Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Miles de personas colmaron la Plaza Congreso en Buenos Aires y las plazas de todo el país al cumplirse once años del primer #NiUnaMenos.

El femicidio de Agostina Vega y el tratamiento mediático que acompañó el caso transformaron el dolor y la indignación en una nueva jornada de lucha. Fue una respuesta colectiva frente a un gobierno que niega sistemáticamente la violencia patriarcal, ataca al movimiento feminista y desmantela las políticas de género mediante recortes, cierres de programas y desfinanciamiento.

La Plaza Congreso volvió a convertirse en escenario de una masiva demostración de fuerza. Esta vez, con los feminismos como protagonistas. Antes de las cinco de la tarde, hora de la convocatoria, ya se veían grupos de jóvenes con carteles pintados a mano, madres con sus hijas, docentes, estudiantes y trabajadoras que se sumaron con aplausos a la ronda de jubiladas y jubilados de los miércoles. Para las 18.30, cuando comenzó la lectura del documento, la plaza estaba completamente colmada

Las voces de Lila Daunes, Thelma Fardin y Cazzu dieron lectura al texto elaborado colectivamente en las asambleas preparatorias (Ver Documento completo del #3J) El documento abrió con un contundente reclamo de justicia por Agostina, Dulce, Noelia y por todas las víctimas de la violencia machista. “Feminismos para derrotar a Milei, al FMI y sus cómplices”, fue una de las definiciones que marcaron el tono político de la jornada.

El texto expresó la tristeza y la rabia frente a los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio, y señaló que el caso de Agostina sintetiza múltiples formas de violencia institucional. 


Vista de una parte de la columna de Isadora en Plaza Congreso

A su vez, el documento denunció el modelo de ajuste, saqueo y endeudamiento que golpea especialmente a mujeres y disidencias. Se convocó a enfrentar las políticas impulsadas por Javier Milei, el FMI y los sectores que respaldan su programa económico, señalando que la precarización laboral, el pluriempleo y el empobrecimiento profundizan las desigualdades y las violencias. También se expresó el rechazo a la reforma laboral, a la entrega de los bienes comunes y al pago de la deuda externa.

Desde el escenario también se reclamó la aprobación y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Emergencia en Discapacidad, entendiendo que la defensa de los derechos forma parte de una misma pelea contra el ajuste.


“Justicia por Agostina”, un reclamo de la familia que se replicó en todas las plazas del país

La solidaridad internacionalista tuvo asimismo un lugar destacado. El documento reivindicó la lucha del pueblo boliviano que enfrenta las políticas de ajuste y saqueo del gobierno de Rodrigo Paz: “La rebelión en Bolivia tiene rostro de mujeres y con pollera. Su coraje nos inspira”, afirmaron las oradoras.

La fuerza de los feminismos frente al gobierno de Milei

La multitudinaria convocatoria en Congreso, junto con las movilizaciones realizadas en decenas de ciudades del país, mostró que el movimiento feminista conserva una enorme capacidad de organización y movilización. Lejos de retroceder frente a los ataques del gobierno, volvió a ocupar las calles para enfrentar lo que el propio documento definió como un “antifeminismo de Estado”. 


La creatividad se expresó en miles de carteles hechos a mano en alusión a la lucha de las mujeres

El 3J dejó una conclusión clara: mientras continúen los femicidios, la violencia machista y las políticas de ajuste, seguirá habiendo miles de personas organizadas levantando las banderas de #NiUnaMenos. La Plaza Congreso y las calles aledañas repletas fueron la mejor expresión de esa fuerza colectiva.

La movilización también ratificó la exigencia de presupuesto para combatir la violencia de género, el rechazo a proyectos reaccionarios como la iniciativa sobre falsas denuncias y la defensa irrestricta de la Educación Sexual Integral. A once años del primer #NiUnaMenos, la respuesta fue masiva y callejera. Un duro golpe contra el gobierno de Milei.


Cazzu y Thelma Fardín quienes junto a Lila Daunes leyeron el documento de #NiUnaMenos

Escribe Liliana Olivero,dirigenta nacional de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El femicidio de Agostina Vega volvió a exponer la desidia judicial, el abandono estatal y el entramado de protección política que opera en la provincia. La confirmación de su asesinato llegó en la previa de un nuevo 3J y volvió a poner sobre la mesa una verdad que los gobiernos intentan ocultar: a las mujeres y niñas no solo las matan los femicidas sino también los gobiernos.

La cadena de responsabilidades políticas y judiciales

Mientras la familia reclamaba aparición con vida, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, fue visto festejando el triunfo de Belgrano a pocas cuadras del lugar donde se exigía una res­puesta.

No se activó de inmediato el protocolo de búsqueda ni el Alerta Sofía. Se perdieron horas decisivas para la investigación. La demora en los allanamientos y la ausencia de perspectiva de género en la fiscalía le dieron tiempo al femicida para ocultar el cuerpo.

Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, vinculado al PJ cordobés era becario de la Municipalidad de Córdoba. Tenía antecedentes por privación ilegítima de la libertad e intento de abuso sexual. A pesar de eso, había sido dejado en libertad por el fiscal Iván Rodríguez, tras el pago de una fianza.

Barrelier estaba apadrinado por la mafia de Ricardo Moreno, concejal peronista, abogado y defensor de narcos y barras bravas. Moreno, que pasó por el kirchnerismo y se asentó en el peronismo cordobés, además puso a su yerno como defensor de Barrelier. El caso muestra una red de privilegios, encubrimientos y protección política alrededor de sectores del poder.

