. O sea, las mineras se llevan 6.000 millones y dejan a la provincia 170 millones. ¡Un negocio redondo! Y nada de esto resolvería la miseria salarial de docentes y estatales, ni la destrucción de la educación y la salud pública provincial.

¿Veintisiete legisladores tienen más “licencia social” que miles de chubutenses?

El gobierno sabe que no cuenta con la llamada “licencia social” en la meseta y mucho menos en el resto de Chubut. A las miles de personas que nos estamos movilizando en toda la provincia el gobierno no puede confrontarlas más que con burócratas sindicales (como los de la Uocra y Petroleros Privados) y las fantasmales cámaras de proveedores mineros. Nunca logró movilizar miles a favor de la megaminería. Es por esto que el ministro de Ambiente, Eduardo Arzani, actuando como vocero del proyecto minero, dijo que “la iniciativa popular es un mecanismo dentro de la democracia, un mecanismo perfecto […] 30.000 firmas representan un 5% de la población de Chubut, veintisiete diputados representan el 100%”. Con esta lógica, el gobierno se niega a escuchar a la población. Considera que veintisiete legisladores (tres de Cambiemos y veinticuatro de las distintas fracciones justicialista) representan mucho más que miles y miles de chubutenses que nos hemos manifestado en contra de la megaminería durante décadas.

Y para este “debate” el gobierno no duda en falsear investigaciones. En la documentación que presentó como respaldo de su proyecto de ley figura el Conicet como un organismo que estaría diciendo que la minería va a dar solución a los problemas sociales de la meseta chubutense. El investigador a cargo del estudio, Guillermo Velázquez, tuvo que desmentir al gobierno diciendo, como director del proyecto, que es exclusivamente sobre calidad de vida a nivel departamental y no de minería, aclaró que “el indicador ambiental considera los desarrollos mineros como negativos”. Esto se suma a los pronunciamientos de altos representantes de organismos estatales que trabajan en la zona, como el INTA, CeNPat-Conicet, UTN-Chubut y UNP San Juan Bosco.

Tras cada intento del gobierno surgen desde todos lados los argumentos para repudiar la política de entrega a las multinacionales, el saqueo a los recursos naturales y la destrucción de las distintas actividades productivas que ya se realizan o que se pueden realizar en las zonas afectadas. Y, como queda cada vez más claro, en cuanto a la megaminería no hay grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Solo la movilización popular de los chubutenses y el apoyo nacional a nuestro rechazo podrá seguir frenando los intentos de Arcioni y Fernández de imponer la megaminería en Chubut.

Organizaciones ambientalistas, sociales y partidos de izquierda, entre los que se encontraban Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista junto al FIT Unidad, realizaron una concentración frente a la Casa de la Provincia del Chubut  y luego marcharon al Ministerio de Producción, donde se realizó un acto en repudio a la megaminería y en apoyo a la lucha de los chubutenses contra su implantación.

Nuestro compañero, el diputado nacional Juan Carlos Giordano, se dirigió a los presentes resaltando el valor de la acción unitaria, reivindicó a la coordinadora Basta de Falsas Soluciones y llamó a continuar la movilización  para derrotar el proyecto de saqueo, contaminación y muerte.

Escribe Mario Luaces

La lucha de los vecinos de Virrey del Pino contra la multinacional suiza contaminante Sika-Klaukol es una pelea emblemática que deja en evidencia el funcionamiento del sistema capitalista, priorizando las ganancias a costa de vidas humanas.

Klaukol es una poderosa empresa multinacional en su país, Suiza, mantiene un firme argumento de no contaminación, pero a su vez externaliza la contaminación en países dependientes como el nuestro. Opera en veintidós países y tiene cinco plantas en la Argentina, siendo la más importante la ubicada en la localidad de Virrey del Pino, en La Matanza. Opera desde los años ’80 en el barrio Las Mercedes. En 2009 explotó una chimenea que contaminó todo el barrio y puso en evidencia el accionar de la empresa.

En ese momento, la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (Acumar) inició una investigación y en mayo de 2014 se realizó un relevamiento sanitario en el barrio que arrojó como resultado que el 100% de los chicos analizados de entre 0 y 12 años presentaron plomo en sangre. El análisis también encontró metales pesados en el agua corriente, por lo que la Acumar debió proveer de agua mineral a los vecinos, tres litros por familia.

Todos los gobiernos son cómplices

La empresa califica en grado 3 de contaminación, no pudiendo estar en un radio inferior a 8 kilómetros de ningún casco urbano. Según la ley provincial 11.459, estos establecimientos “se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona daños graves a los bienes y al medio ambiente”. Pese a esto ningún gobierno se encargó de garantizar el traslado de la planta. El gobierno municipal del peronista Espinoza llegó al colmo, en la última entrevista con los vecinos, de negar lo ya demostrado por la Acumar hace varios años, sosteniendo que la fábrica “tiene valores normales de emisión”.

“Es el mundo al revés, nos están matando y nosotros tenemos que demostrar que nos están matando”, afirmó Susana Aranda, referente de Vecinos por Klaukol, en una entrevista, a la vez que nos contaba las maniobras constantes de la Justicia para que la causa siga “cajoneada”en juzgados de Morón y La Matanza. Demostrar contaminación es costosísimo para cualquier estudio de abogados, por lo que los vecinos vendieron hasta sus propias pertenencias para poder costear  el seguimiento de la causa. La empresa además mantiene un blindaje mediático por los aportes que destina a tiempos de publicidad en los grandes medios. “Un día entero estuvo Canal 13 con el programa de Lanata acá, pero después esa investigación nunca vio el aire. Me llamó un productor al mes para pedirme disculpas, pero la investigación no iba a salir”, nos dijo Susana.

