Escribe Rodolfo Sánchez, doctor en Física, CNEA-Conicet y dirigente de Izquierda Socialista/FIT Unidad de Bariloche

En estas últimas semanas la lucha por la defensa de la CNEA pasa por la reincorporación de los 60 despedidos y la renovación del contrato a las y los 300 trabajadores que están sin renovar su contrato trimestral desde el 30 de junio. En el propio Instituto Balseiro ya renunciaron 70 profesores que luego los vemos trabajando en empresas internacionales en Brasil o Chile, por cuestiones salariales. El despido de los 60 generó inmediatamente reacciones de repudio por parte del personal en las diferentes sedes de todo el país. Lejos de recibir a los delegados el presidente de CNEA, el libertario Martín Porro, llamó a la Gendarmería y se produjo una situación violenta de mucha tensión, a tal punto que tuvo que ser evacuado y protegido por un cordón de gendarmes pertrechados que lo sacó del lugar. Desde esos despidos los más de 3000 trabajadores de la CNEA estamos de asamblea y movilización permanente hasta la reincorporación de los 60 desvinculados. Entre los despedidos y los contratos no renovados hay ingenieros, técnicos y algunos de los administrativos son licenciados en comercio internacional que se hacían cargo de compras y certificados de productos muy específicos con trámites aduaneros complejos; incluso cesantearon a una microscopista que cobraba 680.000 pesos que es la única que maneja un microscopio que permite certificar las normas ISO 9001 que la industria requiere para el producto en forma permanente.

Para exigir la reincorporación y en defensa de la CNEA se han realizado varias acciones en Buenos Aires como el gran encuentro unitario realizado en el predio de Constituyentes. En Bariloche salimos a manifestar a la calle casi diariamente con diferentes actividades, donde recibimos el apoyo masivo y alentador de cientos de automovilistas y transeúntes. Falta que los distintos gremios, las CTA y la CGT, se involucren con medidas de lucha más contundentes y coordinadas para que podamos derrotar esta política destructiva de la ciencia y la tecnología nacional.
          

Escribe José Castillo

Javier Milei sigue inventando instrumentos para atacar al pueblo trabajador. Ahora copia del gobierno de Donald Trump la posibilidad de “cerrar” el Estado. Busca tener las manos libres para dejar de pagar salarios, jubilaciones o incluso suspender la prestación de servicios básicos.

El gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza continúa con su plan de guerra contra las y los trabajadores y demás sectores populares. Esta vez se le ocurrió algo que pretende utilizar en dos dimensiones. Por un lado, como un nuevo guiño de alineamiento servil con Trump, al copiar un mecanismo que funciona en Estados Unidos y del que el propio presidente yanqui ha hecho uso y abuso. Por el otro, y sin duda esto es lo más importante, para seguir sumando herramientas a su ataque permanente contra los sectores populares y su política de entrega.

¿Qué es el “shutdown”?

Se trata de una práctica administrativa que tiene décadas en Estados Unidos. Consiste en que, si el Congreso no logra ponerse de acuerdo y votar un presupuesto, el Poder Ejecutivo no puede seguir funcionando con el anterior. Entonces se “cierra” la administración pública. De hecho, “shutdown” puede traducirse como “cierre”.

En la práctica, un montón de actividades catalogadas como “esenciales” y “de seguridad nacional” siguen funcionando, como escuelas, hospitales, servicios sociales, las Fuerzas Armadas o la policía. Lo mismo ocurre con las innumerables tareas que no dependen del Estado federal, sino de las administraciones locales. En concreto, cierran bibliotecas, se dejan de publicar informes estadísticos, no hay atención al público en embajadas o consulados y se dejan de iniciar trámites en general.

¿Qué quiere hacer Milei?

Lo que plantea, bajo el mismo nombre, es algo absolutamente distinto. De hecho, durante sus dos primeros años de gobierno, el presidente aprovechó que en nuestro país la legislación es diferente a la yanqui. Acá, si un nuevo presupuesto no es aprobado, automáticamente se prorroga el del año anterior, lo que en la práctica le da “manos libres” al gobierno para hacer lo que quiera, ya que ese presupuesto viejo seguramente quedó totalmente desactualizado por la inflación.

Así gobernó Milei en 2024 y 2025, bloqueando deliberadamente cualquier acuerdo sobre un nuevo presupuesto. Fue una herramienta central para su política de “motosierra”.

Lo que, al parecer, Milei pretende llevar al Congreso está alineado con su reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que pasará a tener prohibido financiar al gobierno, es decir, emitir. Si el dinero que ingresa por los impuestos no alcanza, ahí operaría el “shutdown”.