El accionar del fiscal Raúl Garzón también fue parte del problema. Sus declaraciones públicas minimizaron la desaparición de Agostina y llegó a decir que podía estar “con un noviecito”.

Todo esto se combina con el vaciamiento de las instituciones como la Senaf y la Secretaría de la Mujer que están sin recursos suficientes, con trabajadores precarizados y sin capacidad real de intervención.

La respuesta en las calles

No alcanza con detener al femicida. Hay que avanzar contra todos los responsables políticos y judiciales que permitieron que esto ocurriera.

A Agostina la mató Barrelier, pero también la justicia patriarcal y el gobierno de Llaryora. Este 3 de junio, Córdoba fue escenario de una multitudinaria marcha que, con bronca, dolor y organización, se pronunció contra el antifeminismo del gobierno y la justicia.

Desde Izquierda Socialista acompañamos a la familia y a la comunidad educativa a la que per-tenecía Agostina. Estuvimos en Tribunales durante la conferencia de prensa donde desenmascaramos la hipocresía del fiscal y del ministro de Seguridad.

El reclamo sigue en las calles: justicia por Agostina Vega, destitución de los fiscales Garzón y Rodríguez, fuera Quinteros, fuera Moreno, basta de encubrimiento.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Negar la violencia de género, eliminar las políticas de prevención, esbozar discursos contra el feminismo, intentar quitar la categoría de femicidios del Código Penal, atacar a las madres protectoras, hablar de “falsas denuncias”, retroalimentan un clima de violencia y hostilidad hacia mujeres y disidencias. Es el sostén del crecimiento de la violencia machista que tiene su máxima expresión en los femicidios. Y en este escenario de violencia patriarcal hay res¬ponsables políticos: Milei y sus cómplices.

A once años del primer #NiUnaMenos volvemos a discutir las responsabilidades políticas de que en el país vanguardia de lucha feminista tengamos una femicidio cada treinta horas. En estos once años contabilizamos 3.424 femicidios que se dieron bajo todos los gobiernos pero¬nistas, del PRO y ahora con la ultraderecha. El flagelo de la violencia machista es producto de un sistema capitalista pa¬triarcal y que sólo terminará con una sociedad libre de opresión y explotación. Pero esto no quita que hoy bajo el gobierno negacionista de Milei la violencia de género se recrudece y que los nú¬meros de femicidios y tentativa de femicidios no están bajando, sino que crecen.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, avanzó con el cierre de organismos como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la eliminación de programas vinculados a políticas de género, a los que calificó como “ideológicos”. Este año las pocas políticas para combatir la violencia fueron borradas de un plumazo: El Programa Acompañar, destinado a mujeres en situación de violencia de alto riesgo, no tiene asignación presupuestaria, mientras que la Línea 144, principal canal de atención para víctimas de violencia de género, registró fuertes recortes y pérdida de personal. Lo mismo ocurrió con el financiamiento para la Ley Educación Sexual Integral (ESI) y el programa de salud sexual y reproductiva y el plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) y podríamos seguir contando.

Mientras la motosierra avanzaba contra las insuficientes políticas para prevenir la violencia de género, Milei impulsa un discurso negacionista y de odio. En 2025 en Davos dijo que “llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio” y que el feminismo “era un cáncer que había que exterminar.”

Un negacionismo que se convirtió en política de estado: Milei, Bullrich, Cúneo Libarona, Adorni y otros funcionarios impulsan un discurso dónde hablan de “homicidio de mujeres” al referirse a los femicidios y de una supuesta epidemia de “falsas denuncias” como parte de su “batalla cultural” que tiene consecuencias: Según el Observatorio “Mujeres, disidencias, derechos” solo el 9% de las víctimas del 2026 denunció a su agresor previamente, cuando el promedio desde 2015 fue del 17%.

Los femicidios no son crímenes pasionales, no son homicidios comunes, ni los femicidas son monstruos aislados, ni casos excepcionales. Son crímenes políticos porque disciplinan, generan miedo, condicionan la libertad de mujeres y disidencias. El recrudecimiento de la violencia machista se ampara en el desmantelamiento y la desprotección de quienes la sufren y envalentona a violentos y abusadores. Cuando el negacionismo se vuelve política de estado las calles son el escenario para salir masivamente a para decir: #NiUnaMenos. Vivas y Libres nos queremos. El gobierno es responsable.

Escribe Noelia Agüero, legisladora provincial de Córdoba Izquierda Socialista/FIT Unidad

Como legisladora provincial, junto a la Asamblea #NiUnaMenos Córdoba, presentamos un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón por su actuación en la investigación por la desaparición y el femicidio de Agostina Vega.
Un jury es una herramienta para investigar y remover del Poder Judicial a jueces o fiscales cuando actúan con mal desempeño, negligencia grave o incumplimiento de sus deberes. En este caso Garzón debe ser investigado porque hubo demoras y omisiones que no pueden quedar impunes.
Esa demora no fue un detalle administrativo. En la desaparición de una niña o una mujer, cada hora cuenta. Los allanamientos y la detención no tuvieron la celeridad necesaria. Esa falta de decisión le dio tiempo al femicida para manipular pruebas.

Garzón defendió públicamente el accionar policial y del gobierno provincial, en lugar de explicar por qué no se actuó antes. Un fiscal no está para cubrir al poder político ni para cuidar la imagen de la Policía. Está para investigar y garantizar justicia.
Cuando el Poder Judicial llega tarde, cuando demora, cuando protege a los de arriba o encubre a sus propios funcionarios, produce impunidad. Por eso presentamos este jury y también el pedido formal de destitución del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros.