Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista/FIT Unidad
El femicidio de Úrsula Bahilo dejó al descubierto que en el país del #NiUnaMenos las víctimas de violencia de género están completamente desamparadas y a merced de sus victimarios. En 2021 ya son más de cuarenta los transtravesticidios y femicidios según los distintos observatorios, que cuentan uno cada veintitrés horas. Estamos ante una emergencia y es urgente que se tomen medidas efectivas.
Hasta ahora qué viene haciendo el gobierno frente a esta avanzada machista. Puro verso. La ministra Gómez Alcorta anunció con bombos y platillos que se venía un cambio de paradigma, pero las insuficiencias del plan nacional contra la violencia de género están a la vista. En su primer año el plan fracasó y ahora, de un volantazo, crean el “Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios”. Otra articulación burocrática interministerial (Mujer,Género y Diversidad, Justicia y Seguridad) o, como les gusta llamar, “mesa de trabajo”. El gobierno pone las ministras, nosotras las muertas.
Medidas urgentes para combatir la violencia de género
Para prevenir y erradicar la violencia de género se necesita mucho dinero. No alcanza con las migajas que sobran luego de pagarle a los organismos financieros internacionales en cada renegociación de la deuda. Por eso exigimos presupuesto para combatir la violencia machista sobre la base del no pago de la deuda externa. ¿Para qué se usaría ese presupuesto?
Escribe Noelia Agüero, legisladora electa de la provincia de Córdoba. Izquierda Socialista/FIT Unidad
En el marco de la indignación, el dolor y el pedido de justicia por Úrsula, en Córdoba también vivimos el terror de los femicidas con uniforme.
A menos de sesenta días de 2021 ya hubo ocho femicidios: Gabriela Lencina, Ivana Juárez, Nilda Peano, Melisa Moyano, Liliana Stefanatto, Emilse Gajes, Miriam Farías e Ivana Módica. ¡Estamos hartas de contar muertas! El caso de Ivana Módica desató la indignación, la búsqueda duró ocho días y se realizó en distintas zonas porque no había pistas sobre su paradero. La denuncia de su desaparición la realizó quien resultó ser su femicida, Javier Galván, piloto aeronáutico que tenía denuncias previas por violencia de género.
A la desaparición y femicidio de Ivana se sumaron el femicidio de Miriam Farías, quien fue prendida fuego por su pareja, un policía en actividad, y la aparición del cuerpo sin vida de Emilse Gajes detrás del hospital Misericordia. En el caso de Emilse, la Justicia insiste en caratularlo como suicidio, pero habría testigos que afirman que Emilse fue asesinada. También existen múltiples denuncias por violencia de género contra su pareja, un ex integrante de la policía de la provincia. Acompañamos el grito de las hermanas de Emilse y exigimos justicia: ¡no fue suicidio, fue femicidio!
El 17 de febrero, junto con la familia y compañeras de trabajo de Ivana, nos movilizamos pidiendo su aparición con vida. El viernes, cuando se conoció la noticia del hallazgo de su cuerpo, tras la confesión del femicida Galván nos organizamos para exigir justicia en las calles. El sábado 20 se desarrolló una gran concentración en Córdoba capital y una enorme movilización en La Falda, localidad donde Ivana vivía y fue asesinada.
Este lunes 22 se realizaron otras movilizaciones y concentraciones en Córdoba y en Saldán exigiendo justicia por Emilse Gajes y Miriam Farías, respectivamente.
Venimos exigiendo desde hace meses justicia por Cecilia Basaldúa, por Nora y por tantas que nos faltan. Por eso decimos que los gobiernos son responsables y exigimos plata para la emergencia contra la violencia machista, no para el FMI.
Denunciamos la responsabilidad del gobierno de Schiaretti que no declara la emergencia en violencia de género disponiendo el presupuesto necesario de inmediato, y del Ministerio de la Mujer, dirigido por Claudia Martínez, quien mantiene a las trabajadoras del Polo de la Mujer en la más absoluta precariedad laboral, sobrecargadas de trabajo y responsabilidades, con becas y monotributos, sin reemplazos y con una gran presión para el retorno presencial.
En Córdoba la indignación crece y, desde Isadora e Izquierda Socialista, junto con la Asamblea #NiUnaMenos, organizamos la bronca.
De acuerdo con el registro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), uno de cada cinco femicidios en nuestro país es cometido por un miembro de las fuerzas represivas (Suplemento Las 12, 19/2/21). De las 674 mujeres asesinadas por agentes policiales desde 1996 hasta hoy, 393 fueron femicidios. Es decir, que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres y en situaciones de violencia machista y patriarcal.
Otro dato es que el 90% de los femicidios cometidos por miembros de la policía son ejecutados con el arma reglamentaria y fuera del horario laboral, lo cual resulta sumamente peligroso, sobre todo para las víctimas de violencia de género que se animaron a denunciar a sus victimarios policías. Estamos ante una grave situación si tenemos en cuenta que solo en la policía bonaerense, a cargo de Berni y Kicillof, hay seis mil policías que tienen denuncias por violencia de género y hasta el momento continúan en sus funciones.
Corresponsal de Isadora
El femicidio de Úrsula confirmó la responsabilidad estatal ante la violencia machista. Se vio nuevamente en el accionar de la Policía Bonaerense: una institución no sólo repleta de agentes denunciados por cometer este flagelo, sino que también los encubre para garantizar impunidad. Y no es una cuestión de “capacitación de género”: lo mismo hace con las redes de trata, del narcotráfico, del gatillo fácil, del gran delito, y si es necesario, lo impone con represión. Es su función, y también se vio ante la protesta de familiares y amigues de Úrsula frente a la comisaría donde revistaba el femicida Matías Martínez.
Las declaraciones de Sergio Berni, que “no entiende” por qué el pueblo de Rojas se manifestó ante la comisaría si "la policía no tiene nada que ver", despertaron un repudio enorme. Pero el gobierno de Axel Kicillof volvió a darle su apoyo el mismo día (con un acto de entrega de más patrulleros) y las ministras de Género Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz lo convalidaron. Ambas se dicen feministas, pero su gestión está muy lejos de dar respuesta a los reclamos del movimiento de mujeres y disidencias.
Mientras en las calles se reclama justicia para Úrsula y para todas, mientras se exige que cese la represión y la impunidad, mientras se demandan refugios, viviendas, trabajo para paliar al menos la situación de las víctimas, para garantizar que puedan salir de la situación en que se encuentran, la policía de Berni y Kicillof sigue en acción y el gobierno de Alberto Fernández crea nuevos organismos de “coordinación de ministerios” para atender las consecuencias de los hechos consumados, no para prevenirlos. Es lo que sucede con el anuncio de un nuevo Consejo Federal contra los femicidios y travesticidios. ¿Qué cambia? Mucha sarasa, pero poco o ningún efecto real. La proliferación de organismos y ministerios bajo dirección gubernamental no puede ocultar el fracaso de la demagogia: en los hechos, no se destina presupuesto ni se garantizan políticas públicas elementales, que impacten verdaderamente en la situación de quienes sufren la violencia de género. El doble discurso del gobierno queda a la vista.
Dieciocho denuncias contra Martínez no bastaron para evitar el femicidio de Úrsula. Tampoco las estadísticas que muestran que uno de cada cinco femicidios lo comete un agente o ex agente de las fuerzas de seguridad. Que la justicia es otra institución con responsabilidad, no quedan dudas. Mientras jueces que son electos a dedo y cobran como empresarios archivan las denuncias y garantizan la impunidad, los bloques del Frente de Todos y Cambiemos hacen lo suyo: garantizan un presupuesto de ajuste para pagar millones al FMI, pero no para atender la violencia de género, para destinar los recursos del Estado a construir viviendas o refugios, o para terminar con la precarización de las trabajadoras de los programas de atención. Ahí también está la responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno y de los partidos que sostienen este sistema.
Desde el Frente de Izquierda - Unidad denunciamos el carácter clasista y patriarcal del Estado capitalista y de todas sus instituciones, como la justicia y la policía, que reproducen, legitiman y justifican constantemente la misoginia, la desigualdad y la opresión. Para lograr Ni Una Menos no alcanza con crear más organismos o con reformas parciales. Entre otras medidas, hay que elegir los jueces y fiscales por voto popular, disolver el aparato represivo y aumentar el presupuesto para atender la violencia de género. La lucha contra el patriarcado está más vigente que nunca y lo tiraremos junto con el capitalismo.
Es necesario un gran movimiento de lucha, organizado democráticamente, independiente y en las calles, que haga temblar la tierra. Para lograrlo, para reclamar justicia e imponer nuestras demandas, este 17 de febrero nos manifestamos en todo el país y llamamos a los sindicatos, centros de estudiantes, organizaciones sociales, de derechos humanos, de mujeres y disidencias, a poner en pie un gran movimiento por Justicia para Úrsula y para todas.
Justicia por Úrsula y por todas. Ni Una Menos.
Estado, gobierno, justicia y policía son responsables. Fuera Berni.
Plata para prevención y asistencia a las víctimas, no para la represión y el FMI.
Frente de Izquierda - Unidad
Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas (PTS e independientes)
Plenario de Trabajadoras (PO)
Isadora, Mujeres en Lucha (IS)
Juntas a la Izquierda (MST)
La joven Úrsula Bahillo fue asesinada a cuchilladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martinez, efectivo de la policía bonaerense en la localidad de Rojas. Ella era víctima de violencia de género y había radicado catorce denuncias contra Martínez. Él, se encontraba con carpeta psiquiátrica -un eufemismo para proteger a los miembros de las fuerzas represivas que cometen delitos- desde septiembre de 2020 y tenía una perimetral que no cumplió y que nadie controló.
Con mucha indignación vecinos, familiares y amigas de Úrsula reclamaron por justicia pero recibieron represión y balas de goma disparadas directamente a la cara como lo denunciaron por redes sociales. Así actúa la maldita policía de Berni y Kicilof, reprimiendo a quienes están sufriendo por la pérdida de una amiga o hija de 18 años, mientras encubren y cuidan al femicida. Desde Isadora nos sumamos al reclamo de #JusticiaPorUrsula, exigimos cárcel a Martinez y que paguen los responsables de la represión.
Ante las cifras alarmantes de femicidios y el aumento de la violencia machista, exigimos al gobierno de Fernández que declare ya la emergencia en violencia de género con presupuesto acorde para combatirla en base al no pago de la deuda externa y al cese de los subsidios que recibe la iglesia católica y demás instituciones eclesiásticas.