No es algo novedoso. Nos recuerda al “déficit cero” implementado por Domingo Cavallo y Patricia Bullrich en julio de 2001, durante los últimos meses del gobierno de Fernando de la Rúa. En ese momento, se priorizaba mensualmente que hubiera fondos para cumplir con los pagos de la deuda externa. Si luego no alcanzaba para el resto de los gastos, se procedía a recortar. Así se les descontó el 13% a todas las jubilaciones y los salarios del sector público.

El “shutdown” de Milei sería una versión más ultraderechista y radicalizada de aquella política de la Alianza. Ahora, si el dinero no alcanza, después de establecer como esenciales y, por lo tanto, prioritarios los vencimientos de la deuda, se procedería a “cerrar” el Estado.

Qué significa esto en concreto está por verse, pero, conociendo las políticas de Milei, queda claro que lo que estará seriamente en riesgo serán los salarios estatales, las jubilaciones y el conjunto de las prestaciones sociales. Tampoco cabe ninguna duda de que los organismos que se “cerrarán” serán aquellos que hoy mismo están bajo ataque del gobierno, como las universidades y los organismos de ciencia y técnica.

Parece interminable la imaginación de Milei para atacar al pueblo trabajador. Tenemos que prepararnos para enfrentarlo, denunciando y repudiando estas iniciativas y, por supuesto, oponiéndonos en el Congreso, algo que, dicho sea de paso, solo garantiza plenamente el Frente de Izquierda Unidad.

Se vote o no, habrá que movilizarse si el gobierno intenta llevarlo adelante. Es parte de la pelea contra la motosierra de Milei y el FMI, a la que hay que oponerle un plan de lucha y la exigencia a la CGT de que rompa su vergonzosa tregua y llame a un paro general para enfrentarlo, tal como planteamos desde el sindicalismo combativo.

Escribe José Castillo

La Argentina formalizó su adhesión a la Pax Silica el pasado 26 de junio de 2026. Se trata de una alianza internacional impulsada por Estados Unidos para asegurar la cadena de suministro global de inteligencia artificial (IA), semiconductores y tecnología avanzada. El objetivo del acuerdo es, por supuesto, alinear detrás del imperialismo yanqui a los proveedores estratégicos para garantizar, por un lado, las inversiones de empresas estadounidenses y, por otro, el aprovisionamiento de recursos clave. 

El acuerdo busca agrupar a más de 35 países “aliados” para controlar la provisión de minerales críticos (como el litio y el cobre), frenar la influencia geopolítica y comercial de China en el sector y, por supuesto, cortar de raíz cualquier atisbo de desarrollo independiente por parte de algún firmante. La coalición reúne a los principales eslabones de la cadena de suministro de inteligencia artificial: semiconductores (Japón, Corea del Sur, Países Bajos), minerales críticos (Australia, India), energía y capital (Qatar y Emiratos Árabes Unidos), conectividad (Singapur), diseño de chips (Reino Unido e Israel), todo bajo el liderazgo tecnológico y estratégico de Estados Unidos. Argentina entra como “último orejón del tarro”, garantizando al bloque sus cotizadas reservas de litio. 

La incorporación de Argentina a la Pax Silica representa una preocupante renuncia a la soberanía, al subordinar de manera explícita el interés nacional a las directrices de la competencia geopolítica de los Estados Unidos contra China. Lejos de garantizar una inserción internacional inteligente, esta decisión encadena al país a una lógica de “Guerra Fría tecnológica” donde las prioridades son fijadas en Washington, limitando el margen de maniobra de Argentina para actuar de forma soberana en beneficio de su propio desarrollo.

Asimismo, desde la perspectiva económica y productiva, la alianza profundiza una matriz extractivista al relegar al país al rol pasivo de mero proveedor de materias primas y energía para la infraestructura de inteligencia artificial de las transnacionales imperialistas. Bajo el amparo de regulaciones como el RIGI y el súper RIGI, la entrega de recursos estratégicos no renovables como el litio y el cobre se realiza sin exigir la obligatoriedad de transferencia tecnológica ni el fomento de una cadena de valor local que promueva la industrialización o la fabricación de semiconductores en nuestro país. Así, la Pax Silica funciona más como un mecanismo de aseguramiento de insumos críticos para la seguridad económica yanqui que como un motor de desarrollo endógeno, perpetuando y profundizando nuestra semicolonización, ya que cedemos la soberanía sobre recursos clave a cambio de promesas de un financiamiento que sólo terminará engrosando las superganancias de los pulpos multinacionales tecnológicos.