La situación de los trabajadores no es mejor que la de los vecinos, también son perjudicados por la contaminación. Están imposibilitados de iniciar alguna demanda ya que la empresa suiza les hace firmar un compromiso, antes de contratarlos, de que no la van a denunciar.

En el barrio Las Mercedes no quedan vecinos o vecinas mayores de 65 años, ya son más de cien los muertos por enfermedades cancerígenas o relacionadas con las vías respiratorias.

La empresa, los gobiernos (nacional, provincial y municipal), la Justicia y las corporaciones mediáticas están unidos para garantizar el lucro capitalista a costa de la vida de sus trabajadores y los vecinos del barrio.

Desde Ambiente en Lucha e Izquierda Socialista seguimos acompañando a los vecinos exigiendo algo tan elemental como el traslado de la fábrica, garantizando los puestos de trabajo y que se respeten estrictamente las condiciones ambientales necesarias para una vida digna, poniendo el foco en la salud de la población, de sus trabajadores y el cuidado del ambiente.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, firmaron con los dirigentes de Ctera, UDA, CEA, Sadop, AMET y el Consejo Federal de Educación (CFE), por unanimidad, que el salario mínimo docente nacional será de 27.500 pesos a partir de diciembre de 2020. Este monto incluye el Fonid, material didáctico y una suma extraordinaria.

Trotta celebró el acuerdo paritario alcanzado: “Para nosotros es fundamental cuidar estas instancias de negociación y de concertación entre el Estado y los trabajadores. Por eso estamos celebrando poder discutir, no solo el salario, sino las condiciones de trabajo”. Agradeció a “las cinco organizaciones sindicales nacionales por un año de diálogo constante, las mejores políticas para poder garantizar el derecho a una educación transformadora”.

La noticia, textual, no da margen para comentarios. Para Alberto Fernández y Trotta es un gran logro que el salario de un docente sea de 27.500 pesos, cuando la canasta familiar es de 76.500 pesos, según ATE Indec, y la canasta de pobreza está en 49.912. ¡Una vergüenza que muestra la realidad de su doble discurso sobre “la importancia de la educación y la docencia”!

Párrafo aparte merecen Sonia Alesso y Baradel, de Ctera, y los burócratas de UDA, CEA, Sadop y AMET que firmaron de manera “unánime” y sin consultar a un solo docente del país. Esto confirma que son dirigentes vendidos al gobierno y que es necesario coordinar, en la Nación y las provincias, a toda la oposición para poder echarlos de todos los sindicatos docentes para recuperarlos para la democracia sindical y la lucha por nuestras reivindicaciones. Repudiamos este acuerdo y llamamos a la lucha por salarios y más presupuesto.

Escribe Federico Wagner 

El 27 de noviembre el gobernador Schiaretti y su ministro de Educación, Walter Grahovac, ingresaron en la Legislatura provincial el proyecto de reforma del estatuto docente.

Esta iniciativa busca atacar las condiciones laborales de la docencia. Aspira a liquidar la estabilidad laboral y avanzar en la precarización. Mientras hay un enorme faltante de docentes en las escuelas, el gobierno pone más trabas para que la docencia pueda titularizar cambiando requisitos de títulos habilitantes, recortando el listado con el objetivo de construir una planta docente precarizada, con cargos suplentes e interinos. Esto lo hace luego de avanzar en el vaciamiento de los institutos de formación docente estatales y fomentar los privados. Asimismo, introduce para determinados cargos, que hoy se obtienen por concurso público, el criterio subjetivo de “idoneidad”, con un jurado conformado por el gobierno y la UEPC, ingresando un mecanismo “clientelar” para los nombramientos. Aunque hay un punto del proyecto que titulariza un sector de docentes precarizados (PIT, PROA o coordinadores de curso), el gobierno trata de usarlo como “caramelo” para justificar todo el ajuste.

Este ataque a nuestras condiciones laborales se enmarca en un proceso de ajuste mucho más profundo que incluye el robo a los jubilados, los miles de despidos o los cierres de programas sociales. Y, en el terreno educativo, además del desfinanciamiento y los “ahorros” presupuestarios del gobierno, por no haber dado gratuitamente conectividad o herramientas de trabajo en virtualidad, es parte de la rebaja salarial, como el reciente 9% en cuotas o los miles de docentes que no cobran, excluidos del sistema por la anulación de los actos públicos por pandemia.

Esta medida está al servicio de cumplir con los pagos de la deuda externa provincial (casi en su totalidad en dólares), que seguirá requiriendo de nuevos ajustes. Necesitan liquidar la estabilidad como paso previo para meter nuevos ataques en su permanente intento de destruir la escuela pública y privatizarla.

Desde Izquierda Socialista y Docentes en Marcha venimos denunciando que este proyecto ha sido elaborado entre el gobierno y la burocracia Celeste de Monserrat, de UEPC. Esta burocracia no sólo no se opone, sino que es cómplice directa del proyecto, como lo viene siendo del ajuste salarial y presupuestario. Por eso impulsamos la coordinación de los luchadores docentes y las agrupaciones opositoras con el Plenario de la Oposición, haciendo una campaña en la base docente y organizando actividades para preparar una gran movilización el día que se trate la reforma. Llamamos al conjunto de la docencia a organizarnos para impedir este nuevo atropello junto con el Plenario del Sindicalismo Combativo de Córdoba y demás luchadores en defensa de la escuela pública.